Por la Redacción /CLARIDAD

La medida legislativa que aumentaría el salario de los jueces y juezas de Puerto Rico, presentada por el presidente del Senado a petición de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, ha causado indignación tanto por el aumento mismo como por las razones que expuso la promotora de la medida para intentar justificarlo. Según la licenciada Maite Oronoz, el incremento de entre $40 mil y $58 mil anuales “asegura una judicatura independiente y robusta, libre de presiones indebidas”, lo que supone que sin los nuevos salarios los jueces estarían sujetos a ser presionados o sobornados por lo que la pulcritud judicial estaría atada al ingreso que reciba el magistrado más que al carácter y la honestidad de los jueces y juezas. Ese argumento, que condiciona la independencia judicial a un salario alto, le hace un mal servicio a la judicatura puertorriqueña que, en su inmensa mayoría, está integrada por personas honestas.

Según información obtenida por CLARIDAD, además de acudir a donde el presidente del Senado, la jueza Oronoz también gestionó el apoyo de la delegación del Partido Popular buscando que el proyecto de ley apareciera como una gestión “bipartidista”. Entre otros senadores, se reunió con Rosana López, precandidata a la alcaldía de San Juan por el PPD, quien declinó aparecer como coauspiciadora de la medida.

La propuesta de Oronoz que recoge Rivera Schatz, le aumentaría $58 mil anuales a la propia presidenta Oronoz llevando su salario a $183,000. Los otros ocho jueces asociados del Tribunal Supremo recibirían un aumento de $53 mil colocando sus salarios en $173 mil. Los jueces superiores, que constituyen el grupo más grande, estarían recibiendo un asalario de $145 mil tras un aumento de $40 mil, mientras a los jueces municipales casi se les duplicaría el salario llegando a $120 mil.

Estos aumentos, además de golpear el presupuesto de la Rama Judicial, impactarían de forma significativa el sistema de retiro que sirve a la judicatura. En caso de los jueces del Tribunal Supremo, la legislación vigente les permite jubilarse con sólo diez años de trabajo, manteniendo su salario completo de forma vitalicia y hasta después de fallecido porque el ingreso íntegro pasa al viudo o viuda supérstite. Ese privilegio no lo disfruta ningún otro funcionario público. Para calcular las pensiones de los demás magistrados se utiliza el ingreso de los últimos tres años que ahora serían significativamente más altos. Como sabemos, el sistema de pensiones en Puerto Rico se encuentra en crisis y es uno de los temas más afectados por las medidas impuestas por la Junta de Control Fiscal. Ahora mismo prácticamente no existe un sistema de retiro para los actuales empleados del gobierno y muchos de los pensionados están expuestos a recibir una reducción de hasta diez por ciento en la mensualidad que reciben.

Además de la supuesta coraza contra el soborno, otro argumento esgrimido por la jueza Oronoz para intentar justificar el aumento salarial es que los jueces puertorriqueños “son los peores pagados entre los estados y territorios de Estados Unidos.” Este argumento fue inmediatamente desmentido por el economista José Caballero Cueto quien circuló en las redes sociales una tabla con la media salarial de todos los estados. Al menos 14 de las provincias o estados en que se divide la nación estadounidense, pagan salarios inferiores a los que actualmente reciben los magistrados puertorriqueños. Entre los que pagan compensaciones más bajas se encuentra estados con economías y población de gran tamaño como Ohio, Texas y Pennsylvania. Cada uno de ellos tiene una media salarial anual inferior o muy similar a los $91,120 que ahora mismo tiene Puerto Rico.

El tercer argumento utilizado por la Jueza Oronoz es que a los magistrados puertorriqueños no se les ha aumentado el salario durante los últimos 9 años mientras el costo de la vida ha aumentado cada uno de esos años. Esa es exactamente la misma situación de todas las personas que trabajan para alguna de las ramas de gobierno mediante un salario fijo. Ningún empleado público regular ha disfrutado de aumento salarial desde, al menos, el 2009, con el agravante de que cada uno de ellos tiene un salario significativamente más bajo que el de los jueces. En el caso de los maestros y maestras, que tampoco han disfrutado de aumentos, su salario de $21 mil anuales, cuatro veces más bajo que el de un juez superior y seis veces más bajo que el de un juez asociado del Tribunal Supremo. Lo mismo ocurre en la Universidad de Puerto Rico donde, para lograr una mejoría salarial, los profesores dependen que se les autorice ascender a un nivel superior en la escala profesoral porque los salarios no aumentan.

La medida legislativa impulsada por el Tribunal Supremo, que gustosamente acogió Rivera Schatz, pasa por alto el repetido discurso utilizado por los principales funcionarios del gobierno y la Junta de Control Fiscal para justificar las severas medidas de austeridad impuestas a los empleados públicos y al pueblo. Ese discurso insiste en que la crisis económica y en la supuesta incapacidad del gobierno para cubrir sus obligaciones justifica la austeridad.

