Por Manuel de J. González/CLARIDAD

¡Qué bueno que Ricardo Rosselló aún no ha renunciado a la gobernación! Cuando regresó a toda prisa de Europa tras los arrestos de dos integrantes de su gabinete y la divulgación de apenas dos páginas del infame chat, muchos pensaron que renunciaría. En la conferencia de prensa que celebró aquella noche algunos periodistas le preguntaron por primera vez sobre su renuncia, pero con la arrogancia que le caracteriza rechazó de plano tal opción.

Si se hubiese ido, dejando a alguno de sus fieles a cargo del gobierno, ahora mismo estaríamos chapoteando en el fango legislativo en medio de la pelea chiquita de la sucesión. La inmensa mayoría del pueblo seguiría entretenido en su rutina veraniega mirando de reojo hacia el parloteo politiquero con el mismo desgano de siempre. Allá están los políticos otra vez con su bachata, yo sigo en lo mío. Después de todo, el mediocre que tanto ofendió ya se fue, dirían.

Así estaba la mayoría del pueblo, hartos de “los políticos” e inmerso en “lo suyo”. Y así hubiese seguido luego de que le gobernador insensible y corrupto los dejó tranquilos, saliendo del panorama. Poco de Puerto Rico hubiese cambiado y el mundo seguiría sin saber de nosotros, esta isla ambigua donde vive un pueblo que porta la ciudadanía de otro país. 

Pero Rosselló se quedó. Precisamente cuando todo el mundo se había enterado de que no era más que un rufián con corbata, decidió quedarse testarudamente en el cargo al que había ascendido con apenas el 42% de los votos. Cuando los arrestos de varios e sus colaboradores más cercanos retrataron una vez más el tumor supurante de la corrupción, decidió que era “democrático” quedarse porque había ganado una elección. Luego que nos enteramos de que hasta se burlaba de nuestros muertos, que vilipendiaba a las mujeres y que tenía la misma sensibilidad que tiene un alacrán, decidió seguir en el cargo. 

Con la misma mentalidad manipuladora con que ha operado siempre pidió perdón en un servicio religioso encuadrado a la medida y entonces la ira se disparó. Pretendió que un ensayado y mal montado llamado a la “reconciliación” volviera a salvarlo, pero solo consiguió dispersar la indignación con una manguera de presión. Entonces la mayoría dijo “basta y echó a andar”. La “marcha de gigantes” comenzó en cada esquina de forma espontánea, sin que ningún partido organizado la convocara. Es Fuenteovejuna el que convoca. No hay discursos de cierre ni comités de disciplina. La ruta de cada marcha se decide caminando. Unos salen primero y otros más tarde, pero todos marchan hacia el mismo lugar. 

Ya no son solo los estudiantes los que se manifiestan y gritan consignas. Ahora se han unido los jóvenes de los caseríos en sus motoras y hasta en caballos. Salen de noche, cuando otros duermen, y llenan la ciudad de ruidos. Se van derrumbando las barreras sociales mientras se levanta el puño. Y hasta los que casi nunca salen de sus casas han encontrado una buena manera de protestar sonando cacerolas al empezar la noche. Ya ese grito nocturno se está extendiendo por todo el país. En barrios ricos y en barrios pobres la cacerolada se impone poco después del atardecer, mientras en el Viejo San Juan la gente sigue rodeando la guarida del rufián. 

Afortunadamente he vivido para ver este despertar. El pasado 17 de julio, luego de estar cinco horas caminando en San Juan, le escribí este mensaje a Carlos Gallisá, un hermano a quien la vida no le alcanzó para ver y sentir este momento: Galli, puedes dormir tranquilo que hay país para siempre. Porque, dicho con exactitud, eso es lo que ha quedado demostrado en la última semana luego de que Rosselló se negara a renunciar, que a pesar de todos los golpes Puerto Rico está entero y que lo estará hasta el infinito.

Antes de esta semana a muchos les preocupaba el desangre poblacional de la emigración. El país se vacía, decían. Los jóvenes se van y acá nos quedamos los viejos. Pero el miércoles 17 de julio vimos en todo su esplendor a un país joven caminando con la determinación de quien tiene razón para luchar. A las tres de la tarde, sentado en un banco del parque Muñoz Rivera empecé a ver el desfile en medio del sol ardiente. La actividad había sido convocada para las cinco de la tarde, pero atrechando por el parque para guarecerse un poco bajo los flamboyanes, había centenares. Unos, bien jóvenes, adelantaban en patinetas. El resto caminaba. Casi todos ya enarbolaban la bandera boricua o algún cartel hecho y escrito a mano, con el mensaje que le salió del pecho. En las caras había alegría, pero no la que sale de la fiesta, sino la que se mezcla con firmeza. Había gente de todas las edades, aunque la gran mayoría eran jóvenes. Caminé hacia la avenida que bordea el mar para que la brisa aplacara un poco el fuego del sol y por allí el desfile ya parecía un pequeño río dominado por el rojo de las banderas. Luego fue un mar. 

