Por Giancarlo Vázquez/CLARIDAD 

gvazquez@claridadpuertorico.com 

Dentro de un mes concluye otro año fiscal para la Universidad de Puerto Rico (UPR). A partir del primero de julio, se efectuará un nuevo recorte al presupuesto de la Universidad, que amenaza las condiciones de trabajo para los empleados del sistema y que limita la accesibilidad a una educación superior pública. 

En octubre pasado, la Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó por decisión unánime un plan fiscal que recorta $541 millones a la UPR en los próximos cinco años. Como parte de las medidas para contrarrestar los efectos de ese recorte, el plan sugiere la congelación de plazas, la consolidación de recintos, un aumento de $124 por crédito de nivel subgraduado, recortes a las pensiones del Sistema de Retiro UPR y al plan médico, la liquidación por días de vacaciones, de enfermedad y más. 

Según el último Plan Fiscal Revisado, sometido por la UPR a finales de abril, “la Universidad ha ejecutado medidas que tendrán un impacto total de $629.85 millones en los próximos cinco años, o el 53.3% del objetivo de cinco años en comparación con el Plan Fiscal Certificado”. 

Pero los recortes continúan y, aunque algún tiempo atrás, el presidente de la universidad Jorge Haddock Acevedo se pronunciaba a favor de las decisiones tomadas por la JCF sobre la UPR, de un momento a otro, no ve razonable que el ente federal creado bajo la ley Promesa continúe haciéndole recortes al primer centro docente del país. 

“No soportamos un recorte más. Nosotros hemos sido bien responsables. Hemos tenido unos recortes sustanciales este año y ya tenemos hasta el momento el presupuesto balanceado. Ponernos en este momento recortes adicionales cuando nosotros estamos trabajando arduamente, yo no lo veo viable o razonable”, dijo Haddock a El Vocero. 

Y así como continúan los recortes, también el despilfarro. Considerando lo mencionado anteriormente, cabe recordar los reclamos de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) sobre la ceremonia de investidura del presidente. 

“Motu propio”

Las ceremonias de investiduras son una práctica medieval en la que se reconocen los méritos de una persona y su transición al poder de una institución. Aunque en pleno Siglo XXI se siguen practicando, este tipo de actividad ha dejado de realizarse por el mal sabor que dejan. 

La UPR nunca antes había presenciado una actividad de este carácter. Al menos, eso nunca ha sido una tradición de la institución. Sin embargo, el presidente ha solicitado un reconocimiento para sí mismo con la excusa de que esto ayudará a mejorar la reputación y a la credibilidad de la Universidad, “motu proprio”. 

La presidenta de la HEEND Jannelle Santana criticó las pretensiones del presidente, que después de casi un año en el puesto “ahora quiere hacerse ceremonia para alimentar su ego…” Todo un despilfarro de dinero en el momento hasta ahora más crítico para la Universidad. 

“Tenemos conocimiento de que hay un comité que él creó con un grupo de personas, incluyendo rectores, que están a cargo de esta ceremonia”, dijo la líder sindical a CLARIDAD. 

Aunque se desconoce el costo total de esta actividad, se estima que el costo de cada toga ronda los $3 mil. Santana mencionó que para la ceremonia “se mandó a hacer un medallón en oro de la UPR y la toga que él (Haddock) va a usar para las graduaciones; también, la compra de tres togas adicionales, incluyendo la del presidente de la Junta de Gobierno. Todas las togas tienen los grados terminales de cada una de esas personas, chebrones en oro blanco, el logo de la universidad en relieve…” 

 La investidura va a ser en el Teatro de la Universidad y el pasaje de los invitados que vengan de fuera del Puerto Rico será costeado por la UPR. 

“Mientras se aumentan matrículas, quitan exenciones, reducen beneficios a los empleados y las aportaciones al plan médico, tenemos una Administración Central que no está viviendo la crisis de la manera que la estamos viviendo los recintos. Para ellos no hay crisis, sino gastos excesivos”, manifestó. 

El despilfarro en Administración Central no se compara con la realidad que están enfrentando los recintos, que sufren en gran parte el impacto de los recortes determinados por la Junta de Control Fiscal y avalados por la Junta de Gobierno de la UPR y el presidente. 

Un capricho ideológico 

A principios de mayo, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) presentó una demanda planteando que la JCF se excedía en sus poderes al intervenir con el Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR. El Fideicomiso es autónomo e independiente y “en ningún ordenamiento jurídico está contenido que ellos puedan intervenir con respecto a eso”, sostuvo presidente de la APPU Ángel Rodríguez.

