La Junta Directiva y el Colectivo de Trabajo de CLARIDAD se unen a la pena que embarga al pueblo Patriota ante la muerte de la compañera Marisa Rosado. Marisa fue una fiel defensora de nuestra cultura y junto a su compañero Efraín desarrollaron desde la Casa Aboy un trabajo extraordinario para preservar nuestra historia y nuestro patrimonio. Historiadora de la vida del Maestro Pedro Albizu Campos fue una de las responsables de que estas generaciones conozcan la vida de Albizu. Además fue una gran colaboradora de este semanario
Reciban sus hijas y su familia extendida un abrazo fuerte y solidario.
La comunidad de las escuelas Montessori se mantiene atenta a que por fin este 31 de diciembre el Departamento de Educación publique el reglamento que hará vigente la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori (SAEM), según lo exige la Ley 277 aprobada en diciembre de 2018.
Luego de esperar medio año, en abril del 2019, un grupo de madres, padres redactó un borrador del reglamento que entregó al DE, pero hasta este diciembre no habían logrado una reacción del secretario, Eligio Hernández. Ante la inacción la comunidad Montessori realizó el pasado miércoles 18 de diciembre una protesta frente a la Fortaleza para solicitar a la Gobernadora que le exigiera al secretario que escuchara sus reclamos.
“Estamos en La Fortaleza porque hemos tocado todas las puertas por meses, pero el reglamento sigue en una gaveta del Secretario de Educación, que ni siquiera nos ha dado una reunión. Nosotros los padres de las escuelas Montessori somos muy activos en las escuelas de nuestros hijos. Luchamos porque se aprobara esa ley y ahora seguiremos luchando hasta que se cumpla para garantizar una educación de calidad a nuestros hijos en las escuelas Montessori”, expresó Rafael Warner, padre de un estudiante Montessori de Juncos.
Karen Lebrón, una de las madres portavoces indicó a preguntas de CLARIDAD que al día siguiente de la manifestación al fin el Secretario les atendió. En la reunión -reveló Lebrón- el secretario les aceptó que la aprobación del reglamento había tardado mucho debido a que ‘era muy costoso’ la publicación de los edictos y que este se publicaría este 31 de diciembre junto a otros reglamentos. Según se les informó la publicación de un edicto cuesta cinco mil dólares.
El grupo de madres y padres se reunió también con la secretaria auxiliar. Lebrón narró que le llevaron su inquietud respecto al reglamento de que no querían tener ninguna sorpresa en cuanto al contenido del reglamento. “No tuvimos acceso a el reglamento pero la secretaria auxiliar nos confirmó que sustancialmente tiene la esencia que le llevamos los padres”. Además les confirmó que en noviembre el reglamento tuvo su última revisión y que básicamente no había cambios.
Según denunció el grupo de padres y madres la ausencia de un reglamento provoca por ejemplo que la convocatoria para llenar los puestos de la Oficina de la Secretaría Auxiliar solo diga que las personas deben tener conocimiento del sistema Montessori pero no experiencia en el mismo, situación que cuestionan el que; Cómo alguien sin experiencia puede asesorar a las escuelas en transición del sistema tradicional a Montessori? Además respecto a la falta de personal en la SAEM, se les dijo que hubo que mover a las maestras a las escuelas debido a que el sindico federal no permite que fondos que son para docentes se se utilicen en otros tareas.
Lebrón cuestionó el que una sola persona pueda correr sola la Secretaria, cuando ya hay 56 escuelas que van desde Añasco hasta Vieques. “Somos una comunidad que nos mantenemos vigilantes nos mantendremos al tanto, no vamos a esperar a que las cosas se den el reglamento lo vamos a revisar”, afirmó en vista a la publicación el 31 de diciembre del reglamento.
