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Una jugada maestra de los Ferré Rangel

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

La manipulación de una encuesta puede ocurrir en cualquiera de sus etapas. Puede producirse al diseñar la muestra, aumentando o reduciendo el peso de determinado sector poblacional. En ocasiones, aunque la muestra sea representativa el traqueteo puede sobrevenir en el diseño del cuestionario – en las preguntas y las alternativas a seleccionar -, en el trabajo de campo o, finalmente, en el procesamiento y análisis de los datos. La mejor manipulación ocurre cuando la encuesta se hace, no necesariamente para medir un estado de opinión, sino buscando cómo intervenir en el proceso que la produce. 

Las encuestas que efectúa y produce el diario El Nuevo Día causan mucho impacto porque es una publicación de mucha circulación y, sobre todo, porque es la única que se hace y se publica. Ante un público ávido de noticias y lleno de expectativas, aparece con mucha fanfarria alguien a decirnos qué ocurrirá en el futuro, algo que siempre es tranquilizador. Se produce entonces el mismo impacto que genera la madama que lee las cartas o el astrólogo que interpreta las estrellas, pero en un medio que todavía tiene una lectoría de más de medio millón de personas y que, de ordinario, condiciona el debate público. 

Supongo que ya nadie en Puerto Rico cree que el diario El Nuevo Día (END) es o ha sido alguna vez una publicación neutral. Primero porque esa llamada “neutralidad” nunca ha existido para ningún medio de comunicación y, segundo, porque todos sabemos que es el principal instrumento de un grupo empresarial que siempre ha tratado de influenciar y controlar el proceso político puertorriqueño. Conscientes de que ese proceso político afecta sus intereses económicos, el Grupo Ferré Rangel (GFR) siempre ha sido uno de los actores más activos de la vida pública puertorriqueña. Todo lo que hacen, todo lo que publican y toda la discusión que generan tiene que ser vista preguntándonos cómo se afectan sus intereses. 



Ha sido, sin duda, una jugada maestra del GFR. Hasta hace dos semanas Bernier estaba arreglando muelas y buscando la manera de pagar la deuda de medio millón de dólares que su partido político le dejó sobre la mesa. Ahora, gracias a los “hallazgos” de la encuesta publicada con gran despliegue en END, está en la boca de todos, no por las muelas, sino como un hábil candidato a la gobernación por el PPD.

En estos tiempos donde los datos deben ponerse “on line”, para que los interesados puedan examinarlo, es muy difícil manipular una encuesta traqueteando con la metodología porque alguien se mete en los números y descubre el traqueteo. Pero, en cambio, resulta muy fácil manipularla decidiendo qué se pregunta, es decir, determinando cuáles alternativas se colocan ante el entrevistado. Eso es una decisión que en última instancia la toma la entidad o la persona que paga por la encuesta. Antes de que el técnico determine el método, el patrocinador decide qué quiere medir.

En el caso de la última encuesta publicada por El Nuevo Día, cuando se midió el apoyo que tenían las personas que compiten por la candidatura a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD) entre las alternativas que debía seleccionar cada entrevistado aparecía una persona que no era candidato: David Bernier. Hasta ese momento lo último que se sabía de Bernier era que estaba afanosamente dedicado a su práctica de la odontología, abriendo oficinas en varios municipios, y buscando la manera de pagar la deuda que arrastra desde las pasadas elecciones, cuando fue el candidato del PPD. A pesar de esa distancia, END lo puso como una de las alternativas de su pregunta sobre por quién votaría y con ello condicionó el resultado de la encuesta. 

Según el sondeo Bernier sería el único candidato que ahora mismo le podría ganar a Carmen Yulín Cruz en la carrera por la candidatura y ese, precisamente, era el mensaje que quería enviar el GFR. Este grupo empresarial conocía –y para ello no tenía que hacer ninguna encuesta– la extrema debilidad política del actual gobernador Ricardo Rosselló, quien era y sigue siendo su preferido. Ante este cuadro, es imperativo empezar a construir desde ahora otra alternativa “aceptable”, característica que para ellos no tiene la actual alcaldesa de San Juan. Considerando la debilidad de los otros candidatos, era muy difícil manipular la encuesta para poner al frente a uno de ellos. Además, esa manipulación no necesariamente cambia la realidad en cuanto apoyos y preferencias. Había, por tanto, que traer al ruedo a alguien que aún no está para, de paso, impulsar su llegada. 

