Entrevista a César Rey

Ni el número de desaparecidas que da la Policía es el real ni las razones que le atribuye son las correctas o verdaderas en la mayoría de los casos.

El secuestro de una joven de 20 años, del mismo frente de su casa en la comunidad de Sabana Seca, en Toa Baja, el 17 de septiembre, ha elevado a la discusión pública el hecho de que en lo que va de año han desparecido 21 menores de edad, de las cuales 15 tienen 18 años o menos y tres, entre 20 a 24 años. Las denuncias de las desapariciones comenzaron a darse a través de las redes sociales y en muchos de los casos han sido los propios familiares quienes han divulgado la situación.

En entrevista con CLARIDAD,el sociólogo César Rey, que durante los últimos 13 años ha estudiado la situación de trata humana en Puerto Rico, señaló que el país enfrenta un problema dramático porque nunca han habido estadísticas actualizadas ni certeras de nada. Y la Policía no es la excepción. Apoyó su afirmación en su experiencia tanto en su labor como investigador, como en la de secretario del Departamento de Educación (DE). “En mis años en el DE no se sabía cuántas escuelas había. Literalmente, un día me daban una cifra y otro día me daban otra. Puedo hablar con conocimiento de causa porque lo viví en esa agencia. Pues, igual o peor es en la Policía”.

Respecto a las desapariciones apuntó que no hay un centro neurálgico estadístico que necesariamente registre la veracidad de la incidencia. “Me refiero a que hay gente que desaparece y nunca es informada, hay gente que el bajo mundo se lo tragó y nunca dice nadie nada. Del misterio de la desaparición, mi cálculo es que puede haber una tercera parte registrada de lo que realmente ocurre en el país. En otras palabras, es que podría haber 60 mujeres desaparecidas y no 21”.

Manifestó que lo que sucede es que en Puerto Rico hay varias corrientes de fuerza al unísono cometiendo estos actos. Uno, el crimen organizado, que desaparece gente y provoca mutis en la comunidad en una narcoeconomía como la que tiene Puerto Rico. “Eso es una realidad”. El segundo factor, que hay personas desaparecidas que la Policía no las registra porque entiende que no son desapariciones. Y ahí hay que trabajar entonces con la clasificación de la nomenclatura. Tres, la actitud de las agencias de muchas veces estar a la defensiva y no admitir realidades para no ser juzgados políticamente. Cuarto, lo que considera una imprecisión de lo que se conoce por un desaparecido. “Probablemente, la Policía lo cataloga de una manera, la familia de otra; pero aquí hay gente que ha salido de viaje y nunca ha regresado”. Añadió como ejemplo que en la década del 70 en la isla hubo un supuesto tráfico de mujeres argentinas para la prostitución y eso nunca se registró en ningún sitio. “Lo averigüé por otras fuentes cuando estuve investigando la trata humana”.

Al presente ha registrado, nada más mediante la prensa, a 18 personas desaparecidas que podrían ser catalogadas como casos de trata humana. “Si nos vamos a los juzgados, la incidencia de menores que han estado siendo partícipes, que han sido utilizados en negocios ilícitos, es todavía mayor. De nuevo, creo que es un cálculo conservador, y ciertamente no preciso, de la realidad. Eso quiere decir aquí históricamente se ha desaparecido gente y no se ha registrado”.

El profesor de Sociología afirmó que no duda que haya una mayor incidencia ahora debido a la pandemia, que obliga al enclaustramiento y a la secretividad, a la discreción. Señaló que según la ONU, en este momento histórico la humanidad está experimentado mayor agresión en las familias. En el caso de nuestro país, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, conjuntamente con el enclaustramiento, provoca reacciones de poca sanidad mental en algunos casos y de violencia en otros. En este escenario los más vulnerables son las mujeres y los niños, que son los más expuestos a ese tipo de violencia.

Denunció que debido a que en estos momentos el Estado está inoperante, las agencias no están activas, no se está levantando esa información. “Ningún trabajador social ni sicólogo desde su casa está dando rastreo de lo que pasa en el barrio tal con la familia tal de aquel hogar sustituto. Así que la estadística va a reflejar que hubo una disminución de casos de casi un 60% de los casos de violencia intrafamiliar, cuando la realidad es que pudiera haberse duplicado o triplicado. Lo que pasa es que no se está registrando. En el resto del mundo ese es el caso. ¿Por qué pensar que Puerto Rico es la excepción; una sociedad tan violenta, tan propensa al maltrato y a la explotación de mujeres, niñas y niños?”, manifestó.