A pocos días de terminar el año 2019 y comenzar el 2020 conviene echar una mirada atrás y comentar los sucesos acontecidos e identificar sus vínculos y posibles consecuencias. El ejercicio nos lleva, inevitablemente, a situarnos en el 2016 para trazar el proceso que describe este último episodio de nuestra historia. Ese año se produjeron varios eventos de gran significado. Destacan las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos que sentenciaron la deslegitimación del “estado libre asociado”. Mientras, el Congreso estadounidense, casi simultáneamente, aprobaba la Ley Promesa imponiendo una Junta de Control Fiscal (JCF) al Gobierno de Puerto Rico. Con ese telón de fondo se celebraron las elecciones generales del 2016 y más adelante, en enero de 2017, se inició la administración de Ricardo Rosselló Nevárez.
El nuevo gobernador apenas pudo comenzar, mucho menos pudo consolidar un equipo de gobierno. Ni siquiera logró reclutar el talento mínimo, ni contar con un liderato aceptablemente maduro. Su desenlace fue la consecuencia inevitable de lo que nunca fue. Probablemente hubiera pasado igual si las elecciones las hubiera ganado otro candidato. Cualquiera que hubiera asumido la gobernación en enero de 2017 se habría tenido que enfrentar a la enorme dificultad de administrar una estructura gubernamental sin el poder para hacerlo. La imposición de la Junta y la ley Promesa, terminaron de ocupar los pocos espacios de gobierno propio que le quedaban al “ela”.
La única ruta posible para ejercer una gestión propia de gobierno, con sentido, no importa quién hubiera sido el gobernador electo, era la confrontación política contra la JCF y por ende contra el Congreso. Esa opción Rosselló la tuvo en sus primeros (y únicos) dos años y en momentos parecía que lo haría, lo cual le hubiera colocado en otra dimensión en nuestra historia. Pero, se amilanó y en la práctica sucumbió y se sumó a las exigencias de la Junta. Emitió órdenes ejecutivas y firmó leyes muy afines a la agenda de la JCF, para finalmente quedar sometido a los planes fiscales de la Junta y a los presupuestos que esta ha impuesto.
Claramente, la gestión de la administración Rosselló colapsó una vez se sometió a los dictámenes de la JCF. De allá para acá han sido los 7 miembros de la Junta, acompañados de un séquito de bufetes y consultores bien remunerados, quienes en la práctica gobiernan y hasta administran las agencias públicas. A lo que ahora se ha sumado la sindicatura de las principales agencias de gobierno, la proliferación de “monitores” y las intervenciones frecuentes y selectivas del FBI.
En los dos años y medio de gestión de Rosselló, todo empeoró. El País no tuvo, ni tiene planes de desarrollo económico. La Junta de Control Fiscal y la ley Promesa, tampoco contemplaron el desarrollo económico de Puerto Rico. La única referencia a ese tema fue la creación del grupo de trabajo cuyo informe y resultado no obligaba ni al Congreso ni a la Junta. Tanto es así, que dicho grupo sometió su informe en diciembre de 2016 sin ninguna consecuencia, hasta hoy.
Mientras, la Junta no ha descansado en poner pie en el acelerador para pagar a los acreedores y bonistas buitres como quedó demostrado con el Plan de Ajuste de COFINA y se pretende con el de la AEE. Esa, y no otra, es la función de la Junta. De ahí que sus cartas a la administración Rosselló fueron insistentes en la exigencia de adoptar políticas de austeridad severas o draconianas (como las caracterizó el premio Nobel de economía, Stiglitz, en su visita a Puerto Rico) con el único propósito de separar el dinero para el pago generoso de la deuda. Por tanto, en ausencia de políticas de desarrollo económico la Junta de Control Fiscal, lejos de ser un instrumento para lidiar con la crisis económica y financiera de Puerto Rico, como algunos pensaron, ha devenido en el principal obstáculo. La situación económica es inédita y de extrema gravedad, y el papel de la Junta no tiene otra consecuencia que agravar la situación.