Ha sido, sin duda, una jugada maestra del GFR. Hasta hace dos semanas Bernier estaba arreglando muelas y buscando la manera de pagar la deuda de medio millón de dólares que su partido político le dejó sobre la mesa. Ahora, gracias a los “hallazgos” de la encuesta publicada con gran despliegue en END, está en la boca de todos, no por las muelas, sino como un hábil candidato a la gobernación por el PPD. 

La jugada maestra de GFR tuvo el efecto de movilizar a todos aquellos que estaba buscando la manera de detener a Carmen Yulín Cruz, que eran muchos. Estos grupos estaban divididos y bastante confundidos ante la ofensiva política que ha estado impulsando la alcaldesa en las redes sociales y su caminar por la isla. Los confundía, además, saber que la precandidata, a diferencia de los demás, cuenta con el apoyo de grupos muy bien organizados en Estados Unidos, lo que le garantiza respaldo financiero. El mensaje que envió GFR a través de su encuesta cambió el panorama de la noche a la mañana. Ahora tienen claro quién es la persona que puede detener a Yulín, uniendo a la oposición, y todo se reduce a determinar la forma y manera de traerlo al ruedo. 

Parte de la estrategia de convencimiento será ayudarle a pagar la deuda que arrastra. Según me informaron recientemente, ese embrollo tiene muy preocupado a Bernier y es uno de los asuntos que lo mantiene al margen de las candidaturas de su partido. Todos sabemos, sin embargo, que una deuda de medio millón de dólares es algo de poca monta cuando están de por medio algunos grupos empresariales como, por ejemplo, el Ferré Rangel. 

La pesada herencia de la mojigatería

Por Reinaldo Pérez Ramírez

rei_perez_ramirez@yahoo.com

Siempre sentí que estaban sucediendo demasiadas cosas, todas juntas, que precisaban un esfuerzo sobrehumano … para hacerme cargo del instante. De ahí que no me anduviera con remilgos éticos cuando debía sacarme algo de encima, así, por las malas.”

(El Perro, en Relatos Reunidos)

César Aira

Los comentaristas de oportunidad no han perdido un minuto para “explicar” las razones a las que cada cual adscribe el por qué en las manifestaciones del 1ro de mayo de 2019, la participación ciudadana fue notablemente inferior a la de años anteriores, particularmente el año pasado. Generalizo aquí y comprimo las variadas hipótesis, que pueden resumirse en dos “momentos eureka” de los analizantes. No hubiese esperado tamaña descompensación intelectual de alguno de los comentaristas. Realmente, me sorprendí. Esto último fue lo que me motivó a invertir un poco de tinta y energía neuronal para -como el perro/personaje de Aira- …“sacarme algo de encima”… aunque en este caso, siempre por las buenas y nunca …” por las malas”.

Las “razones” apuntadas en el superficial magma analítico fueron, a saber: (1) la división en el seno del liderato y la base del movimiento obrero, y (2) …“el comportamiento premeditado, calculado y planificadamente violento y provocador de un pequeño grupo de participantes, que fue el responsable inmediato del desasosiego provocado el 1ro de mayo de 2017 y 2018”.1

Intuyo que el lector de este comentario está conmigo y con los analizantes en cuanto a que la primera razón, es decir, la división en el seno del movimiento obrero y su liderato constituyó ciertamente un factor para la escasa asistencia, sobre todo, mirando hacia adentro de sus matrículas. Concedo, además, que el faranduleo mediático superficial logró vender también la segunda razón apuntada, la de la violencia “calculada” de jóvenes que pudiesen ser –y lo son de algún modo poderosamente simbólico– nuestros hijos y nietos. Dicho sea de paso, ese aserto es un calco de la posición oficial del Gobierno, de la Policía, de la Junta de Supervisión Fiscal, de los banqueros de la Milla de Oro, de los representantes de los bonistas, de los grandes bufetes de abogados de aquí y de allá y del conglomerado mediático GFR.

