Por Manuel de J. González /CLARIDAD

Según la narrativa oficial, sólo 16 de los 78 municipios de Puerto Rico sufrieron daños por los terremotos del 6 y 7 de enero de 2020 y las réplicas que han seguido. En cinco de ellos – Guánica, Guayanilla, Yauco, Peñuelas y Ponce – se produjo el derrumbe de estructuras y el desplazamiento de miles de personas hacia refugios improvisados. Muchos de los que abandonaron sus viviendas y se fueron a refugios, o acampan en carpas junto a vecinos, no tienen sus casas afectadas, pero el temor a los continuos temblores los mantiene lejos de ella. En los otros 11municipios incluidos en la declaración de desastre los daños no tuvieron la magnitud de los cinco mencionados. Los 62 que no se incluyeron en la declaración de emergencia, entre los que están las principales ciudades de Puerto Rico, no sufrieron daños. 

Tras el más fuerte de los terremotos, el del 7 de enero, todo el país quedó sin energía eléctrica. La recuperación fue lenta y cargada de escollos producto de la siempre presente incompetencia, pero a las dos semanas ya se había restablecido. Desde entonces hay apagones ocasionales, pero eso no es nada nuevo para la mayoría desde 2017. 

Si la tragedia se cebó completa en cinco de los 78 municipios y de manera parcial en otros once, ¿por qué el ambiente de desolación y crisis arropa el país? A veces, por lo que se dice y se hace, parece que estamos en los meses posteriores al 20 de septiembre de 2017, cuando el “democrático” huracán María fastidió a todos los puertorriqueños. 

En el momento en que escribo este artículo, ya en los primeros días de febrero, la inmensa mayoría de las escuelas públicas no ha iniciado operaciones. Municipios como Humacao, ubicado en el extremo opuesto de la isla, el más apartado del epicentro de los terremotos – y donde no se reportaron daños – la cantidad de escuelas operando es mínima. En Guaynabo, al norte y también sin daños, hay dos escuelas trabajando. Ese es el mismo cuadro de los 62 municipios no incluidos en la declaración de desastre debido a la ausencia de daños importantes. 

Cuando el sistema educativo se paraliza, la onda expansiva de efectos es bien amplia y no sólo porque los niños y niñas ven su educación interrumpida. Los miles de personas que trabajan en la trasportación escolar permanecen desempleados y los comercios que operan cerca de los centros educativos, que tienen a los escolares como sus principales clientes, se quedan sin negocio. Estos son sólo dos ejemplos del efecto nocivo que se produce en la economía cuando se paraliza un sistema que tiene sobre trescientos mil estudiantes y más de 30 mil maestros, sin hablar de los empleados de mantenimiento, de comedores y los responsables de trasportación.

Esta realidad solo se explica por la irritante y siempre indignante incompetencia gubernamental que se alimenta de la politiquería y la corrupción. Primero tuvimos el efecto del apagón eléctrico que no fue producido por el temblor, sino por el estado calamitoso de la AEE. Aunque el sismo sólo había derrumbado estructuras en el suroeste, el apagón paralizó todo el país por varios días y muchos sectores por más de una semana.

Todo gobierno debe saber que tras un terremoto debe procederse de inmediato con la revisión de las estructuras, particularmente aquellas que albergan mucha gente, como las escuelas. Esa acción debió estar encaminada al día siguiente del remezón, como sucedió en Cuba y Jamaica hace unos días luego de sentir un temblor más fuerte que el sufrido aquí. Pero el Gobierno de Puerto Rico tardó dos semanas para empezar a organizar el proceso de inspección y ya llegó el mes de febrero sin que termine. 

Esa inspección no sólo es tardía, sino que, como siempre, ha estado matizada por la busconería. Para efectuar las inspecciones había que contratar a empresas y personas “de la casa”, ligadas al partido de gobierno y, más en concreto, a las aspiraciones eleccionarias de Wanda Vázquez, nuestra gobernadora de ocasión. Ese requisito, además de incidir en la tardanza, ha arrojado dudas sobre el trabajo realizado y muchos padres de estudiantes se niegan a enviar sus hijos a escuelas cuya estructura permanece bajo sospecha porque fue efectuada por personas sin competencia, como una “arquitecta” sin título que operó en el área oeste. 

