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Puerto Rico contemporáneo ¿narco-estado o una instancia de capitalismo gore?

Por Luis Javier Cintrón Gutiérrez/Especial para CLARIDAD

La cultura y la sociedad del Caribe contemporáneo tiene la muerte es la espina dorsal. Al menos eso plantean antrópologxs caribeñistas como Maarit Forde y Yanique Hume al decir que la historia del Caribe ha sido escrita sobre un sistema político y económico de basado en la muerte impuesta por potencias externas. Las mismas han llevado a la invisibilidad y exterminio de poblaciones originarias junto al descarte de cuerpos desde aquellas empresas del colonialismo europeo, la imposición de sistemas de plantación y más en el presente con economías volátiles y estados no necesariamente solidificados.

Con la resiente cobertura mediática sobre masacres y asesinatos en Puerto Rico, la opinión pública ha acuñado el concepto de Puerto Rico como un narco-estado. Este tema no es nuevo en la discusión. Cuando Luis Fortuño y el Partido Nuevo Progresista (PNP) gobernaban, la prensa nacional e internacional hacía uso de este concepto. Para esa fecha, la tasa de asesinato alcanzó cifras históricas y alarmante. En el 2011 hubo 1,117 muertes violentas y en el 2012 961. Esto se daba a la misma vez que el PNP implementaba una serie de reformas neoliberales como las Alianzas Publico Privadas y el despido de una cantidad sustancial de empleomanía en el sector público.

Si bien es cierto que el narcotráfico ha tomado una notoriedad en la cotidianidad de Puerto Rico, el argumento de que el archipiélago está sumergido en la lógica de un narco-estado es, a mi entender, un poco desenfocada y le quita la responsabilidad al estado y al sistema capitalista neoliberal.

Puerto Rico es un país (colonia o territorio) con su estructura estatal colapsada. La institucionalidad cada vez representa menos a la ciudadanía que habita el archipiélago y representa mucho menos a esos flujos migratorios transnacionales que llamamos diáspora. En clave de Samir Amin (2005), un economista y pensador neomarxista de origen egipcio, muchos países de la periferia se encontran de frente a la erosión de otras expresiones anteriores de legitimidad de poderes como la identidad nacional, la pertenencia de clase o los llamados logros del “desarrollo”. En el caso de Puerto Rico, las principales estructuras de representación “oficial”, la partidocracia y el gobierno, al igual que el conglomerado industrial y comercial que alguna vez fuera el orgullo del Estado Libre Asociado se encuentran en ruina. Estas instituciones dejaron de ser el motor para de alcanzar el “éxito” prometido por la modernidad y la legitimización de la ciudadanía en base al consumo. La mayor evidencia del colapso del sistema político y económico son: la reducción en la participación electoral a cerca del 50% en un país donde sus votaciones eran de participaciones pluralistas; las espontaneas y masivas protestas contra Ricardo Rosselló que terminaron en la renuncia de este gobernante; y la imposición de un organismo federal para regular la administración pública local en defensa del mercado de especulación.

Ante el colapso del modelo económico y de representaciones del Estado Libre Asociado las economías informales han sido un salvavidas para la ciudadanía que vive al margen. Esto no es muy ajeno al desarrollo histórico de Puerto Rico en la medida en que cuando Puerto Rico era colonia española, el contrabando era el mecanismo de subsistencia ante el abandono del soberano de ultramar. Las economías informales que se han aferrado en la isla no representan un rompimiento del sistema capitalista, sino más bien es una forma orgánica del mismo sistema capitalista de socorrerse y perpetuar su existencia.

El capitalismo en su naturaleza es violento y su forma de operar puede ser sutil o agresiva. Un ejemplo de violencia sutil dentro capitalismo es los ejercicios que hacen los seguros médicos donde toman la decisión final de qué medicamento o tratamiento tiene derecho el o la paciente. La forma más agresiva del capitalismo es el uso de las armas para imponer su hegemonía.

El capitalismo en Puerto Rico no representa a las grades o plurales voluntades colectivas, pero aún así es el sistema en el que se vive y las personas desean legitimar su existencia dentro del consumo de objetos de valor, ya sea por el camino formal o informal. Nuestra socialización es en base al consumo. Un ejemplo de ello es el auge en Puerto Rico de tiendas de “off-price”(estilo Marshalls y TJMaxx) donde la ciudadanía tiene acceso a los excedentes capitalistas que nuestra sociedad ha determinado como objetos de valor y legitimación. La gente privilegia y se siente más legitimada usando producto de marcas globales de lujo que vistiendo de o teniendo tecnología de marcas menos globales. Esta disyuntiva empuja a lo que Sayak Valencia, teórica mexicana y profesora de Estudios Culturales en el Colegio de la Frontera Norte, denomina como el Estado/Nación versus Mercado/Nación.

