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Editorial:Floreciente la “industria del guiso” con fondos públicos

 

En medio de la crítica situación fiscal y económica que arropa al País, la “industria del guiso” con fondos públicos está floreciente. No importa si hay escasez o bonanza; si llegan más o menos fondos federales o estatales  para este o aquel proyecto; si la reconstrucción de Puerto Rico tras María va bien o mal; si los servicios esenciales al pueblo se prestan o no, los que “guisan” con fondos públicos siguen guisando porque hay toda una estructura política, económica  y gubernamental que así lo alimenta. Las más recientes acusaciones, anunciadas con bombos y platillos por las autoridades federales esta pasada semana, están entre las más patéticas. Un “facilitador” en la oficina del Presidente del Senado contribuyó con contratos espurios a las arcas de unas empresas fantasmas, incorporadas al otro día del Partido Nuevo Progresista (PNP) ganar las elecciones de 2016 por dos furibundos activistas de dicho partido.  “Pay for play” se llama a eso en el argot de los federales. 

A la luz de lo publicado, tal parece que la fiscalía federal y el FBI en Puerto Rico quieren hacer de este caso uno ejemplarizante para quienes “guisan” o pretendan “guisar” con fondos públicos en el País. Pero parece que se les ha hecho tarde. La cultura del “guiso” con fondos públicos es endémica en Puerto Rico y en Estados Unidos también, a juzgar por ciertos contratos impulsados por funcionarios federales tras la emergencia provocada por el huracán María. En un excelente artículo en esta edición de CLARIDAD, nuestro compañero columnista Manuel de J. González explica cómo, según datos del Centro para una Nueva Economía (CNE), el 90% de los contratos más jugosos para la reconstrucción post María en Puerto Rico han sido otorgados a grandes empresas estadounidenses. El artículo hace un recuento detallado de las empresas beneficiadas con esos  contratos multimillonarios y los funcionarios federales  que promovieron los mismos. Uno de los más notorios  es el caso bajo investigación sobre  la intervención e influencia de la ex subdirectora de FEMA en la región que incluye a Puerto Rico para que la AEE otorgara un contrato a  Cobra Acquisitions- que terminó siendo de $1,800 millones- por labores de  reconstrucción de la red eléctrica. Este controversial contrato, junto al de la esquelética empresa Whitefish de Montana por $300 millones, está entre las razones que le han servido de excusa al gobierno de Donald Trump  para aguantar el envío de los fondos asignados a nivel federal para la reconstrucción de nuestra infraestructura.  

El “guiso” con fondos públicos ha sido en gran medida responsable por el descalabro fiscal y económico de Puerto Rico. En una colonia empobrecida y dependiente, sin iniciativa ni poderes para atraer inversión, el “guiso” con fondos públicos se ha convertido en una principal y lucrativa actividad económica para los que cuentan con las conexiones políticas que les permitan acceder a contratos u otras prebendas con dichos fondos, sean estos del gobierno de Puerto Rico o de Estados Unidos.  Los ejemplos abundan de casos de inversionistas políticos que luego cobraron con creces su activismo y donativos con jugosos “guisos”. Aunque algunos de estos acabaron en acusaciones criminales, como los casos de Anaudi Hernández, Ramón Orta, y ahora, el de los “politiqueritos” del Senado, otros siguen impunes. 

 Los cuatrienios del ex gobernador, Dr. Pedro Rosselló, fueron de espanto. Cerca de 40 de sus subalternos, asociados, amigos y contribuyentes fueron acusados y enjuiciados en los tribunales de Puerto Rico y Estados Unidos, en sonados casos de corrupción con fondos públicos. El ex secretario de Educación Víctor Fajardo sobresale como el “símbolo” de uno de los más notorios “guisos” con fondos públicos que se haya registrado en nuestra historia reciente. Igualmente notorio fue el “súper guiso” con los fondos federales del Instituto del Sida, que se llevó enredados y a la cárcel a numerosos funcionarios y contribuyentes del gobierno de Rosselló, padre. 

