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Entrevista a Pedro Saadé Lloréns: La lucha consistente le dio el triunfo a Playas pa’l pueblo

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Licenciado Pedro Sadee Llorens

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Solo el activismo consistente –aun con todo el marco legal que pueda haber– fue la constante que hizo posible detener la privatización de las cinco cuerdas del Balneario Público de Carolina. Así lo afirmó el licenciado Pedro Saadé Lloréns, representante legal de Amigos del Mar, organización que durante 14 años mantuvo el campamento de resistencia Playas pa’l pueblo.

En este mes de junio se supone que el Municipio Autónomo de Carolina asuma la responsabilidad de las 4.0732 cuerdas de terreno en disputa, que fueron segregadas de las cinco cuerdas originales de la finca de 39,831 cuerdas que comprende los terrenos del Balneario de Carolina. La devolución de los terrenos se da tras el acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo entre el Municipio y la empresa CH Properties, que pretendía apoderarse de los terrenos para su privatización. El acuerdo conlleva el pago por parte del Municipio de $2 millones a CHP: un primer pago de un millón y un segundo millón que se dividirá en dos pagos, además de un nuevo contrato de arrendamiento por parte del Municipio a CHO por las 0.9268 cuerdas en litigio.

CLARIDAD conversó con el experto en Derecho Ambiental y veterano en luchas ambientales, licenciado Saadé Lloréns, respecto a la importancia del caso que conllevó 14 años de resistencia civil y legal.

El origen de la controversia

Cuando comenzó el caso, ¿estimó que iba a tomar tanto tiempo?

“No, no. Esa controversia y la desobediencia civil que devino fue en el 2005, que es cuando comienza la compañía a eliminar toda la vegetación y a rellenar parte del predio, eliminando la arena, la costa y depositando tosca. Ahí es entonces que inician las protestas y se inicia el campamento que dura hasta el presente. Son casi 15 años”.

“El contrato de arrendamiento –la fruta podrida– de los terrenos entre el Municipio de Carolina y CHP se firmó en el 1996, por lo que la lucha de Playas pa’l pueblo es un ejemplo más de que las controversias ambientales tienen distintos componentes, entre los que se incluyen el aspecto legal, la desobediencia civil y protestas de otro tipo. En efecto, ha habido otras circunstancias que han durado mucho tiempo. Por ejemplo, la lucha con relación a los terrenos de Piñones y Vacía Talega, que duró sobre 20 años. El Corredor Ecológico del Noreste también tomó varios años. Ahora, Peñuelas y el carbón, por lo que no se puede decir que es un suceso aislado, pero sí que cada una tiene sus características particulares”.

Foto por Vicente Vélez/CLARIDAD

Saadé Lloréns expresó que entiende que la lucha de Playas pa’l pueblo tiene elementos comunes con otras luchas y tiene particularidades propias. “Esta es una lucha en que quedaron enfrentadas dos visiones y dos objetivos. El objetivo de la empresa y del Gobierno al otorgar el contrato en 1996 era auspiciar el lucro particular y la privatización de una zona costera. Eso se enfrentó a una visión que es lo que genera la protesta: mantener el espacio público y mantener pública esa zona de playa, esa zona de costa. Eso es muy importante”.

Además señaló que había un enfrentamiento en términos de la protección ambiental. Por parte del Gobierno y de la empresa privada se podía prescindir de esa visión, pero para los que insistían en la protección ambiental, esa visión era importante. En términos de visiones sobre planificación, apuntó que con el transcurso del tiempo se ha podido observar que toda la construcción muy cercana a la costa no ha sido buena desde el punto de vista de la planificación porque impide el disfrute de la costa y de la playa. “Aquí querían tomar un pedazo de terreno de cinco cuerdas y privatizarlo, excluir el disfrute del público del balneario –porque esto fue del balneario desde el principio–, robar esas cinco cuerdas para un proyecto hotelero timeshare. Esa confrontación tan fundamental siempre ha estado presente a pesar de las características particulares”, recalcó.

