La idea de imponer a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) una nueva autoridad que vaya por encima de su actual gerencia –un llamado síndico–, fue propuesta en la reciente vista del Comité de Recursos Naturales, de la Cámara de E.E. U.U., tanto por el Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financiero (IEEFA) como el mismo presidente de la Unión Independiente de Trabajadores de la Industria Eléctrica (UTIER) Ángel Jaramillo. La UTIER ha hecho este pedido a la jueza Laura Taylor Swain, que atiende el caso de deuda de la AEE bajo la Ley Promesa.
Sanzillo dijo que IEEFA apoya la introducción del modelo de Inspector General Independiente del Sector Privado (IPSIG), que tiene al papel distinto del de un típico síndico, que vela por los intereses de los intereses privados. El enfoque de un IPSIG sería la eliminación de desperdicio, fraude y abusos y estaría facultado para investigar operaciones, implementar reformas para eliminar el desperdicio y / o la actividad ilegal e informar de violaciones a la ley a las autoridades que velan por su cumplimiento.
La idea de un inspector fue acogida de inmediato por el congresista Grijalva, quien anunció que buscaría presentar legislación para establecer una nueva autoridad que asegure transparencia y rendición de cuentas en la transformación y privatización de la AEE.
La tesis de Sanzillo es que una vez que la AEE se haya estabilizado como una utilidad funcional, se necesitarán reformas para reducir de manera significativa el poder del gobernador para nombrar a los miembros de la junta de la AEE y el director ejecutivo deberá ser contratado a través de un proceso de contratación abierto y transparente realizado por la Junta.
La idea de un inspector fue acogida de inmediato por el congresista Grijalva, quien anunció que buscaría presentar legislación para establecer una nueva autoridad que asegure transparencia y rendición de cuentas en la transformación y privatización de la AEE. Sin embargo, no dijo si el ente tendría las características planteadas por IEEFA.
Por su parte, en declaraciones públicas, la comisionada residente Jenniffer González rechazó la idea de que se le imponga uno nuevo ente federal a la AEE.
Múltiples sectores de la comunidad adjunteña, así como colectivos nacionales e internacionales, invitan al pueblo puertorriqueño a acercarse a Adjuntas el próximo domingo 21 de abril desde las 9:00 de la mañana para participar de la Marcha del Sol. Esta movilización ciudadana exigirá e impulsará la transformación inmediata hacia un modelo de autosuficiencia energética para Puerto Rico.
A diferencia de los planes de sustitución de petróleo por gas natural que está promoviendo el gobierno de Puerto Rico, los grupos que respaldan la marcha impulsan la transición de generación de energía con combustibles fósiles al uso de energía renovable y natural. Esta manifestación social le dará continuidad a la campaña “50 con Sol”, trabajada por el colectivo de Casa Pueblo. La campaña propone que para el 2027 el 50 por ciento de la isla esté generando energía con el sol para, de esa manera, reducir la demanda energética del país.
Según Arturo Massol Deyá, director asociado de Casa Pueblo, tanto la próxima marcha como la campaña trascienden el tema energético porque proponen que los puertorriqueños y puertorriqueñas disfruten plenamente de la actividad productiva que generan, cosa que en la actualidad no se tiene y no se tendrá mientras se mantenga un sistema energético dependiente de recursos de combustible que no se producen aquí y que resultan en un gasto anual de $2 mil millones.
“Mientras se esté impulsando el uso de gas natural, se sigue dependiendo de combustible. De lo que están hablando ahora es de una nueva vía verde. Quizás no es un gasoducto del norte, pero es el mismo concepto de mantener al país dentro de una dependencia. Es la idea de que Puerto Rico no tenga el poder de autodeterminarse, de generar riquezas y retenerlas atendiendo el tema energético”, dijo Massol Deyá en entrevista con CLARIDAD.
Para contrarrestar esa idea y partiendo de que la isla cuenta con una diversidad de recursos naturales (sol, viento, agua, biomasa, olas), en Casa Pueblo se habla de “insurrección energética; de un proceso de abajo hacia arriba”.