Según este atormentado análisis, un grupo minúsculo de jóvenes manifestantes habrían provocado por sí solos que la gente de a pie se hubiese desmovilizado de un año para otro, precisamente en el momento en que el país sucumbe indefectiblemente ante el descarnado ejercicio del poder imperial representado por la Junta de Supervisión Fiscal, con el auxilio camuflado del gobierno colonial cómplice. Al fin y al cabo, Gobierno y Junta son los que provocan esa violencia, necesaria e ineludible, que no debería asustar a nadie.

La verdad es que la violencia real está en el sufrimiento de nuestros sectores populares ante la debacle en la que un país prácticamente indefenso observa cómo unos procónsules deciden destinar el presupuesto del mismo a pagar la deuda sin auditar nula, odiosa e ilegal a un grupo de bonistas en lugar de financiar los servicios esenciales del país.

Para cualquier ser humano pensante debería ser evidente que este atropellado, conveniente y simplista análisis es falaz. La complejidad y densidad del accionar humano en el tiempo no puede ser reducida a tales simplezas peregrinas, decoradas con el brillo falso de los medios que lavan la cara del paradigma del poder. Hasta lo perfuman. Por eso, no podía permanecer impávido ante el despliegue de superficialidad que la mayoría de los analizantes exhiben como blasón, en una pobre –muy pobre– discusión pública. Pero mucho menos hubiese tenido que hacerlo cuando gente valiosa –si por algo, por sus luchas, más que por lo atinado o no de su persistente, autoconvocada y casi compulsiva presencia en los medios– falla tan malamente al país -y sobre todo a sus jóvenes- en un momento tan crucial de nuestra historia. 

Más allá que una proposición absurda, constituye una barbaridad atroz adjudicar la razón de la participación ciudadana menguada a la actividad del 1ro de mayo a la propaganda oficial sobre una “violencia” supuestamente orquestada por un grupo de jóvenes. La verdad es que la violencia real está en el sufrimiento de nuestros sectores populares ante la debacle en la que un país prácticamente indefenso observa cómo unos procónsules deciden destinar el presupuesto del mismo a pagar la deuda sin auditar nula, odiosa e ilegal a un grupo de bonistas en lugar de financiar los servicios esenciales del país. 

Una valiente joven puertorriqueña permanece encarcelada desde hace más de un año por haber “provocado un incendio” en el cemento -como si eso fuese posible- frente a una institución bancaria. Esta joven y otros representan la dignidad de un país lacerado hasta la ignominia, lejos de lo que el acomodo dócil a la protesta reglamentada por el poder aséptico permite. Recordemos: en los años setenta participamos sirios y troyanos en la guerra -física y real- del ROTC, tan sólo para lograr sacarlo del campus y evitar oír los drills de los cadetes en uniforme marchando mientras discutíamos en clase la civilización occidental, o la carta de los elementos. En cualquier lugar del mundo, la inmensa mayoría de la gente jamás se sorprendería ni se asustaría cuando sus jóvenes luchan armados con escudos de madera, tambores, palos, piedras e ideas -algunos con chalecos amarillos- llamando la atención a la injusticia creciente de un mundo roto, profunda y crecientemente desigual. En la(s) colonia(s), esa ecuación de la desigualdad está en carne viva. El que no lo entienda, no entendió nada; no se hace cargo del instante. 

Lamentablemente, tristemente la historia registrará mal ese inesperado discurso que condena de manera invertida la violencia que nos salva, en lugar de condenar la del poder que la ocasiona. Sin serlo -aclaro- parecerá el que pudiera haber pronunciado un diletante mojigato. 

1Julio Muriente, END, 5 de mayo de 2019. El énfasis es nuestro.