Mencionó que las personas indocumentadas que viven en Puerto Rico tienen una propensión mayor a ser abusadas. Reveló que el pasado año investigó una cantidad de casos de violencia contra las empleadas domésticas, que las utilizaban para, todo incluyendo para sexo. “Si ese es el panorama en tiempo ordinario, en este tiempo extraordinario tiene que haberse dimensionado adversamente esa realidad”.

Sobre la definición de la Policía de “diversas razones”, con la cual clasifica en particular las desapariciones de adolescentes, el doctor Rey lo atribuyó a la falta de un protocolo adecuado para distinguir e identificar lo que es un abuso de lo que es una explotación, la naturaleza del delito que podría tipificarse como crimen en un caso o no.

Apuntó que si el Policía no sabe cómo trabajar ese protocolo, se tiene el problema de que la desaparición no se registra. Y si no se registra por el policía, el fiscal no va a poder llevar el caso identificado como de trata humana. Por lo tanto, la estadística se invisibilizó. Criticó que la experiencia es que no hay protocolos que conecten a al Departamento de la Familia con la Policía, a la Policía con el DE, con Justicia y con el Departamento de Salud, que estima son las cuatro agencias vitales para atender estos casos. Afirmó que son las organizaciones de base comunitaria y las propias víctimas las que tienen que batallar contra la situación.

El doctor César Rey admitió aCLARIDADestar convencido de que sí hay una organización detrás de los secuestros que se han estado dando en la isla. Trajo como ejemplo el haber escuchado una grabación de un adulto ofreciendo entre cinco a diez mil dólares a mujeres por el trabajo discreto como dama sexual o dama de compañía de grandes artistas. Observó que en el contexto de la pandemia, en donde hay tantas adolescentes solas en sus casas, este tipo de ofertas pueden ser más seductoras que en tiempos ordinarios, así que la manera de operar puede ser más agresiva para conseguir una mejor respuesta y, en el caso de una menor de edad, esta puede irse de manera voluntaria; pero su consentimiento no es válido. “Ella pudo irse voluntariamente, pero es explotación igual”.

Dado a que no hay clases presenciales y las clases son a distancia (aquellos que tienen la facilidad) los jóvenes están más susceptibles, por eso es que es extraordinario y la densidad mayor. Por otra parte, están los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ahí es mayor, porque hay más desigualdad.

Abundando sobre el problema de la trata humana, mencionó que antes de la pandemia solo el 40% de la población estaba activa en la fuerza laboral. Luego de los huracanes, terremotos y, ahora, con la pandemia, esa estadística no se ha actualizado. El sociólogo se cuestiona dónde está ese 60%. “Hay que tener mucha prudencia con esto. Estoy convencido de que estas son situaciones extraordinarias que hacen que ese caldo de cultivo florezca, que es lo que estamos viendo ahora”.

El doctor Rey, quien hace un par de años da clases pro bono a jueces sobre la trata humana expresó que le parece bien extraño que las autoridades no quieran reconocer el problema. Resulta inexplicable, además, que la Policía no tome estos cursos.

Finalmente, para el investigador es importante preguntarse cuál está siendo el rol de la Procuradora de la Mujer, del Departamento de la Familia y de la Policía.

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CLARIDAD

El vocablo “pala” y el verbo “atornillar” se han pronunciado repetidamente en Puerto Rico durante las últimas semanas. Y no es porque a tres años del paso del terrible huracán María finalmente se estén reconstruyendo las viviendas que, como resultado de la incompetencia y la desidia, todavía permanecen averiadas. La referencia continua a esos dos términos no es por la alegría del trabajo productivo, sino por la tristeza de la corrupción. A tres meses del día en que debe abandonar el puesto de gobernadora, Wanda Vázquez utilizó la pala ejecutiva para empujar a 76 protegidos a cargos públicos bien remunerados. Si son confirmados por el Senado, el casi centenar de protegidos quedarán atornillados por más de una década, con buenos salarios garantizados.