Frente a la confrontación de estas dos visiones destacó que lo que hace la diferencia en la lucha de Playas pa’l pueblo, como en otras que han tenido éxito, incluso la lucha de Vieques con sus altas y sus bajas, es la persistencia en la resistencia de la desobediencia civil y la protesta, “porque ese campamento se ha mantenido desde el 2005”. 

El marco legal

¿Considera que durante el proceso las leyes ambientales ayudaron? ¿Se probaron al punto que se pueda decir que funcionan?

“Yo diría que la lucha legal contribuyó; pero no se puede decir que fue definitorio porque la persistencia en la resistencia y la desobediencia civil, en este caso en particular, fue muy importante. Puede ser que en otras luchas la fuerza relativa de un elemento u otro cambie, y no es que no haya contribuido, pero si no hubiese sido por el elemento de la resistencia, probablemente no estaríamos celebrando lo que estamos celebrando”.

Un argumento legal, en el cual dijo que siempre se insistió, es que los terrenos son de dominio público y han sido considerados parte del balneario desde décadas atrás, además de que la propia composición geográfica y física de los terrenos es parte de la zona marítimo terrestre. Esto quedó confirmado cuando, en el 20016, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) hizo un deslinde y buena parte de las cinco cuerdas quedaron como bienes de dominio público.

Saadé Lloréns recordó que los oficiales gubernamentales, desde el Municipio de Carolina, así como la Junta de Planificación, el DRNA e incluso el Departamento de Justicia, variaron su postura durante el tiempo que duró la controversia y según los intereses políticos. “En términos del Municipio, en los últimos tiempos, el cambio ha sido muy importante porque durante los primeros años de lucha en que los grupos estábamos cuestionando la validez del contrato, en partes importantes de la lucha, el Municipio se mantuvo neutral”.

Esa neutralidad cambió cuando en el 2013 el Municipio de Carolina demandó a CHP porque no le estaba pagando la renta. La deuda sumaba millones de dólares. Esta demanda trajo como consecuencia una contrademanda de parte de CHP. Este enfrentamiento legal produjo un acuerdo entre las partes que conllevaba la remoción del campamento de Playas pa’l pueblo.

Dado la crisis política que representaba para el Municipio el remover el campamento, al encontrar que eso no era factible, dio un giro en su postura e inició las acciones para expropiar el contrato. Saadé Lloréns reconoció que este giro se dio en parte debido a que el Municipio tenía unos asesores legales con una visión distinta, de asesorar en una forma más consistente con el interés público.

Por parte del Gobierno central también hubo cambios en su postura. Para el 2005 a 2006, el Gobierno asumió la posición legal de cuestionar el contrato y de una mayor protección ambiental. 

“Esta compañía ha demostrado un vínculo fuertísimo con el PNP, y eso se nota a través del tiempo. Lo primero que hicieron fue cambiar de ruta e intentar segregar los terrenos para proteger la compañía y atacar a la comunidad con el cuestionamiento del contrato. Eso dura hasta nuestros días. El ejemplo más claro de los vínculos de la compañía con el PNP es la reciente Resolución Conjunta 94 que presentó el senador Romero para hacer una interpretación perjudicial a los reclamos legales del Municipio”.

Denunció que esta influencia se extiende a la rama judicial, lo que se evidencia en que, según el magistrado que atendía el caso, la compañía contrataba abogados identificados con el PNP. El tribunal además se negó a reconocerle legitimación activa a un grupo de vecinos y a grupos ambientales que solicitaron intervenir en el caso que cuestionaba el contrato de arrendamiento. La relevancia de esta decisión es que su consecuencia es la “fruta prohibida”: el contrato de arrendamiento permaneció intacto. El acuerdo al que llegó el Municipio de Carolina con la empresa conlleva una compensación de $2 millones a CH Properties.