Una de las economías informales que en Puerto Rico han tomado notoriedad en los medios de comunicación y en las narrativas locales es el narcotráfico. Aun, cuando siempre se ha habido discusión sobre las drogas y su trasiego, para el contexto puertorriqueño podríamos decir que toman mayor notoriedad en la campaña electoral de 1992, cuando Pedro Rosselló declaró en su campaña como candidato a gobernador del PNP que la Guerra contra las drogas de Rafael Hernández Colón y el Partido Popular Democrático (PPD) había fracasado y ofreció la “Mano dura contra el crimen”. Puerto Rico no es un país productor, sino es un simple puente entre los circuitos productores y los circuitos consumidores en los Estados Unidos. A pesar de ello esa actividad ilícita, de carácter menudera, representa una inyección monetaria sustancial en espacios que el Estado y la economía informal no llegan. Esta economía informal ha penetrado el quehacer cultural y social de Puerto Rico. El consumo de narco-novelas extranjeras y algunas canciones de reggaetón local son algunos síntomas de esa permeación de una economía informal al mainstream.

El narcotráfico según plantea Oswardo Zavala (2018), profesor en Staten Island College-CUNY, es una actividad económica del capitalismo global de orden clandestina que solo conocemos por narrativa oficial del Estado y de los medios de comunicación. Todo lo que sabemos e imaginamos del narco es en función a las narrativas estatales y las creadas por los medios de comunicaciones. Ante unas deficiencias y unas carencias en nuestro imaginario y formas de articulación, nace la utilización de narco-estado y el desarrollo de unas narrativas que construyen un enemigo evidentemente violento pero sin rostro.

Hablar en Puerto Rico de un narco-estado, supone replicar el discurso violento del todxs contra lxs pobres. El imaginario construido por los operativos estatales y federales en comunidades marginadas en espacios urbanos, junto a su cobertura mediática como objeto de consumo, apuntan a una teatralización de la violencia. En Puerto Rico, por su condición colonial, opera códigos y lenguajes que refieren a una “guerra contra las drogas” que Estados Unidos ha impulsado desde que se percibía el colapso del bloque soviético. Como apunta Valencia, los conflictos bélicos posteriores a la II Guerra Mundial ya no tienen a las naciones como el objetivo a atacar, sino a la sociedad civil como un “target no declarado”.

Narco-estado es un código del neologismo político, económico y jurídico. El mismo opera con múltiples lagunas y hasta con desconociendo de cómo funcionan la dinámica desde el interior del narcotráfico. Se habla en Puerto Rico de que es un narco-estado por unas percepciones de aumento en el ejercicio de la violencia. En este plano, la estadística o el número tangible no juega un rol significativo, sino las percepciones y las emociones. Ante una deficiencia de vocabulario frente a la violencia capitalista, se asumen estos juegos de palabras.

Más allá de la culpa de un sector que vive en el clandestinaje, la narrativa y la percepción de inseguridad reside en la teatralización de la violencia capitalista por parte de los medios de comunicación. Muchas veces, esta excesiva proyección mediática perpetúa estigmas y estereotipos que alimentan imaginarios amorfos sobre nuestras crisis. La violencia extrema y la crisis del Estado fallido son hoy objetos de consumo rentables para las industrias de comunicación. Aun cuando estadísticamente hablando hay menos asesinatos en que en el año 2011, tomando en cuenta que el Instituto de Estadística de Puerto Rico compila que en el 2011 hubo 1,164 asesinatos contra 641 en 2018 (BBC Mundo, 16 de enero de 2019), los medios de comunicación nos hacen sentir que vivimos en una necrópolis. Un ejercicio interesante, sería exponer las muertes productos de capitalismo agresivo, frente a las muertes a consecuencia del capitalismo pasivo. Un ejemplo muy particular, cuánta gente muere por falta de acceso a servicios médicos y por la intervención gerencial de aseguradoras sobre dictámenes médicos.