Yabucoa se organiza en contra de gasoducto

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com

A raíz del Plan Integrado de Recursos a 20 años presentado por la compañía Siemens ante el Negociado de Energía de Puerto Rico el pasado 13 de febrero, surge nuevamente la preocupación sobre el tema de los gasoductos. 

El Plan argumenta satisfacer la demanda eléctrica de manera eficiente, confiable y transparente. No obstante, proyecta la construcción de una plantas de gas metano en Palo Seco, en Costa Sur, en Yabucoa y en Mayagüez. 

Por lo que podemos ver, las aspiraciones de la compañía no son tan bondadosas para con el medio ambiente. Basta con que se trate de un combustible fósil para concluir que el proyecto no será eficiente, ni confiable, ni transparente. Al menos, para el pueblo. 

Según lo prevé el Plan, la creación de estas cuatro plantas va acompañada de la construcción de gasoductos. Para el municipio de Yabucoa, por ejemplo, se planifica una planta de gas natural (termoeléctrica) con un gasoducto flotante en el puerto.

Ante esto, el Comité Yabucoeño Pro Calidad de Vida, Inc. ha advertido sobre las consecuencias nefastas que tendría un proyecto de tal magnitud. 

“De la poca información que se presenta, particularmente sobre los gasoductos, tenemos la impresión de que incluso se piensa en un gasoducto Yabucoa-Mayagüez, manifiesta el Comité en una carta firmada por su presidenta Lydia M. Díaz Rodríguez. 

 “En el caso Peñuelas-SanJuan, la propuesta de construcción del gasoducto es más explícita e incluye hasta un plan provisional”, según describe el documento redactado por el Comité. Ese plan provisional está “sujeto a más información y a futuras investigaciones”.

El 14 de agosto de 2018, Siemens presentó ante la Comisión de Energía Eléctrica, creada por Rosselló, un plan estratégico/energético para todo Puerto Rico, en el que propone la construcción de microredes de gas natural y gasoductos a lo largo y ancho de la isla. 

El Comité sospecha que previo a esta propuesta de la compañía Siemens se derogaron las Reservas Naturales en Yabucoa y otras partes de Puerto Rico por donde discurrirán los “propuestos” gasoductos. “Todo parece indicar que dicha derogación es solo para eliminar uno de los obstáculos de ese Plan Siemens”. 

La organización ha sostenido reuniones con el alcalde Rafael Surillo Ruiz, con el propósito de presentarle información relevante respecto a las implicaciones sociales y ambientales para Yabucoa de la ubicación de esta planta. 

CLARIDAD llamó a la alcaldía de Yabucoa para obtener expresiones del alcalde sobre este asunto, pero no obtuvo respuestas al cierre de esta edición. Sin embargo, Díaz Rodríguez sostuvo que el alcalde aprueba la planta de gas metano. 

“Nos reunimos con él para explicarle lo de la planta de gas metano y le llevamos el borrador Plan Integrado de Recursos y la propuesta Queremos Sol. A pesar de toda la información llevada continúo con la misma posición, hace casi un mes en una estación de radio volvió a apoyar la planta de gas metano” señaló.

En este contexto, es importante resaltar la extensión del contrato a la compañía Buckeye, por 25 años adicionales. De acuerdo con la Junta de Calidad Ambiental, esa compañía es una de las fuentes de mayor contaminantes atmosféricos, ya que tiene el potencial de emitir Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) en exceso de 100 toneladas por año y una combinación de más de 25 toneladas al año de contaminantes atmosféricos peligrosos (CAP). Para el 2016, el Terminal Marino (PS15) de Buckeye podía emitir 8.31 toneladas de contaminantes atmosféricos peligrosos por año.
Luego del huracán María, Yabucoa, como el resto de los municipios, se vio gravemente afectado: “[…] quieren convencer a nuestra gente de que tenemos necesidad de construir una planta de quemar gas para no volver a sufrir la falta de energía eléctrica, como pasó con el huracán María”. 

Una vez más el capitalismo se aprovecha de la vulnerabilidad de un pueblo para llenar las arcas de los amigos de la destrucción.