“Gasificar la isla, como pretende la Junta de Control Fiscal con el apoyo del Gobierno local, no representa ningún paso de avance; al contrario, perpetúa el mismo modelo obsoleto y vulnerable que existía antes del paso del huracán María”, dijo el portavoz en un comunicado de prensa.
“Hay que comenzar a descolonizar la isla construyendo ahora un modelo de autosuficiencia energética”, puntualizó.
¿Por qué marchar?
Arturo Massol considera que los temas de conservación de recursos naturales y de la energía son dos consensos nacionales. Por eso, se tiene que partir de ambos puntos de encuentro para levantar un reclamo de que lo que el Gobierno vaya a invertir no sea para las empresas de gas, sino para dar un paso de avance significativo en este tema.
“Ya en Casa Pueblo lo hicimos; no es un modelo confrontacional”, dijo el director asociado de esta organización, a la vez que insistió en que la invitación a marchar es porque tenemos un sistema energético inestable, y con el ejemplo de Adjuntas, tras el paso del huracán, quedó demostrado que el modelo de energía solar funcionó.
«El pueblo puertorriqueño debe movilizarse el próximo domingo a favor de la implementación urgente de un modelo de energía renovable por varios aspectos: el ambiental, el salubrista, el económico, el de democratización de la energía, el de descolonización energética»
Según él, el pueblo puertorriqueño debe movilizarse el próximo domingo a favor de la implementación urgente de un modelo de energía renovable por varios aspectos: el ambiental, el salubrista, el económico, el de democratización de la energía, el de descolonización energética.
Hacia Adjuntas el 21 de abril
A partir de las 9:00 de la mañana habrá actividades relacionadas con la Marcha del Sol. A esa hora, se reproducirá la película documental Free Solo, de Alex Honnold, recién galardonado Premio Oscar en la categoría mejor documental. Este escalador anunció su asistencia y participación en el evento. Su Fundación Honnold, dedicada a impulsar proyectos de energía solar a través del mundo, se contactó con Casa Pueblo. “Ahora nos aprestamos a recibir a Alex y a otros invitados especiales para presentar el fruto de esta colaboración que será hito para Adjuntas y un referente mayor para todos los municipios de la isla”, afirmó Massol Deyá en comunicado de prensa.
Ese día, Casa Pueblo presentará un nuevo proyecto de generación y distribución energética comunitaria que cambiará los paradigmas en Puerto Rico. El modelo busca reducir el costo energético, activar la económica, construir resiliencia y, a su vez, levantar un fondo verde permanente para continuar el desarrollo del pueblo con independencia energética.
Entre las actividades del día figurarán talleres de energía renovable; el estreno en el Cine Solar de Casa Pueblo de la película Nuestra insurrección energética; la presentación de una obra de arte a cargo de los niños de la escuela Montessori de Mayagüez; un taller de creación de pancartas, de parte del colectivo de Y no había luz, y la presentación de un libro sobre los 39 años de labor de Casa Pueblo, escrito por Alexis Massol.
Otras actividades artísticas que también están agendadas son la participación de los cabezudos del colectivo Agua, Sol y Sereno, del conjunto típico Mapeyé, del cantante José Nogueras y de niños y niñas trovadores.
El proyecto que se anunciará cuenta con la participación de varios comercios del pueblo de Adjuntas: Ferretería González, Mueblería Abreu, Farmacia Jenny, Tienda Limar, Lucy’s Pizza, Ferretería Osvaldo, Digital Point, Mueblicentro, Restaurante Vista al Río, Colmado Don Pepe-Vegas Abajo, Colmado Cielo Mar-Guilarte, Panadería GoDestiny-Lago, Colmado Doña Lina-Tanamá, Colmado La Olimpia, El Campo es Leña y las ferreterías Papún y El Gigante.
Otros auspiciadores de la marcha son: Hospital General Castañer, Parador Villas Sotomayor, Garaje Santiago, El Estudiantil, Tropa Niños Escucha #518, Servicios de Hospicio de Adjuntas, Escuela Intermedia Rafael Aparicio Jiménez, Hogar de Niñas Santa Ana y el Centro para Niños El Nuevo Hogar.