La violencia teatralizada, según nos apuntan intelectuales como la antropóloga colombiana Elsa Blair y Sayak Valencia, van en la dirección de enviar un mensaje y de control de poblaciones. En el caso de Valencia, ella nos presenta la violencia asociada al narcotráfico como un síntoma de la crisis del neoliberalismo. La profesora de Tijuana nos destaca que el neoliberalismo carece de la capacidad de autoidentificación colectiva a presente y fututo de los pueblos, y además el actual sistema del Estado se encuentra desgarrado. El poder reside en las agencias licitas e ilícitas del mercado. Los derechos humanos y las garantías de dignidad humana ya no son prioridad para gobiernos como el de Puerto Rico. Su “performance” posterior a los huracanes Irma y María deja esto de manifiesto. Este escenario dejó demostrado una transición de la biopolítica a una necropolítica. La precarización del trabajo, con un acento fuerte en el desvanecimiento de la Sección 936 y el florecimiento de acuerdos de Libre Comercio a los cuales Puerto Rico no tiene acceso por su situación colonial es un asunto que deja de manifiesto la crisis económica. Estos son algunos de los síntomas que podrían traerse a la discusión para entender a Puerto Rico, en clave de Sayak Valencia, como una instancia de Capitalismo Gore. O sea, un espacio donde la violencia es un “commodity” más en función a los medios de comunicación dentro de la economía formal y el narcotráfico en la informalidad frente a un Estado que claudicó a su función de preservar la ciudadanía. En cita de Sayak, “la muerte se ha convertido en un negocio rentable”.

El autor es doctorando en Estudios Latinoamericanos y Caribeños en State University of New York at Albany. Posee una maestría en sociología por la Universidad de Puerto Rico. Comentarios a: lcintron-gutierrez@albany.edu

El principio del desmadre

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com

Para Ricardo Santos, la sustitución de los lectores de contadores por la lectura remota fue el principio del “desmadre” que hay en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), decisión a partir de la cual se disparó el robo y que según el líder sindical forma parte del proceso de inhabilitación que la AEE desarrolló sistemáticamente en contra de sus empleados en su afán de poner la corporación en manos privadas.

En la medida que la AEE dejara de ofrecer un servicio de excelencia, la gente perdería la confianza y el respeto que se mantenía hacia la corporación y sus trabajadores. De esta forma, encontrarían razones suficientes para justificar la privatización.

Santos explica:

En las oficinas comerciales teníamos los lectores de contadores que se encargaban de visitar cada dos meses el área rural y, mensualmente, el área urbana. Eran alrededor de 500 empleados UTIER. Esos empleados tenían la función de leer el contador casa por casa, te dejaban un recibo/papel donde notificaban la lectura que habían hecho. De esa forma, el ciudadano estaba consciente de que le leían el contador, del consumo que tenía. Por otro lado, mientras el abonado tenía esa ventaja, la AEE tenía también la ventaja de que verificaba el servicio. Si encontraba que el contador estaba detenido, roto o si veía que había muchos aires acondicionados en la casa y notaba que el consumo era bajo, pues tenía unos símbolos que se anotaban. Y si ese mismo lector de contadores encontraba que había un poste podrido cerca o había una rama metida entre los cables, marcaba la nota de poda. Después, en las oficinas de Comerciales había otra oficina que se llamaba Servicios Técnicos Comerciales. Esa gente iba y verificaban. Si era una nota de robo, iban los de Hurto.

Se mantenía una vigilancia continua durante todo el año. Una vez la autoridad cambió eso por la lectura remota o los contadores remotos, que leían electrónicamente sin tener que ir al sitio, ¿qué le iban a resolver? Al no tener que tener 500 personas haciendo ese trabajo, se disparó el robo. Además, ya no tenías el personal que supervisara todo el trabajo en la calle. No había otra forma de supervisarlo más allá de la nota que te pudiera enviar un abonado.

Hace 10 o 12 años el servicio era de excelencia. Si tú llamabas a la AEE porque te cortaron la luz y tú ibas y pagabas, esa misma tarde se te iba a poner el servicio porque nosotros, como trabajadores, teníamos como una cuestión de principios que nadie se podía quedar sin luz. Eso era patria o muerte. Nosotros vimos cómo eso se murió. Se empezó a perder el respeto y el cariño al trabajo que realizábamos. Ya no había ese enfoque de realizar el trabajo a tiempo. Dejaron de comprar vehículos y equipo.

A eso le sumamos que Eduardo Bathia inició una campaña diciendo que los trabajadores de la AEE eran vagos, que era un monopolio fracasado. Eso culmina con el anuncio que hace Ricardo Rosselló de que la AEE no sirve y que por eso hay que venderla. En ese sentido que se fue deteriorando el servicio, cambió el parecer de las personas sobre la AEE.

¿Está de acuerdo o no con los contadores remotos?

Ahí entramos en el dilema de lo moderno y la mecanización versus el trabajo. Cuando vamos a entrar en la discusión de la mecanización y el trabajo hay que traer otros criterios que no sean meramente los de eficiencia. Hay que traer unos criterios que son los de país. Ese país que nosotros queremos.