La marcha y la protesta es pertinente

Por Luis Pedraza Leduc 

Especial para CLARIDAD

La reciente marcha del 1ro de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, trae al debate la importancia de las marchas, protestas y movilizaciones. Unos cuestionan la pertinencia de las marchas, otros la manera de realizarlas. El Estado pretende indicar la forma y manera de protestar y ejercer derechos legales reconocidos.

Los que hacemos el llamado a salir a la calle a protestar y expresar nuestro sentir y reclamos lo hacemos muy conscientes de que la razón de la marcha y la protesta tiene relación con el momento y coyuntura por la que atraviesa el país. En ese sentido el énfasis de la marcha, la razón para protestar debe corresponder a lo que está ocurriendo en el país. Pero serán otros factores alrededor de lo que ocurre en el país lo que determinarán la magnitud y forma de una marcha.

Desde junio de 2016, impera en el país la Ley PROMESA. A partir de entonces, si algún espacio democrático se asomaba entre las estructuras coloniales a partir de la invasión norteamericana de 1898, estos desaparecieron con la Ley PROMESA. Ante el hecho de que el país es gobernado por una junta imperial, sería suficiente para protestar hasta que la junta sea erradicada del país. Pero la realidad es más compleja. En junio de 2016, PROMESA y la Junta por nombrar recibió el apoyo de importantes sectores económicos de la sociedad. Recordemos que en las elecciones pasadas participaron seis candidatos a gobernador o gobernadora y solo dos repudiaron la junta y la ley PROMESA.

Los políticos de los dos partidos que gobiernan aceptan la Ley PROMESA y reconocen la junta. Los sectores industriales, inversionistas y patronos en general han aceptado la Ley PROMESA y la junta. La gerencia de las universidades privadas y la Junta de Síndicos de la UPR también han aceptado esta sumisión. Los principales medios corporativos que comunican y difunden información están a favor de la Ley PROMESA y la Junta. El sector financiero, asesores y consultores de estos, empresarios de bienes raíces, casa de corretaje y asesores legales internacionales y del patio ven la oportunidad de agenciarse millones de dólares en el negocio de aplicar la Ley PROMESA. Son miles de millones de dólares que PROMESA ha producido para estos recién llegados, millones pagados por el pueblo.

Cuando vemos quienes están a favor de PROMESA, el por qué y para qué, podemos ir ubicándonos cada cual. La marcha, la protesta, no de un día, sino desde el inicio de este nuevo ciclo y forma que ha tomado la colonia y el medio capitalista en el país han abierto un debate amplio sobre qué hacer. Se ha discutido la ley y sus consecuencias. Se ha podido apreciar el alcance de las distintas leyes aprobadas en el año 2017 al amparo de PROMESA. Han surgido diversas organizaciones formales e informales para enfrentar a PROMESA y la Junta.

Llegó el 1ro de mayo de 2017 y decenas de miles marcharon. En 2018, se repitió otra gran marcha. Previo a ello han ocurrido múltiples actividades educativas, de protesta y movilización. Cada 8 de marzo las mujeres trabajadoras con salario desigual y sin salario salen a la calle a denunciar su realidad, los ambientalistas organizan comunidades y proponen alternativas a las políticas oficiales. Decenas de protestas sindicales han precedido casos ante los foros judiciales. El más notorio, la demanda radicada por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, UTIER, descubre la farsa de los miembros nombrados en la Junta. Todas estas acciones son parte de la protesta que generan sectores del pueblo.

Y llegó el 1ro de mayo de 2019. El Estado asumió una posición de fuerza, cual representante de la clase inversionista y empresaria del país. Suspendió el derecho a la protesta y la libre expresión. Estableció lugar y rutas para protestar mientras se convirtió en la policía privada de bancos y empresas financieras. 