Para complicar el panorama, la realidad climática se encargó de alertarnos (de nuevo) nuestra ubicación geográfica. Los huracanes Irma y María fueron eventos naturales que desnudaron y profundizaron la diversidad de problemas que ya existían y hervían a punto de estallido. A la incapacidad institucional de una administración de gobierno, castrada por la corrupción para responder a la urgencia de la situación, se unió el desprecio y la mofa del presidente de Estados Unidos. Pero no fueron solamente las expresiones execrables de Trump, fue también, el manejo irresponsable de FEMA, el Cuerpo de Ingenieros, el Congreso y demás agencias federales que han echado mano el chantaje como norma en su trato hacia Puerto Rico y para quienes cuatro mil vidas representan solo una estadística. Ahora, como si no bastara, se suma la lenta e incierta erogación de fondos para la recuperación tras los huracanes. Es claramente una actuación en bloque del gobierno permanente de Estados Unidos. Trump es simplemente un vulgar accidente.
En ese contexto, los problemas fiscales empeoran y se complican. No hay ecuación ni modelo que pueda concluir que se puede pagar la deuda de más de $100 mil millones, con una economía en contracción y con un panorama de incertidumbre. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cuál es la nueva fuente de ingresos?
Se acabo la luna de miel con la Gobernadora.
Sin embargo, la sustituta de Rosselló, Wanda Vázquez Garced, parece ajena a la situación e ignora el camino desastroso de su antiguo jefe. En sus primeras declaraciones y en otras posteriores, no ha dejado de expresar su adhesión a los planes fiscales y de ajuste de deuda de la Junta. Se identifica ella misma como la persona que puede sostener una “relación” cordial y “respetuosa” con los siete procónsules, como en su momento lo hizo Ricky y ahora también repite Pedro Pierluisi.
Afortunadamente, la respuesta esperanzadora a este capítulo de nuestra historia viene de nuestra gente, de los diversos sectores que constituyen nuestro pueblo. Esta crisis sí ha tenido una respuesta social y de protesta a pesar de la campaña ideológica constante, sofisticada y abrumadora que persigue imponer la idea de que los puertorriqueños nos cruzamos de brazos. ¡Falso! Desde el 2016 las actividades de protesta y de movilización se han sucedido con distintas intensidades y dimensiones. La huelga de los universitarios en 2017, las movilizaciones masivas del Primero de Mayo, y más recientemente, el Verano de 2019, presidido por nuestra bandera nacional ¡sola! Sí, la bandera que prohibió el gobierno de Estados Unidos en el siglo pasado, la que defendieron con sangre, valor y sacrificio nuestros patriotas, fue y es hoy el símbolo de lucha de nuestra nación indómita que se levanta contra tiranos y traidores.
El Verano del 2019 fue una muestra del poder de nuestro Pueblo.
Es importante destacar que todo esto ha ocurrido en tan solo tres años. Incluso, durante el periodo de sufrimiento que representaron los meses posteriores al huracán María, las movilizaciones no se detuvieron. Y el desborde de coraje y energía durante los quince días del pasado mes de julio, fue el reflejo de las tensiones, abusos y frustraciones que laten ante el agotamiento y desplome de un sistema económico y político insepulto.
Si bien, queda aún por descifrar el alcance y las consecuencias del Verano del 19, podemos afirmar que aprendimos que la fuerza radica en nosotros cuando nos disponemos a ejercerla colectivamente. Aprendimos que la unión de voluntades es capaz de todo, por encima de leyes, constitución o de cualquier otra institución.
Tales acontecimientos lo interpretaron correctamente quienes dirigen las agencias federales de “seguridad” y persecución política. No esperaron, ni escatimaron en tiempo y lanzaron un operativo político, mediático y represivo, para desmontar el impacto y las consecuencias de la movilización social y la protesta.
Nina Droz a su llegada al País. Foto Ángeles Rodríguez
Destaca el caso abusivo contra Nina Droz, como un intento claramente de escarmiento de la fiscalía federal. Igualmente, las leyes anti obreras aprobadas por la legislatura penepé con el propósito de amedrentar a los sindicatos. Y la persecución selectiva y abusiva del Departamento de Justicia (entonces bajo la dirección de Wanda Vázquez Garced) contra un grupo de estudiantes universitarios que participaron en la huelga de 2017 defendiendo la Universidad de Puerto Rico. Pero no les ha funcionado. Ninguna política represiva y abusiva puede persistir sin respuesta de las clases y grupos sociales afectados.
