Frente a una botella de vino en Alcalá de Henares, Madrid, nació la idea de Fritanga y Burundanga, una exposición de caricaturas cubanas y boricuas que se está celebrando en La Habana. Jorge (Lloyy) Martínez, el maestro Arturo Yepez y Kike Estrada, caricaturista de CLARIDAD, fueron los primeros en imaginarla y fue acogida a velocidad de internet por Adán Iglesias, director del suplemento humorístico del periódico Juventud Rebelde, Dedeté, en Cuba.
Desde la izquierda Adán Iglesias de Cuba, Julieta García, periodista cubana, Kike Estrada de Puerto Rico y Jorge Martínez, alias Lloy, de Cuba.
La idea surgió mientras participaban de la XXV Muestra Internacional de las Artes del Humor en Alcalá de Henares, España, en octubre de 2018. En poco tiempo se convocó a los caricaturistas y se reunieron las obras que se exponen en la sede de la Unión de Periodistas de Cuba desde el 1 de abril hasta el 1 de junio de este año.
Kike Estrada, quien publica caricaturas en su página web “planetakike.com” y en este periódico, se dirigió a los presentes en la apertura de la exposición y recordó que CLARIDAD es el periódico de circulación general más antiguo de Puerto Rico y este año cumple 60 años de publicación continua.
“La exposición ha tenido buena acogida por nuestros hermanos caribeños. Estamos compartiendo con gigantes como Ares, LLoyy, Falco y Adán Iglesias, lo que para nosotros es un honor” expresó Kike Estrada, quien formó parte de la representación boricua en Cuba junto al caricaturista de Ponce, Jesús Ortiz Torres.
Jesús Ortiz Torres, de Ponce, Perfecto Romero, corresponsal de guerra de la Revolución Cubana y Kike Estrada, caricaturista de Claridad, compartiendo en la apertura de “Fritanga y Burundanga”.
“Estar entre caricaturistas puede ser peligroso para la gente que camina lento”, bromeó Kike. “Pasamos solo 8 días en la Habana y ya hay en el tintero 2 eventos más relacionados con esta muestra. La llevaremos a España y luego a Puerto Rico. Aunque las fechas están por confirmarse, a la muestra en Puerto Rico nos acompañarán Adán Iglesias y LLoyy con quienes hemos hablado ya de un intercambio de trabajo entre colegas”.
Lo caricaturistas participantes fueron: de Cuba, Alfredo Martirena, Adán Iglesias, Lázaro Miranda (LAZ) y Jorge Martinez (Lloyy). Por Puerto Rico: Juano Álvarez O’Neill, Arturo Yépez, Gary Javier , Lampón, Jesús Ortiz , Kike Estrada y Carlos Aponte.
El caso donde se acusa al activista ambiental Alberto De Jesús Mercado, Tito Kayak, quedó pospuesto hasta mayo. Aunque el juicio estaba pautado para los 15, 16 y 17 de abril, el Tribunal de Primera Instancia en Ponce determinó que se le diera el espacio a la defensa del acusado para comparecer al Tribunal de Apelaciones.
“Como estamos dentro del término para ir en reconsideración de la determinación que había tomado el Tribunal de Apelaciones, se nos dio el espacio para así hacerlo. Dependiendo la determinación a la que llegue el Tribunal de Apelaciones los trámites del caso continuarán en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce” dijo el licenciado Donald Milán uno de los abogados que lleva el caso de De Jesús Mercado.
Esto sucedió luego de que la defensa del activista llamara la atención del Tribunal de Primera Instancia sobre unas irregularidades e inconsistencias en la prueba que presentaba el procurador general al apelativo sobre la presencia de personas en el público que llevaban camisas con mensajes en contra del depósito de cenizas en Peñuelas.