Por ejemplo, si tú me dices, bueno, es que los contadores remotos son más efectivos, yo te diría que hay que ver cuál es la prioridad que tenemos. Si yo como país quiero tener a la gente empleada en trabajo que verdaderamente saquen de pobre a uno —te lo digo porque me utilizo como ejemplo. Mi trabajo en la AEE me sacó de la pobreza. Gracias a eso yo pude sacar mi familia adelante—, en ese sentido el gobierno tendría que plantearse si dentro de su visión de política publica está transformar la vida de las familias en Puerto Rico. ¿Qué valor puede tener eso versus la economía que pudiera tener hacer la lectura remota? A eso le sumamos que la lectura remota no va a tener otras ventajas como la de tener una presencia física, de persona a persona, agencia con clientes: eso es lo que hay que valorizar.

Desde mi perspectiva, y el país en que yo creo y al que aspiro, me parece que esa presencia y la posibilidad de impactar más familias para mí es más importante que tener una economía donde supuestamente me economizo algo porque mecánicamente lo hago de esta forma, cuando realmente la prioridad mía como país es que mas gente tenga empleos y una mejor calidad de vida. Ahí es cuando uno tiene que sopesar si vale la pena o no la maquinita.

Definitivamente, en algunas cosas yo apuesto a la máquina. Por ejemplo, en un trabajo que signifique poner en riesgo la vida de un individuo. Si ese trabajo se puede sustituir por una máquina, yo apuesto a ella. Pero en un trabajo que meramente la diferencia sea la economía de tiempo en términos de precisión no vamos a hacer mucha diferencia. Ahí, de acuerdo al país que tenemos, yo apuesto a la gente trabajando.

No rechazo lo moderno ni la mecanización de las cosas. Lo que digo es que sea para aquello que represente un riesgo inmenso para el ser humano y que de momento una máquina lo pueda hacer.

En la planta, por ejemplo, teníamos que echarle al agua hidracina, una sustancia química y cancerígena que se le echa al agua para evitar que los tubos de las calderas se oxiden por dentro. Eso se hacía a mano, venía el técnico de laboratorio con el dron de hidracina y vertía eso en los tanques de agua, exponiéndose a morir. A raíz de un incidente que hubo, donde unos trabajadores por “error” bebieron de esa agua porque los tanques no estaban rotulados, entonces, de la investigación que se hizo de ese caso en particular, la AEE cambió el sistema de manejo de hidracina y lo mecanizó. Era por medio de una línea directa que se echaba la hidracina. Eso es un desarrollo importante que va encaminado a mejorar la calidad de vida en el trabajo y proveerles mayor seguridad y salud a los trabajadores. A eso yo no tengo ninguna objeción. Pero un desarrollo cuyo único objetivo sea que en vez de usar diez trabajadores puedas usar uno, y meramente economizarte eso, cuando tenemos un país con alto desempleo y los empleos no son decentes, que te ayuden a transformar, que la gente tiene dos y tres trabajos, ahí es donde yo veo la diferencia.

Todo apunta a una estrategia para justificar la privatización del servicio de energía eléctrica y precarizar el trabajo, como hemos podido ver en todos los niveles de la sociedad. Ahora tenemos empleos más explotadores, contrario a lo que se supone que ocurriera, que la mecanización facilitara el trabajo para todo el mundo. Hemos visto que no ha pasado eso, sino todo lo contrario, trabajos precarios, a tiempo parcial y con una remuneración horrible y la gente tiene que tener dos y tres trabajos para poder echar para adelante a duras penas. Hoy lo que tenemos es gente trabajando 10 y 12 horas, sin beneficios de vacaciones y planes médicos. Cuando uno se pone analizarlo, nos han echado para atrás 50 años.

Entrevista a Ricardo Santos: Los trabajadores de la AEE sentían orgullo del trabajo que realizaban

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com

La sustitución del personal de carrera por personal de compañías privadas no es tema nuevo en de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Este esquema neoliberal se comenzó a aplicar principalmente en las centrales generatrices y, con los años, se ha ido “regando” por toda la corporación pública.

Hoy, la AEE inicia abiertamente una campaña para sustituir a todo el personal, utilizando hasta cierto punto el eufemismo de una corporación público-privada. Según Ricardo Santos, expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), se trata “más bien de subcontratar y ceder la administración y el desarrollo de los trabajos públicos al sector privado”.

Santos recordó que, antes, el proceso era más lento y la compañía no se planteaba abiertamente la sustitución de todo el personal. Actualmente, la AEE proyecta la entrega de todo el trabajo de los celadores de línea a compañías privadas que administren el área de transmisión y distribución.