Otra de las razones que explican el atraso y la persistente sensación de crisis es el desmantelamiento que se produjo en el gabinete gubernamental poco tiempo después del terremoto. Por el accionar de Wanda Vázquez no sólo se produjo la caída del director del Negociado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo, sino también la de los responsables de dos importantes departamentos, el de Familia y el de Vivienda, ambos directamente implicados en la respuesta al sismo y, más importante aún, en la recuperación. Como ya sabemos, el despido de Glorimar Andújar, titular de Familia, y de Fernando Gil, responsable de Vivienda, fue un acto de venganza de Vázquez, que aprovechó la crisis para sacar de su entorno a dos infieles. Ni Andújar ni Gil estaban apoyando los esfuerzos eleccionarios de Vázquez y la primera había despedido a una de sus protegidas, quien estaba a cargo de orquestar la politiquería con las ayudas a los afectados. 

Ese cuadro es lo que nos explica por qué un país que sólo tiene 16 de 78 municipios afectados por una emergencia, entre los cuales sólo hay uno con gran población, Ponce, siga con su sistema educativo virtualmente paralizado casi un mes después del evento. Nuestra crisis no nace de la cadena de sismos, sino de otra cadena que nos ata desde tiempo inmemorial: la de un gobierno colonial torpe y corrupto. 

Por Giancarlo Vázquez López / CLARIDAD 

gvazquez@claridadpuertorico.com 

La Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) está celebrando vistas públicas sobre los aumentos a las tarifas solo por cumplir con la ley. 

Las primeras vistas se anunciaron en julio de 2018. En septiembre de 2019, las segundas. En ambas ocasiones no hubo cambios en las tarifas. A finales del pasado mes de enero se efectuaron nuevamente dos vistas. El único tema nuevo fue la mudanza de los dos terminales, acciones que –según el doctor Jorge Fernández Porto– ya están decididas por el Gobierno. 

Los aumentos incluyen 22 categorías con sus respectivas tarifas en las que se identifica cuál será el costo para los usuarios de las lanchas, sujeto a las tarifas aplicables a cada pasajero o cliente. 

La ATM insiste en que los residentes de las islas municipio no se verán afectados por el alza. Sin embargo, los cambios en las tarifas de vehículos, carros pequeños y medianos, pickup trucks, vans y vehículos de construcción van a afectar los precios de los servicios y mercancías que reciben. 

En todo este tiempo, viequenses y culebrenses han reclamado no haber tenido acceso a los documentos, datos e información que se relacionan con las nuevas tarifas. 

Por lo anterior, el licenciado Federico Delgado Torres advierte en su ponencia para la vista pública del 24 de enero de 2020 en Vieques que: “Cualquier decisión o tarifa que la ATM adopte en virtud de esta vista pública carece de validez legal. Los principales usuarios del sistema de transportación marítima, entiéndase los puertorriqueños residentes en las islas municipio, han sido privados de examinar e inspeccionar cualquier documento, memorando, estudio financiero o económico que la ATM utilizó para adoptar el sistema tarifario propuesto”. 

Estas tarifas tampoco han sido evaluadas por la Junta de Control Fiscal (JCF). Delgado Torres explica que, en ese sentido, la ATM, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la gobernadora carecen de la facultad legal o legitimidad política para poner en vigor las nuevas tarifas, sin la previa aprobación de la JCF. 

El licenciado concluye que cualquier empresa privada en o fuera de Puerto Rico que incurra en obligaciones contractuales con la ATM mediante una APP (alianza público-privada) estaría entrando en un negocio jurídico nulo y contrario al estado de derecho que existe en Puerto Rico desde que entró en vigor la ley PROMESA. 

Trato injusto y oneroso 

Por otra parte, el aumento de tarifas es discriminatorio para con los puertorriqueños residentes en los restantes 76 municipios. En el estudio realizado por Steer Davies Gleave (SDG), y que fue el fundamento de la ATM para justificar el aumento de tarifa,  este grupo poblacional predominante del turismo puertorriqueño es meramente una variable. 

No obstante, un memo emitido por SDG reconoce la importancia de este sector para el turismo, al señalar que el número de pasajeros que viajan a las islas alcanza su punto más alto en julio “when many Puerto Ricans take vacations”. 

Todos los ciudadanos residentes en Puerto Rico tienen las mismas obligaciones que son inherentes a su estatus de ciudadano. Por lo tanto, esto implica “un trato injusto y muy oneroso hacia los habitantes que no residen en Vieques o Culebra, pero que tampoco son turistas procedentes de Estados Unidos, Canadá, Europa, o cualquier otro país”, sostuvo Delgado Torres en su ponencia. 

Puerto Rico Fast Ferries 

La ATM tiene solo dos embarcaciones. Una para pasajeros y el ferry de carga, que alterna sus viajes a diario entre Vieques y Culebra. Puerto Rico Fast Ferries no ha transportado un solo vehículo a Vieques durante ese periodo, descontando el camión para la boda. 