A la luz de esta experiencia, Saadé Lloréns no descartó que ocurran casos semejantes en otros lugares, por lo que hizo la advertencia de que los acuerdos a que los municipios puedan llegar con entes privados podrían tener consecuencias directas en términos del costo y el impacto al pueblo. Agregó que a pesar de que las entidades del Gobierno tuvieron cambios a través del tiempo, la constante ha sido si lo que está en controversia es para disfrutar como bien público o para privatizar.

Destacó que las luchas por salvaguardar y proteger los espacios públicos es una acción muy pertinente en el Puerto Rico de hoy ante la fe ciega de muchos de que todo lo privado va a prevalecer, de que va a sacarnos de la crisis. 

Abrazo al bosque 

Tras el recobro de los terrenos para el balneario y el levantamiento del campamento, el licenciado Saade Lloréns indicó que ahora se entra en una etapa nueva, que es el manejo del bosque costero. “Hasta ahora hemos visto una reacción muy buena del Municipio de valorar ese bosque costero”. A la vez anunció que Playas pa’l pueblo se mantendrá alerta para que el acuerdo se cumpla y que CHP no ocupe ni viole las zonas públicas. Resaltó que, inclusive, el acuerdo dispone que no se podrán construir habitaciones adicionales.

EDITORIAL: Las pensiones y la filosofía del “such is life”

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La decisión unilateral de la Junta de Control Fiscal (JCF) de recortar las pensiones de los retirados del servicio público provocará un desastre mayor del que supuestamente evitaría. La misma destroza la premisa básica del contrato social sobre el cual se estructuró el gobierno de Puerto Rico. También le pone el último clavo al ataúd del gobierno propio bajo el espejismo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Después de ejecutados dichos recortes, cualquier nueva promesa o transacción entre el gobierno y sus trabajadores carecerá de certeza y credibilidad. Bajo las nuevas reglas del juego político, cualquier compromiso de cualquier gobernante u oficial electo sobre cualquier asunto que afecte el presupuesto y el plan fiscal será letra muerta, salvo que sea consultado previamente con la JCF y ésta le dé su visto bueno.

Peor aún- y ahora vamos a los números ya al aspecto humano- los recortes afectarían a una población ya empobrecida. Aunque se carece de estadísticas confiables, y cada quien arrima la brasa a su asado, el desfase entre salarios y costo de vida en Puerto Rico es abismal. Cada año el costo de vida crece y los salarios permanecen igual. Las pensiones, que son por lo general un ingreso fijo, no crecen y se las come el costo de vida. Históricamente, en Puerto Rico los salarios, y por consiguiente las pensiones, han sido mucho más bajos que los de otras jurisdicciones de Estados Unidos. El promedio del salario inicial de un maestro de salón de clases con bachillerato en Estados Unidos ronda los $45,000, mientras en Puerto Rico no llega a $25,000. Por otro lado, factores como la Ley de Cabotaje, las fluctuaciones en el precio del petróleo, y más recientemente el llamado impuesto al inventario de abastos en supermercados y almacenes han disparado el costo de alimentos, medicinas, gasolina, y otros renglones básicos para la vida diaria de nuestras familias. La llamada canasta básica ha multiplicado su costo a tal punto que la estampa del retirado o retirada que hace malabarismo para cubrir sus gastos es real. 

Con la excepción de los empleados de confianza- casi siempre ahijados o amigos de algún político o activistas del partido de turno en el gobierno- las y los servidores públicos en Puerto Rico han ganado poco. Ahora mismo, la pensión de cerca de 40,000 jubilados del gobierno no llega a los $500 mensuales, y el promedio se estima en unos $1,100 mensuales. Si a eso le añadimos que ni maestros ni policías han cotizado para el Seguro Social, el cuadro se agrava aún más. 

Los sistemas de retiro de los empleados del gobierno de Puerto Rico vienen sufriendo cambios y ajustes desde hace tiempo. Aumentos en la edad de retiro, sustitución de planes de beneficios definidos por 401 K´s (contribución definida), reducciones en aportaciones a los planes médicos de los retirados y eliminación de bonos y beneficios especiales son solo algunos de los ajustes realizados para lograr ahorros. Ahora, las y los retirados se enfrentan a la tijera afilada de la JCF que, con pocas excepciones, les recortará otro trozo de sus ya menguadas pensiones.