Ricardo Rosselló, pataleando con distintas versiones, trató de disipar la nube de corrupción que empaña las relaciones de su hermano con el Departamento de Educación vinculándolo a una entidad “sin fines de lucro” llamada “Center for Education Reform”(CER). Luego el propio hermano, supuestamente para defenderse, reconoció que participó en una reunión en Fortaleza como representante legal de dicha entidad. Tal vez ambos piensan que, enarbolando el sello “sin fines de lucro”, todo se quedaría como una inocente relación filantrópica libre de sospecha. Sin embargo, lo que el esquema descubierto comprueba es que nuestro país ha caído presa de consorcios estadounidenses que buscan lucrarse de las grandes sumas de dinero que los gobiernos invierten en educción mientras, de paso, convierten las escuelas en centros para promover la ideología ultraconservadora.
Algunos reportajes e investigaciones de la prensa puertorriqueña, en particular, uno de Yanira Hernández Cabiya para CB en Español, nos ayudan a conocer todo lo que hay detrás de CER y de otras entidades que se han vinculado al DE una vez Rosselló y Keleher asumieron control. La reunión de Fortaleza, celebrada en diciembre de 2018, ha sido el hilo que ayuda a desenredar la madeja.
Lo que el esquema descubierto comprueba es que nuestro país ha caído presa de consorcios estadounidenses que buscan lucrarse de las grandes sumas de dinero que los gobiernos invierten en educción mientras, de paso, convierten las escuelas en centros para promover la ideología ultraconservadora.
En Estados Unidos ya es norma que las grandes empresas que dominan cierto sector de la economía creen “centros de estudios” o algún llamado “think tank”financiados con aportaciones de las mismas empresas y organizados como corporaciones sin fines de lucro. Estos centros operan como instrumentos de cabildeo para promover reglamentación que beneficie las empresas y ayudar a crear política pública que les favorezcan. Aunque es una evidente operación de negocios, la reglamentación permite que lleven el sello de “sin fines de lucro”.
En el capitalismo, particularmente en Estados Unidos, la educación es un negocio más. Siempre lo ha sido, pero en las últimas décadas, gracias al concepto de las escuelas “chárter”las empresas han ido apropiándose de buena parte del presupuesto separado para educación mediante acuerdos con gobiernos estatales y locales. El negocio ha atraído también a grupos y figuras de mentalidad ultraconservadora que, mientras se lucran, tratan de promover su ideología en las nuevas generaciones.
El esquema siempre comienza promoviendo legislación que facilite la operación empresarial y aquí es cuando entran en función entidades como el “Center for Education Reform”, que a su vez son auxiliadas por consultores y bufetes de abogados especializados en el tema, como Hogan Marren Bebbo & Rose, del cual es socio Jay Rosselló.
El debate en Puerto Rico se ha centrado hasta ahora en el evidente conflicto ético que supone contratar a un bufete del cual es socio el hermano del gobernador de turno para que, con jugosos beneficios, “asesore” en la preparación de legislación. Pero más importante que ese evidente acto de corrupción es la confirmación de que la llamada “reforma educativa” promovida por el gobierno de Ricardo Rosselló ha sido diseñada por las propias empresas que buscan beneficiarse de ella. Según el esquema descubierto, el bufete que de ordinario sirve a las empresas que se lucran de la educación es el que diseña la ley de Puerto Rico copiándosela de la que ya había diseñado para otros lugares en Estados Unidos. Luego entra en función CER, cliente del bufete, a promover “política pública” de la que se beneficiarán las empresas que aportan el dinero para su operación, las que también son clientes del bufete “especializado en educación”. Como ven, el círculo es perfecto y en el centro de todo está un bufete cobrando de todo el mundo. Primero cobra del gobierno de Puerto Rico por hacer la ley, luego de CER que trata de promover sus “beneficios” y finalmente de las empresas que llegarán a montar las escuelas chárter.
Hay otro vínculo también muy interesante. Una vez Julia Keleher llega al Departamento de Educación promueve la creación de otra entidad “sin fines de lucro” llamada Puerto Rico Education Foundation, en cuya directiva aparecen varios integrantes de la elite empresarial boricua. Esa entidad recibió varios millones de dólares de la Fundación Tenacre, a su vez vinculada a la creación y operación de CER y a todos los esfuerzos por promover el ultra conservadorismo (neofascismo) en Estados Unidos.