La compañía contratada por $25 millones tampoco ha hecho un viaje de pasajeros a Vieques en meses. La ATM no ha explicado el porqué. Según señaló Fernández Porto en su ponencia el 24 de enero, en Vieques, el dinero para contratar a la compañía —cuyo horario de trabajo, servicios e incluso sus embarcaciones son limitadas— ha salido esencialmente de la reducción presupuestaria de la ATM. 

La corporación pública lleva año y medio anunciando su intención de aumentar las tarifas de transporte marítimo. En ese transcurso se han hecho recomendaciones que el examinador sometió a partir de las vistas y sobre las cuales la ATM no ha informado o publicado nada al respecto. Entre estas: 

• Tarifa reducida a miembros  del núcleo familiar que no residan en las Islas de Vieques y Culebra, pero que visitan frecuentemente a sus familiares cercanos. 

• Mecanismos para que ATM pueda acoger solicitudes de grupos de visitantes a las islas de Vieques y Culebra, voluntarios, entidades sin fines de lucro y atletas en competencias, para que se les pueda autorizar una tarifa a descuento. 

• Sistema de identificación para residentes y no residentes de las islas y que el gobierno municipal de cada isla se involucre para reconocer cuáles son sus residentes. 

• Identificación de trabajadores y comerciantes que, aunque no residen se trasladan regularmente a las islas, a fines de hacerle extensivas las mismas tarifas que aplican a los residentes de Vieques y Culebra o una tarifa a descuento. 

• Sistema de boletería más eficiente en que se utilice tecnología actualizada. 

Por Cándida Cotto / CLARIDAD 

gvazquez@claridadpuertorico.com 

La gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Junta de Control Fiscal nos condenan a un 50% de aumento en la factura por electricidad por los próximos 47 años, así como el Plan Integrado de Recursos nos obliga al uso de combustibles fósiles. Este es el acuerdo de pago de la deuda al que se pretende someter al pueblo de Puerto Rico por el esencial servicio de energía eléctrica.

Diversos sectores continúan organizándose en contra de ambas determinaciones. En cuanto al acuerdo de la deuda negociado por la JCF, el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda (FCAD) dio a conocer la creación de una petición, abierta a firmas del público general, para ser enviada a La Fortaleza, la Legislatura, la JCF y a la Jueza Laura Taylor Swain. 

La portavoz del FCAD, licenciada Eva Prados Rodríguez, censuró en comunicado de prensa el que JCF en su afán de pagarle a los bonistas y privatizar la AEE, a la JCF no le importe “acabar con nuestra economía y llevar nuestro pueblo a la miseria. Ahora pretende pasarnos el pago de la deuda de la AEE, que tampoco ha sido auditada, con un cargo adicional en la factura por los próximos 47 años, que implicaría un aumento hasta un 50% en uno de los servicios más esenciales que tenemos: la luz. Este acuerdo es un acto criminal por parte de la Junta, avalado por la gobernadora Wanda Vázquez, con impactos económicos y sociales sin precedentes. Hacemos un llamado a la ciudadanía a movilizarnos y mostrar nuestro rechazo a este acuerdo, comenzando con la firma de esta petición, que no toma ni un minuto”.

La petición hace énfasis en los efectos adversos que el acuerdo —que le fue presentado a la juez Swain— puede tener en el bolsillo de la gente y la población más pobre de Puerto Rico, que estaría utilizando cerca del 42% de sus ingresos para el pago de electricidad. También se advirtió de que esta deuda tampoco ha sido auditada, que informes preauditoría señalan irregularidades en esas emisiones y que esa deuda incluye préstamos hechos para proyectos que nunca fueron construidos.

En tanto, el licenciado Luis José Torres Asencio, de la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda (CCAD), también reparó en que el acuerdo propone seguir pagando por deuda que nunca ha sido auditada. Recordó que un Informe preauditoría publicado por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público indicó que muchas de las emisiones de bonos de la AEE fueron hechas en violación a una cláusula que limitaba cuánto dinero dicha entidad podía tomar prestado, por lo que podrían ser nulas. “Por muchos años, la AEE infló sus cifras de recaudos, incluyendo las deudas de electricidad de entes gubernamentales y municipios, pese a que estas no se pagaban. Esto lo hacían con el fin de poder seguir emitiendo bonos. Los bonistas que compraban esta deuda lo hacían con conocimiento de que la AEE estaba inflando sus recaudos de esa manera. Sin embargo, ahora pretenden que sea el pueblo quien le pague la deuda. Esto es una estafa y no puede permitirse”, expresó.