Para los miembros de la JCF, las pensiones de los jubilados del gobierno no son deuda asegurada. Recortarlas es parte del ajuste que debe hacerse de la deuda pública. Declaran que el recorte a las pensiones es indispensable para el logro de un presupuesto balanceado, el preciado objetivo que les impone la Ley PROMESA que les creó y les dio poder para hacer y deshacer en nuestro país. En este ejercicio puramente matemático, el aspecto humano no cuenta. Ni a los miembros de la JCF ni a sus asesores les interesa calzarse el zapato de nuestros jubilados. Ya lo dijo el presidente de la JCF, José Carrión III, cuando a preguntas de la prensa, afirmó que a él se le haría imposible vivir con $1,000 mensuales. Por supuesto que ni él ni los demás miembros de la JCF pueden hacerlo, ni tampoco sus asesores, pero sí pretenden que lo hagan por menos dinero aún decenas de miles de pensionados en Puerto Rico. 

Los responsables del descalabro de los fondos de nuestros sistemas de retiro tienen nombres y apellidos conocidos. Algunos se fueron de Puerto Rico, negándose a darle la cara al pueblo puertorriqueño. Otros, ya como expertos, “elder statesmen” o como poderosos asesores, aún se pasean entre nosotros. Todos se benefician de la indiferencia y la impunidad que cunden libremente en el ambiente político y financiero puertorriqueño. 

La decisión despiadada de recortar las pensiones de nuestros retirados es un ejemplo del cinismo y la insensibilidad atroz de los miembros de la JCF, enviados a Puerto Rico con la encomienda de pagar la deuda a como dé lugar. Balancear un presupuesto lanzando a la indigencia a decenas de miles de retirados que le dieron los mejores años de su vida al servicio público solo puede calificarse como un atropello de marca mayor, sobre todo cuando el despilfarro de fondos públicos desde todas las instancias del Gobierno y el poder político en Puerto Rico es materia de titulares de prensa a diario. 

Según la JCF, no hay más remedio que recortar las pensiones para seguir pagando la deuda. Esa es la filosofía de quienes representan al gran capital: que la soga siempre parta por lo más finito porque “such is life”. 

Imborrable Palestina

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Por Leonel Nodal

A veces algunas personas se me acercan y me preguntan si no me canso de hablar sobre lo mismo, al referirse a los incontables reportajes, artículos y comentarios que he venido escribiendo a lo largo de los últimos 40 años sobre “los palestinos”. No, en verdad no, respondo.

Al contrario, con el paso del tiempo me interesé cada vez más por conocer las verdaderas causas de la tragedia de un pueblo pacífico y laborioso expulsado de la tierra donde vivieron sus más remotos antepasados, durante más de 2 000 años, despojado de todos los derechos humanos, empezando por el de una identidad propia.

Las matanzas y operaciones de terror para expulsarlos de sus pueblos y residencias, una verdadera operación de limpieza étnica, se desarrolló a partir del 14 de mayo de 1948, como fase final de un movimiento político llamado sionismo, surgido en Europa a finales del siglo XIX, que emprendió la prédica del establecimiento de un estado judío en Palestina, el cual pasó al control británico como un protectorado colonial tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial.

En 1948 fueron expulsados miles de palestinos de sus tierras. Lo que en su momento, a fines del siglo XIX, los líderes sionistas presentaron como un movimiento político de inspiración confesional, para redimir a las minoritarias comunidades judías que sufrían vejámenes y limitaciones en el seno de las naciones europeas, regidas por gobiernos autocráticos y racistas, terminó por materializar uno de los más criminales proyectos imperiales del siglo XX.

La partición de Palestina, decidida en Naciones Unidas sin tomar en cuenta la voluntad expresa de sus moradores, para facilitar la creación de Israel, como un modo de expurgar los graves crímenes del fascismo alemán contra el pueblo judío, trajo como resultado una injusticia mayor, que se extiende y profundiza cada vez más.