Hoy, como pocas veces en nuestra historia, se hace evidente la necesidad de mantener la respuesta colectiva y la movilización en los espacios públicos. Esa ha sido, en las pasadas décadas, la forma más efectiva para exigir nuestros derechos y reivindicaciones. Los ejemplos son muchos y recientes. La victoria de Vieques, la derrota del gasoducto (la mal llamada “vía verde” de Fortuño), la excarcelación de Oscar López Rivera, la expulsión por primera vez en nuestra historia de un gobernador electo, y tantas otras victorias ocurridas a nivel regional y local. Es decir, la práctica nos ha demostrado cuál es la ruta que nos permite trascender los espacios privados y pequeños y generar potentes movimientos que en sí mismo se convierten en expresiones de poder social.
Es sobre esa base que se hace necesario proponer y plantear la conquista indispensable de los poderes políticos conculcados por el gobierno estadounidense. No hay manera de atender y buscar los caminos que nos permitan lidiar con los problemas económicos y los desafíos que supone el desarrollo en general del País, si no se tienen los poderes para diseñar los instrumentos e implantar nuestras políticas, programas y planes.
En estos momentos, sigue en nuestra agenda como tarea primordial, rearticular las fuerzas y los sectores patrióticos y anticolonialistas para confrontar a Washington y exigir, con el apoyo de la diáspora que vive exiliada en Estados Unidos y de la comunidad internacional, la autodeterminación e independencia de nuestro pueblo.
La crónica, género viejo, aunque no lo parezca, ha vuelto a tener gran auge en nuestros días. Quizás así sea por su ambigüedad y su hibridez. Es que se hace difícil definir este género con exactitud ya que muchas veces es un vago e indefinido punto intermedio entre el cuento y el ensayo, entre la poesía y la antropología, entre la autobiografía y el comentario social, entre la comicidad superficial y la seriedad profunda, entre lo banal y lo sagaz. Esa misma combinación de aparentes opuestos, combinación que resultan en la hibridez y la ambigüedad que en mucho de sus mejores casos se alcanza, hacen a la crónica un género ideal para retratar mundos convulsos e indefinidos. Así ha sido desde siempre. Por ello, el entonces anciano conquistador Bernal Díaz del Castillo, cansado ya de sus luchas y arrinconado en su marginalidad provinciana, la emplea para retratar lo que recordaba del colapso del mundo prehispánico y del nacimiento del Nuevo Mundo, en su caso específicamente recordaba la destrucción del imperio azteca y la creación de la Nueva España. Por ello mismo y desde otras perspectivas José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera y Nemesio Canales, por ejemplo, la emplearon para retratar el dramático final del siglo XIX y predecir, en el caso de Martí con el plan de acción para el nuevo siglo que nos brinda en “Nuestra América”, un posible futuro. (Canales ya anclado en el XX atisbaba otras soluciones.) Por ello, en nuestros días, también tempestuosos e inciertos, la crónica vuelve a tener grandes cultivadores en toda Hispanoamérica, grandes cultivadores que se enfrentan a grandes problemas: Carlos Monsiváis, Ana Lydia Vega, Pedro Lemebel, entre muchos otros, son ejemplos paradigmáticos.
No sorprende, pues, que la nueva entrega de la Serie Literatura/Hoy del Instituto de Cultura Puertorriqueña la formen cinco breves pero interesantes libros de crónicas: Entre la bicha y la pared de Rima Brusi, El verano de la carne de león de Tere Dávila, Hacernos el adiós de Yara Liceaga Rojas, Burundanga Express, de Manolo Núñez Negrón y Fuera de la caja de Carlos Weber. Son estos libros breves pero que caben muy bien dentro de los parámetros de la crónica, aunque son distintos entre sí. El de Weber, por ejemplo, es un buen ejemplo de crónica periodística y es el único de este tipo entre estos. El de Liceaga Rojas, en cambio, es el que más se aleja del modelo tradicional del género ya que incorpora abundantes elementos poéticos, lo que les impone mayor brevedad a sus piezas que se construye con hechos menos identificables y menos directamente referentes a lo social y mucho más a lo personal. Los otros tres, aunque de carácter marcadamente individual, caben mejor en la definición de la crónica clásica. El de Dávila y el de Núñez Negrón, para mí los mejores de los cinco, son excelentes ejemplos del género ya que logran combinar el examen de la sociedad con un claro elemento autobiográfico, la narración con el tono ensayístico y el elemento artístico con el reportaje. Esos dos textos también tienen gran cohesión interna ya que, por su parte, Núñez Negrón se vale de la imagen del tren urbano para darle coherencia a todo el libro (cada pieza es una parada del tren) y Dávila, a su vez, se centra en el tema de la comida, lo que también le da una fuerte unidad al suyo.