La actual gobernadora Wanda Vázquez, cuyo esposo es uno de los jueces que se beneficiaría con el jugoso aumento, no se ha expresado en torno a la propuesta. Al firmar la ley que autorice los nuevos salarios estaría aumentando su ingreso familiar en $40 mil anuales. En cuanto a la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, su compañera, Gina Rodríguez, es jueza del Tribunal de Apelaciones por lo que los ingresos del grupo familiar serían $328,000.

Por la Redacción /Claridad

El actual presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Edgardo Román, la expresidenta Ana Irma Rivera Lassén, y el senador independentista Juan Dalmau, en declaraciones a CLARIDAD, coincidieron en rechazar la legislación promovida por el Tribunal Supremo para otorgarle un aumento significativo al el salario que reciben los jueces y juezas del sistema de tribunales de Puerto Rico. El aumento, que se recoge en un proyecto de ley de la autoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, otorgaría un aumento de aproximadamente 30 por ciento a los magistrados exclusivamente, sin hacerlo extensivo a otros empleados del sistema público ni de la propia Rama Judicial.

Anticipando que votará en contra de la medida legislativa cuando se baje a votación, el senador Dalmau apuntó que la misma le “hecha sal a la herida de un país que lleva más de una década de depresión económica y con una crisis fiscal enorme“. Añadió que ahora mismo los jueces “reciben una remuneración muy por encima y por mucho de los trabajadores del país”, por lo que el aumento propuesto, implicaría “añadir injuria e insulto a la agresión que ya sufre nuestro pueblo.”

“Nuestro país lleva más de una década de depresión económica y con una crisis fiscal enorme”, apuntó Dalmau, “y las medidas que ha adoptado el gobierno se han dirigido a continuar menoscabando los derechos de la clase trabajadora”. Recordó el exgobernador Ricardo Rosselló autorizó salarios y compensaciones exorbitantes a miembros de su gabinete y contratistas de su gobierno, como Julia Keleher y Héctor Pesquera, “mientras los trabajadores asalariados siguen empobrecidos y le siguen menoscabando sus derechos laborales.” Informó que propondría legislación para impedir que funcionarios de la rama ejecutiva otorguen ese tipo de compensación sin contar con el aval de la Legislatura o burlando el salario que la ley dispone para un determinado jefe de agencia.

Por su parte, el presidente de Colegio de Abogados y Abogadas informó que Junta de Gobierno de la institución acordó oponerse al proyecto presentado por Rivera Schatz que enmendaría la Ley de la Judicatura para autorizar los nuevos aumentos salariales. Aclaró que la directiva de su Colegio entiende que “todos los empleados públicos, incluyendo los jueces, merecen recibir buenos salarios”. No obstante, añadió, las decisiones impuestas por la Junta de Control Fiscal lo impiden. Entiende que si se va a legislar para beneficiar a los jueces lo mismo debe hacerse con los demás empleados del sistema público y, en particular, con los que integran la Rama Judicial.

Román apuntó que recientemente el Tribunal Supremo aprobó un reglamento que obliga a todos los abogados y abogadas de Puerto Rico a ofrecer un determinado número de horas de servicio legal al año de forma gratuita a personas indigentes. Entiende que si hay dinero para los aumentos propuestos a los jueces, la práctica legal que se le requiere a los abogados también debiera ser compensada. “El Colegio ha planteado en múltiples ocasiones de que esa obligación se torna en esclavitud y también en una contribución para quienes practicamos la profesión legal. Si hay dinero para aumento a los jueces debería primero aparecer dinero para el pago de honorarios de abogados y de gastos en los casos asignados a abogados de oficio. Que después de todo se trata de un servicio de acceso a la justicia”, añadió.

Igual que Román, Ana Irma Rivera Lassén, expresidenta del Colegio y actual portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, apoyaría un aumento salarial a los jueces si el mismo se hiciera extensivo a otros servidores públicos. “Es muy difícil poder justificar la situación que tienen las personas en el magisterio y otras profesiones que ahora mismo no solamente tienen la amenaza de que tiene que ver con su retiro y pensiones, sino también que están enfrentando salarios que están bien por debajo de lo que merece cualquier maestro o maestra en Puerto Rico” apuntó.

Añadió que en estos momentos “tenemos a los celadores y celadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica pidiendo mejores condiciones salariales y de trabajo, además de los reclamos del magisterio. La misma Policía de Puerto Rico está solicitando mejores condiciones de trabajo, también tiene problemas con sus pensiones y en su retiro. Pienso que el pueblo de Puerto Rico tiene que estar en pie de lucha todo el tiempo y exigir que no se afecten las pensiones, mejores condiciones de trabajo y mejores salarios para todos los servidores públicos. No puede ser que solamente una rama este solicitando un aumento o se esté considerando porque eso sí que sería una situación de total injusticia.”