Las celebraciones por estos días de los festejos por el aniversario 71 del establecimiento del Estado de Israel, marcan con sangre y fuego de metralla el asesinato de otros cientos de hombres y mujeres palestinos, así como las heridas de bala a miles de residentes en la franja de Gaza, territorio cercado y bloqueado por aire, mar y tierra, considerada la mayor prisión a cielo abierto del mundo, donde más de dos millones de seres humanos viven encerrados, víctimas de una violencia racial fascista.Más de 700 000 palestinos fueron expulsados de sus tierras y viviendas tras la creación del Estado de Israel en 1948, al día siguiente de su proclamación. Por eso el 15 de mayo se conmemora en Palestina el Día de la Nakba, palabra que encierra un significado mayor que tragedia y engloba sufrimiento, despojo de dignidad, personalidad propia, futuro.

Cuando en 1978 conocí a los primeros líderes palestinos con los que tuve contacto, en el campo de refugiados de Shatila, en Beirut, compartiendo una taza de té sentados en el arenoso suelo, rodeado de tiendas de lona y casuchas de madera con techos de zinc, sentí vibrar en sus relatos la pasión de quienes tienen un sueño, una motivación para entregar sus vidas.

Las razones estaban al alcance de nuestra vista, a nuestro alrededor, donde niñas y niños de ojos inmensos, nos miraban curiosos, reían y volvían a sus correrías sin reparar en una miseria impuesta.

A partir de aquel momento conocí muchos otros campos de refugiados en el sur libanés: Bourj Barajne, a corta distancia de Israel, donde a menudo era bombardeado por la aviación sionista; en el norte, en las proximidades de Trípoli, en el propio Beirut, en Sabra, escenario junto con Shatila de una de las más atroces masacres cometidas contra una población civil indefensa después de la entrada del ejército israelí en esa zona, tras 90 días de fiera resistencia en el verano de 1982.

El Gobierno israelí, con el apoyo financiero, diplomático y militar de Estados Unidos, consiguió proseguir el exterminio de miles de palestinos y sus principales líderes, mediante atentados terroristas, encarcelamientos y anulación de derechos. La farsa de las negociaciones de paz, de una autonomía limitada, a cambio del reconocimiento de Israel, solo ha servido para enrejar a la población palestina de Cisjordania, proseguir la expropiación de sus tierras y alejar la noción de un Estado propio, libre y soberano.

En la actualidad hay registradas más de 5,2 millones de personas palestinas refugiadas; la gran mayoría vive en Jordania, Líbano, Siria y los Territorios Ocupados. Israel no reconoce la facultad legal que les otorga el derecho internacional a regresar a los hogares donde vivían —ellas o sus familias— en Israel o en Cisjordania y Jerusalén. Tampoco han recibido jamás indemnización por la pérdida de sus tierras y bienes.

En la cercada franja de Gaza, cada viernes miles de hombres y mujeres palestinos, en su mayoría jóvenes y hasta menores que siguen a sus padres, alzan los puños y sus banderas en demanda del derecho al retorno. Puede que lancen algunas piedras a los soldados israelíes apostados al otro lado de la cerca, desde donde, con toda impunidad, abren fuego, matan, hieren y mutilan. Siembran el terror.

Intentan lo imposible por borrar del mapa del Oriente Medio a Palestina, exterminar a su gente, desaparecer sus esperanzas.

¿Cómo sentirse cansado de reportar el combate de un pueblo que reafirma su identidad escribiendo con sangre su nombre sobre la tierra que lo vio nacer y está dispuesto a morir?

UPR: Un nuevo recorte de presupuesto y el capricho del presidente

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Jorge Haddock Acevedo,presidente de La Universidad de Puerto Rico

Por Giancarlo Vázquez/CLARIDAD 

gvazquez@claridadpuertorico.com 

Dentro de un mes concluye otro año fiscal para la Universidad de Puerto Rico (UPR). A partir del primero de julio, se efectuará un nuevo recorte al presupuesto de la Universidad, que amenaza las condiciones de trabajo para los empleados del sistema y que limita la accesibilidad a una educación superior pública. 

