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Viva la controversia contra la ley PROMESA

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Al licenciado Rolando Emmanuelli, la intervención ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos del hoy derrocado gobernador Ricardo Rosselló Nevares respaldando la constitucionalidad de los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF), no le sorprende. Tanto la Junta como Rosselló Nevares siempre han dicho estar de acuerdo en el 95% de las decisiones.

El representante legal de la Unión Independiente de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), organización que originó y contra todo pronóstico logró que ese tribunal acogiera el caso, explicó que el 25 de julio era la fecha límite que tenían las partes para pedirle al Tribunal Supremo que revocara la opinión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston. La representación del Gobierno de Puerto Rico se hizo a través de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) porque es esta agencia la que interviene con todos los casos de Título III de la Ley Promesa. AAFAF compareció en el caso de la UTIER hasta la determinación del Tribunal de Primera Instancia (Tribunal Federal en Puerto Rico), que dijo que los miembros de la Junta eran constitucionales. Aunque no participó de manera directa en el trámite del Primer Circuito, sigue siendo parte del caso y aun cuando no radicó un recurso de certiorari compareció ante el tribunal.

El licenciado Emmanueli describió como espeluznantes los argumentos en el alegato de AAFAF de que los miembros de la JCF son constitucionales, que el Congreso de Estados Unidos tiene poder absoluto para tomar decisiones sobre Puerto Rico, y que ese poder es plenario.

“Eso obviamente para mí significa que ellos siguen plegándose a los designios de la Junta. Rosselló y la Junta siempre habían dicho que ellos estaban de acuerdo con el 95% de las decisiones”. Emmanuelli lamentó que por parte del gobierno de Rosselló Nevares no haya habido un ataque sustantivo contra la Ley Promesa y se haya dejado pasar la oportunidad de decir que en realidad esta es una ley inconstitucional en la gran medida en que se basa en unos poderes plenarios que establece un régimen colonial y que ese régimen colonial está vedado, prohibido por la ley internacional y los tratados de derechos humanos y políticos.

“Pero no se dio. Es decepcionante”, expresó. No obstante, el licenciado Emmanuelli señaló que, el gobierno de Rosselló Nevares tenía que cumplir con el término de presentar su alegato; pero que la ahora gobernadora Wanda Vázquez tiene la facultad y oportunidad de revisarlo y determinar que esa no es la postura correcta en defensa de los derechos del pueblo de Puerto Rico.

Coincidió con la apreciación de que con este alegato el gobierno le está entregando a la JCF toda la autoridad para decidir sobre el gobierno. Esto entra en contradicción con sus propias alegaciones de que la Junta se está excediendo en sus poderes metiéndose en cuestiones de política pública, mientras dice en el tribunal que el Congreso tiene toda la autoridad para hacer lo que le da la gana con Puerto Rico. Reconoce que el alegato sí tiene peso en el pleito ya que, además de la JCF y el Gobierno de Estados Unidos, en este intervienen también el Comité de Acreedores No Asegurados. “La postura del Gobierno de Puerto Rico es bien importante en todos estos procesos. Lo que ocurre, como siempre, es que le hacen coro a la Junta”, denunció.

El licenciado Emmanuelli destacó la oportunidad que tiene, la ahora gobernadora, licenciada Vázquez, de mirar el caso de manera detenida y cambiar el curso de la historia asumiendo posiciones que defiendan los derechos y prerrogativas democráticas de los puertorriqueños, oponiéndose a la constitucionalidad de la Junta, ordenando la auditoría de la deuda y tomando otras acciones relacionadas, como definir los servicios esenciales.

Rosselló pide la estadidad en el caso

Por su parte, el licenciado Roberto Maldonado también señaló la contradicción que representa la postura del gobernador renunciante, a la vez que cuestionó la legitimidad de su acción. Expuso que en términos legales, la postura de AAFAF al final de su argumentación es que hay que revocar la decisión de Boston porque el Congreso tenía el poder, bajo la llamada cláusula territorial de la constitución de EEUU, para crear una Junta e imponérsela a Puerto Rico y que además los miembros de la Junta no son funcionarios federales, son funcionarios del territorio, porque así lo dice la ley. Al ser funcionarios del territorio de Puerto Rico, no les aplica la cláusula de nombramientos de la constitución de EEUU.