“Mediante el examen de las regrabaciones de las vistas y el examen visual de los videos pudimos constatar que la información brindada por el procurador general al tribunal de apelaciones no era correcta. Le hacemos el señalamiento que es lo que vamos a estar cubriendo eventualmente en la moción que vamos a presentar al Tribunal de Apelaciones”
Breve recuento del juicio
El 1 de abril, se sentó a declarar un inspector de la Policía y tocó el tema del plan de trabajo y de la cantidad de agentes que había al momento de la intervención. Al día siguiente, comenzó a declarar el teniente Ramiro Fernández, pero antes del testimonio surgió la controversia de que en el público había personas que tenían camisas con mensajes en contra del depósito de cenizas en Peñuelas. Consecuentemente, los fiscales pidieron un breve turno para ir a consultar al procurador general sobre dicho asunto.
“Al parecer, la información que le dio el procurador era que iban a ir al Tribunal Apelativo en un recurso de certiorari, un recurso discrecional cuando se está en medio de un proceso judicial que aun no ha concluido”.
Vale aclara que las camisas no tenían mensajes alusivos a la figura de Alberto De Jesús Mercado.
“Nosotros nos opusimos a eso. La contención de ellos era que esas camisas le llevaban un mensaje al jurado y que podía representar una influencia indebida. La posición de la defensa en ese momento es que en uno eso no era correcto; dos, la personas que están en el público les cobija una protección de libertad de expresión y el estado no puede entrar de forma irrazonable a intervenir con la libertad de expresión de una persona”.
Entonces, el Juez determinó que el caso iba a continuar y que él entendía que ese mensaje que tenían las camisas en el público no afectaba de manera indebida al jurado. Lo que aquejaba principalmente a los fiscales.
“Es importante señalar que una vez el juez le dice [a los fiscales] no a lugar a la petición vamos a continuar con el caso, ese día ellos piden que se suspenda la comparecencia y el juez le dice que no, que se continúa con el interrogatorio directo del fiscal al testigo.
Ante esto la defensa de De Jesús Mercado planteó que esa decisión no era buena para efectos de la defensa comenzar a hacer preguntas y que se quedara a mitad.
Se supone que el Procurador debió haber ido oportunamente [ese mismo día] al tribunal de apelaciones sin embargo presentaron el escrito al otro día en la tarde, mencionó Milán.
“Ese miércoles 3 por la noche, el Tribunal de Apelaciones sin ni siquiera permitir que la defensa compareciera al Tribunal de por escrito, bajo una resolución diciendo que el juez de primera instancia había errado en su determinación y que el tenía que velar porque no hubiese influencias indebidas en el público”
El Tribunal de Apelaciones no fue categórico en cuanto al asunto de las camisas, si se prohíben o no, eso es una determinación que la va a tener que hacer el juez de Primera Instancia. Sin embargo, el licenciado explicó que para eso se tiene que evaluar qué representa una influencia indebida.
“Entendemos que el Tribunal de apelaciones resolvió una controversia y revocó al juez de primera instancia sin tener los hechos claros y sin la oportunidad de que la defensa pudiera comparecer y aclarar ciertos asuntos”
En Puerto Rico urge la creación de más espacios en los que se practique el diálogo crítico y creativo dirigido a la revitalización de las comunidades y sus necesidades. Espacios de trabajo participativo impulsados desde abajo, por los de abajo y para con los de abajo. Esa necesidad se hizo evidente en los procesos de reconstrucción de las comunidades tras el paso de los huracanes Irma y María, lo que consecuentemente sentó las bases para que el desarrollo de tales espacios fuese posible.
Conscientes de esta urgencia, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR) busca acercar la práctica de la arquitectura a las necesidades del país y a los procesos de reconstrucción mediante el Comité de Acercamiento Comunitario.
Fotos: Axel Torres
El Comité de Acercamiento Comunitario del CAAPPR propone fomentar la integración y colaboración de sus colegiados en proyectos comunitarios e impulsar iniciativas que fomenten el desarrollo sustentable de estos. Así lo explicó la arquitecta Diana Luna, presidenta del CAAPPR, el pasado miércoles 10 de de abril, en el conversatorio Experiencias de Reconstrucción Post-María, llevado a cabo en la sede del Colegio.