El maridaje público- privado también ha sido fuente de abundantes “guisos” con fondos públicos, la mayoría de los cuales han quedado impunes hasta ahora. Recordemos los $50 millones pagados por un gasoducto del que nunca se colocó ni un tubo, durante el gobierno de Luis Fortuño y el PNP. Tampoco  se han aclarado las interrogantes sobre conflictos de interés en torno al contrato de la firma de inversiones UBS con los Sistemas de Retiro del Gobierno de Puerto Rico durante el cuatrienio del ex gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, del Partido Popular. Lo que sí conocemos es su resultado: un contrato a UBS como asesor de los Sistemas de Retiro y, a la vez, como emisor de bonos de dicha dependencia, una intervención nebulosa que culminó en una enorme y perdidosa emisión de bonos de la Administración de Sistemas de Retiro, mientras UBS cobró, además de su contrato, unos $27 millones en comisiones, en perjuicio de los haberes de nuestros pensionados.  Revisitar esta historia, convenientemente enterrada por los poderes que son, valdría la pena ahora que los pensionados boricuas se enfrentan al recorte tajante de pensiones que les impone la Junta de Control Fiscal (JCF).

A propósito de la JCF, ésta tampoco está ajena a los “guisos” y a los conflictos de interés con fondos de nuestro pueblo. Tiene impugnados a dos de sus miembros cuyo rol en ciertas emisiones de deuda de Puerto Rico es altamente cuestionable. Además, su principal asesor de operaciones, McKinsey Company, que ya ha facturado sobre $50 millones por consultoría desde el 2016, es a la vez bonista de Cofina, a través de una de sus subsidiarias. Un evidente conflicto de interés en cualquier país que se respete, que sería motivo suficiente para cancelar el contrato de McKinsey, menos en esta colonia que se pliega ante el poder con reverencia, sobre todo si viene impuesto desde Estados Unidos. 

La  “industria del guiso” con fondos del pueblo está firmemente enraizada desde hace mucho tiempo en el sistema político colonial que padecemos. Es consecuencia directa de la dependencia servil que ha hundido a nuestro pueblo, y de la que se han aprovechado descaradamente los grandes intereses políticos y económicos de siempre. 

ATM: Prevalece la falta de consideración 

 

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquezlopez@claridadpuertorico.com 

Después de tres décadas utilizando el servicio, Viequenses y Culebrenses son los únicos que lo conocen y quienes verdaderamente pueden proveerle al Gobierno una comprensión a fondo del mismo. Sin embargo, el Gobierno y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas continúan ignorando esa experiencia. 

La participación ciudadana de los residentes de Vieques y Culebra ha estado ausente en la toma de decisiones sobre la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), y no ha sido por simple capricho. 

Capricho es decidir privatizar el sistema de transporte marítimo, del cual se benefician los residentes de ambas comunidades, sin considerar la importancia de la participación de sus usuarios y los efectos que esa decisión pueda tener sobre los servicios esenciales. 

El sistema el transporte marítimo nunca ha cumplido del todo con las expectativas y necesidades de los residentes de las Islas municipio; pero considerando la resonancia que ha tenido en los medios el tema de la ATM y su deterioro, tanto administrativo como físico, podemos concluir formalmente en que ese sistema colapsó. 

No lo digo yo, ajeno a la experiencia cotidiana que enfrentan viequenses y culebrenses. Es el sentir de dos pueblos que han visto decaer progresivamente su accesibilidad a servicios básicos, como la salud, la educación, la asesoría legal, los servicios fúnebres, los alimentos y a las actividades religiosas, deportivas y recreativas, entre otros. 

Ante ese colapso, el asunto de la salud se vuelve más preocupante cuando el plan de la Marina para limpiar las áreas UXOs 12 y 14, ubicadas en el antiguo Campo de Adiestramiento Naval al este de Vieques, consiste en seguir con la quema abierta de vegetación y las detonaciones al aire libre.

En lo que respecta a la ATM, el Colectivo Somos más que 100×35, reclama planificación, información, buen trato y la participación ciudadana de los residentes en la toma de decisiones, aspectos fundamentales para garantizar que el servicio sea uno confiable y que satisfaga las necesidades de todos los usuarios, en especial de los residentes. 