Indicó que eso es un debate legal bien técnico, en el cual hay que ver la jurisprudencia de esa cláusula de la Constitución, de qué es un funcionario del gobierno de EEUU y quién no lo es. El mero hecho de que el Congreso diga qué personas son funcionarios del territorio, no los convierte en tales. Hay que enfocarse en cuáles son sus poderes y cuáles son sus responsabilidades.

“Un factor bien importante es que esto es una ley federal, no es una ley de la Asamblea de Puerto Rico. Es un debate técnico legal donde hay tela para llegar a la conclusión que la juez Taylor Swain llegó y hay tela para llegar también a la conclusión a la que el Tribunal de Boston llegó. Ahora está en manos del Tribunal Supremo, el árbitro final de la controversia, determinar una cosa u la otra”.

Maldonado añadió que era importante tomar nota del contexto y que era interesante el hecho de que AAFAF presentó su escrito el 25 de julio, el día antes del gobernador Rosselló anunciar su renuncia. También cuestionó el que AAFAF y sus abogados, como representantes del Gobierno de Puerto Rico, presenten un documento ante el Tribunal Supremo de EEUU en donde no hacen referencia a ninguna ley que expresamente diga que ellos son los representantes; no hacen referencia a la ley que organiza AAFAF; tampoco hay una referencia específica del estatuto que así lo diga ni hay una resolución u orden ejecutiva del gobernador designando a AAFAC como representante del gobierno en esos procesos.

“Para mí es bien significativo que habiendo renunciado el Gobernador, con fecha de efectividad el dos de agosto, se presente este escrito en representación del Gobierno de Puerto Rico, en donde ellos hacen una declaración política”. La declaración a la que se refiere lee: “Es la posición inequívoca del Gobierno de Puerto Rico que Puerto Rico debe ser admitido a los Estados Unidos como Estado”.

El licenciado Maldonado hizo la observación de que es cierto que en los procedimientos legales de carácter constitucional se hacen declaraciones políticas de toda índole porque la Constitución está ligada a la política, pero censuró el que esta sea una manifestación categórica de que esa es la posición del Gobierno de Puerto Rico: “Pero ¿y de dónde se sacan eso? ¿Del hecho de que el Gobierno de Puerto Rico está integrado por una elección que se llevó a cabo en la que ganó el PNP? El PNP ganó con el 42% de los votos. ¿Cómo, de buenas a primeras, van a decir que esa es la posición del Gobierno de Puerto Rico? ¿Bajo qué autoridad?”

Señaló que es interesante cómo los abogados impugnan los casos insulares para señalar que el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico e incluso dicen que los casos insulares son racistas, que hay que revocarlos. Pero entonces llegan a la conclusión de que la solución para los casos insulares es la estadidad para Puerto Rico 

El licenciado Maldonado destacó las contradicciones en la postura del Gobierno de no impugnar la Ley Promesa, pero sí la utiliza en el caso para abogar por la estadidad; reconoce que bajo los poderes plenarios, a pesar de que los casos insulares son malos, son coloniales, y deben ser revocados; pero acepta los poderes plenarios del Congreso para aprobar la Ley Promesa e imponérsela a Puerto Rico.

Según Maldonado, es preocupante que el Gobernador que renunció el día antes presente un escrito dentro de la crisis constitucional que habíaen el país y asuma posiciones legales ante el Tribunal Supremo sin tomar en cuenta esa realidad ni cuál sería la postura del nuevo gobernador. “Después de todo, la cabeza del Gobierno de Puerto Rico es el gobernador y AAFAF es un ente del gobierno que le responde al gobernador y también a la Asamblea Legislativa (AL)”. Recordó que tanto la AL como la gobernación nombran miembros a la Junta de Directores de AAFAF, por lo que cuestionó si esa Junta autorizó las manifestaciones que hacen los abogados.

Editorial: Puerto Rico por dos carriles

 

Durante las últimas semanas, a partir de la caída del gobierno de Ricardo Rosselló y el Partido Nuevo Progresista (PNP), y del exilio del ex mandatario a su búnker estadounidense, distintas fuerzas dentro del País parecen marchar por dos carriles separados y distintos.