El conversatorio fue una manera de empezar a escuchar otras voces, proyectos e iniciativas dirigidas hacia la reconstrucción crítica del país, según lo explicó el arquitecto Edwin Quiles.
“Muchos de los barrios populares de Puerto Rico se construyeron en la periferia de los centros urbanos. Con el tiempo, la ciudad fue creciendo hacia la periferia, y de pronto, los ‘promotores’ del desarrollo urbano, y el mismo gobierno, se dieron cuenta de que esos terrenos que ocupan los barrios valen mucho por su ubicación céntrica, y están viendo cómo apropiarse de ellos”.
Representantes de distintos sectores de la sociedad civil asistieron a la actividad para compartir sus experiencias del trabajo de base comunitaria y presentar propuestas desde las propias comunidades para los proyectos que se realicen en esta nueva etapa de revitalización. Con esto es preciso recalcar –y me hago eco de las palabras expresadas por Quiles– que este proyecto debe ir más allá de asistencialismo.
En la mesa de deponentes estuvieron la líder comunitaria Carmen Villanueva, el Centro de Periodismo Investigativo, Espacios Abiertos, La Maraña, Ayuda Legal Puerto Rico, Sol es Vida (Villa del Sol), Barrio Eléctrico, la Primera Iglesia Bautista Río Piedras y el Instituto Nueva Escuela. La mayoría de estas organizaciones son sin fines de lucro.
Los temas allí discutidos fueron la vivienda, la defensa de los derechos de la propiedad, el diseño y construcción de espacios públicos, la educación, el desarrollo económico y comunitario, la investigación y el acceso a la información.
Arquitectura de diseño participativo y comunitario
Mediante esta práctica, el Comité busca insertarse en los diferentes procesos de reconstrucción del país.
“Se hizo un planteamiento importante sobre la cuestión del respeto hacia el habitante. No es ir a llevar, es ir a trabajar juntos; ir a aprender y compartir saberes. Es una práctica que busca ayudar en el diseño de espacios y capacitar a esos constructores informales. Creemos que la construcción informal es parte de la solución del problema de vivienda, pero necesita capacitación en algunas áreas”, dijo Quiles.
“Es una arquitectura que está donde está la necesidad, practicada de manera participativa, cuyos principios deben estar fundamentados en una relación de trabajo crítico y respetuoso para con los habitantes de los espacios en los que vamos a trabajar”, explicó.
En una entrevista luego del conversatorio, el arquitecto añadió que, igualmente, el proyecto busca oportunidades de inversión y trabajo para los arquitectos de Puerto Rico; pero siempre en armonía con los grupos y las comunidades. Al preguntarle sobre la importancia de este proyecto ante los desplazamientos de comunidades pobres y la gentrificación en el país, expuso que eso es un asunto serio que debe atenderse desde el ángulo legal, urbano, social y económico.
Fotos Axel Torres
“Muchos de los barrios populares de Puerto Rico se construyeron en la periferia de los centros urbanos. Con el tiempo, la ciudad fue creciendo hacia la periferia, y de pronto, los ‘promotores’ del desarrollo urbano, y el mismo gobierno, se dieron cuenta de que esos terrenos que ocupan los barrios valen mucho por su ubicación céntrica, y están viendo cómo apropiarse de ellos”.
Ante el fenómeno de la gentrificación, aspirar a un nuevo desarrollo que considere las necesidades de las comunidades y respete su espacio como sugiere el Comité, representa una contrapropuesta que sirve como herramienta de negociación para las comunidades mismas.
Se trata de un trabajo en equipo, transdisciplinario y comunitario, como lo recalcó Quiles.
“No es lo mismo decir yo no quiero esto, a decir, bueno, lo que tú me estás proponiendo no es lo que aceptamos, pero tenemos una alternativa que podemos negociar. En ese sentido, la arquitectura y el urbanismo se convierten en herramientas de negociación y de comunicación”, sostuvo.