Esta nueva “fundación” puertorriqueña, con empresarios como Manuel Cidre, Cyril Medruña (El Nuevo Día) y Nicholas Poultry a la cabeza, es la que paga salarios jugosos a un misterioso grupo de “supervisores” que, sin ser funcionarios del DE, han asumido el poder de implantar la política educativa en Puerto Rico. Nadie sabe cuáles son las funciones concretas de estos “supervisores” porque no se trata de puestos con tareas definidas, sino una especie de estado mayor educativo pagado por los mismos empresarios que quieren lucrarse del sistema educativo puertorriqueño transformándolo a su medida.
Como pueden ver, todo es “transparente” porque se puede observar con absoluta claridad cómo empresarios estadounidenses y puertorriqueños han convertido el DE en un “profit center”para el futuro, gracias al gobierno de Ricardo Rosselló. El bufete donde labora su hermano es el que se ha beneficiado en primer lugar cobrando simultáneamente de varias fuentes a un mínimo de $500 la hora. (Esa es la tarifa de Jay Rosselló quien alega ser un socio menor.) Una vez el bufete ayuda a crear el marco legal la mesa queda servida para que sus clientes se aprovechen con el asesoramiento de CER.
Acuerdos entre el gobierno, los bonistas y la Junta de Control Fiscal para el pago de la deuda que resultan onerosos para el pueblo y en beneficio a los bonistas, amenazas de recortar, reducir o eliminar pensiones a jubilados y empleados activos, una mal llamada reforma laboral que favorece a patronos privados y empobrece a los empleados del sector privado con derechos limitados a los dispuestos por ley, recortes a servicios esenciales en educación y la salud, aumentos a la matrícula de la UPR, anuncios de despidos a los empleados municipales, aumentos en las tarifas de energía, agua, peajes y costo de vida, propuestas de privatización y las denuncias sobre corrupción en las altas esferas de gobierno es el cuadro que precede a otra celebración del 1ro de Mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora.
Los trabajadores y los pensionados no tenemos que pagarles la deuda a otros. Los trabajadores y los pensionados no debemos recortar nuestros salarios o pensiones para pagarles a los bonistas una deuda que establecieron otros. Estos acuerdos, al igual que el acuerdo de COFINA nos afecta a todos y todas .
Podemos continuar enumerando la lista de atentados directos en contra de nuestro derecho a vivir una vida digna, libre de prejuicios discrimen y persecución. Lo importante es reconocer que esta afrenta en contra de nosotros, el pueblo, es la consecuencia de una estructura política y económica de carácter imperialista que está dirigida a la acumulación de riquezas para unos pocos. El tema de la deuda y las políticas de austeridad es un problema político por razón de ser una colonia, pero a su vez, ocurre porque la deuda es un mecanismo más de explotación del capitalismo.
Mientras en otros países, la fecha es celebrada y conmemorada para recordar las luchas y reafirmaciones de la clase trabajadora, en Puerto Rico la fecha es de resistencia y denuncia de las políticas de austeridad, privatización y control político de la colonia. Llevamos tres años de movilización en contra de la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal. Luchamos desde hace décadas contra la eliminación de derechos y beneficios negociados mediante leyes anti obreras aprobadas por los dos partidos que han gobernado. Enfrentamos la propuesta neoliberal de una clase patronal que las representa el gobierno, las organizaciones de patronos, los abogados de corporaciones y los dueños de los medios de comunicación, entre otros.
El 1ro de Mayo de 2019 no es diferente. Será una jornada de lucha contra los representantes del capital en la empresa privada y el gobierno. Estaremos durante el mes de abril en múltiples actividades de protesta pero también educativas. Sobre todo, porque después del 1ro de Mayo la lucha continúa.
De mayo a junio se estará discutiendo la propuesta de la Junta, el gobierno y los bonistas para pagar las llamadas obligaciones generales de la deuda. Ya la propia Junta reconoce que $6,000 millones de la deuda contraída desde el 2012 al presente es ilegal. La pregunta obligada es, ¿y la deuda de antes del 2012, es legal o es ilegal? Esta discusión de la deuda y los acuerdos para pagarla nos llevara ante el tribunal federal donde los empleados públicos y pensionados deberán emitir un voto sobre el acuerdo que los bonistas, la Junta y el gobierno proponen para pagar la deuda.
