Lanzo la idea a Bad Bunny, Ricky Martin, artistas y productores de espectáculos: hacer un concierto masivo de Bad Bunny este año, por ejemplo en Nueva York, en apoyo humanitario al pueblo cubano. Las ganancias se destinarían a bienes que Cuba urgentemente necesita. Al régimen trumpista le quedan casi tres años para tratar de estrangular a Cuba y hacer que su estado colapse o la resistencia a una invasión norteamericana se debilite por la extrema penuria a que se haya llevado al heroico pueblo. El genocidio que probablemente planea Washington tiene precedente en Gaza.
Los estrategas estadounidenses han arribado al razonamiento realista de concentrar sus esfuerzos en lo que es viable en cada momento. No pueden destruir el estado chino ni sus influyentes políticas comerciales, ni al estado ruso –mediante Ucrania y la OTAN–, ni detener la tendencia de decenas de países de África, Asia y Oriente Medio a su desarrollo e independencia económica, pero pueden –suponen– destruir el estado cubano. Impidiendo que Venezuela le provea petróleo destruirían los medios de subsistencia de Cuba a la vez que arrinconarían al estado venezolano para después destruirlo también.
El periódico cubano Trabajadores advierte: ‘La Revolución Cubana enfrenta hoy su desafío más peligroso desde la “crisis de los misiles” de octubre de 1962, cuando Washington, bajo la administración del entonces presidente John F. Kennedy, le impuso un bloqueo naval total a Cuba y llevó al mundo al borde de la guerra nuclear. La última escalada llega en un momento en que la economía y la infraestructura de la isla están a su límite por el endurecimiento de las sanciones económicas y la designación como “estado patrocinador del terrorismo” (SSOT) impuesta por el despiadado Goliat al norte. Esa designación ha hecho que la importación de combustible, medicinas, maquinaria y otros productos esenciales sea más difícil y, en muchos casos, imposible. Sin combustible, la generación de energía y el movimiento de mercancías dentro del país se están paralizando. Después de impedir el suministro de petróleo a Cuba desde Venezuela, Washington aumentó la presión sobre México. Después de Venezuela, México ha sido la fuente de petróleo más importante para Cuba. Ante el chantaje económico de la administración Trump, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum empezó a divagar sobre los compromisos comerciales de su país con Cuba. PEMEX –la petrolera estatal mexicana– anunció que canceló un envío urgente de petróleo a Cuba que debía llegar a la isla antes del fin de enero. Sheinbaum dijo entonces que el envío procedería como una oferta de “ayuda humanitaria” a la isla. Sheinbaum hizo un giro nuevamente el 28 de enero, insistiendo en que la decisión de retener el petróleo era una “decisión soberana”, implicando que no sucumbía a la presión de Washington, pero que México le seguiría brindando “solidaridad” a la isla. Cuba necesita ayuda material, solidaridad en acción. Necesita que los gobiernos de países productores de petróleo como México y Angola envíen petroleros. Necesita inversión extranjera en paneles solares y generadores eólicos para ayudar a reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Y necesita comerciar libremente para obtener productos alimentarios, medicinas y otros insumos esenciales. Es necesario ejercer presión sobre esos gobiernos que ahora se doblegan ante Trump, Rubio, y sus acólitos para que sigan comerciando y apoyando al pueblo cubano, y así darles un respiro para que puedan defenderse de la manera más eficaz. Los trabajadores, los estudiantes y otros jóvenes, y todos los que se preocupan por la democracia y la decencia humana en Estados Unidos, deben coordinarse en acciones unidas para exigir que Washington ponga fin a su maliciosa guerra económica, revierta el bloqueo de petróleo a Cuba y elimine al país de la infame lista SSOT.’
La coerción de Estados Unidos contra Cuba y Venezuela sitúa no sólo estas naciones, sino el hemisferio, en una encrucijada sin precedentes que redefine los desafíos al imperialismo norteamericano, y la medida en que los países latinoamericanos y caribeños puedan instrumentarlos. La crítica de Trump al establishment estadounidense, que provocó en sectores gobernantes irritación e intentos de frenarlo, era en gran parte –podemos inferir ahora– una alarma por los desafíos latinoamericanos.