El Colectivo Somos más que 100×35 es un grupo de organizaciones cívicas, religiosas y políticas de activistas viequenses por los derechos humanos, culturales y de comercio, cuya misión es organizar un  frente unido e invitar a todo el pueblo de Puerto Rico a unirse al reclamo por un servicio de transporte marítimo digno. 

Para esta semana, el Colectivo convocó a una vigilia en el área del la Escambrón, el martes, 4 de junio en la noche,  seguida por una marcha hacia el Capitolio, el miércoles 5, en la mañana. 

En ambas actividades emplazarán al gobernador, a los legisladores, los representantes y a funcionarios en general a que tomen decisiones en relación con el sistema de transporte que honren sus reclamos: 1) Participación de Viequenses y Culebrenses en las toma de decisiones relacionadas con el Servicio de Transporte Marítimo; 2) Información actualizada sobre itinerarios y condiciones de las embarcaciones; 3) Embarcaciones con capacidad para satisfacer las necesidades de residentes y visitantes; 4) Garantías en la venta de boletos ida y vuelta, tanto para pasajeros como para carga; 5) Protocolo de abordaje que establezca orden de prioridad para las personas ancianas, madres embarazadas o con infantes, enfermos, operados y personas con discapacidad física, seguido por residentes y finalizando por los visitantes; 6) Condiciones de seguridad en las instalaciones para que todas las personas se puedan desplazar sin riesgo a su integridad física y emocional. 

Por la situación general y con motivo de las actividades del Colectivo pautadas para esta semana, a continuación se resume una carta entregada por residentes y comerciantes de Vieques a La Fortaleza en la que expresan sus razones para oponerse a la privatización de la ATM. La carta dirigida al gobernador fue entregada y sellada como recibida el jueves, 21 de marzo de 2019.

Razones para oponerse a la privatización 

Los Comerciantes de Vieques Unidos, una de las 18 organizaciones que constituyen el Colectivo, expone que “…al día de hoy ni un solo funcionario de gobierno alguno se ha dignado en venir a Vieques o a Culebra a indagar sobre nuestras necesidades y aspiraciones sobre el transporte marítimo, y mucho menos a discutir con nosotros los residentes propuesta alguna sobre este tema”. 

Reclaman que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) —agencia que estaría a cargo de la transformación de la ATM en una APP— admite su desconocimiento sobre el funcionamiento de la ATM cuando realizan un estudio “para entender mejor el mercado de pasajeros”. 

Los residentes desconocen las razones que tuvo la AAPP para realizar la encuesta durante el mes de agosto de 2015, mes en que termina la temporada pico del turismo proveniente de la Isla Grande. 

En 2015, cerca de 1 millón de pasajeros utilizaron el servicio de transporte hacia y desde Vieques y Culebra. Sin embargo, solo1,200 personas fueron encuestadas en el transcurso de una semana, según el documento publicado electrónicamente por la AAPP: Desirability and Convenience Study for the Puerto Rico Maritime Transportation Services Project. 

Comerciantes de Vieques Unidos sostiene que: “Si encuestaban durante el mes de diciembre, concluirían que la mayor parte de los usuarios son residentes de Vieques y Culebra y la mayoría cargan cajas, carritos y bultos (la compra de regalos de Navidad). 

 En picada la producción del café boricua

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertoricvo.com

“Con el café están siguiendo el mismo patrón que siguieron con el tabaco. En el 1956 pasó un huracán, Santa Clara, que no fue un huracán, fue una pequeña tormenta, pero esa fue la excusa para comenzar a darle la estocada al tabaco. Con el café están haciendo lo mismo”.

Así nos lo advierte Luis R. Méndez, ante la incursión de grandes empresas y de otros intereses del exterior, tanto antes como luego del paso del huracán María. Más aun, debido a la falta de atención por parte del gobierno al sector agrícola cafetalero. 

Méndez, quien es miembro de la Junta de Directores de la Cooperativa Agro Comercial (CAC), productora del Café Cibales, se remontó a recuerdos de su niñez y narró que tras el paso de la tormenta Santa Clara, su abuelo, luego de ver que tumbó todas las matas de tabaco le dijo: “Lo mejor está por venir”. Pero esa frase que han acuñado algunos políticos, en el campo lo que quiere decir es lo contrario: “Lo peor es lo que viene”. De ahí en adelante, la industria tabacalera fue en decadencia porque el Gobierno no le prestó atención y no le dio los incentivos y protecciones que el tabaco necesitaba. Lo mismo está ocurriendo ahora con el café, afirmó.