Los trabajadores y los pensionados no tenemos que pagarles la deuda a otros. Los trabajadores y los pensionados no debemos recortar nuestros salarios o pensiones para pagarles a los bonistas una deuda que establecieron otros. Estos acuerdos, al igual que el acuerdo de COFINA nos afecta a todos y todas. A estudiantes, trabajadores de empresa privada, mujeres, envejecientes, pequeños y medianos comerciantes, a todos los que dependemos de un ingreso para vivir mes a mes, o día a día. Es comprometer el futuro de tres generaciones o más.
El 1ro de mayo, marcharemos todos y todas hacia la Milla de Oro para denunciar la farsa de la deuda. Exigiremos derecho a una Educación Pública y Servicios de Salud. Defenderemos nuestras Pensiones, el Trabajo Digno para todos y todas. Los Derechos Humanos están en riesgo ante las políticas de austeridad. Por todas estas demandas, en defensa de nuestra Vida, marcharemos.
El refranero popular sirve una vez más para decir en forma concisa lo que pasa en Puerto Rico. En esta ocasión sobre el activismo asfixiante de los sectores religiosos que prácticamente duermen en los pasillos de la “Casa de las Leyes” ejerciendo presión para que prevalezcan sus posturas. De ese espacio que alberga la rama legislativa del gobierno deben surgir medidas que promuevan el bienestar del Pueblo y que atiendan sus reclamos; no que atenten contra el bienestar colectivo. Los fundamentalistas de distintas iglesias y organizaciones afines a sus doctrinas, han pasado factura por los votos que le dieron al partido gobernante en las elecciones de 2016. Son dos los proyectos que han sido blancos constantes de su acción: el 950, propuesto en el Senado por la legisladora Nayda Venegas Brown para restringir el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos, incluyendo la de poner fin a un embarazo no deseado y el de la reforma del Código Civil que data del 1930 y que rige aspectos fundamentales de nuestras vidas, desde el nacimiento hasta la disposición de lo que dejamos cuando fallecemos. Hay un vínculo entre ellos pues del proyecto del Código Civil son las disposiciones relacionadas con cuando se es persona las que están bajo la lupa de la plaga fundamentalista. Las fuerzas reaccionarias típicas de las sociedades patriarcales en Puerto Rico y en todas partes del mundo han pretendido siempre controlar los cuerpos de las mujeres, su salud sexual y reproductiva como una forma de mantener el poder. Quieren imponer a todo el mundo su creencia de que la vida comienza con la fecundación y no cuando se respira, una vez ocurre el parto o la cesárea, que dicho sea de paso tan frecuentes e innecesarias son en nuestro país. Por ello han puesto tanto empeño en cambiar la definición de persona en el proyecto del Código Civil, la misma razón por la que han propuesto restricciones a disposiciones que viabilizan la maternidad subrogada y a otras que viabilizan el desarrollo de la ciencia.
La gestión para enmendar el Código Civil comenzó muchos años atrás con una comisión especial cuya presidencia se rotaba entre Cámara y Senado. Se contrataron personas especializadas en distintos campos del Derecho y de otras disciplinas debido a la envergadura gestión. Por razones probablemente partidistas y por tratarse de un asunto que debería trabajarse más por consenso que por imposición mayoritaria, la discusión y aprobación de la legislación no se culminó. Es innegable la necesidad de actualizar el Código al siglo XXI, pero la responsabilidad de conducir el proceso recayó en la Lic. María Milagros Charbonier, quien no se ha destacado en la vida por ser una abogada civilista, pero sí una activista de los sectores fundamentalistas para quienes los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTTQI no están en su agenda a menos que sea para restringirlos
Las fuerzas reaccionarias típicas de las sociedades patriarcales en Puerto Rico y en todas partes del mundo han pretendido siempre controlar los cuerpos de las mujeres, su salud sexual y reproductiva como una forma de mantener el poder. Quieren imponer a todo el mundo su creencia de que la vida comienza con la fecundación y no cuando se respira, una vez ocurre el parto o la cesárea, que dicho sea de paso tan frecuentes e innecesarias son en nuestro país.