Allí estaba el pueblo que Ricardo Rosselló menospreció. Gracias a su temeridad empezamos a caminar y ya no podrán detenernos. 

Por Carlos Gallisá/CLARIDAD

Reproducimos esta columna de Carlos Gallisá escrita en el 2012 por su vigencia..

La fecha del 25 de julio es una fecha nefasta en nuestra historia. Cuando apenas empezábamos a salir del coloniaje español con una carta autonómica que era un intento desesperado de España por retenernos un tiempo más bajo su dominio, las tropas yanquis nos invaden el 25 de julio de 1898, derrocan el gobierno electo por el pueblo puertorriqueño unos cuatro meses antes y este mes de julio se cumplen 114 años de coloniaje yanqui. No hay duda que la fecha es para la protesta y la denuncia de una agresión y la imposición de un sistema colonial que la comunidad internacional ha clasificado como crimen contra la humanidad.

El gobierno de Estados Unidos ha hecho todo lo posible por borrar de nuestra memoria como pueblo la invasión, usando el 25 de julio para anunciar concesiones y reformas. El presidente McKinley utilizo el 25 de julio de 1901 para anunciar el libre comercio entre Estados Unidos y la Isla eliminando una tarifa arancelaria que había provocado mucha protesta. Truman utilizó la fecha en 1946 para anunciar el nombramiento de Jesús T. Piñeiro como el primer gobernador puertorriqueño.  En 1952 Muñoz Marín y Washington a todo escape tomaron la fecha para darle nacimiento al ela y poner en vigor la llamada constitución aun cuando todavía el pueblo de Puerto Rico no había aceptado las enmiendas que el congreso le había hecho a la aprobada por los puertorriqueños. La prisa por no dejar pasar la fecha era tal que la constitución en vigor del 25 de julio de 1952 al 4 de noviembre de ese ano no era la que había aprobado el pueblo. En las elecciones generales de noviembre el pueblo acepto las enmiendas respondiendo al llamado de Muñoz.

La protesta también ha ocupado la fecha. En el 1907 hubo un rechazo masivo a la convocatoria del gobernador americano a conmemorar el noveno aniversario de la invasión en 1938 el nacionalista Esteban Antongiorgi utilizó la fecha para dispararle al gobernador Winship. Por otro lado, la fecha ha sido utilizada también para la represión del independentismo. En 1978 la policía de Carlos Romero Barceló asesino dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla. El llamado de un sector del independentismo a ir a Maravilla en vez de Guánica ha contribuido, sin que esa haya sido la intención, a borrar de la memoria colectiva la invasión. Maravilla es producto de la invasión, como lo es toda la represión al independentismo, por lo que no puede tener una prioridad sobre la protesta de la invasión.

Dentro de la confusión, la mentira y el engaño que preside el 25 de julio en nuestro país debemos detenernos a examinar la gran mentira de lo que han llamado la constitución del ELA. En primer lugar, ¿qué es una Constitución? Es un documento que contiene las normas por las que se ha de organizar y regir un estado y los derechos que se le garantizan a sus ciudadanos. El documento es producto de la expresión libre y soberana de un pueblo. A la Constitución se le llama la ley suprema de la nación por lo que ninguna otra ley puede contradecir o menoscabar lo que se dispone en ella. En Estados Unidos se le llama a la constitución “the law of the land”.

La llamada Constitución del ELA es producto de una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos que se conoce como la Ley 600 y en la que se autoriza al pueblo de Puerto Rico a redactar una “constitución” a los únicos fines de organizar el “gobierno interno” de la Isla. En la autorización el Congreso le impone las siguientes condiciones al pueblo puertorriqueño:

1) Que la constitución debe mandatar una forma republicana de gobierno. (Art. 2 Ley 600)

2) Debe contener una carta de derechos. (Art.2 Ley 600)

3) El presidente de Estados Unidos tiene que aprobar lo que el pueblo de Puerto Rico haya aprobado como constitución. Determinar si ésta es compatible con la Ley 600 y con la constitución de Estados Unidos. (Art.3 Ley 600)

4) Luego de la evaluación presidencial se requiere la aprobación del congreso para que la constitución entre en vigor.  (Art. 3 Ley 600)

El Congreso utilizando el poder antes mencionado le negó la aprobación a las secciones 20 y 5 aprobadas por el pueblo de Puerto Rico. La primera invocaba el derecho al trabajo, a la salud, la educación y la segunda imponía la obligación de asistir a la escuela elemental.

Ante estos hechos, lo que se llama constitución del ELA, ¿es verdaderamente una constitución? Es una expresión libre y soberana del pueblo de Puerto Rico? Si Puerto Rico no es un estado y nunca ha tenido soberanía, y lo que aprobara tenía que contar con la aprobación del presidente y el congreso de Estados Unidos, ¿es realmente una constitución lo que tenemos o es sencillamente una ley del congreso que se le ha llamado constitución para engañar al pueblo de Puerto Rico y más tarde a la comunidad internacional?