En octubre pasado, la Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó por decisión unánime un plan fiscal que recorta $541 millones a la UPR en los próximos cinco años. Como parte de las medidas para contrarrestar los efectos de ese recorte, el plan sugiere la congelación de plazas, la consolidación de recintos, un aumento de $124 por crédito de nivel subgraduado, recortes a las pensiones del Sistema de Retiro UPR y al plan médico, la liquidación por días de vacaciones, de enfermedad y más. 

Según el último Plan Fiscal Revisado, sometido por la UPR a finales de abril, “la Universidad ha ejecutado medidas que tendrán un impacto total de $629.85 millones en los próximos cinco años, o el 53.3% del objetivo de cinco años en comparación con el Plan Fiscal Certificado”. 

Pero los recortes continúan y, aunque algún tiempo atrás, el presidente de la universidad Jorge Haddock Acevedo se pronunciaba a favor de las decisiones tomadas por la JCF sobre la UPR, de un momento a otro, no ve razonable que el ente federal creado bajo la ley Promesa continúe haciéndole recortes al primer centro docente del país. 

“No soportamos un recorte más. Nosotros hemos sido bien responsables. Hemos tenido unos recortes sustanciales este año y ya tenemos hasta el momento el presupuesto balanceado. Ponernos en este momento recortes adicionales cuando nosotros estamos trabajando arduamente, yo no lo veo viable o razonable”, dijo Haddock a El Vocero. 

Y así como continúan los recortes, también el despilfarro. Considerando lo mencionado anteriormente, cabe recordar los reclamos de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) sobre la ceremonia de investidura del presidente. 

“Motu propio”

Las ceremonias de investiduras son una práctica medieval en la que se reconocen los méritos de una persona y su transición al poder de una institución. Aunque en pleno Siglo XXI se siguen practicando, este tipo de actividad ha dejado de realizarse por el mal sabor que dejan. 

La UPR nunca antes había presenciado una actividad de este carácter. Al menos, eso nunca ha sido una tradición de la institución. Sin embargo, el presidente ha solicitado un reconocimiento para sí mismo con la excusa de que esto ayudará a mejorar la reputación y a la credibilidad de la Universidad, “motu proprio”. 

La presidenta de la HEEND Jannelle Santana criticó las pretensiones del presidente, que después de casi un año en el puesto “ahora quiere hacerse ceremonia para alimentar su ego…” Todo un despilfarro de dinero en el momento hasta ahora más crítico para la Universidad. 

“Tenemos conocimiento de que hay un comité que él creó con un grupo de personas, incluyendo rectores, que están a cargo de esta ceremonia”, dijo la líder sindical a CLARIDAD. 

Aunque se desconoce el costo total de esta actividad, se estima que el costo de cada toga ronda los $3 mil. Santana mencionó que para la ceremonia “se mandó a hacer un medallón en oro de la UPR y la toga que él (Haddock) va a usar para las graduaciones; también, la compra de tres togas adicionales, incluyendo la del presidente de la Junta de Gobierno. Todas las togas tienen los grados terminales de cada una de esas personas, chebrones en oro blanco, el logo de la universidad en relieve…” 

 La investidura va a ser en el Teatro de la Universidad y el pasaje de los invitados que vengan de fuera del Puerto Rico será costeado por la UPR. 

“Mientras se aumentan matrículas, quitan exenciones, reducen beneficios a los empleados y las aportaciones al plan médico, tenemos una Administración Central que no está viviendo la crisis de la manera que la estamos viviendo los recintos. Para ellos no hay crisis, sino gastos excesivos”, manifestó. 

El despilfarro en Administración Central no se compara con la realidad que están enfrentando los recintos, que sufren en gran parte el impacto de los recortes determinados por la Junta de Control Fiscal y avalados por la Junta de Gobierno de la UPR y el presidente. 