En todos – aunque en unos más que en otros – vemos la acertada combinación del lenguaje culto con el popular. Weber es el más tímido en este aspecto y hasta siente la obligación de explicar lo que para una lectora boricua no hay necesidad de aclarar: “Allí estaba con un vodka con “china” (que es como le decimos en Puerto Rico al zumo de naranja)” (15). Quizás esa timidez léxica y la necesidad que siente de dar una explicación de un término común entre nosotros se deba a que el autor, al escribir su crónica, pensaba en un lector no puertorriqueño, aunque, en general, la crónica de nuestros días tiende a emplear el lenguaje local sin ofrecer explicaciones ni excusas. Por ello abundan en todos estos libros palabras y expresiones en inglés que son frecuentes entre nosotros. Dávila, quien centra su atención en el mundo de la clase media alta y en sus aficiones culinarias, usa constantemente el término “food truck”; y lo tiene que usar porque así llamamos a esos camiones que son casi restaurantes y que salpican nuestro mapa gastronómico. Al leer esos textos suyos pensaba en el maravilloso término del español peninsular para esa misma realidad: “gastroneta”. Creativamente se combina en esa palabra el vehículo (camioneta) con su función (gastronomía). Propongo que adoptemos ese término en vez de “food truck”, no para que seamos fieles vasallos del imperialismo lingüístico de los españoles (¡Lagarto sea! ¡Vade retro!), sino por su ingeniosidad. También me gustaría que adoptáramos el término de origen mexicano para “stripper” – encueratriz, encuerador –, término juguetón que le atribuye a esa profesión muchas veces denigrada un tono dignamente imperial ya que recuerdan a los de emperatriz y de emperador. Pero, volviendo al tema, en estos textos, en mayor o menor grado, se emplean un lenguaje popular boricua y se usan con naturalidad y sin excusas, excepto en el caso que apunto en Weber. Núñez Negrón es el más arriesgado en este aspecto, ya que hasta llega a adoptar voces populares – como lo han hecho Ana Lydia Vega y Luis Rafael Sánchez – para crear con ellas textos donde la voz narrativa tradicional – tercera persona omnisciente – parece desaparecer.
Uno de los rasgos de muchas crónicas – pienso en las magistrales de Pedro Lemebel – es la casi desaparición de esa voz autorial, ausencia que favorece el empleo de otras técnicas narrativas y, por esa vía, de la ambigüedad. Muchos ensayos, contrario a las crónicas, tienden a estar construido por esa voz autoritaria, lo que le imparte al texto un tono de prédica, de sermón o sermoneo. Eso ocurre, por ejemplo, en algunos de Brusi, especialmente en uno titulado “Virus”.
Las crónicas ejemplares evitan ese tono autoritario y hasta dogmático y, al hacerlo, acepta correrse el riesgo de parecer que apoya lo que en verdad ataca. Por ejemplo, en “Tarántulas en el pelo”, una magistral crónica de Lemebel, quien habla en el texto es un peluquero caricaturescamente gay y, por ende, con poca materia gris en la cabeza quien peina a una gran dama pinochetista. Todo parece mera banalidad, pero en el fondo, esta crónica es un fuerte y profundo ataque a la dictadura de Pinochet y, a la vez, es una ingeniosa relectura de Sarmiento y Martí, todo hecho de manera indirecta, jocosa y ambigua. Lemebel se corre el riesgo de que lo malinterpreten, pero es, por ello mismo, más efectivo. Así son las buenas crónicas.