Si lo anterior no fuera suficiente, el estado de derecho es sumamente claro: Las leyes federales tienen un rango superior a la constitución de Puerto Rico. Por lo tanto, no es la ley suprema del País. Basta recordar que los federales la violan diariamente cuando interceptan nuestros teléfonos y nos imponen la pena de muerte por crímenes cometidos en Puerto Rico, ambas acciones prohibidas por la llamada constitución del ELA. Definitivamente no es la Ley suprema de nuestra nación. Es una ley mas del Congreso que se nos ha impuesto y un engaño mas de nuestros políticos coloniales.

Por Cándida Cotto//CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Cuando el gobernador Ricardo Rosselló, dice que “tiene que terminar la obra que comenzó”, seguro que se refiere a terminar de regalar a Puerto Rico a los inversionistas, desarrolladores extranjeros, a sus amigos del alma. Ya en la práctica ha privatizado a todo el gobierno y lo que no, lo ha regalado. 

Ahora la Junta de Planificación se dispone a celebrar nueve días de vistas públicas- del 15 al 24 de julio- con el propósito de adoptar nuevos mapas de calificación, como se llama ahora a los mapas de zonificación. El experto en Derecho Ambiental, Pedro Sadeé Lloréns, lanzó la voz de alerta respecto a los peligros que esto puede representar. Indicó que los cambios abarcarían a todos los municipios e incluirían numerosas áreas especiales naturales, históricas y agrícolas, entre otras. 

Ante el aviso de vista pública Sadeé Lloréns, profesor de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Rio Piedras, le cursó una carta a la presidenta de la JP, planificadora María del C Gordillo Pérez, en donde le expone una serie de consideraciones para solicitarle que se pospongan las vistas públicas y se den al menos 90 días previo a la fecha en que se pauten nuevas vistas. Trae a la atención que dada su amplitud e implicaciones, se trata en realidad de un cambio de grandes proporciones y de consecuencias vastísimas para lo cual, la Junta no ha concedido suficiente tiempo de análisis y evaluación. Es decir ni a el público en general, a los residentes de urbanizaciones y comunidades, los Municipios, ni a las organizaciones no gubernamentales que “se interesan por la protección de los recursos naturales, el medio ambiente y la agricultura”.

En el caso particular de los municipios advierte, que los cambios distritales amenazan con invalidar de un plumazo las disposiciones de los planes de ordenamiento territorial, sin que sea humanamente posible que en tan poco tiempo se puedan examinar con el detalle que se requiere los usos de los terrenos de los   mapas de calificaciones propuestos, no importa que se cataloguen como meras equivalencias de nomenclatura. “Recordemos que estos planes han implicado la inversión de millones de dólares municipales. La tarea del análisis se dificulta en extremo debido a que la Junta no ha incluido en el Aviso de las vistas ningún análisis o explicación razonable de lo que propone y sus implicaciones”. 

Sadeé Lloréns advierte además que ese análisis, explicación o memorial explicativo tampoco puede encontrase en el portal de la JP. Otro elemento que tampoco se preovee en el Aviso es el que alude a áreas o zonas sobrepuestas, pero no puede encontrase una ilustración o explicación de éstas, aún cuando los cambios de distrito que se proponen pueden afectar y de hecho afectarían terrenos de gran valía natural o agrícola. 

Continúa señalando que a las dificultades indicadas se suma la ausencia de información o explicación de los impactos de los distritos propuestos en el Plan de Usos de Terrenos u otros instrumentos de planificación, ni sobre el importante tema de la incorporación o no de nueva información y toma de conciencia sobre los riesgos en zonas de riesgo, costeras o no.

Por su parte el planificador ambiental José Rivera Santana, catalogó las pretensiones de la JP como “otro atropello y un ejemplo de la corrupción en el manejo de las reglamentaciones de planificación. “En efecto, lo que pretende la Junta de Planificación es abolir mediante un proceso, a mi juicio ilegal y fraudulento, el Plan de Usos de Terrenos y los planes territoriales de los municipios”. Advirtió que de aprobarse lo propuesto, no solo tendrá consecuencias nefastas para los sistemas naturales, sino también para los centros urbanos y la calidad de vida de sus residentes. 

“Se traen “por la cocina” cambios en la calificación (zonificación) que desvirtúan la visión y propósitos de los distritos permitiendo usos y densidades inaceptables. ¡Es grave! ¡Muy grave!”, recalcó. 

Hay que traer a la atención que la administración de Rosselló Nevares, colocó a la JP bajo la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Además, se propone crear un fideicomiso para entregar a manos privadas el 96% de las propiedades de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), la cual tiene propiedades tanto en zonas costeras, y otras áreas privilegiadas, la designación de todo Puerto Rico como “zonas de oportunidades”, y ahora los cambios a los mapas de calificación del uso de los suelos, todo levanta sospechas del por qué y la prisa por los cambios.