El enamorado de este grano de oro explicó que el café de Puerto Rico tiene todas las características necesarias para ser el mejor café del mundo, debido a nuestra localización en el paralelo 18, que divide al globo terráqueo. Casi todos los países que tienen una mejor producción de café están en esta latitud; entre estos: Vietnam, Jamaica, una parte de México y Hawái. “De ahí hacia abajo, se da café; pero no tiene las mismas características, que es el terreno, los vientos alisios, la localización del globo terrestre, y cómo el sol le da a esta latitud en particular, que hace que el café sea uno mucho mejor”.

En la isla hay dos tipos de café: El café arábigo y el café robusta. El café arábigo se da bajo sombra en la montaña. Esta semilla es más lenta y se produce menos; pero su gusto, su sabor es mejor. Este es café de monte, que es el que se siembra en los pueblos de la montaña como Ciales, Jayuya, Utuado, Las Marías, Maricao, Yauco y Lares. Requiere más atención y más manos para recogerlo.

En cambio, el café robusta es un cafeto de sol, es mucho más fuerte en cafeína y es más acido. Este café no necesita mucha mano de obra, es accesible y se siembra en llano, por lo que no es un café de primera. Dado a que su producción conlleva menos trabajo y dinero que la del café arábigo, Méndez le atribuyó a estas características la incursión de la firma Coca Cola, a través de Puerto Rico Coffee Roaster, en la industria del café, a tal punto de que ya ha comprado casi todas las marcas que se producen en la isla. “Tiene casi un monopolio, y el Gobierno les está facilitando terrenos para sembrar café robusta”, denunció.

En tono enfático criticó que el Gobierno le esté dando incentivos grandísimos a la Coca Cola para que desarrolle la industria del café robusta. Esto augura que se quiere matar la industria cafetalera de la montaña. Mientras, a los agricultores que producen café en la montaña, el Gobierno no les está dando la atención necesaria. No hay caminos apropiados, falta la electricidad, el agua, la mano de obra y no hay incentivos para poder tener más mano de obra y que se pague mejor. “En una finca de 100 cuerdas, en el pico de la cosecha para la recogida, se requiere mucha gente”.

Aunque reconoció que desde antes de María ya la industria del café estaba mal, indicó que la competencia en Puerto Rico es una totalmente desleal. Expuso que hace unos meses, varios representantes de 18 cooperativas agrícolas se reunieron con el secretario del Departamento de Agricultura (DA) Carlos Flores y este les reveló que el Gobierno le había asignado un presupuesto de $17 millones para la agricultura y que él “solo aceptó siete para ayudar al país”. En cambio, denunció Méndez, a la empresa Monsanto le han dado $500 millones en incentivos. En la reunión, los agricultores le solicitaron al Secretario que les dieran los mismos incentivos que se les están dando a los grandes empresas agrícolas, y Flores les contestó que eso no podía ser, que había que hablar con el Departamento de Hacienda. “Ante el porqué de a ellos sí y a nosotros no, no nos dio explicación ninguna”, comentó. También le pidieron la celebración de una feria en el Centro de Convenciones, como se les hizo hace unos meses a los agroempresarios, y el secretario se negó. Incluso llegó a decirles que él no creía en el cooperativismo.

Por su parte, el subtesorero de la Junta de Directores de la Cooperativa Agro Comercial desmintió que los llamados agroempresarios sean agricultores. Por el contrario, dijo que son compañías que están importando productos agrícolas para vender en la isla bajo la marca “Productos hecho en Puerto Rico”. 

Añadió que en esa línea de competencia desleal, en efecto, las marcas extranjeras están comprando terrenos y les están comprando el café a los agricultores, pero que no hay controles de pagos que digan que el producto se deba comprar a determinado precio. El agricultor se encuentra en la situación de que no puede regatear el precio y, ante la necesidad de salir del producto para que no se pierda o se dañe, tiene que ceder al precio que le ofrecen. Méndez expresó que nadie respalda al agricultor, no hay legislación que le favorezca y tampoco hay inspectores de agricultura.