Un capricho ideológico 

A principios de mayo, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) presentó una demanda planteando que la JCF se excedía en sus poderes al intervenir con el Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR. El Fideicomiso es autónomo e independiente y “en ningún ordenamiento jurídico está contenido que ellos puedan intervenir con respecto a eso”, sostuvo presidente de la APPU Ángel Rodríguez.

Además, esa asociación demandó al presidente de la universidad y a la Junta de Gobierno por incumplir con su deber fiduciario, ya que no se han realizado los pagos al sistema de retiro, que le corresponden a la universidad como patrono, lo que a su vez ha permitido el deterioro de la estabilidad económica del fideicomiso. 

“Esto incide en el presupuesto porque se va acumulando una deuda que, cuando comienza un nuevo presupuesto, de igual manera se corre para el próximo año fiscal”, dijo Rodríguez. Es decir, se le sigue adeudando al retiro. 

La Junta de Retiro de la UPR ha sostenido reuniones con la directora ejecutiva de la JCF Natalie Jaresko para demostrar la solvencia del sistema, el funcionamiento de las inversiones y todo lo referente al Retiro UPR. Aunque la Junta está de acuerdo con la información que se le ha suministrado –según mencionó Santana– y, por ende, con que el sistema funciona, el ente federal mantiene su posición de cambiarlo de un sistema de pensiones con beneficios definidos a unas cuentas de ahorro individuales, mejor conocidas como 401k. 

Santana, describió los cambios en el sistema de retiro como un “capricho ideológico” por parte de la Junta. 

Por otra parte Rodríguez añadió que “la UPR no aguanta más recortes. El nuevo presupuesto que comenzaría a partir del primero de julio promueve un recorte de $83 millones adicionales, además de los recortes que ya se habían realizado, lo que incide en los programas académicos, las contrataciones, en los pagos al sistema de retiro, etcétera”.

“A pesar de que nuestro reclamo ha sido siempre que se regrese a la fórmula del 9.6%, ahora le estamos pidiendo que, por lo menos, los $83 millones que están presupuestados como recorte no se recorten. Esto lo que implica es la no planificación de la universidad”. 

Más información sobre el sistema de retiro de la UPR en las páginas 26 y 27.

La pelea por Europa y el drama catalán

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Por Manuel de J. González/CLARIDAD

Europa pasa por momentos difíciles. Tal vez no tan malos como los que se juntaron en la década del ’30 del pasado siglo para desembocar en la guerra más letal de su historia, pero lo suficiente para preocuparse. 

El resultado de las elecciones para elegir los integrantes del Parlamento europeo del pasado domingo 26 de abril, celebradas en todos los estados miembros de la Unión, reforzó esa preocupación. En esa consulta los partidos y movimientos que apoyan la continuidad y el fortalecimiento de la UE (conservadores, socialdemócratas, liberales y ecologistas) ganaron suficientes escaños para garantizar que no se produzcan cambios importantes, pero a la misma vez, las fuerzas de ultraderecha, que tratan de hacer implosionar el ente continental, ganaron fuerzas y ahora mismo representan una cuarta parte de la legislatura central. 

En dos de los estados fundadores de la UE, Francia e Italia, la fuerza política más votada fue la ultraderecha, aunque en ninguno de ellos alcanzó mayoría absoluta. En Francia se trató de una repetición porque en las elecciones de 2015 el Frente Nacional de Marine Le Pen obtuvo un porcentaje similar, pero en Italia los resultados representaron una mejoría importante para el partido del aprendiz de Mussolini, Matteo Salvini. En Hungría el partido del ultraderechista Viktor Orbán, actual jefe del Gobierno, obtuvo el 52% de los votos. 

La presencia de esta fuerza compacta dentro del Parlamento europeo, que en la mayoría de las ocasiones actuará como un bloque ideológico, augura debates intensos durante los próximos años. Sus acciones estarán dirigidas a intentar reducir el poder de los organismos continentales en áreas vitales como el control de las fronteras y las finanzas. 