Para saber más sobre el trabajo que realiza el Comité de Acercamiento Comunitario junto a otras organizaciones puede hacerlo llamando al Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas P.R. al 787-724-1213.
La Resistencia contra la quema de Carbón y sus Cenizas Tóxicas, llevará sus denuncias hasta los propios accionistas de la AES, este jueves 18 de abril, con una manifestación durante la celebración de su asamblea en Arlington, Virginia, (EU).
La joven Mabette Colón Pérez, de la organización Comunidad Guayanesa Unidos por tu Salud, resaltó la importancia de la manifestación que realizarán cerca de las oficinas centrales de AES.
“Ante la incertidumbre que tenemos los residentes de Guayama, sobre la responsabilidad que el gobierno de Puerto Rico impondrá o no a la AES, por el daño crítico al ambiente y a la salud de nuestra gente que ha causado durante tantos años, vamos a decirle a los hombres y mujeres que invierten su dinero en esa empresa, y que obtienen ganancias millonarias, que tienen que asumir su responsabilidad por la contaminación y el envenenamiento que han causado, y que seguiremos luchando hasta que cierren su planta de carbón y recojan sus maletas y se vayan de mi país”.
En tanto Janette Albino Teissonniere, líder del Campamento contra las cenizas de Peñuelas, comentó que la lucha contra la AES continua, aunque desde hace casi dos años no se transportan cenizas a los vertederos peñolanos.
“Gracias a la lucha en la calle, pudimos detener el depósito de la basura tóxica de AES cerca a nuestras comunidades. Pero, la planta de carbón sigue encendida contaminando a la gente de Guayama y las cenizas siguen enterradas en otros pueblos, poniendo en peligros el agua y la salud de más personas. La lucha de Peñuelas, es la lucha de todo Puerto Rico. Y hasta Virginia vamos a decirle a AES que no le tenemos miedo y que no damos un paso atrás”, manifestó.
Según se informó la representación de la Resistencia RCC que viajará a Virginia, aprovechará el viaje para sostener otras reuniones, foros y visitas.
“Vamos a visitar las oficinas de varios Congresistas en Washington DC para seguir buscando apoyo a nuestra lucha, al igual que sostendremos una reunión con personal de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para discutir asuntos relacionados a la planta de AES. Si se convirtiera en algo real el deseo del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, de terminar con la quema de carbón para el año que viene, cosa que es incierta, hay que asegurarnos que AES no quede impune, y que no sea recompensada por envenenar y matar a las personas con su contaminante empresa, con otros contratos millonarios”, aseguró Timmy Boyle de la Alianza Comunitaria y Ambiental del Sureste (ACASE).
La actividad cuenta con el apoyo de varias organizaciones de la diáspora como, Vive Boriken, A Call for Action, el Frente Independentista Boricua de New York, CT Puerto Rican Agenda, y la Diáspora en Resistencia. Se espera que miembros de estas organizaciones participen de la actividad, al igual que miembros de la Iglesia Luterana Hope and Annandale de Virginia, Sierra Club y Earthjustice de Washignton DC.
Al margen de las críticas respecto al proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) presentadas tanto en Puerto Rico, así como en la reciente vista del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Estados Unidos (EEUU), el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó la Ley de Política Pública Energética, que se supone establece la eliminación progresiva del uso de combustibles fósiles como fuente de generación de energía. Ahora habrá que ver si en efecto el proceso de privatización lo permite.
El anuncio de su firma se dio este pasado jueves 11 de abril, y según el gobernador: “Hemos diseñado un marco regulatorio para adaptar nuestro sistema energético a uno resiliente, confiable y robusto, con tarifas justas y razonables para todos los consumidores”. De acuerdo con lo que ordena la ley, la privatización debe proveer una reconstrucción, modernización y actualización rápida y efectiva de la red para desarrollar un sistema robusto, confiable, inteligente y flexible que pueda integrar nuevas tecnologías y mayor energía renovable.