Habiendo sido el imperialismo decisivo para el atraso y la pobreza –no sólo económica sino política– latinoamericana, aprovecha esta debilidad, que él mismo reproduce, para inducir al crecimiento mediante deuda a cambio de subordinación política. Persigue renovar el sistema de dependencia: estimular crecimiento de modo que los países latinoamericanos se ‘modernicen’ y alejen de rutas independientes, China, Rusia y BRICS. De ahí seguramente los recientes progresos de candidatos electorales de derecha en Honduras, Costa Rica y Bolivia.
El crédito beneficiaría grupos altos y medios y produciría una imagen temporera de modernidad. Numerosos políticos latinoamericanos se resisten a la izquierda pues suponen imposible un desarrollo económico sin financiamiento norteamericano u occidental. Fracasará, supuestamente, cualquier estrategia de sociedad independiente, y señalan las graves limitaciones de Cuba. Es un razonamiento colonialista, pues el endeudamiento con sometimiento impide la independencia de las decisiones sobre el sentido que tendrían las fuerzas productivas y la infraestructura.
Sin embargo, la expansión galopante del mercado global hace inadmisibles gobiernos despóticos y primitivos. Si bien persiste el miedo a rutas alternativas por la horrenda represión que Estados Unidos impuso en Latinoamérica mediante regímenes tiránicos en los años 50, 60, 70 y 80, es potente la tendencia a formar nación elevando las condiciones del pueblo trabajador. Participar del mercado exige desarrollar la educación de las generaciones nuevas, el gobierno, la infraestructura, las fuerzas productivas, la ciencia y la tecnología. Han quedado atrás las teorías en que los estados-naciones eran innecesarios por la ‘globalización’.
Es de esperar que administraciones imperialistas posteriores a Trump continúen en parte sus políticas, aceptando que se necesitaba un jefe brutal, tipo fascista o decimonónico, que las iniciara. No admite Washington que en Latinoamérica haya recursos naturales estratégicos sin explotar o explorar, por ineficiencia, ‘subdesarrollo’, nacionalismo, falta de capital, o las mismas sanciones estadounidenses. Trump ‘desbloqueó’ la actividad petrolera en Venezuela y está dando acceso a las corporaciones yanquis. Pero en sentido estricto y político el bloqueo sigue.
Según estudiosos, las licencias 46 y 47 emitidas el 29 de enero y adscritas a la nueva ley petrolera, prohíben a Venezuela vender petróleo a entidades vinculadas a Rusia, Irán, Cuba o Corea del Norte –no así China– (Sputnik, 6 febrero 2026). La reforma de la ley abarca casi toda la cadena de valor del sector petrolero, ‘desde la extracción y elevación del crudo hasta su exportación, refinación, comercialización, transporte y servicios logísticos asociados’. No incluye la fase primaria de la producción, que por ahora queda en manos venezolanas, pero incluye la exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, compra, entrega y transporte del petróleo. Los analistas indicaron que todo contrato petrolero que firme el gobierno venezolano o la estatal Petróleos de Venezuela debe estipular que se rige por las leyes de Estados Unidos, y cualquier resolución de controversias se llevará a cabo en territorio estadounidense. Las licencias establecen que los pagos a personas (i.e. corporaciones) bloqueadas deben canalizarse a través de los denominados Foreign Government Deposit Funds u otra cuenta que el Departamento del Tesoro norteamericano indique expresamente. Este mecanismo no implica desbloqueo de activos, sino que permite que los fondos se mantengan bajo supervisión regulatoria estadounidense. La nueva ley autoriza transacciones relacionadas con la exportación, venta, transporte y entrega de diluyentes –para procesar el crudo pesado venezolano– de origen estadounidense, así como servicios logísticos y de pago asociados. Los contratos petroleros deben someterse a la jurisdicción de tribunales estadounidenses, y se prohíben pagos en criptomonedas venezolanas (como el petro), oro o intercambios de deuda.