Cuando se habla de “control de fronteras” se refiere particularmente a los emigrantes como problema central. La llegada en grandes grupos de personas provenientes de Asia, el Oriente Medio y, sobre todo, de África, fue el tema central de la campaña de muchos de los países. Los grupos de ultraderecha, alimentados por el racismo más que por el problema social que representan los inmigrantes, manosearon este tema a todo dar, alimentando miedos y prejuicios religiosos. 

Esta agitación se benefició del hecho de que, ciertamente, las instituciones europeas han atendido muy mal el tema de la migración y todo indica que se le ha salido de las manos. Abrumados por el intenso tráfico – que impulsado por la necesidad y organizado por las mafias que se lucran del dolor ajeno – las autoridades la UE no han logrado dar con una respuesta coherente al problema. Esto ha implicado que los países que sirven como puertas de entrada –Italia, Grecia y España– tengan que soportar una dosis mucho mayor de la crisis. En el caso de Italia, que está exactamente frente a Libia, el principal puerto de embarque, el problema ha superado todo posible encuadre, lo que explica muy bien el auge del aprendiz de Mussolini.

La fuerza de la ultraderecha, que en un momento de la campaña se temió mucho mayor, se ha visto mitigada por el ascenso de los partidos liberales y ecologistas que, aunque críticos en varios temas, apuestan por la continuidad de la UE. Estos captaron parte de descontento generalizado con conservadores y socialdemócratas, los que hasta ahora se habían repartido el poder. 

Detrás del debate europeo, como el lobo que mira de lejos las ovejas pastando, está la Rusia de Putin. Igual como sucedió en las elecciones estadounidenses, donde apoyaron sin reserva al troglodita Trump, el gobierno ruso hizo todo lo posible por mercadear a los ultraderechistas, pavoneándose con Marine Le Pen y Matteo Salvini, y patrocinando encuentros entre los partidos ultras. Más que la sintonía ideológica, lo que está detrás de este apoyo es un objetivo geopolítico. En medio de su expansión, la UE se ha movido hacia la Europa del Este y los Balcanes, tradicionales áreas de interés ruso por lo que la debilidad de la UE redundaría en ganancias para Moscú. 

En España las elecciones del Parlamento europeo fueran dominadas por el Partido Socialista (PSOE), seguido de los partidos de la derecha que apoyan la UE, Populares y Ciudadanos. Los tres obtuvieron 40 de los 54 escaños en disputa. El ultraderechista Vox sólo obtuvo 3. Donde se produjo un resultado lamentable fue en las elecciones municipales que se juntaron con la europea. La capital, Madrid, controlada por el PP durante décadas, había sido dominada por la izquierda en las elecciones de 2015. La exjueza Manuela Carmena, postulada por Unidos Podemos, ejerció como alcaldesa en los pasados 4 años recibiendo elogios por una administración eficiente e inclusiva. Previo a la elección, hasta el New York Times se unió a los aplausos. El pasado 26 de abril la candidatura de Carmena fue la más votada, pero la unión de los tres partidos de la derecha, PP, Ciudadanos y Vox, permite que el candidato del primero controle la alcaldía madrileña. 

Más que los inmigrantes, lo que motivó a la derecha española fueron los reclamos de independencia de los catalanes. Pero a pesar del escarceo, los independentistas lograron su objetivo de colocar en el Parlamento europeo a dos de sus principales dirigentes, el expresidente Carles Puigdemont y el líder de Esquerra Republicana Oriol Junqueras. El primero se estableció en Bruselas para evadir los intentos españoles para juzgarlo por “sedición”, mientras el segundo sigue encarcelado desde hace casi dos años, en “prisión preventiva”. Ahora ambos pueden utilizar el Parlamento de la UE como caja de resonancia de la causa catalana y el caso de Junqueras, que ahora es un diputado europeo encarcelado, le representa un problema muy singular al gobierno español. 

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