Además, esa asociación demandó al presidente de la universidad y a la Junta de Gobierno por incumplir con su deber fiduciario, ya que no se han realizado los pagos al sistema de retiro, que le corresponden a la universidad como patrono, lo que a su vez ha permitido el deterioro de la estabilidad económica del fideicomiso. 

“Esto incide en el presupuesto porque se va acumulando una deuda que, cuando comienza un nuevo presupuesto, de igual manera se corre para el próximo año fiscal”, dijo Rodríguez. Es decir, se le sigue adeudando al retiro. 

La Junta de Retiro de la UPR ha sostenido reuniones con la directora ejecutiva de la JCF Natalie Jaresko para demostrar la solvencia del sistema, el funcionamiento de las inversiones y todo lo referente al Retiro UPR. Aunque la Junta está de acuerdo con la información que se le ha suministrado –según mencionó Santana– y, por ende, con que el sistema funciona, el ente federal mantiene su posición de cambiarlo de un sistema de pensiones con beneficios definidos a unas cuentas de ahorro individuales, mejor conocidas como 401k. 

Santana, describió los cambios en el sistema de retiro como un “capricho ideológico” por parte de la Junta. 

Por otra parte Rodríguez añadió que “la UPR no aguanta más recortes. El nuevo presupuesto que comenzaría a partir del primero de julio promueve un recorte de $83 millones adicionales, además de los recortes que ya se habían realizado, lo que incide en los programas académicos, las contrataciones, en los pagos al sistema de retiro, etcétera”.

“A pesar de que nuestro reclamo ha sido siempre que se regrese a la fórmula del 9.6%, ahora le estamos pidiendo que, por lo menos, los $83 millones que están presupuestados como recorte no se recorten. Esto lo que implica es la no planificación de la universidad”. 

Más información sobre el sistema de retiro de la UPR en las páginas 26 y 27.

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto @claridadpuertorico.com

Alertando de que la Junta de Control Fiscal “quiere traer a los municipios las medidas de austeridad que tanto dolor han creado en el país”, la alcaldesa del Municipio de San Juan (MSJ), Carmen Yulín Cruz, impugnó en el Tribunal Federal la constitucionalidad de la determinación de la Junta de certificar a su municipio como entidad cubierta bajo la jurisdicción de la Ley Promesa. 

En la reunión pública del 9 de mayo, la JCF anunció que designó como entidades cubiertas por la Ley Promesa a los 78 municipios, con el objetivo de “asegurar la viabilidad fiscal de los municipios a largo plazo”.

“La experiencia del país con la Junta de Control Fiscal es que la Junta le quita al pueblo puertorriqueño para pagarle a los bonistas. No hay razón para pensar que la nueva intromisión de la Junta con los municipios, que ya cubre a los 78 municipios, tenga resultados diferentes a lo que ha sucedido en el Gobierno central”, denunció la alcaldesa en conferencia de prensa, donde dio a conocer sobre la radicación de la demanda en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, el llamado Tribunal federal.

Cruz Soto trajo a la atención la situación de su municipio y la de otros. El Municipio de San Juan recibe del Gobierno central única y exclusivamente $80,500 000 anuales de la Ley 52 (Ley de Municipios). Cuando ella comenzó como alcaldesa, el municipio recibía $ 2,790, 730. Agregó que el MSJ, como el resto de todos los 78 municipios, tiene sus préstamos pagados y prepagados; contrario al Gobierno central que, aun cuando recibe el $1.03% de los ingresos de los municipios por medio del CRIM, lo que representa $116 millones anuales, no está pagando la deuda, cuando se supone que ese dinero está destinado para el pago de la deuda. “Los 78 municipios tienen sus préstamos pagados y prepagados porque así se los exige la ley”, recalcó.

Añadió que lo otro importante que hay que saberes que mientras el MSJ ha hecho ajustes en su presupuesto, el Gobierno central sigue utilizando a los municipios para pagar el sistema de retiro. Precisó que cuando llegó al Municipio, pagaba $26.9 millones para las pensiones de los empleados, y que ahora, teniendo menos gente, paga $54.7 millones; un aumento de 1.9%. 