Por un carril caminan las llamadas fuerzas de la “estabilidad y la paz”. Los abanderados y abanderadas del “status quo” y del gobierno permanente. Las aves carroñeras de siempre. Esos y esas que no tardaron en abandonar al ex Gobernador a su suerte, para que la marea del pueblo no los arropara a ellos también, a pesar de que apenas un mes antes de su descalabro alababan a viva voz a Rosselló, y vaticinaban su victoria arrolladora sobre sus contrincantes en las elecciones del 2020. Son los mismos que no han cesado ni por un minuto de continuar maquinando sus corruptelas y maniobras en cuartos oscuros, apenas dando la cara, y descansando sobre el mito de que somos un pueblo de memoria corta.

Por conveniencia momentánea, la jauría que revolotea alrededor del gobierno de Puerto Rico ha cerrado filas tras la nueva Gobernadora. Líderes del PNP y de opinión, así como los grandes empresarios y la llamada “comunidad de negocios.” También la gran prensa. En fin, todos los “poderes que son”. Los mismos que estaban bien sembrados en la administración Rosselló, y ahora pugnan por sembrarse en la de Wanda Vázquez. Probablemente, en sus cálculos iniciales no figuraba la ex Secretaria de Justicia. Por eso, apoyaron el intento de golpe de estado de Pedro Pierluisi y la Junta de Control Fiscal, mientras les duró. Pero, tras la intervención del Tribunal Supremo, no les ha quedado más remedio que tragarse a la nueva Gobernadora, e intentan seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre como si los acontecimientos del último mes en Puerto Rico no hubiesen ocurrido. 

Tras su rabieta del primer día, el liderato del PNP se ha plegado a la nueva realidad. Tal vez les sirvió de disuasivo conocer los resultados de un sondeo entre sus propios seguidores, realizado a través de una red social, donde una clara mayoría favoreció a Wanda Vázquez sobre Jennifer González para el cargo de Gobernadora. Tras el desastre provocado por la administración Rosselló, ya el liderato del PNP sabe que no puede sentirse seguro ni siquiera del apoyo de sus votantes más fieles. Por eso, ha entrado en modo de supervivencia, bajando su perfil público y los decibeles de su discurso. 

A contracorriente de lo establecido, nuestro pueblo camina a sus anchas por un carril paralelo. Un pueblo que se cansó de vivir en injusticia, y se lanzó masivamente a las calles para sacar del poder a Ricardo Rosselló y su gobierno de impresentables porque era un imperativo moral para rescatar la dignidad y la vergüenza de todos y todas en este país. Es un pueblo que, poco a poco, ha ido superando sus miedos y comienza a descubrir su propia fuerza, y por eso asusta y mantiene desvelados a los del otro carril. Tras las masivas protestas, el boceto de la nueva agenda de nuestro pueblo comienza a perfilarse a más largo plazo, al margen de las estructuras gubernamentales tradicionales. Las llamadas Asambleas de Pueblo, que han comenzado a proliferar espontánea pero organizadamente en comunidades, barrios y pueblos de nuestro país, son espacios para la participación ciudadana abierta y verdaderamente democrática. Son también el embrión del nuevo orden que comienza a surgir de las ruinas de la podredumbre colonial y la corrupción. Las áreas de atención en las Asambleas de Pueblo son puntuales, sencillas y alcanzables. La auditoría de la deuda, posibles enmiendas a la Constitución y el manejo de los recursos de tierra y agua, son algunos de los asuntos que se discuten, todos medulares para el desarrollo de un país sostenible y sano, física y moralmente. La convocatoria es abierta a todas las personas. La participación es libre, y el manejo es democrático. Es el esfuerzo genuino y urgente de un pueblo puertorriqueño que no está dispuesto a seguir esperando porque las estructuras tradicionales de gobernanza y participación cívica les den cabida a sus inquietudes y reclamos. Un pueblo que se levanta en sus propios términos, al margen de la arrogancia y el menosprecio de los que transitan por el carril de un sistema colonial decadente y corrupto que ya no puede ni siquiera satisfacer las necesidades básicas de su gente. 

Mirada al País: El trabajo apenas comienza

 

Por Wilma E. Reverón Collazo/Especial para CLARIDAD

No tengo duda que los lectores de CLARIDAD tienen claro que lo que ha sido la más exitosa movilización de pueblo, solo nos puede dirigir en una dirección: la reorganización de las fuerzas de izquierda independentistas. Tras décadas de trabajo organizativo de hormiga, frustante a veces, relativamente exitoso en otras, no se veía, no se sentía que nuestro accionar estuviera teniendo el impacto esperado en la conciencia del pueblo. La prédica independentista, a pesar del recurso valiosísimo de las redes electrónicas, parecía quedarse circulando entre un limitado grupo de gente, el 2 porciento, los cuatro gatos. 