Una vez más, Méndez comparó el derrotero que le espera al café con el que tuvo la industria del tabaco. “Mira el camino que se está viendo. Al sembrarlo en la costa van a inundar el mercado con café robusta y el Gobierno va abandonar el café de primera, que es el de la montaña. Al abandonarlo, nos vamos a tomar ese café; pero mañana, ¿quién nos asegura que este también abandone y se comience a traer café de afuera y maten la industria, como lo hicieron con el tabaco? Aquí se empezó a destruir la industria del tabaco cuando dejaron de comparar a los agricultores locales y comenzaron a traer tabaco de Luisiana, de Nueva Orleans. Esa es la historia”.

Cobra, Adjuster, Whitefish, etc.: Los varios nombres del guiso

 

Por Manuel de J. González/ClARiDAD

¿Cuánto dinero ha aprobado el Congreso de Estados Unidos para auxiliar la reconstrucción de Puerto Rico luego del huracán María?  Según Donald Trump son $91 mil millones y según cálculos de la prensa la suma se queda en alrededor de $15 mil millones. ¿Y cuánto dinero realmente ha llegado a Puerto Rico? Un estudio del Centro para la Nueva Economía (CNE) encontró que al año del paso del huracán la suma distribuida o comprometida en contratos ascendía a $5 billones.  A Puerto Rico, sin embargo, había llegado muy poco. El estudio del CNE demostró que el 90% de lo distribuido, $4.3 billones, había ido a parar a empresas estadounidenses. Lo manejado por empresas puertorriqueñas se quedaba en $490 millones (10%).  

Cuando se estudia con un poco más de detalle la contratación efectuada encontramos un mismo patrón en el tipo de empresa beneficiada y la manera como se produjo el arreglo. En primer lugar, en casi todos los casos hubo de por medio algún “padrino” político o la ayuda de un funcionario bien colocado. En segundo lugar, casi todas las empresas fueron creadas para beneficiarse del “desastre” boricua o se dedicaban a otro tipo de negocio y se “adaptaron” ante la oportunidad que representó el huracán.

Buena parte del dinero gastado fue el que se dirigió a la reinstalación del sistema eléctrico y para esa tarea tan sólo dos empresas – Cobra Acquisitions y Whitefish Energy – recibieron contratos por $2,005 millones. En ambos casos se trata de entidades especialmente organizadas para aprovecharse del desastre, que no tenían experiencia previa en la labor que realizarían y que recurrieron a intermediarios con poder para allegarse los mega contratos.

El caso más conocido es el de Whitefish, empresa que solo existía de nombre en el lejano estado de Montana antes de recibir un contrato de hasta $300 millones de parte de la Autoridad de Energía Eléctrica. El acuerdo fue eventualmente cancelado en medio de un mar de protestas, pero eso no impidió que llegara a facturar $160 millones por trabajos realizados mediante subcontratistas. El patrón seguido en este caso es, como veremos, muy similar al de los otros casos: la empresa, hasta entonces inoperante, consigue el súper contrato y procede a subcontratar a quienes realicen el trabajo, quedándose con la tajada principal. 

Ese también fue el caso Cobra Acquisitions que hasta ahora ha sido la campeona en contratos relacionados con el huracán, los que suman $1,845 millones. Mientras Whitefish comenzó a pescar desde Montana, Cobra lo hizo desde Oklahoma. Allí está la oficina de sus dueños, Mammoth Energy. A pesar de ese nombre, el campo de operaciones de este mamut no es la electricidad ni tampoco se trataba de un negocio grande antes del guiso en Puerto Rico. El campo de operaciones de Mammoth, creada en 2014, es la exploración de petróleo y gas natural. En el informe que rindió a entidades reguladoras sobre sus operaciones en 2017 en el renglón de ingresos (“revenue”) marcaron “entre $100 y $500 millones”.