A su vez, intenta demonizar las caras y voces de los que anuncian la necesidad, la urgencia y el derecho a protestar. Los principales medios de comunicación hacen promoción del 1ro de mayo sobre la base de una alegada violencia de los manifestantes cuando la realidad es que la violencia es generada por el Estado. Incluso, estos medios no están receptivos al contenido de los mensajes dado desde la tarima del 1ro de mayo. Prefieren cubrir el arresto del hombre araña que profundizar en la complicidad para violar la ley entre banqueros, corredores de bolsa, casa de corretaje y funcionarios del gobierno. La tarima trató temas sobre la realidad que nos lleva a marchar, entre otros, la defensa de la educación, la salud, la UPR, el trabajo digno, las pensiones.

Pero las ansias y expectativas de confrontación que nadie invocó eran más importantes, sobre todo para el Estado policiaco que gobierna para proteger la Ley PROMESA y la Junta. El propósito del Estado es crear miedo en el pueblo que desea protestar. Es tratar de equiparar la protesta, la marcha, la movilización, que son derechos, con una actividad delictiva. Por eso atacan el 1ro de mayo, fecha que por su naturaleza está vinculada a los derechos del trabajador por mejorar sus condiciones de trabajo.

Las acciones de la Junta y de PROMESA van por otro carril, quitar y eliminar derechos a los trabajadores para que a los inversionistas el trabajo le cueste menos, que el despido de trabajadores no tenga penalidad, que puedan comprar el terreno sin permisos ni consideraciones ambientales. 

Todo lo anterior justifica la marcha, la protesta, el salir a la calle. En palabras sencillas, con quien está usted, con el pueblo trabajador o con PROMESA y la Junta.

El autor es portavoz de PROSOL.                                                                                                                           

Acuerdo de la AEE Una condena de más de cuarenta años

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com 

Los grupos asociados al movimiento Queremos Sol (QS), se unieron a las denuncias de que el acuerdo de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que alcanzó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno de Puerto Rico con la mayoría de los tenedores de bonos de AEE, y Assured Guaranty, significará no solo un aumento en la factura de la luz, sino que hará más difícil lograr en el futuro generar electricidad por medios renovables como el sol, pues penaliza a los ciudadanos que opten por ello. 

“Este es un acuerdo nefasto que defiende los intereses de los bonistas sobre los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. No solo estaremos pagando entre $130 y $220 más al año, según señala un estudio de IEEFA para saciar las exigencias de los bonistas, sino que el pago a los bonistas se establece como la primera prioridad de la Autoridad, relegando a un segundo o tercer plano la condición del sistema eléctrico, su mantenimiento o la calidad del servicio que se ofrezca”, sostuvo David Ortiz, director de El Puente Enlace Latino de Acción Climática (ELAC). 

En tanto la abogada Ruth Santiago quien representa a la organización, El Puente y a otros grupos comunitarios y ambientales señaló que la propuesta multisectorial Queremos Sol, establece como requisito fundamental una auditoría exhaustiva de la deuda y actuar contra los que participaron en la emisión de deuda ilegal, así como una reestructuración que salvaguarde a entidades del país como las cooperativas y asegure la eliminación total o el descuento sustancial para los clientes de la Autoridad. “Esto es necesario para lograr un sistema eléctrico asequible y financieramente sostenible. Los cargos tarifarios que se presentan en el acuerdo agravarán la ya precaria situación que enfrentan las familias puertorriqueñas y tendrán un efecto negativo sobre nuestra economía”, sostuvo.

La ingeniera Ingrid Vila, presidenta de CAMBIO añadió que, “el acuerdo castiga la transformación hacia un sistema basado en energía renovable y castiga a aquel que instale sistemas fotovoltaicos, pues aun cuando usted esté generando su propia energía con un sistema fotovoltaico en su hogar o negocio, el acuerdo establece que tendrá que pagar un impuesto al sol. Por esto hemos sostenido una y otra vez que no se trata solo de establecer objetivos de alcanzar porcentajes de energía renovable, sino que hay que ver las acciones del gobierno y la voluntad política para hacer valer esos objetivos. Este acuerdo, junto con el impulso en inversiones en gas natural, dejan claro que no existe compromiso del gobierno con la transformación a base de energía renovable distribuida. El único compromiso que existe y el que guía este acuerdo y la transformación del sistema eléctrico es la privatización del sistema para beneficiar a terceros”. 