Los intentos de organizar contra el acto de imperialismo mas burdo que ha sido la imposición de una junta de control fiscal, tema que debería haber sido ancla para grandes movilizaciones de pueblo, se encontraron con la confianza esperanzada de las masas en que ésta salvaría al país de la quiebra y la corrupción, que conjuntamente con la incapacidad de la izquierda de conformar alianzas amplias, detuvo su desarrollo. Hubo algunas movilizaciones de recordar, como la que se llevó a cabo frente a un hotel en Condado, una frente al Capitolio y otra frente al Tribunal Federal. Y por supuesto el 1ro. de mayo de 2017. 

Los reclamos de las mujeres por el derecho al aborto, contra la violencia doméstica, así como los reclamos de la comunidd LGBTQI por el derecho a casarse y en contra de las terapias de conversión, fueron cosechando triunfos aún cuano queda un gran trecho por asegurar las reinvidicaciones. 

Las luchas ambientales, en especial la de Peñuelas contra las cenizas de carbón con su contraparte de Guayama, desarrolló un liderato de base comunitaria apoyada por profesionales con los conocimientos científicos y legales, que le han permitido cosechar un importante apoyo en el pueblo. 

El trabajo de Casa Pueblo en Adjuntas ha ayudado a educar al pueblo en temas complejos de energía que requiere de atención y deseo de aprender, sin sentirnos intimidados por lo técnico del asunto. Este ejercicio ayuda al desarrollo de la inteligencia a todos los niveles del pueblo.

Las comunidades que han dado la batalla por las escuels de su comunidad, algunas con éxito, otras no, ha hecho que miles de padres y madres, en conjunto con los maestros y maetras del sistema, miren con otros ojos la importancia del acceso a la educación para sus hijos e hijas.

Y entonces llegaron Irma y después María. Las dificultades que enfrentamos como pueblo no solo nos unieron, nos hicieron crecer, madurar y sobre todo nos hizo mas fuertes. Nos hizo mas independientes, menos mañosos, menos quejosos. 

Ya fortalecidos, pero todavía viviendo en nuestros respectivos espacios de confort, reacios a complicarnos mas la vida que ya de por sí estaba complicada, sobre todo para los millenials y centennials, ocurren los arrestos por corrupción y días después se revela el chat. El 11 y 12 de julio recuerdo haber ido a unas pequeñas manifestaciones frente a la Fortaleza denunciando la corrupción, de nos mas de 50 o 60 personas. Recuerdo a las jóvenes compañeras de la Colectiva Feminista ir en pequeños grupos a sentarse frente a las vallas de la Calle Fortaleza. No podíamos adivinar en ese momento que los que estábamos allí eran las primeras gotas que se filtraban por un dique que habría de explotar trayendo un torrente de agua incontenible. Las manifestaciones del 22 y 25 de julio rompieron el dique que contenía la indignación del pueblo.

Es que esta década del 2010-2020 será recordada como la década en que crecimos para vencer. Ha sido la conjugación de todas estas luchas, los cantazos recibidos, las dificultades superadas y las aspiraciones tronchadas, lo que ha elevado y masificado el nivel de lucha. Por lo tanto, el momento exige mas de nosotros. Es un trabajo que apenas comienza.

Las asambleas de pueblo que se han convocado espontáneamente en algunos casos, otras con intención de reclutamiento de organizaciones, es una experiencia rica de democratización de la lucha que podrá o no llevar a resultados concretos, pero que de todos modos aportan a la discusión y propuestas de cómo mover a la ciudanía hacia la participación en la atención a los problemas que todos compartimos como comunidad y como pueblo.

El trabajo legislativo por los compañeros del PIP y los legisladores independientes Vargas Vidot y Natal, complementan el trabajo que se hace desde las bases y aunque en esta legislatura no haya los votos para aprobar sus proyectos de ley, dramatiza la necesidad de que el pueblo escoja legisladores cuya lealtad sea el pueblo y no el partido.

