Por Cándida Cotto/CLARIDAD
ccotto@claridadpuertorico.com
En una acción que levanta interrogantes sobre quiénes serán los que se beneficiaran de los millones de dólares asignados para la reparación de las escuelas, tras meses de forcejeo, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) cedió al Departamento de Educación (DE) las facultades sobre las escuelas que están bajo su titularidad. Hace meses, la AEP y el DE mantenían un choque por a cuál de estas agencias le correspondía reclamarle a las aseguradoras y a FEMA el dinero para la reparación de las escuelas, en particular las afectadas por los terremotos. El Departamento de Educación insistía en que su agencia era quien tenía que hacer las reclamaciones de todas las escuelas, incluyendo las de la AEP.
Ante la revelación hecha por la Unión de Empleados de Oficina y Profesionales (UEOP) y la Unión Independiente de Empleados de Edificios Públicos (UIEEP) de que la AEP firmó un “memorando de entendimiento y colaboración interagencial”, mediante el cual le cede al DE sus facultades sobre sus escuelas, es evidente que Educación se impuso a la AEP.
Freddie Rodríguez Rohena, presidente de la UEOP, y Luis A. Reyes Rivera, de la UIEEP, dieron a conocer la existencia del memorándum, el cual era mantenido en secreto por ambas agencias. Días antes de la revelación del “memorando de entendimiento y colaboración interagencial”, CLARIDADse comunicó con el DE y su oficial de prensa, para conocer sobre el diferendo entre ambas agencias. El oficial de prensa, Aniel Biggio, informó que el DE le había transferido a AFI (Autoridad para el Financiamiento para la Infraestructura) la cantidad de $40 millones para la reparación de los planteles.
Posteriormente, CLARIDAD se comunicó con AFI. Su oficial de prensa, Frances Rodríguez, informó que un mes atrás hubo una reunión entre ambas agencias, pero que el dinero todavía no había llegado a AFI, ya que era necesario un acuerdo entre las tres entidades: el DE, la AEP y AFI.
En tanto, los presidentes de las uniones de la AEP denunciaron el acuerdo y censuraron el que viola la Ley Habilitadora de la AEP, ya que permite que sea el DE quien paute los procedimientos mediante los cuales se deberán utilizar fondos ya asignados (obligados) por autoridades federales, entre otras, FEMA, para realizar obras de construcción, reparación, restauración y mitigación relacionados con los programas de asistencia pública y mitigación de pérdidas en escuelas que son propiedad de la AEP.
Rodríguez Rohena, afirmó a CLARIDAD que el nombre de AFI no aparece en el documento, pero entienden que el DE lo estaría subcontratando para hacer el trabajo. “Todos sabemos que AFI está detrás de esto”.
Los líderes sindicales expusieron que la ley habilitadora de la AEP (Ley número 56 del 19 de junio de 1958, según enmendada), dispone que es política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que sus agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y demás dependencias gubernamentales promuevan y fomenten la contratación de los servicios de la AEP para diseño, construcción, remodelación, mejoras, operación y mantenimiento de las estructuras que necesitan para ofrecer sus servicios. De acuerdo a la Ley, le corresponde a la AEP atender todo lo relacionado con los planteles escolares.
“Primero que nada, no sabemos por qué el Gobierno de Puerto Rico, y en particular, la AEP, en momentos de crisis han demorado tanto en cumplir sus obligaciones para con el país, en particular, los niños y estudiantes del sistema público. Por qué no atendieron con urgencia esta situación, como son los programas de asistencia pública y mitigación de pérdidas en escuelas propiedad de la AEP. Sin embargo, de forma inusitada, secreta e ilegal, intentan ceder al DE estas facultades propias de la Autoridad, a saber con cuáles intenciones o a cuál amigo del alma o contribuyente político pretenden favorecer con contratos”, expresó Rodríguez Rohena.
Mientras, Luis A. Reyes Rivera también señaló que; “La intención de la Autoridad y del DE es beneficiar a empresarios que se están haciendo millonarios con los contratos de agencias gubernamentales, mediante la otorgación a estos de los trabajos que ciertamente corresponden a la Autoridad de Edificios Públicos. La Autoridad cuenta con una Junta de Subastas y con personal cualificado para adjudicar trabajos de construcción, remodelación y mejoras, mediante un procedimiento riguroso, evitando, precisamente, que se cometan actos de corrupción mediante dichas adjudicaciones.” Los sindicatos reiteraron además que ese pseudocontrato viola la Ley habilitadora de Edificios Públicos y es nulo por las siguientes razones:
Cualquier trámite mediante el cual se pretenda ignorar o ceder las facultades o la autoridad gerencial de la AEP, tendría que pasar por el crisol del Tribunal Federal (Titulo III) y, antes de ello, por el de la Junta de Supervisión Fiscal; pero antes de ello, por la AAFAF, que según dispone PROMESA representa al Gobierno y al pueblo de Puerto Rico. Todo ello tendría que ocurrir antes de que se pudiese suscribir el memorando de referencia, asumiendo que ello fuese viable. Las uniones afirman que el memorando es nulo.
El acuerdo no ha sido aprobado de manera válida por la Junta de Directores de la Autoridad. Es nulo en su contenido, ya que mediante el mismo, la AEP cede al DE facultades que son propias de la Autoridad , por consiguiente, son indelegables. Es nulo ya que está fuera del marco legal de la ley Promesa.
Las uniones repararon en que, aunque lo disputan de manera enérgica e inequívoca, la ley Promesa es la que rige el tema de dicho memorando.
Es nulo porque el DE no constituye una persona jurídica y, por consiguiente, no puede suscribir acuerdos con otras agencias de gobierno como si tuviera esa personalidad jurídica. Y es nulo porque la AEP no ha informado de esta discusión y mucho menos del pretendido acuerdo contemplado en el referido memorando a la JSF ni tampoco al Tribunal Especial Titulo III. Ambas entidades tienen que autorizar cualquier determinación al respecto.
Los líderes sindicales insistieron en que el DE no tiene ningún tipo de pericia ni conocimiento alguno con relación a la dinámica de rehabilitación, reconstrucción, construcción, rediseño, etc., de edificios públicos, incluyendo las escuelas que son propiedad de la Autoridad. “Es contrario a toda lógica el que se le delegue por el titular dueño de dichas escuelas, que es la Autoridad de Edificios Públicos, la facultad para contratar, inspeccionar y validar dicha reconstrucción utilizando los fondos federales ya obligados o asignados para tal propósito cuando eso no forma parte de sus competencias. El referido documento que pretende llamarse “acuerdo’’ tiene múltiples fallas y defectos que lo hacen nulo, además de los aquí enumerados, los cuales abordaremos en su momento”, sentenció Rodríguez Rohena.
En otra información, el viernes (18 de septiembre) se dio a conocer por la gobernadora que FEMA autorizó la cantidad de $12, mil millones para Educación. En el comunicado de prensa donde se anunció la asignación, se cita al secretario del DE, Eligio Hernández Pérez, declarando que: “Todos los trabajos serán de carácter permanente en la totalidad de las escuelas”.