Para aprovecharse del desastre Mammoth creó Cobra Acquisition y, haciendo honor al nombre, de inmediato “adquirió” un contrato que le representaba ingresos cuatro veces superiores a los que tenía la matriz. Mientras los puertorriqueños debatían sobre el oprobioso arreglo con Whitefish, Cobra, que tampoco era una empresa con experiencia en electricidad, se agenciaba contrato tras contrato gracias al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos – entonces responsable de la reconstrucción eléctrica – y de FEMA, la entidad que hacía los pagos. Como la de Montana, la empresa de Oklahoma recibió un primer contrato de $300 millones que se fue extendiendo hasta llegar a casi dos mil millones. 

Respecto a Whitefish, su patrocinador fue el secretario del Interior de Estados Unidos, Ryan Zinke, quien también es de Montana. En cuanto a Mammoth-Cobra, recientemente se supo que recibió la protección de Ahsha Tribble, subdirectora de FEMA para la región que cubre a Puerto Rico. Dado que la agencia estadounidense era la que, en última instancia pagaría las facturas de los trabajos, Tribble era quien realmente decidía a quién la AEE contrataba. Actualmente la funcionaria está fuera de su cargo en FEMA porque existe una investigación contra ella precisamente por su relación con Mammoth-Cobra.

Los contratos con la AEE ayudaron a los dueños de Mammoth-Cobra en más de una manera. Tras obtenerlos el valor de sus acciones, que se mercadean en Wall Street, aumentó un 38 por ciento. Recientemente, sin embargo, experimentaron una baja luego de que el Wall Street Journal informara sobre la investigación que se sigue contra Tribble.  

Otra empresa buitre, especializada en aprovechar desastres, es Adjuster International. Aquí vemos repetido el esquema porque, como indica su nombre, se especializa en hacer estimaciones de daños a ser reclamados a una aseguradora. En Puerto Rico, sin embargo, Adjuster se las agenció para estar a cargo de las tareas de reconstrucción de las decenas de miles de viviendas que fueron averiadas o destruidas por el huracán. En lugar de “ajustar” daños la contrataron para poner techos y reconstruir viviendas.

La empresa tiene oficinas en Utica, New York y uno de sus principales oficiales es Daniel Craig, quien en 2017 fue nominado por Donald Trump para director adjunto de FEMA. Esa nominación no prosperó porque se supo que el individuo estaba bajo investigación por acciones antiéticas de cuando trabajó para la administración de George Bush. Entre otras cosas se le imputaba falsificar facturas para inflar el reembolso de gastos. 

Aquel rechazo para el cargo que le ofreció Trump pudo haber beneficiado a Craig porque como tercero al mando en Adjuster seguramente obtendrá mejores beneficios, gracias a “Tu Hogar Renace”. Con ese bonito nombre bautizaron el programa que se supone reconstruya los techos a decenas de miles de puertorriqueños, pero la principal “renacida” es la empresa de Craig. El contrato de la firma neoyorquina fue inicialmente por $133 millones, pero con toda probabilidad aumentará. Como Cobra y Whitefish la empresa subcontrata a quienes realizan el trabajo en las viviendas. Estos subcontratistas cobran su parte, pero Adjuster tiene su ganancia asegurada.

El contrato de Adjuster fue inicialmente invalidado por irregularidades en el proceso de subasta. En medio de esa discusión se supo que entre sus “consultores”, además del bufete McConnell Valdez, está Elías Sánchez, el director de la campaña del gobernador Ricardo Rosselló en 2016. 

Las empresas antes mencionadas fueron organizadas para aprovechar el desastre y obtuvieron enormes contratos gracias a sus padrinos, pero al menos realizaron alguna tarea. Hubo otras contratadas por FEMA, también organizadas a la carrera para el guiso, que ni siquiera llegaron a subcontratar a quienes les hicieran el trabajo. Ese fue el caso de Tribute Contracting, LLC cuya propietaria es una tal Tiffany Brown, quien a días del huracán firmó un contrato por $156 millones para producir y distribuir 30 millones de raciones de comida a los puertorriqueños. Como apenas contaba con la cocina de la casa de Brown en Florida, subcontrató a otra empresa de Atlanta especializada en bodas, pero ni con esa ayuda pudo cumplir y al final, cuando ya los puertorriqueños sin techo se las habían arreglado de otra manera, FEMA le canceló el contrato. Todavía está activa en un tribunal de Florida una demanda presentada por Brown contra la agencia federal reclamando $70 millones por incumplimiento contractual y cobro de dinero. 