La alcaldesa de la Ciudad Capital manifestó que las determinaciones de la JCF son en complicidad con el Gobierno central. En esa línea, denunció que aun cuando la JCF dijo que iba a implementar un plan piloto para los primeros diez municipios, el 9 de mayo publicó un anunció solicitando propuestas para contratar una firma para desarrollar los planes fiscales de los municipios y para el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Además, en esa misma fecha le envió al gobernador Ricardo Rosselló Nevares una carta en la que se detalla el plan de intervención para los 10 municipios seleccionados, comenzando con que el Gobierno debe presentar del plan fiscal del CRIM este siete de junio. La Alcaldesa señaló, entre otras denuncias, que la intervención de la JCF sobre los municipios va dirigida a aumentar los impuestos del CRIM.

A pregunta de CLARIDAD, tampoco descartó que la intervención de la JCF en los municipios, en complicidad con el gobernador, tenga la intención de tratar de imponer el modelo de los condados, ya que el gobernador se encuentra con la zancadilla del Senado, que ha dicho que la legislación para eliminar municipios no va a pasar.

“Ante esto, hay dos caminos: consentir o confrontar. En San Juan la decisión siempre ha estado clara: no hay espacio para colaborar con los enemigos de San Juan y con los enemigos de Puerto Rico. No vamos a consentir que la JCF secuestre el poder de nuestra gente a nivel municipal, como ya ha ocurrido en el Gobierno central, con la anuencia del gobernador”, afirmó la Alcaldesa.

En tanto, el representante legal del Municipio, licenciado Charlie Hernández, expuso que la demanda se presentó bajo tres parámetros. El primero, que al adoptar la Ley Promesa, el Congreso incurrió en una delegación excesiva de su poder y no le dio parámetros racionales a la Junta, como lo requiere la normativa federal. Segundo, que la determinación de intervenir sobre las finanzas del MSJ carece de base racional, ya que la aportación del Gobierno central al municipio no tiene un impacto sustantivo en las finanzas del Gobierno central. Tercero, que a la luz de la declaración del Tribunal Apelativo del Primer Circuito de que los nombramientos de la Junta son inconstitucionales, esta carece de autoridad legal para tomar determinaciones.

Al momento de su radicación, el caso fue designado a la sala del juez Delgado; pero el licenciado Hernández no descarta que el caso sea referido a la sala de la juez Laura Taylor Swain, quien es la designada para atender todos los casos relacionados con la Ley Promesa.

Por Denis Márquez Lebrón/Especial para CLARIDAD

La única razón que necesito para explicar por qué soy independentista es sencilla, porque en Puerto Rico deben mandar las y los puertorriqueños. Sin embargo, sé que es importante abundar sobre las razones objetivas de los beneficios de la independencia. Para ello, comparto este segundo artículo sobre las herramientas que nos brinda la independencia para el desarrollo social y económico del país.

Sólo la independencia nos provee los poderes soberanos necesarios para proteger nuestra industria, comercio y agricultura; para lograr acuerdos con otros países –incluyendo los Estados Unidos– que promuevan la inversión de capital que nos permita desarrollar nuestra economía, así como acuerdos que amplíen mercados a nuestra producción manufacturera, agro–industrial, agrícola y de servicios. Por ello, es conveniente –para Puerto Rico y los Estados Unidos– acordar un tratado de amistad y cooperación, que provea un proceso de transición para transformar nuestra economía de dependencia, a una de producción y trabajo, incluyendo libre comercio entre ambos países.

Contrario a lo que muchos creen, nuestra extensión geográfica no es un obstáculo para el desarrollo económico. Se pueden lograr niveles altos en los indicadores de salud y educación en naciones pequeñas, sin que se tengan los mismos niveles de desarrollo económico de países industrializados. Aquellos que cuestionan la viabilidad de nuestra independencia utilizando ejemplos negativos de países vecinos, esconden que Puerto Rico se parece en su estructura socioeconómica más a Costa Rica y otras naciones pequeñas de las Antillas Menores, que nos rebasaron ya en los indicadores de desarrollo económico y humano. En síntesis, lo importante para un país es su capacidad para utilizar efectivamente sus recursos humanos, naturales, geográficos, culturales y su capacidad institucional y política, que se logra mediante el ejercicio de la soberanía plena.

En este nuevo mundo de economía globalizada, el sistema colonial ha colapsado y los Estados Unidos para no reconocer esa derrota han mantenido artificialmente nuestra economía, mediante transferencias federales, lo que la ha convertido en una economía de extrema dependencia. Por tanto, la colonia no puede ser la solución al problema. Por otro lado, la estadidad empeoraría nuestro problema económico, ya que continuaríamos perdiendo empleos y aumentaría dramáticamente el desempleo y la tasa de participación laboral. EI problema de la dependencia aumentaría vertiginosamente, al tener que proveer el gobierno federal aún más fondos federales que al presente.