La participación en el proceso de vistas públicas de múltiples organizaciones defensoras de los derechos humanos, gremios de profesionales, de la academia, entidades religiosas no fundamentalistas, lograron frenar propuestas retrógadas, algunas de las cuales victimizaban a las mujeres y eran más restrictivas que las del Código actual. Sin
embargo, la intención de garantizarle derechos al feto como persona nacida han permanecido. El proyecto 950 fue aprobado en el Senado, luego de haber pasado por la Comisión de Asuntos federales que tiene bajo su control el presidente, Rivera Schatz. Tuvo enmiendas gracias al trabajo realizado por la Mesa de Aborto, constituida por múltiples organizaciones y por otros sectores. Sin embargo, le impuso restricciones a las menores de 18 años para tomar decisiones sobre la terminación de un embarazo no deseado obligándola a contar con la autorización de las personas encargadas de ellas, aunque la preñez sea el resultado de una violación de esa persona encargada, o acudir al Tribunal para que el estado lo autorice. Esto resulta en un complicado proceso que muy pocas podrán utilizar. Además, impone más requisitos a las pocas clínicas privadas que existen en el país en las cuales se hacen abortos, aunque ya están suficientemente reguladas por el Departamento de Salud. La propuesta legislación se aprobó primero en el Senado y luego en la Cámara. Sin embargo el gobernador lo vetó expresamente por considerarlo inconstitucional y violatorio de los derechos de las mujeres. Los fundamentalistas lo demonizaron y pusieron sus casetas de campaña en la Cámara para que los representantes le pasaran por encima al veto de Fortaleza, lo que lograron,
Ahora, el presidente del Senado está en búsqueda del voto que le falta para que el Senado desafíe también al gobernador. Se ha jactado de que no tiene prisa y de que eventualmente lo logrará. En cuanto al Código Civil que la Cámara aprobó en votación partidista hace algunas semanas y estaba pendiente de que el otro cuerpo iniciara vistas públicas, recientemente tuvo lugar una extraña movida, que rara vez ocurre en el escenario legislativo. El presidente de la Cámara que como recordarán mezcla sus funciones con ayunos de fe para lograr la solución de problemas del país, solicitó al Senado la devolución del Proyecto para actuar nuevamente sobre él y Rivera Schatz lo autorizó. De nuevo la presión de la rabiosa derecha fundamentalista fue efectiva. Varias enmiendas fueron añadidas al proyecto. Con prisa inusitada y sin transparencia alguna fueron llevadas a votación casi al mismo tiempo que se presentaron en el hemiciclo. Para sorpresa de nadie, las nuevas propuestas tienen el propósito de ampliar las posibilidades de que se le reconozcan derechos al feto, los cuales podrían ser reclamados por otras personas en oposición al derecho a la intimidad de las mujeres que a su vez protege el de tomar decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos. Para ello introdujeron un artículo llamado “Los Derechos Esenciales”.
Otras enmiendas favorecen a las iglesias otorgándoles prácticamente carta blanca para que no tengan que rendir cuentas. Ciertamente no tendrían que hacerlo con relación a sus creencias, dogmas y reglas internas, pero muchas de estas instituciones son patronos, tienen negocios, se benefician de exenciones contributivas del estado, reciben fondos públicos y en esos aspectos no pueden campear por sus respetos como no pueden hacerlo otras entidades privadas.
Quedamos a la expectativa de lo que ocurrirá con todo esto en el Senado. Coloca en grave riesgo nuestros derechos humanos la alianza existente entre políticos inescrupulosos y cabilderos que desde los púlpitos quieren imponer sus ideologías y criterios sobre toda la población, pisoteando el estado laico y borrando toda línea de separación entre la iglesia y el estado. Desde las organizaciones de mujeres, de las que reivindican a la comunidad LGBTTQI, de las que luchan por una sociedad en la que prevalezca la equidad, el respeto y la valorización de la diversidad, tenemos que resistir ese mazo que desde hipócritas discursos de fe quieren convertirnos en un pueblo de exclusión, discrimen y prejuicio.