La nueva ley también establece la transferencia de la operación y el mantenimiento de la transmisión y distribución de energía a un concesionario, mediante una alianza público-privada (APP), en o antes del 31 de diciembre de este año. El decreto ordena a la AEE transferir a compañías privadas los activos de generación mediante venta o Alianza público privada (APP) y determina que ninguna compañía, en ningún caso, podrá alcanzar el 50 por ciento o más de los activos de generación. Los contratantes que adquieran u operen las plantas de generación de la AEE deberán modernizarlas o sustituirlas por plantas altamente eficientes en un periodo no mayor de cinco años.
Además, las nuevas plantas que se establezcan durante la transición a 100 por ciento renovables tendrán que ser centrales de menor escala y deberán tener la capacidad de operar con múltiples combustibles que minimicen las emisiones de gases de efecto invernadero, con tecnología más moderna y de alta eficiencia, y con capacidad para integrar generación distribuida y energía eléctrica renovable.
La nueva ley promueve el desarrollo de energía renovable distribuida al establecer una Absoluta Medición Neta al Detal (full retail net metering) para los participantes del Programa de Medición Neta. Bajo este programa, un cliente con un sistema de generación elegible –que utilice una fuente renovable de energía– puede exportar a la red de la AEE el exceso de energía que su sistema genere.
Las nuevas plantas que se establezcan durante la transición a 100 por ciento renovables tendrán que ser centrales de menor escala y deberán tener la capacidad de operar con múltiples combustibles que minimicen las emisiones de gases de efecto invernadero, con tecnología más moderna y de alta eficiencia, y con capacidad para integrar generación distribuida y energía eléctrica renovable.
En cuanto al ente regulador, el Negociado de Energía de Puerto Rico, se anunció que se le aumentará el presupuesto a $20 millones, se le otorgará mayor autonomía operacional y se le darán nuevas facultades para regular, mediante mecanismos basados en métricas de desempeño de las compañías de energía.
La ley también crea un Fideicomiso de Energía Verde, que se supone promoverá que los consumidores puedan convertirse en consumidores-proveedores. El Fideicomiso estará encargado de establecer programas o dar apoyo financiero a proyectos que provean acceso a energía verde a residentes en comunidades de bajos y medianos ingresos. La entidad, además, apoyará a empresas municipales de energía, así como a comunidades solares, microredes en comunidades aisladas y comunidades de bajos y medianos ingresos; también favorecerá el financiamiento de proyectos de energía verde en pequeñas y medianas empresas (Pymes) o microempresas.
La ley facilita que los proyectos de energía renovables hagan uso del proceso expedito de permisos dispuesto en la Ley 76-2000. Además, ordena reemplazar el 100 por ciento del alumbrado público por luces LED o renovables para el 2030. En cuanto a los trabajadores, la ley –se supone–, garantiza que ningún empleado de la AEE pierda su empleo.
Para el activista ambiental y exrepresentante de los consumidores en la Junta de Directores de la AEE, Juan Rosario, habrá que ver si en efecto los intereses privatizadores van a dar margen a que se pueda establecer la política pública de la nueva ley de producir mediante la energía renovable. Al poner en duda que se alcancen los objetivos, apuntó a que se está hablando de crear un mercado de entre $15 a $20 millones en lo que es la restauración del sistema. Además, no se van a vender los activos de la AEE, sino que se va a usar el modelo de las APP, lo que a su juicio es peor que una venta porque el privatizador se queda con la ganancia. Tampoco favorece a que el privatizador dé paso a los otros modelos de pequeña escala, como proyectos cooperativos, comunitarios, etc. Al igual que otras voces, Rosario denunció que el país no ha tenido una discusión de cuánto gas natural se necesita. Esto es uno de los puntos más criticados del Plan Integrado de Recursos (PIR) de la AEE, que se concentra en el uso de gas natural.