Similar a Tribute fue el caso de Bronze Star LLC, “empresa” que funcionaba desde la casa de un tal Kayon Jones en St. Cloud, Florida. Esta firmó un contrato con FEMA por $30 millones para suplir toldos para techos y rollos de plástico. La empresa no producía ninguno de estos productos y, como las anteriores, ni siquiera tenía oficinas ni empleados. Distinto a Cobra, Whitefish, etc., el tal Jones no pudo subcontratar y pasaron las semanas y los boricuas seguían a la intemperie, sin ni siquiera contar con el ahora emblemático techo azul que los protegiera del sol y la lluvia. Eventualmente el contrato se canceló. 

Lo anterior resume los casos más conocidos sobre la ayuda de la que tanto habla Donald Trump. Lo que se desprende de esos ejemplos se resume en dos palabras: incompetencia y corrupción, algo muy diferente a la imagen de eficiencia y pulcritud que durante más de cien años nos han vendido. 

Orgullo por la diversidad

Parada Orgullo Gay, Foto: Alina Luciano

 

Por Josefina Pantoja Oquendo/Especial para CLARIDAD

Me encanta escribir sobre pequeñas historias que ponen al relieve la idiosincrasia de gran parte de nuestro pueblo como gente que lucha por la vida y la disfruta, a pesar de los sinsabores que con frecuencia la salpican; personas con una gran chispa para hacer reír a las demás y de paso gozar también; mujeres y hombres que se enfrentan al discrimen que les afecta, pero también lo hacen cuando son otras quienes lo sufren.  Esto fue lo que viví una vez más ayer domingo cuando vestida de blanco y con sombrero para protegerme del sol y el calor, tomé el tren y luego la guagua para solidarizarme con la comunidad LGBTTIQ…, que celebraba su gran fiesta de orgullo y afirmación GAY.  Para empezar, siempre es una experiencia que nos hace poner los pies sobre la tierra, usar la transportación pública.  Aprendemos mucho de la gente de a pie de verdad, que no tienen otra opción al carecer de recursos para comprar un vehículo. Compartí el asiento de la parada con la señora que andaba con su carrito de compra y que demostró sus habilidades para subirlo al autobús con todo y carga.  Otra pasajera en espera leía una novelita de amor ( si tenía celular para textear afanosamente nunca lo sacó) mientras esperaba.  Al otro lado estaba una familia cuyos integrantes no paraban de hacer chistes.  Apostaban a que las lloviznitas que estaban cayendo eran pasajeras y no les dañaría el día de playa en El Escambrón.

Hubo suerte y la esperada guagua llegó pronto.  Luego entre gotas de lluvia, caminé diez minutos desde la parada 22, para llegar al Parque del Indio en El Condado, punto de partida.  Como siempre, la alegría era desbordante.  Los arcoiris que representan la diversidad se veían por todas partes: ropa, banderas, tatuajes, sombrillas, gorras, pancartas.  La identidad y orientación se manifiesta en multiplicidad de formas y no hay duda, que en muchos casos la creatividad y belleza del vestuario y del maquillaje requiere de mucho tiempo y un gran talento.  Pero, lo que más me gusta es el derroche de risas, entusiasmo, los cariñosos encuentros de quienes no se veían por poco o mucho tiempo, las familias que acompañan a sus seres queridos integrantes de la comunidad LGBTTQI… como muestra de amor inquebrantable y para rechazar sin equívocos el discrimen.  

También respondemos a la convocatoria las organizaciones y personas que tenemos como punto prioritario en la agenda de vida la defensa de los derechos humanos.  En esta ocasión  caminé con el contingente de más de 40 organizaciones que han respondido a la convocatoria  de CABE (Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad) para formar una coalición de consenso en contra de la aprobación de los proyectos de ley para la mal llamada igualdad religiosa y el relacionado con las terapias reparativas o de conversión.  Se trata de los proyectos del Senado 1253 y 1254, respectivamente.  Las piezas legislativas tienen sus equivalentes en la Cámara de Representantes.    