El veterano experto en Derecho Ambiental, licenciado Pedro Saadé Lloréns también se expresó en contra del acuerdo. “Debemos hacer todo lo posible en forma unida para derrotar este acuerdo. Los proponentes de Queremos Sol felicitamos y nos unimos a las expresiones del congresista Grijalva dirigidas a que la jueza Laura Taylor Swain rechace este acuerdo y reclamamos a los legisladores, quienes tienen la responsabilidad de velar y proteger los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y quienes confeccionaron la política pública energética, que no den paso al mismo”.

La coordinadora de la Coalición de Organizaciones Anti Incineración (COAI), Myrna Conty, en tanto reiteró, “este acuerdo impactaría a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas por los próximo 40 años siendo un acuerdo regresivo. Afectando proporcionalmente más a las comunidades de menos recursos que representan al menos un 50% de nuestra población. Exhortamos a todos los ciudadanos que llamen a sus legisladores para que no aprueben este acuerdo”.

El estudio del Instituto para el Análisis Financiero y Económico para la Energía ( IEEFA), siglas en inglés), que citan los participantes de Queremos Sol, precisa que el acuerdo requiere un cargo anual por kWh que los clientes de AEE (o cualquier empresa sucesora) estarán obligados a pagar hasta 2067. IEEFA estima que, por los siguientes 48 años, los puertorriqueños pagarán más de $23 mil millones, además de $100-$ 200 millones inicial en cargo por liquidación para cubrir gastos administrativos del acuerdo. 

El análisis firmado por Tom Sanzillo y Kathey Kendal, precisa que el primer aumento de tarifa, encima de los actuales 22 centavos/kWh, tendrá efecto este verano con un aumento de 1 centavo/kWh para cubrir el cargo por liquidación. Es decir que a partir de julio de 2020, el cargo de la deuda será de 2.8 centavos/kWh. “En otras palabras, entre ahora y el próximo verano, las tarifas van a subir 13%. Con el tiempo, la tasas para la deuda aumentarán a 4.55 centavos/kWh en el año fiscal 2043 y permanecerá en ese nivel a través de la vigencia del pago de la deuda.” 

Esto representa que para un hogar residencial promedio en Puerto Rico, que utiliza alrededor de 400 kWh/mes, el acuerdo resultará en un cargo de más de $130 por año en el año fiscal 2021, aumentando a casi $220 por hogar por año en el AF 2043.

El acuerdo le da la ventaja a los titulares de la deuda heredada de AEE cambiar sus bonos pendientes por nuevos bonos que se pagarán en las próximas décadas. Al otorgar estos nuevos bonos una posición de gravamen superior, el acuerdo garantiza que el primer uso prioritario de cada tasa de dólar que llegue a AEE se destinara a pagar la deuda heredada.

El estudio trae a la atención que cuando la AEE quebró antes del paso de los huracanes Irma y María, ya su infraestructura física estaba en un mal extremo, además de que en la década anterior se cometieron muchos errores como: asumir deudas para cubrir los gastos operativos, no diversificar el petróleo importado y subsidiar fuertemente la electricidad suministrada a los municipios y otras entidades, sin mencionar la perpetuación de un sistema de fraude de combustible de varios miles de millones de dólares. Estas acciones incluyen que el consultor en ingeniería de AEE (URS Corporation) continuó certificando que el sistema estaba “en buena reparación y condiciones de funcionamiento sólidas”. El endeudamiento de AEE casi se duplicó de 2005 a 2014, ya que la economía en declive de la Isla era cada vez más incapaz de apoyar esta mala gestión. 

Reparan los investigadores que aunque la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público de Puerto Rico y por el investigador independiente de la Junta de Control Fiscal, Kobre & Kim, hizo los anteriores señalamientos el nuevo acuerdo de deuda no hace ningún esfuerzo por responsabilizar a ninguna de las partes responsables. De hecho, algunas de esas mismas partes seguirán beneficiándose de las tasas vinculadas con la nueva emisión de deuda.