Exxon Mobil, Conoco Phillips y otras petroleras occidentales reclaman que Venezuela les debe decenas de billones de dólares por haber nacionalizado la actividad petrolera. Estas deudas podrían pesar seriamente sobre Venezuela. Las compañías podrán exigir su pago en los beneficios de la actividad petrolera u otros medios. Sería una amenaza al estado venezolano a menos que se fortalezca para defenderse y protegerse.
Un exministro de Planificación venezolano en el gobierno pre-chavista en 1992-93 opinó que según el nuevo arreglo Washington prohíbe a Venezuela vender su petróleo, pero le permite entregarlo a Estados Unidos, que lo vende a precio de mercado y deposita los ingresos en cuentas bajo su control. Luego transfiere esos dólares al gobierno venezolano, de forma condicionada. (No es claro –añadimos– cuán limitada es la proporción de las ganancias que Estados Unidos transfiere a Venezuela.) Ricardo Hausmann, exministro ahora colocado en la Universidad de Harvard, dijo que la estrategia de Washington consiste en controlar la venta de petróleo y manejar los ingresos en dólares bajo estrictas condiciones (Noticiero Digital, 27 enero 2026). El esquema –señaló– funciona como un control del flujo de caja. El gobierno venezolano accede a más dólares, pero con restricciones sobre cómo y cuándo pueden ser utilizados, algo que Hausmann calificó como una ‘aspirina’: alivia temporalmente la falta de liquidez, pero no cura los problemas estructurales. Venezuela vive una ‘dolarización de facto’, según Haussman. La hiperinflación y la devaluación del bolívar llevaron a que la mayoría de transacciones, desde compras de comida hasta pagos de servicios, se realicen en dólares, mientras que los bolívares electrónicos funcionan como medio de pago secundario. El bolívar desapareció como moneda de ahorro, añadió, y la gente fija precios en dólares. Algunos pagan en dólares y otros en bolívares electrónicos. Dijo que si no hay soberanía venezolana efectiva, las inyecciones de dólares por la venta de petróleo no solucionarán los problemas estructurales de la economía.
Comentaristas explican que las grandes compañías petroleras norteamericanas son reticentes a hacer inversiones en Venezuela debido a la ‘inseguridad’ del gobierno; léase que éste tiende a estrategias independentistas y Washington no lo tiene bajo total control. Excepto en los casos de Chevron, Repsol y Maurel y Prom, dice un escritor, que persiguen cobrar deudas a Petróleos de Venezuela y ahora han restructurado acuerdos que les prometen beneficios, las resistencias de los inversionistas persistirán. La privatización parcial de la actividad petrolera abre las puertas a empresas relativamente pequeñas que podrán reactivar algunos pozos de petróleo. Les rendirá jugosos beneficios, y también al gobierno venezolano, a corto plazo. Pero, alega un articulista norteamericano, seguirán los problemas de poco personal entrenado, inseguridad en las plantas físicas, de electricidad, y de que el gobierno pueda adoptar políticas independientes. Puede preverse, añade, que los gobiernos norteamericano y venezolano cortejarán estas compañías relativamente pequeñas para que inviertan, y reclamarán su aumento de la producción petrolera como una demostración grande y rápida del éxito del presente arreglo. En Venezuela debe haber ‘cambio institucional’ y ‘estabilidad política’ para que el capital yanqui pueda adueñarse de la industria petrolera y transformarla. De lo contrario las inversiones tendrán beneficios de corto plazo y recuperación veloz de costos, pero difícilmente reconstruirán a largo plazo la industria o su capacidad productiva. El llamado, pues, es a una sólida asimilación económica al gran capital mediante un gobierno neocolonial.
La Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos estará vigente cien años, advirtió el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez. Fue aprobada por unanimidad, recalcó. (Resulta muy difícil saber cómo acceder por internet a su texto íntegro.) El gobierno evita confrontaciones violentas a como dé lugar, incluso congraciándose con los venezolanos que emigraron o se activaron contra el estado bolivariano. Las fuerzas armadas le juran lealtad.
¿Es la política venezolana como la que pensó el colonialista boricua Muñoz Marín, en que la astucia y la guachafita criollas usarían el ‘imperialismo bobo’, en vez de éste usar y explotar a Puerto Rico? No, porque Puerto Rico carece de un estado nacional (nunca lo ha tenido), y menos uno empeñado en crear poder popular en cooperativas, economía comunalizada, productividad industrial y agrícola, soberanía alimentaria y una estrategia de independencia económica. En ambos países la violencia colonialista ha determinado las condiciones de posibilidad. En Puerto Rico dicha violencia se instaló en 1898 y nunca cesó; ha destruído toda soberanía (menos la deportiva y otras simbólicas o folklóricas). En cambio, en Venezuela el poder estadounidense, aunque manifestado descaradamente, está restringido por la resistencia venezolana, que condensa logros del chavismo de casi veinte años, que a su vez se fundan en un estado-nación establecido hace dos siglos, y que, como muchos otros en América, todavía trata de construirse.
Los gobiernos yanqui y venezolano insisten –por razones distintas– en que haya estabilidad en Venezuela. Washington enfrenta múltiples dificultades para derrocar el estado, al cual busca colonizar. La mayor parte del país está bajo hegemonía del estado, mientras la zona petrolera está bajo control de compañías extranjeras y Washington, hasta cierto punto. Estados Unidos sigue vigilante y acumulando inteligencia, mientras el estado bolivariano trabaja a todo tren para integrar las mayorías populares. Trata de formar una muralla moral que aleje la posibilidad de una intervención militar o una guerra civil. Representa una identidad venezolana de pueblo pacífico, cristiano y digno, que humildemente quiere progresar con su trabajo y sus recursos naturales. Lucha en un terreno caro al trumpismo, de guerra psicológica, comunicación pública e imagen publicitaria.
El gobierno de Delcy Rodríguez asume un discurso optimista en que la nueva ley de hidrocarburos significa soberanía nacional y energética y un futuro de abundancia y propulsión internacional del país. No abunda crítica o educativamente en las obvias contradicciones existentes. Su propaganda disimula, quizá como una ‘falsa conciencia’, el grado a que llega el poder estadounidense en Venezuela. Pues apuesta a derrotar a Washington en su propio juego de ‘política burguesa’. Habrá que ver si a la larga, con astucia caribeña y con la fuerza de la vida ‘pequeña’ y diaria del pueblo, mediante la ambigüedad, los venezolanos reconquistarán terreno político al imperialismo.
Todo indica que si hubiese elecciones pronto, Delcy triunfaría cómodamente. No hay, hasta ahora, político que pueda oponérsele con éxito. Para Washington parece esfumarse la opción de fabricar candidatos electorales derechistas, aunque podría retomarla instruyendo a la estación de la CIA en Caracas que reorganice el sector colonialista, que seguramente alberga muchos excarcelados y migrantes que han regresado. Pero esta posibilidad disminuye con el progreso económico que Delcy promete y parece empezar con los millones que llegan de la actividad petrolera norteamericana y el gobierno usa en beneficio de la sociedad.
En tanto Washington intente aparentar ‘democracia’ –descartando un golpe de estado, una guerra y un régimen títere– tendrá que seguir cohabitando con el estado venezolano –y el movimiento bolivariano–, con el cual el presidente yanqui dice que se lleva de las mil maravillas. En esta ‘coexistencia pacífica’ el lado venezolano se apoya en bases más firmes que el estadounidense en tanto sigue la estrategia bolivariana, de las clases populares, mientras todavía es incierto si Trump logrará que las corporaciones petroleras principales inviertan en Venezuela – y así avanzar en el neocolonialismo–, ya que Washington no tiene total control de Venezuela y el estado bolivariano les provoca temores y resistencias.