Tal vez en algún otro país se esperaría de alguien que arribó al cargo de gobernadora por pura carambola actuara con mesura a la hora de llenar cargos públicos, mucho más cuando se trata de nombramientos que, en algunos casos, tiene términos que llegan a los 16 años. Pero en Puerto Rico nadie se asombra, todo lo contrario, ya aceptamos esas cosas como algo normal. La única sorpresa es el momento en que Wanda Vázquez hizo la friolera de nombramientos. Estábamos acostumbrados a que la carrera para atornillar allegados en puestos públicos de relevancia se produjera después de las elecciones, luego de que el incumbente resultara derrotado. En esta ocasión se produce antes de las votaciones, cuando ese acto descarnado de corrupción puede costarle votos al partido oficial. Pero es que a esta señora, que fue rechazada como candidata a la gobernación, le importa poco que las críticas que generan muchos de sus nombramientos afecten las posibilidades electorales de su partido. Todo lo contrario, disfruta a todo dar de esa pequeña venganza.

Sin embargo, la inminencia de la cita electoral ya provocó el rechazo del más importante de los nombramientos y, según informes de prensa, más de una docena también será repudiada en el Senado. Dado que muchos legisladores van a la reelección el 3 de noviembre se apresuraron a rechazar el más polémico de los nombramientos, el de un individuo llamado Osvaldo Soto para el importante cargo de Contralor. Ciertos medios de prensa también informan que, al menos, otros 12 de los designados no pasarán el escrutinio legislativo.

Nadie crea que el rechazo legislativo a la docena de nombrados, si finalmente se produce, responda a buenas prácticas evaluativas. Además de protegerse ante posibles señalamientos de cara a las elecciones, los senadores estarían reservando una buena camada de puestos para llenarlos luego de la contienda electoral. Entonces algunos de ellos estarán camino a la fila del desempleo y la reserva que hacen ahora sería la tabla de salvación. De hecho, el proceso en el Senado ha estado a cargo de Héctor Martínez, quien perdió la primaria y está buscando de dónde agarrarse.

Decía antes que en el Puerto Rico de hoy ya estamos acostumbrados a esta desvergüenza. La costumbre viene de lejos, desde que el PNP y el PPD se turnan en la gobernación, pero se ha acentuado a partir de 2000 porque desde entonces los gobernadores sólo duran un cuatrienio. Desde que Pedro Rosselló fue reelecto en 1996 nadie ha logrado repetir en el cargo. Por lo tanto, la avalancha de nombramientos a los protegidos se ha repetido ininterrumpidamente desde 2004 luego de las elecciones, solo que en esta ocasión Wanda Vázquez quiso adelantar la fiesta.

En cuanto a los 76 puestos que Vázquez se apresuró a llenar con allegados y colaboradores hay un dato que sido ha pasado por alto por todos los que hasta ahora han comentado sobre el tema. Nada menos que 60 de esos 76, ¡casi el 80 por ciento!, son cargos relacionados con la administración de la justicia. En cualquier sociedad que aspire a ser democrática este sería un dato aterrador porque las personas que estarán a cargo de hacer investigaciones y presentar acusaciones criminales, como es el caso de los fiscales, son seleccionados por criterios puramente partidistas o como premio a la lealtad personal. Lo mismo sucede con los que serán responsables de evaluar y adjudicar la prueba, los jueces y juezas. Entre los 76 nombramientos que la gobernadora envió a toda prisa al Senado hay 26 jueces e igual número de fiscales. A esos 52 de añaden tres procuradores de familia y cinco registradores de la propiedad.

Tal vez la poca atención a este dato responde a que, dadas las experiencias del pasado, la mayoría ya da por sentado que detrás cada nombramiento de juez o un fiscal hay alguna pala política. A veces, a pesar de haber contado con un padrino político, el designado hace una buena labor, pero no es por ese potencial desempeño meritorio que la mayoría resulta seleccionada.

Dejando de lado el posible freno del Senado a algunos de los designados, en la judicatura puertorriqueña habrá 26 personas muy agradecidas de Wanda Vázquez, mientras que en la fiscalía, donde se inician los procesos criminales, habrá otros tanto. Para una persona que está ahora mismo siendo objeto de una investigación por la Oficina del Fiscal Independiente el dato no es irrelevante.

El más notorio de los nombramientos hechos por Vázquez fue el de Osvaldo Soto para Contralor, un individuo sin profesión conocida, que estudió para abogado y no pasó la reválida. La extrema desfachatez de esa designación opacó las otras, que resultan igual de cuestionables.