“Eso era insospechado. Lo que ellos están planteando es lo mismo que hicieron con Acueductos, y fracasó”, dijo.

En el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), explicó Santos, dejaron a los empleados de la corporación y subcontrataron a la gerencia. Eso fracasó y posteriormente empezaron con el área operacional. Actualmente la AAA tiene varios oficios que están subcontratados en áreas operacionales. Por ejemplo, la lectura de contadores y algunas operaciones de reparación de tuberías. “Como pasó con la AEE”, comparó.

Luego de años de reflexión y experiencia en las centrales generatrices, Santos recuerda que los trabajadores sentían orgullo por el trabajo que realizaban. Los supervisores eran altamente cualificados y buscaban la forma de “sacar” cada proyecto. Pero al pasar el tiempo, se fueron desvalorizando las posiciones gerenciales, utilizando criterios políticos y no de conocimiento para nombrar estos puestos.

“Ese era el orgullo. Por más grande que se presentara el desafío del trabajo a realizar, el orgullo era uno poder resolverlo. Pero ¿qué pasa? Comenzaron a sustituir a los supervisores de oficio por políticos que, en términos prácticos y en la mayoría de los casos, no tenían pleno conocimiento ni dominio del trabajo. En la primera etapa funcionaban dependiendo del trabajo que realizaban los trabajadores, pero en la medida que fue pasando el tiempo, empezaron a aplicar el modelo de darle al subcontratista el trabajo que les correspondía a los trabajadores de la corporación pública. Entonces, fueron perdiendo ese orgullo y empezaron a fomentar una cultura de dejarle el trabajo difícil al de afuera. En la medida que se fue fomentando esa cultura, los supervisores se fueron desprendiendo del trabajo.

Lo que primero se afectaba era la fuente de aprendizaje y experiencia con los distintos trabajos que se realizaban porque esa experiencia se la dabas al de afuera; el que venía y hacía el trabajo, no enseñaba cómo hacerlo y se iba. En algunos casos hasta lo hacían mal y la gente lo reparaba”. Con el pasar de los años los pocos trabajadores que tenían experiencia y conocimiento se fueron jubilando. En algunos casos se fueron a trabajar con compañías privadas.

Algunas de las áreas que se vieron afectadas por la aplicación del modelo neoliberal en las plantas de producción de la AEE fueron soldadura, albañilería y mecánica, dio como ejemplo Santos. “Ahora está ocurriendo en el área de los celadores y las oficinas, pero donde primero se da esa situación a gran escala es en las plantas, cuando prácticamente despoblaron al personal de carrera las plantas. […] Prácticamente ese mismo esquema se regó por toda la Autoridad hasta el nivel que llegamos hoy…”, manifestó el líder sindical.

Celadores de línea

El celador de línea es el que interviene con toda la transmisión y distribución de la energía eléctrica: los postes, cables, subestaciones.

“Los celadores de línea son un ejemplo vivo de lo que hemos estado hablando, porque prácticamente le robaron todos sus derechos del convenio. A cada celador le restaron sobre $17 mil anuales a su salario. Primero le bajaron el pago del tiempo extra. Entonces se le pagaba por convenio doble el tiempo extra y ahora se paga tiempo y medio; se le pagaba un bono de navidad de 8.5%, sin límites, y ahora lo que le dan son $600, es decir, que de un promedio de $3 mil, ahora le pagan $600; se le pagaba un bono por riesgo como de $1,500, también lo eliminaron; con la Ley 66 eliminaron la licencia de accidente del trabajo, que eso sí es canallesco, porque si sufrían un accidente del trabajo se mantenían recibiendo el salario hasta 2 años y un tercero a 80%;

Santos señaló que con estas acciones muchos celadores se han ido, ante las ofertas de trabajo en EE. UU. hechas por compañías privadas. De 1,200 trabajadores que eran, apenas quedan 435 en toda la isla.

“Esto lo que supone es que ahora tienen que hacer el triple de trabajo porque el trabajo sigue siendo el mismo. Encima de eso no, han cambiado la flota de vehículos, no compran herramientas. O sea, que todas las condiciones de trabajo como tal han empeorado gravemente. Y para colmo se da la situación de María. Entonces ellos traen empleados de afuera y esos empleados vienen cobrando el doble o el triple de lo que cobran los empleados de la Autoridad”.

Al cierre de esta edición la UTIER firmó un acuerdo con la Autoridad de Energía Eléctrica, que incluye un aumento en salario a los celadores y el restablecimiento de la licencia de accidentes.

“¡Si nos cierran los recintos le cerramos Fortaleza!”