El Frente indicó que la meta es alcanzar por lo menos 50,000 firmas, tal como lo logró en el pasado a favor de la auditoría y en contra del acuerdo de COFINA, para llevarlas a la Fortaleza, la Asamblea Legislativa, la JCF y a la Jueza Laura Taylor Swain. “Sabemos que este proceso de quiebra está diseñado para excluir al pueblo, pero no lo vamos a permitir. Nuestra voz se hará sentir.” concluyó Prados. Las personas pueden firmar la petición en la plataforma Change.org, bajo “No al acuerdo de AEE” o en el enlace https://chng.it/ww9yhFZ7.

Por otra parte, diversas organizaciones comunitarias ambientales integradas en la Alianza Energía Renovable Ahora (AERA) urgieron a la AEE a que cambie el énfasis del PIR en gas natural por energía renovable. Tras los recientes sismos en la Isla, hay que añadir la urgencia de que se tome en cuenta la fragilidad del sistema eléctrico ante desastres naturales y el cambio climático. Las organizaciones que son parte interventora en el proceso del PIR ante el Negociado de Energía (NEPR) calificaron que el proceso llegó a una etapa crucial con el inicio de las vistas evidenciarías este lunes tres de febrero.

La Alianza dio a conocer que, según el estudio realizado por la organización Germanwatch, Puerto Rico ocupa el primer lugar de los países más afectados en el mundo por desastres naturales y el cambio climático. 

“Vergonzosamente, tenemos una AEE y su consultora, Siemens, que no toman en consideración en su plan para el futuro energético de Puerto Rico a ninguno de los dos. El pueblo puertorriqueño ha sufrido demasiado por la falta del derecho básico a la energía eléctrica. Es hora de que la AEE deje atrás el sistema de energía arcaico, sucio, inseguro y costoso basado en combustibles fósiles, incluyendo el gas natural, y actúe seriamente en movernos hacia la energía renovable. En específico, la mejor opción es energía solar con el recurso de paneles en techos de viviendas y edificios para establecer comunidades solares, integrando el almacenamiento de energía con baterías. A esto se debe sumar la conservación y eficiencia energética. Es el deber legal y moral de la AEE”, expresó la licenciada Laura Arroyo, de Earthjustice y portavoz de AERA.

La reconocida activista Myrna Conty, miembro de Amigos del Río Guaynabo y la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, organizaciones que integran AERA, exhortó a la participación ciudadana en las vistas del PIR. Expresó preocupación sobre los posibles accidentes causados por explosiones de gas natural dado a la susceptibilidad a terremotos y huracanes en la isla, lo que pone en peligro la vida de los ciudadanos en Puerto Rico.

Las organizaciones que forman parte de AERA son: CAMBIO PR, Sierra Club Puerto Rico, Comité Diálogo Ambiental, Earthjustice, El Puente-ELAC, Campamento contra las cenizas en Peñuelas, Amigos del Río Guaynabo, Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste y Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente.

La AEE escogió el peor escenario

El director de política pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, en una reciente presentación a la prensa y mediante un artículo publicado en la página del CNE, cuestionó la decisión de la AEE respecto al modelo que propone el PIR. A juicio de Marxuach, el problema principal del PIR es que el escenario favorecido para la modernización del sistema parece estar predeterminado, en vez de ser el resultado de un proceso analítico de optimización.

Explicó que los consultores que prepararon el borrador del PIR, la compañía Siemens, analizaron varias Puerto Rico tendría 2.8 gigavatios (GW) de capacidad de generación solar y 1.4 GW de capacidad de generación con gas natural, a un costo estimado de $14,350 millones, sería el óptimo para Puerto Rico.

Sin embargo, reveló Marxuach, la AEE le exigió a Siemens que incluyera otro escenario, diseñado por la propia AEE, denominado Energy System Modernization” (ESM). Bajo este escenario, Puerto Rico tendría en el 2038 unos 2.6 GW de capacidad de generación solar y 2.2 GW de capacidad de generación con gas natural a un costo de $14,430 millones.

“Siemens recomienda este escenario, sin proveer una explicación clara, a pesar de que es más caro y muestra un claro sesgo a favor de los traficantes de gas natural, en violación de la política pública energética de Puerto Rico”.

Destacó que “peor aún, tanto Siemens como la AEE echan a un lado el escenario S3S2S8 bajo el cual Puerto Rico tendría en el 2038 unos 4.1 GW de capacidad de generación solar y 1.1 GW de capacidad de generación con gas natural, a un costo de $14,360 millones”. Reparó en que el documento no contiene una justificación clara para favorecer el ESM por encima de los otros dos escenarios descritos. Hay que cuestionar porqué la AEE insiste en abogar por un escenario que promueve la gasificación a unos niveles que son menos costo efectivos que otros escenarios factibles, que incluyen una cantidad mayor de generación con fuentes renovables”.