Puerto Rico se ha eregido ante el mundo como modelo de lucha contra la corrupción y el mal gobierno. Somos un pueblo bravo, decidido, inteligente. Sabemos lo que queremos y lo que definitivamente no queremos. Los jóvenes quieren acceso a educación y trabajo. Las comunidades quieren vivir en un medio ambiente sano, quieren proteger su salud. Las mujeres no quieren mas violencia y quieren tener el derecho a decidir sobre sus cuerpos. La comunidad LGBTQI quiere la igualdad de derechos y no ser discriminados por su orientación sexual. Los maestros quieren condiciones de trabajo justas en escuelas limpias con materiales, salarios justos y un retiro digno. Los jubilados quieren que se les garantize sus pensiones.

Los independentistas queremos lo que quiere el pueblo y para ello tener el poder político que da la independencia para poder atender la crisis financieras, identificando la deuda odiosa e ilegal, y tener la posibilidad de enfrentarla, no solo en los foros judiiales de EEUU, sino tener acceso a foros internacionales y financiamiento internacional, no controlado por Wall Street. Queremos una Constitución que incorpore los mas amplios derechos humanos, y las divisiones de poderes mas idóneas para nuestra realidad y para los tiempos. Una Constitución cuya base principal sea la vida, la libertad y la felicidad.

Necesitamos arreciar la lucha contra el colonialismo. Tenemos que seguir insitiendo en convocarnos como pueblo soberano para decidir nuestro futuro, que ya no se ve tan lejano. Hay pueblo, hay voluntad de lucha, y sobre todo hay país. El momento es ahora. Como decía José Martí, lo revolucionario es hacer lo que haya que hacer en cada momento. 

Mirada al País: Matar la vida con cuatro palabras

 

Por Eduardo Lalo/Especial para CLARIDAD

Recientemente conseguí un paquete con algunos discos clásicos de Miles Davis y por primera vez en mucho tiempo volví a escuchar ´Round About Midnight, Sketches of Spain y Kind of Blue.

Quizá fuera la experiencia de estar en un cuarto solitario mientras sonaba “So What”, la que me ha llevado a estas reflexiones. Esta pieza es un clásico indiscutible en la historia del jazz y en ella la trompeta de Miles Davis adquiere una dimensión expresiva destacadísima, acompañada por músicos formidables, entre los que se destacaban John Coltrane y Bill Evans.

Al igual que las restantes cinco piezas de Kind of Blue, “So What” se plasmó en un solo día de grabación y como ellas, a excepción de una, lo que escuchamos es la primera y única toma de sonido. El hecho es todavía más admirable cuando se conoce que al ingeniero apretar el botón de grabar, ni Davis ni los músicos tenían un fragmento de melodía ni una escala ni un ritmo. Todo nacía en el momento. La música se convertía en una manifestación inmediata de la vida.

Entusiasmado por el reencuentro con un músico como Davis, me he acercado a algunos de sus contemporáneos. Las anécdotas sobre el carácter irascible de Charles Mingus son innumerables como las de su compromiso y pasión por la música. Tanto Davis como Mingus fueron personas incómodas. Davis era negro y Mingus mulato en un Estados Unidos que todavía no había visto las conquistas de la lucha por los derechos civiles. Mingus llegó a afirmar que el color de su piel no satisfacía a nadie. Hasta este punto estaba entonces polarizada por la raza la sociedad estadounidense.

En un documental sobre la obra de estos maestros, aparecen escenas de los albores del movimiento por los derechos civiles. Las secuencias de imágenes son terribles. En una, un hombre negro espigado y con gabán es perseguido por una turba callejera de blancos que lo insultan, empujan y golpean. El hombre cae, se levanta, tropieza, vuelve a caer y a levantarse mostrando una entereza y dignidad sobrecogedoras. En otro momento, se ve a policías con feroces pastores alemanes rompiendo un grupo de manifestantes y como potentes chorros de agua dispersan a las multitudes. Sin embargo, mi atención se detuvo en las tomas que documentaban al otro bando: los blancos empeñados en que continuara la política de segregación racial en Estados Unidos. Un grupo de jóvenes cantaba consignas racistas con ligereza y gozo; en otra escena se veía la complicidad entre civiles y policías y más adelante a un gobernador opuesto a las reformas recibiendo el respaldo en las calles de un grupo de blancos. Entre estos un manifestante cargaba una pancarta con la consigna “Race Mixing is Communism” (“el mestizaje es comunismo”).