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com

La primera de una serie de acciones dirigidas a exigir a que la Junta de Control Fiscal, el Gobierno y la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) desistan de las medidas impositivas que afectarían la educación postsecundaria en Puerto Rico tuvo lugar el pasado viernes 8 de noviembre frente a la fortaleza.

Esta actividad fue convocada por un frente unido en defensa de la UPR luego de que a finales del pasado mes de octubre el presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo, expresara públicamente que la universidad no toleraría el recorte de $71 millones pautado para el año fiscal 2020-2021 según el Plan Fiscal UPR.

Allí se dieron cita la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), la Confederación Estudiantil Nacional (CEN) y la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), quienes conforman el frente unido en defensa de la UPR. Además de otras organizaciones solidarias con la UPR.

Aunque se trató de una manifestación diversa que incluyó los reclamos tanto del personal docente como el de los no docentes, para efectos de este escrito nos centramos en las expresiones de 5 estudiantes del sistema UPR sobre dicha situación. A continuación lo que dijeron.

Maya Rodríguez, portavoz del Movimiento Estudiantil en Río Piedras:

“Yo pienso que la manifestación estuvo excelente. Se estiman entre 1000 y 1500 personas que estuvieron activas durante las tres horas que estuvimos en Fortaleza. Es evidente que la gente está cansada de que nos sigan quitando la universidad del pueblo. Los mensajes de estudiantes fueron casi todos de los 8 recintos que están bajo amenaza de cierre. Eso es un indicativo de una lucha nacional, de una lucha por la UPR en su totalidad, no solo los recintos grandes”.

Rady Lugo, secretario general de la CEN y estudiante en Ciencias Médicas:

“La manifestación fue un éxito. Cuando lo planificamos no pensamos que iba a llegar la cantidad de personas que llegó allí ni que se iba a dar tan activa como se dio y es la primera de muchas manifestaciones que sabemos que la comunidad universitaria está bien dispuesta a manifestarse porque la indignación es demasiada y la universidad no aguanta tanto maltrato. Ya vimos las expresiones de la gobernadora que denotan que no le importa en absoluto la UPR y despacha el tema diciendo que los recortes son inevitables y que hay que hacer ajustes como se han hecho en todo el gobierno. Cuando en realidad sabemos que hay contratos para los hijos talentosos y los ajustes son a la universidad y a los sectores mas desaventajados que somos los mas que sufrimos todas estas medidas neoliberales impuestas por la Junta de Control Fiscal. Como estudiantes lo que nos queda es la calle. Con las expresiones de las gobernadora ya tenemos claro que ni la administración universitaria ni el gobierno van a hacer ningún tipo de gestión para mejorar la situación fiscal y económica de Puerto Rico”.

Michelle Báez Ortiz, estudiante de la UPR Utuado en Agricultura Sustentable:

“Realmente él [Jorge Haddock] está ahí dando cara para un gobierno y una politiquería barata. Nunca estuvo consciente de las necesidades del pueblo y de la educación publica del país. Está cumpliendo con unos objetivos que no son los que el predica, son mas bien objetivos políticos y nada de educación accesible”.

“Siendo el mas pequeño, con menos estudiantes y con menos presupuestos, el recinto de Utuado sería el primero en ser cerrado si pasa algo. La propaganda que se le da a los recintos y más a Utuado es malísima porque las personas piensan que el recinto ya está cerrando. No hay oferta y demanda cuando eso sucede porque la gente está enajenada de lo que está pasando en Utuado”.

“Desde mi perspectiva vamos creciendo en Agricultura Sustentable y lo que es Tecnología Agrícola, pero lamentablemente por culpa de toda esta propaganda no se nos da el espacio para nosotros crecer como

 

recinto porque simplemente nos dejan como si fuera nuestra culpa y diciendo ustedes se tienen que salvar y hacerlo por ustedes cuando hay otros recintos que tienen muchos recursos para poder mejorar y el recinto de Utuado lo dejan a un lado y se olvidan de darle recursos mas allá de económicos porque esos no son los únicos recursos que necesita un recinto para poder subsistir”.

“Esta lucha no se acaba. La UPR se tiene que defender. La educación pública y accesible para la montaña y los campos siempre debe estar”.