La independencia incrementa las opciones de progreso económico. Cabe destacar por ejemplo, países como Costa Rica y Uruguay, para mencionar dos naciones pequeñas, que advinieron a la independencia más o menos cuando lo hicieron algunos países del Caribe, y ciertamente han alcanzado unos logros en calidad de vida que son muy superiores a los de Puerto Rico. Al igual que a las trece colonias británicas, en su momento les convino la independencia para convertirse en la República de los Estados Unidos de América, Puerto Rico no debe dudar que la soberanía política nos permitirá un uso más provechoso de los recursos humanos, sociales e infraestructurales que ya se han desarrollado muy limitadamente bajo la colonia. Pensar que con la independencia nuestra población volverá a los niveles de analfabetismo que tuvimos a principios del siglo XX, o que por arte de magia nuestras tuberías de agua y líneas eléctricas desaparecerán, o que se van a enrollar las vías públicas, o se van a desmontar las universidades del país, es subestimar irracionalmente la capacidad de nuestra gente, no ya de progresar, sino de tan siquiera retener conocimientos adquiridos y logros alcanzados.

Bajo el escenario de la República de Puerto Rico podríamos, no sólo sostener, sino mejorar significativamente el desarrollo industrial–manufacturero. Esto se debería principalmente a la capacidad de ampliar fuentes de capital y mercados extranjeros, a la vez que se facilita el desarrollo de la empresa de capital local. Por ejemplo, bajo las disposiciones aplicables del Código de Rentas Internas federal y los tratados contributivos que el gobierno de Estados Unidos acostumbra firmar con naciones amigas, las compañías norteamericanas establecidas en países extranjeros suelen obtener beneficios contributivos.

Es importante destacar que en tiempos modernos el gobierno de Estados Unidos ha rechazado los esquemas de subsidios basados en incentivos contributivos y utiliza con mayor eficacia los acuerdos bilaterales y multilaterales amparados en la soberanía de los países con los cuales negocia. Además, bajo la independencia Puerto Rico podría atraer más eficazmente capital industrial a través de tratados similares a los que países como Alemania, Francia, Gran Bretaña, Canadá y Japón, entre otros, acostumbran firmar con naciones soberanas en desarrollo. Dichos tratados usualmente proveen incentivos contributivos que solo podemos negociar mediante el ejercicio de nuestra soberanía plena, que no es otra cosa que la independencia.

Por carecer de soberanía plena no hemos podido firmar ningún tratado de esa naturaleza, y no hemos podido aprovechar las oportunidades de desarrollo que esos países nos ofrecen. La independencia también permitiría revitalizar las industrias de capital local en la manufactura, agricultura y servicios. Al asumir jurisdicción nuestro gobierno sobre el comercio internacional del país, podrían protegerse las industrias locales en sus etapas incipientes como lo hacen todas las naciones libres del mundo. Además, podría abaratarse el costo de insumos industriales o de bienes y servicios de todo tipo que actualmente hay que comprar a precios altos en los Estados Unidos. Los costos de transportación de mercancías también se abaratarían. Según las leyes de cabotaje de Estados Unidos que nos aplican por la condición colonial, nos vemos obligados a usar la marina mercante estadounidense, que es la más cara del mundo. En la independencia podríamos usar barcos más baratos de otros países para la transportación de materias primas y productos semielaborados y terminados. Esto reduciría dichos costos en cerca de 40% y mejoraría la capacidad de nuestras industrias para competir en el mercado de Estados Unidos.

Finalmente, mediante tratados comerciales podría facilitarse también el acceso a otros mercados por parte de nuestras empresas, las cuales actualmente son consideradas como empresas norteamericanas para propósitos de terceros países. Esta es una dimensión que ampliaría sustancialmente nuestra capacidad productiva y fomentaría los vínculos de Puerto Rico con el resto de las naciones que desde hace décadas comercian entre sí y se benefician de los poderes que sólo son posibles al utilizar eficientemente la plena libertad política al amparo de su independencia nacional.

Por el gran potencial de desarrollo que significa que logremos nuestra independencia, es que los que se han enriquecido con la colonia han creado el discurso derrotista del “que nos haríamos sin los americanos”.  Cuando la realidad es que la independencia es la única solución para lograr el desarrollo económico que nos impulse a convertirnos en una nación prospera y alcanzar la justicia social.