En la columna del pasado mes de abril (“A Dios Rogando y con el Mazo Dando”), comenté la intromisión del fundamentalismo religioso en los poderes ejecutivo y legislativo, particularmente la propuesta para limitar el derecho al aborto y el proyecto del Código Civil de Puerto Rico.  El gobernador vetó el primero, la Cámara le pasó por encima al veto y el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz está esperando encontrar el voto que le falta para hacer lo mismo.   Fue el Primer Ejecutivo quien envió ambas propuestas a la Legislatura haciendo referencia a un llamado consenso en la conferencia de prensa en la que los dio a conocer.   El veto del Dr. Ricardo Roselló a la legislación para limitar el aborto le trajo grandes críticas de las voces más conocidas y reaccionarias de los sectores religiosos.   Esta fue la forma contentarlos.  Ambas medidas son sumamente peligrosas.   La primera porque permite a las personas y organizaciones, inclusive entidades privadas, que invoquen sus creencias religiosas para discriminar por género, orientación e identidad sexual, inclusive por raza, y por pertenecer a otras religiones no cristianas y no tradicionales.  El segundo porque nos lleva de vuelta a la barbarie al partir de la premisa de que la orientación e identidad sexual distinta es una enfermedad mental que puede curarse mediante terapias.  Que no lo son ha sido reconocido por organismos internacionales de derechos humanos, por lo que no hay nada que sanar.  Prestigiosas y reconocidas organizaciones profesionales de la conducta en todo el mundo han afirmado que las terapias reparativas para que las personas “dejen” de tener una orientación o identidad sexual no binaria, no heterosexual, constituyen tortura y  pueden afectar emocional y mentalmente a quienes las reciban, causándoles daños permanentes e inclusive colocándoles en riesgo de suicidio.  El proyecto prohíbe a profesionales de la psicología, la psiquiatría, del trabajo social ofrecer las terapias, pero no a las iglesias o de otras profesiones.  Además, les permite a las familias imponérselas a menores de edad.  

La Senadora Zoé Laboy celebró vistas públicas para atender el proyecto de “Libertad Religiosa”.  Con excepción del Departamento de Justicia y de Salud, las demás ponencias fueron en contra de la propuesta.  La representante María Milagros Charbonier que tiene a cargo el trámite de la misma pieza en la Cámara se había negado inicialmente a celebrar vistas, pero cambió de parecer para darle oportunidad al sector religioso, del cual ella es parte, de respaldarla.  Sin embargo armó un escándalo de marca mayor al negarse a recibir las presentaciones de la Unión Americana de libertades Civiles (ACLU) y de CABE de la forma en que las dos organizaciones las habían estructurado.  Perdió la compostura y le salió el talante de abusadora del poder.   Las compañeras y compañeros de ambas organizaciones decidieron retirarse, a pesar de que la legisladora cambió de parecer cuando se percató de lo mal que había quedado ante  los medios de comunicación. 

Es por legislaciones y políticas públicas como las antes señaladas que constituye un deber demostrar apoyo y solidaridad a la comunidad LGBTTQI…  Actuaciones arbitrarias y discriminatorias como las de la Lic. Charbonier o las de el presidente del Senado, Rivera Schatz, tienen que ser denunciadas.  El proyecto de las terapias de conversión está dirigido específicamente a ese sector poblacional y son las niñas, niños y jóvenes los más vulnerables porque otras personas toman  decisiones a nombre de su bienestar.  Lo que les motiva realmente es su ideología religiosa, recalcitrantemente machista y reaccionaria.  Todos los días libramos batallas por la equidad, por la justicia, por la construcción de una sociedad cuyo norte sea la celebración de la diversidad que somos, con un junte de talentos, inteligencia, voluntad y buena energía que nos hace fuertes.

Es por eso que regresé contenta a casa para escribir este artículo, empapada por el gran aguacero en que se convirtieron las lloviznas de la mañana.  En vez del sombrero debí llevar la sombrilla.  Me imagino que la optimista familia que iba para la playa habrá encontrado una alternativa de diversión.  Después de todo, contaban con las mejores herramientas, el buen humor y tenerse unas a otros.