Sebastián Díaz, estudiante de UPR Cayey:

“La manifestación fue exitosa y me atrevo a decir que no se veía una manifestación tan llena (que fuera convocada solo desde la universidad) desde la marcha que se convocó antes de la huelga, que comenzó en el Capitolio y terminó en la Fortaleza. Esta manifestación del pasado viernes fue el comienzo de una jornada de lucha en defensa de nuestra universidad y de nuestros recintos. Los ánimos que se sentían en la noche eran ánimos de esperanza y de una juventud dispuesta a defender su educación sin miedo alguno. Además, se da en una coyuntura histórica particular, pues hemos visto como en los últimos meses los pueblos latinoamericanos se han levantando en defensa de la vida digna, la educación y la salud. Siendo las y los jóvenes los que han comenzado las jornadas de lucha en sus respectivos países. Creo que en nuestro país está comenzando a ocurrir lo mismo, pues nuestra manifestación era sobre los reclamos educativos, pero se unieron otros reclamos como el aumento en el salario mínimo, la oposición al nuevo código civil, la importancia de la agroecología y la soberanía alimentaria presentando por lxs compañerxs de UPR Utuado; y los reclamos de los compañeros de la UTIER por mejores condiciones en sus espacios de trabajo”.

“En cuanto a la situación de las becas y la certificación 4 es lo mismo que esta ocurriendo en todos los recintos. El semestre se esta acabando y el estudiantado sigue esperando por la notificación de quienes recibirán tal beca. Con respecto a las becas por mérito, se han ido estudiantes de los equipos deportivos o del coro al no recibirlas. Todos los recintos están pasando por lo mismo”.

Valeria Camacho Herrera, estudiante de UPR Humacao:

“Considero que es importante hacer este tipo de movimientos y unirnos como un solo cuerpo para luchar por nuestra Universidad. Fue muy emotivo ver estudiantes y profesores apoyando la causa. Es importante dejarle saber al Gobierno y a la Junta que ya basta de tantos atropellos. Es necesario reconocer la importancia de la educación en nuestro país y es indignante ver la poca prioridad que le demuestran”.

“Sobre los recortes pues se contempla el cierre del recinto, aumento de matrícula que afecta a estudiantes que no reciben beca y a los que las reciben igual. Se quedarían más estudiantes fuera del sistema UPR. Los empleados y profesores podrían perder sus empleos. En el caso de que ocurra el cierre de recintos, muchos estudiantes no cuentan con los medios necesarios para moverse a otra universidad”.

“Es importante luchar por todo lo que está ocurriendo. No tan solo por nuestro futuro, sino por todas las futuras generaciones que merecen una educación de calidad”.

El Partido Nutrido de Pillos

Por María de Lourdes Guzmán/Especial para CLARIDAD

Cada vez con mas frecuencia, nos levantamos con la noticia de otro arresto, otra renuncia, otra investigación u otro escándalo en las ramas legislativa y ejecutiva de la presente administración pública. Estas noticias se han convertido en distintivas del gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), que nos gobierna desde el mes de enero de 2017. A pesar de que ya estamos acostumbrados las artimañas con las que, históricamente, ha gobernado el PNP, fueron cientos de miles los puertorriqueños y puertorriqueñas que le creyeron a Ricardo Rosselló el cuento de que tenía un plan de gobierno con el cual resolvería los innumerables problemas que aquejan a la sociedad puertorriqueña. Mas, pronto comenzaríamos a ver sus promesas desvanecerse con la aprobación de proyectos como las mal llamadas reformas de salud, educativa y laboral, cuyas consecuencias está sufriendo el país, luego de su aprobación y puesta en vigor, las que solo favorecerían intereses privados en perjuicio de los del pueblo a quien prometió beneficiar. Por otro lado, bajo el pretexto de que era necesario achicar el gobierno para allegar ahorros al fisco, el gobierno de Rosselló institucionalizó la práctica de otorgar contratos, tanto en las agencias de gobierno como en la legislatura, a personas con estrechos vínculos al PNP, quienes llevarían a cabo labores con una compensación excesiva y un dudoso fin público. Así comenzó a materializarse el esquema de crear e inscribir corporaciones con el propósito de obtener contratos con el gobierno, que estarían reservados para colaboradores y donantes de campañas y para políticos derrotados, así como para los “hijos talentosos” de políticos incumbentes.