Pero son pocos los casos en estos libros de textos construidos por voces autoritarias; domina, en cambio, la observación directa de nuestra realidad, observación que intenta acercarse a la objetividad casi científica. Brusi, por ejemplo, tiene conciencia de cómo su adiestramiento profesional la lleva a hacer de sus textos muchas veces apuntes etnográficos: “Soy una mirona incorregible. Tal vez por eso me hice antropóloga, para tener una excusa.” (64) Y sus observaciones de nuestra realidad, especialmente la de los intelectuales puertorriqueños en los Estados Unidos, son muy acertadas y valiosas. Dávila es, entre estos cinco escritores, quien más claramente define su particular tipo de crónica. Lo hace juguetonamente en una nota al calce: “…trato de ser fiel a los eventos y no adornar mucho, no vaya a distorsionar la realidad.” (11). En ese sentido Liceaga es la que más se aleja de esa visión tradicional o clásica de la crónica ya que, como he apuntado, en sus textos los elementos poéticos son muchos y más fuerte que en los de los otros autores ya que hasta dominan en algunas de sus piezas, siempre breves por ello mismo; no se podría mantener ese tono altamente poético en un texto muy largo.
Cada uno de estos autores hace, a su manera y desde sus particulares posiciones estéticas e ideológicas, una contribución a la crónica en nuestras letras. La lectura de estos libros – libritos por su brevedad, pero libros en todo el sentido de la palabra por sus logros – es deleitosa. Definitivamente estos contribuyen a darle mayor vitalidad a este problemático e imprescindible género como acercamiento favorecido y privilegiado en nuestras letras contemporáneas.
Para mí estos libros de crónicas fueron, sobre todo, espejos donde observar y examinar mi propia escritura. Por ello les doy las gracias a Brusi, Weber, Liceaga, Dávila y, especialmente, a Núñez Negrón.
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Junta de Control Fiscal (JCF), parecen estar actuando al margen de la ley en contra de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, tanto con el plan de reestructuración de la deuda (RSA, siglas en inglés), el Plan Integrado de Recursos (PIR), la privatización de la corporación y la supuesta reconstrucción del sistema. Así se desprende de un análisis ofrecido por el Centro para una Nueva Economía (CNE) en el cual puso en contexto cada uno de estos procesos.
El director de política pública del CNE, Sergio Marxuach, apuntó que todos estos procesos que se están sucediendo a la misma vez, no es así como debe suceder. Según lo que presentó primero la AEE debería cumplir con la Ley de Política Energética aprobada en el 2017 que establece que hay que hacer un PIR a 20 años. Este tipo de documento dijo se utiliza en cientos de países del mundo para planificar a largo plazo. “Ese debe ser el documento matriz desafortunadamente lo que está pasando no es necesariamente así”.
Continuó que debajo del PIR se supone que está el plan fiscal que es a cinco años, el cual tiene proyecciones financieras y unos supuestos de cómo se van a manejar los recursos, de qué cosas se van a privatizar, inversiones de capital a largo plazo que se supone salgan del PIR. Pero la AEE ya está dando algunas cosas como predeterminadas, sin tener el plan a largo plazo ya hecho lo cual -expresó- “levanta muchas dudas”, ya que se supone que la AEE y la JCF esperen a que este documento esté listo y eso no es lo que está sucediendo.
Sin embargo la JCF aprobó el Plan Fiscal (PF) de la AEE en junio de este año, con un PIR que todavía es un borrador que no ha sido validado por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). Atribuyó que la AEE está dando el PIR como si estuviera predeterminado. El PIR descansa en el uso de inversión de gas natural que sobre pasan los $400 millones.
Mientras el plan de la reestructuración de modernización del sistema de la AEE está contando con fondos federales. Se estima que la reestructuración costará unos $21 millones y hasta ahora la Autoridad ha identificado solo $14 millones de distintas fuentes del gobierno federal mayormente de FEMA y algún dinero asignado por el Congreso de EE UU a través de los fondos de CDBG-DR (fondos de recuperación de desastre para el desarrollo comunitario), pero hasta el presente nada de ese dinero se ha desembolsado.
Por otra parte en cuanto al proceso de privatización, no se han hecho públicas las negociaciones.