La frase era una forma de matar la vida en cuatro palabras. La fuerza incalculable que surgía entonces de un pueblo vejado y oprimido por siglos chocaba frontalmente contra el sinsentido y los estragos de la propaganda. El blanco portador de la pancarta prefería no ver ni entender y proponía una noción que reunía tóxicamente el miedo y la ignorancia. Una vez más, la estupidez triunfaba.

Resulta ineludible relacionar estas escenas con nuestro país. Después de los acontecimientos extraordinarios de las últimas semanas, en tantos sentidos similares al despertar del movimiento por los derechos civiles en el sur de Estados Unidos, parecen haber muchos que esperan que el polvo levantado por las protestas descienda exactamente a los lugares de donde se levantó. Aguardan a que todo vuelva a ser como antes y que cientos de miles de compatriotas vuelvan a estar narcotizados con consignas similares a la antes aludida y asocien cualquier reivindicación social o nacional con el comunismo. El bipartidismo, e innumerables intereses poderosos, aguardan y confían en que volvamos, para usar un término de época, a ser pendejos.

Puerto Rico tiene políticos en dos partidos, medios de prensa, asociaciones empresariales y profesionales, empeñados en la preservación del engaño de una colonia sin salidas, en la que cualquier alternativa se percibe como una equivocación o una obra de diabólicos regímenes.

Entre otras muchas cosas, los acontecimientos de este verano fueron una liberación de las palabras. Para amplios sectores ya no existen “malas” palabras. “Pendejo” y “puta” pasaron a tener otros significados y en sus nuevos usos expresan una comprensión mayor de la realidad que en los burdos insultos de antaño. Para decirlo de alguna manera, durante unas semanas “Race Mixing” dejó de ser “is Communism” en Puerto Rico y esta experiencia fue memorablemente liberadora.

Como en las piezas de Miles Davis y Charles Mingus, los puertorriqueños entramos al estudio de grabación de la historia sin dirigentes ni líneas melódicas, sin saber cuáles iban a ser el ritmo ni la clave. Pero alguien dio la primera nota y a partir de ella nació la improvisación de un país que se sintió vejado y agredido e interpretó por las calles la dignidad de su dolor.

Me viene a la mente una frase de Bill Evans, el extraordinario pianista que tocó con Miles Davis: “…when the moment came, bang! I went out into jazz.” (“¡…cuando llegó el momento, bang, toqué jazz!”) Puerto Rico lo hizo hace unas semanas, pero en las sombras se preparan las pancartas que pretenden detener la música y volver a ahogarnos en el miedo y la ignorancia. No dejemos que vuelvan a matarnos la vida con cuatro palabras.

La impunidad se muda  y se queda

 

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

Una de las imputaciones más constantes contra la administración de Ricardo Rosselló fue la impunidad que siempre disfrutaron los sospechosos de conducta corrupta. Las situaciones más evidentes de aprovechamiento ilícito de fondos públicos flotaban todo el tiempo, sin que ninguna de las agencias responsables de iniciar investigaciones se dispusiera a actuar. Y cuando algún caso en particular se denunciaba en la prensa, identificando el acto y señalando al culpable, tampoco se actuaba. Como mucho, en esas situaciones donde la evidencia aparecía publicada, se permitía que el funcionario renunciara y, con su partida, se le ponía punto final al asunto. 

En este espacio hemos discutido muchas de esas situaciones. En el larguísimo listado están desde el bochornoso contrato a la empresa Whitefish en los días posteriores al paso del huracán María hasta la reciente investigación de la periodista Valeria Collazo y el abogado Jay Fonseca sobre los contratos a familiares en la Autoridad de Edificios Públicos. Ni aquel contrato ni toda la cadena de actos negligentes o culposos de los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica fueron objeto de investigación. Ante la inacción, el comportamiento sospechoso en la AEE se prolonga hasta el presente cuando conocimos –gracias otra vez a un periodista– que corruptos del pasado, como el ingeniero José Pérez Canabal, disfrutan de acuerdos que les producen cientos de miles de dólares y que el director ejecutivo, José Ortiz, le da contratos a la empresa donde labora su hija. 