Uno de esos “hijos talentosos”, frase que acuñó la representante Maria Milagros Charbonier, fue Raúl Maldonado Nieves, hijo del ex secretario de Hacienda, ex principal oficial financiero y ex secretario de la Gobernación a quien, a principios del 2019, se descubrió era contratado por diversas corporaciones con contratos en el gobierno, entre ellas, Virtus Consulting e Integrity Technology. Recientemente se advirtió, además, que una de las hijas de la actual gobernadora Wanda Vásquez, mantenía contratos con el Departamento de Corrección y Rehabilitación a razón de $5,000 mensuales, mientras otra de sus hijas era empleada del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD). Su esposo laboraba como oficial de prensa del Departamento de Justicia, mientras la ahora gobernadora, ocupaba la posición de Secretaria de dicha agencia. La actual Secretaria de la Gobernación, la ex senadora Zoé Laboy, cuenta con otro hijo talentoso quien, en lo que va de cuatrienio, ha devengado cerca de $120,000 en contratos con la Oficina de Servicios Legislativos (OSL) y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). Fresca está en nuestra memoria la noticia de que la ex Secretaria de Educación, Julia Keleher, al mismo tiempo que cerró cientos de escuelas del sistema público, otorgó cerca de un billón de dólares en contratos. En la Administración de Servicios de Salud (ASES), que administra los fondos del plan de salud del gobierno, se otorgaron, al menos, 2.5 millones en contratos a la firma de contabilidad BDO. Mientras, se amenaza con el recorte de pensiones y miles de servidores públicos, entre ellos, maestros, policías, celadores, enfermeros(as), patólogos, reclaman una remuneración justa que les permita vivir dignamente para evitar tener que abandonar el país.

Entre los privilegiados del esquema de saqueo de fondos públicos, resultaron muy beneficiados, entre otros, Elías Sánchez, ex director de campaña de Ricardo Rosselló, quien fue nombrado representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal y quien renunciara a los 6 meses de haber sido nombrado, por considerar que “…había cumplido con lo que era la encomienda de encaminar el proceso contando ya con un plan, un presupuesto certificado y el proceso ordenado de reestructuración en curso”. El Vocero, 20 de julio de 2017. Subsiguientemente, sus ejecutorias como cabildero de la empresa World Professional Group, se dieron a conocer, habiéndosele vinculado a empresas como Puma Energy y Triple S, que procuraban obtener negocios con el gobierno. Otro de los agraciados resultó ser Edwin Miranda, dueño de las empresas KOI, publicista y donante de las campañas del PNP quien se agenció, entre los años 2017 al 2018, la friolera de 29.6 millones de dólares en contratos con la administración Rosselló y $57.7 millones durante el cuatrienio de Fortuño.

El gobierno del PNP no solo nos regala hijos talentosos y contratistas privilegiados. También nos regala empleados y contratistas fantasmas. En solo el primer año de incumbencia, la legislatura PNP otorgó 50.3 millones en contratos, duplicando lo gastado por la administración anterior para el mismo periodo. Entre los contratos que se reparten a diestra y siniestra en la legislatura de Puerto Rico, se destacan los de Isoel Sánchez y Chrystal Robles, quienes mantenían contratos en el Senado de Puerto Rico por servicios no prestados, contratos que fueron autorizados por Angel Figueroa, empleado de confianza del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Sánchez, Robles y Figueroa se declararon culpables del esquema de fraude en el tribunal federal. El Sr. Sánchez mantenía contratos también con el exrepresentante Samuel Pagán, quien tuvo que renunciar ante denuncias de corrupción. Igual suerte corrió el exrepresentante Ramon Rodríguez Ruiz. Mas recientemente, renunció el representante Guillermo Miranda quien despidió a una empleada, por negarse a vender taquillas para recaudar fondos para su campaña a la reelección. El senador Abel Nazario y ex alcalde de Yauco fue arrestado hace varios días por mantener un esquema de empleados fantasmas en ese municipio.

La renuncia/despido de la ex secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Tania Vázquez, se suma a otras 40 del gabinete del gobierno del PNP, producidas en medio de denuncias de actos de corrupción o ineficiencia en el desempeño de sus funciones. La salida de Vázquez Rivera se da ante imputaciones de concesión de contratos al superintendente del capitolio, excandidato a alcalde de Quebradillas y protegido de Rivera Schatz, José Jeron Muñiz Lasalle, a quien se le señala como el encargado de designar contratistas y elaborar el presupuesto de la agencia. Durante este cuatrienio una de las corporaciones de Muñiz Lasalle, FLL Construction, ha obtenido 1.3 millones de dólares en contratos. Por su parte Rivera Schatz ha otorgado decenas de contratos a amigos y familiares de legisladores, disponiendo del presupuesto de la rama legislativa a su arbitrio. El erario ha sido objeto de un interminable y descarado atraco de parte de los personeros del PNP que gobiernan el país. El presidente del Senado se ha convertido en el niño símbolo del despilfarro y el saqueo de fondos públicos. No conforme con liderar la agenda de latrocinio, ahora procura robarse las elecciones con la aprobación atropellada de una supuesta reforma electoral. Su destacado desempeño en esta faena lo ha llevado, además, a presidir el PNP que bien pudiera llamarse el Partido Nutrido de Pillos.