En tanto la pieza clave de este rompecabezas que es el RSA, -señaló Marxuach- que la AEE dice que el recorte de un 32% es uno significativo que le ahorrará millones de dólares a la Autoridad. No obstante el director de política pública del CNE señalo que la pregunta correcta que debe hacerse es cuál es la deuda con la que se queda la Autoridad, si es sostenible y si la deuda es pagable sin que vuelva a caer en quiebra en un periodo de cinco años. El economista denunció que esos aspectos no se están tomando en cuenta, que el acuerdo se nos vende como un ahorro y todo aparenta a que hay mucha prisa por hacer el acuerdo.
A su juicio el objetivo no debe ser “un acuerdo por hacer un acuerdo”, sino ver si es bueno para Puerto Rico y segundo si es un acuerdo sostenible para la AEE. Trajo a la atención señalamientos de un estudio que hizo el profesor Ramón Cao, en el cual comparó procesos de reestructuración de deudas de corporaciones públicas de energía eléctrica en EE UU, reveló que estas recibieron un recorte de un 45%.
Otro aspecto censurable del RSA es el cargo de transición de 2.7 centavos por kvh que que se le impondrá a todos los consumidores por los próximos 40 años aun cuando la persona produzca su propia energía solar. El aumento además de afectar a las familias más pobres del país significa un impuesto al sol.
Marxuach dijo que la JCF está utilizando el RSA con los acreedores asegurados como una medida de presión contra los acreedores que todavía faltan por negociar su deuda. Estos son los acreedores no asegurados de la AEE, la deuda de los pensionados y la de los suplidores de las líneas de crédito de la compra de combustible. Ante la interrogante de por qué la JCF está empujando el RSA de manera tan fuerte. Marxuach abordó que la estrategia legal que está usando la JCF para lograr este acuerdo, se está haciendo bajo una regla especial de la ley de bancarrota que se incorporó a la ley Promesa, que permite al deudor llegar aun acuerdo con un grupo especifico de acreedores, e incluirlo, en lo que se llama un plan de ajuste, que es donde se incluyen todos los otros acreedores. La razón de por qué la JCF quiere hacer esto primero-explicó- es porque una vez se tenga un plan de ajuste acordado con una clase de acreedores ya se tiene el requisito legal que obligaría al resto de los acreedores a aceptar la reclamación o reducción establecida.
Aun cuando dijo que es obvio que se puede reclamar, cree que de ahí es que surge la prisa de la JCF para usar esta estrategia en la reestructuración de la deuda. “Muy pocas personas están pensando que eso sea bueno para Puerto Rico”, manifestó Marxuach y observó que la juez Laura Taylor Swain ha sido sido muy estricta en su interpretación de la ley Promesa, y no ha permitido que casi nadie intervenga en la corte en relación al impacto que este tendrá el RSA en el país por casi 47 años. En esa dirección hizo referencia a que no existe un estudio salvo el de la JCF que haya considerado sostenible el acuerdo. Hizo alusión que estudios como el de los economistas Ramón Cao, José Alameda, el Instituto de Análisis Financiero y Económico para la Energía (IEEFA, siglas en inglés), y el sociólogo Héctor Cordero han señalado los impactos económicos y sociales del RSA.
Frente al RSA indicó que la intervención principal que tenemos los ciudadanos será la Legislatura, la cual tiene que enmendar 16 leyes que existen en la actualidad para que se pueda aprobar el RSA. En ese aspecto el director del política pública del CNE recordó la experiencia de la aprobación del acuerdo de la deuda de COFINA (Corporación de Interés Apremiante), la cual se hizo por por descargue.
A la luz del escenario expuesto, Marxuach, censuró: “La AEE y el gobierno de Puerto Rico insisten en llevar a cabo una serie de acciones que aumentarán el costo de la electricidad, afectarán negativamente el crecimiento económico, incrementarán el desempleo y provocarán el descuadre del presupuesto de miles de familias. Los políticos y oficiales gubernamentales que ostentan el poder en estos momentos tendrán que rendirle cuentas al pueblo de Puerto Rico cuando eso suceda”.