A los ejemplos anteriores pudiéramos añadir muchos más en agencias tan cruciales como Educación, Vivienda y, muy destacadamente, la propia Oficina del Gobernador. Sobre esta última, recientemente se publicó un intercambio de mensajes de texto que evidenciaban cómo un funcionario de Fortaleza utilizaba su poder para gestionarse favores de todo tipo y, tras la divulgación, nada ha pasado. 

Esa impunidad flagrante no es porque no exista legislación que condene la conducta y dispongan los remedios investigativos. En nuestro país se ha legislado extensamente sobre el tema y la mayoría de los actos señalados están tipificados como delitos cometidos por acción u omisión. No hace falta, por tanto, que la Legislatura vuelva a actuar para que los señalados puedan ser investigados.

Tampoco la impunidad ocurre porque el país carezca de instituciones responsables de investigar y procesar a los corruptos. A lo largo de los últimos 40 años se ha ido creado una madeja de agencias con poderes, personal y recursos investigativos. En primera fila está, desde tiempos inmemoriales, el Departamento de Justicia que cuenta con divisiones y oficinas a cargo de investigar la corrupción. Para los casos que envuelven a funcionarios electos o jefes de agencias está el Panel del Fiscal Especial Independiente. En todos los casos, atendiendo tanto posibles delitos como faltas a la moral pública, también está la Oficina de Ética Gubernamental.

Desde este mismo espacio denunciamos más de una vez que esas instituciones fueron secuestradas por el Partido Nuevo Progresista, colocando allí militantes que garantizan la impunidad de los señalados. Estamos, por tanto, ante un esfuerzo deliberado para que la impunidad sea la norma. Como también apuntamos antes, a esas instituciones del gobierno isleño se une la fiscalía federal bajo Rosa Emilia Rodríguez, que también ha sido extremadamente selectiva a la hora de procesar corruptos.

En el plano boricua, la figura principal garantizadora de esa impunidad ha sido Wanda Vázquez, quien desde 2017 dirigió el Departamento de Justicia. La mayoría de las investigaciones que debieron haberse iniciado le correspondían a ese departamento. Desde allí también debieron hacerse los referidos a la Oficina del FEI o la de Ética, aunque también estas agencias estaban obligad a tomarse iniciativas. En el récord público están los múltiples requerimientos de investigación que se le hicieron a Justicia y también las reiteradas ocasiones en que Vázquez se escudó tras la banal excusa de que “no había querella” y, por lo tanto, no podía comenzar a investigar.

Ahora Wanda Vázquez está de gobernadora no porque se haya ganado el cargo, sino por un vuelco poco esperado de los acontecimientos. La fuerza del pueblo expulsó al gobernador corrupto y tras una brevísima estadía de otro parecido, el cargo rodó hasta la silla desde donde Vázquez miraba pasar los actos de corrupción pública. 

Nadie debiera esperar que quien fuera tan pasiva antes se convierta ahora en un ejemplo de activismo. Los primeros actos de Vázquez como gobernadora confirman esa conclusión. A pesar de las expectativas algunos soñaron con que de inmediato, para dar una señal distinta, destituiría a los jefes de agencia que formaron parte del círculo íntimo de Ricardo Rosselló y todavía siguen disfrutando de sus posiciones. Sin embargo, tras dos semanas, Ricardo Llerandi y Anthony Maceira siguen en sus cargos. 

Pero donde con más claridad vemos el sello de Vázquez es en sus nombramientos para la dirección de la Oficina de Ética y el Departamento de Justicia. Para la segunda posición seleccionó a Denisse Longo, quien viene directamente desde la oficina de la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez. Antes de llegar allí estuvo vinculada a la administración de Luis Fortuño como administradora interina de Servicios Generales donde fue objeto de señalamientos relacionados con una subasta. 

Para la OEG seleccionó a Luis A. Pérez Vargas, quien ahora es el segundo en mando en la agencia y, por tanto, carga con los mismos señalamientos contra su jefa, Zulma Rosario. No hace mucho tiempo supimos de este señor cuando se paró ante los medios a informar que, tras dos años “investigando” concluía que su agencia no tenía jurisdicción para atender una querella contra la presidenta del FEI, Nydia Cotto. De esa manera esquivó actuar contra otra de las integrantes del combo que garantiza la impunidad. 

Todo indica que, tras mudarse de Hato Rey al Viejo San Juan, la impunidad seguirá tan campante como siempre.