Desde que se estableció en 2013 el acuerdo para implantar en Puerto Rico la llamada Reforma de la Policía, la iniciativa fue bienvenida con cautela por los defensores de los derechos humanos en nuestro país. Nadie que conozca de cerca la trayectoria nefasta de la Policía de Puerto Rico podía hacerse de ilusiones sobre sus resultados. Después de todo- aunque con varias décadas de distancia- esta es la misma Policía que produjo “monstruos” como Alejo Maldonado, y Ángel Luis Pérez Casillas quienes, bajo el manto de su autoridad como oficiales de alto rango de la uniformada, ordenaron los más bárbaros atropellos y hasta asesinatos contra ciudadanos inocentes.
El acuerdo de entendimiento para la Reforma se firmó con el fin de transar una demanda que había interpuesto el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en el 2012 contra la Policía de Puerto Rico, por sus sostenidas violaciones a los derechos civiles y humanos en la Isla. Bajo el acuerdo, que es supervisado por el Tribunal Federal en San Juan, se nombró a un oficial con el propósito de monitorear el cumplimiento con las estipulaciones del acuerdo, según lo interprete el tribunal. Dichas estipulaciones incluyen el adiestramiento profesional de la fuerza policíaca, en múltiples áreas de la conducta y del manejo y solución de problemas, para evitar la violación de los derechos civiles y humanos en la interacción de agentes de la Policía con la ciudadanía.
El primer monitor de cumplimiento nombrado en 2013 apenas duró un año en la posición. Luego se nombró al coronel retirado de las Fuerzas Armadas, Arnaldo Claudio, quien llevaba seis (6) años en la posición hasta que anunció su retiro súbitamente hace unas semanas, e hizo unas denuncias fuertes en torno a dicho proceso. En sus expresiones públicas a su salida del puesto, Claudio aludió a “despilfarro de dinero” por parte del Gobierno de Puerto Rico y a “conflictos de interés que no aclaró”. Ahora, ya sabemos a lo que el señor Claudio se refería en sus denuncias: a un innecesario contrato millonario con el Bufete McConnel Valdés para que represente a la Policía en esta fase de cumplimiento. En este bufete es socio el padre del Juez Gustavo Gelpí, supervisor del proceso de Reforma Policíaca en el Tribunal Federal.
No existe justificación para el contrato con este bufete, el cual añade una capa más de burocracia a un proceso de por sí lento y burocrático. Tampoco existe justificación para que se torne adversativo y litigioso un proceso que precisa negociación y mediación para obtener el resultado deseado: que la Policía experimente una mejoría en el cumplimiento de su función como garante de la protección y seguridad de la ciudadanía. Después de todo, así debe ser para beneficio de toda la sociedad.
Por lo tanto, la salida del coronel Claudio representa un rudo golpe para la agenda a favor de los derechos civiles y humanos en Puerto Rico, y para la propia Policía tan necesitada de mejoramiento. No solo significa un retraso innecesario en el proceso de cumplimiento, sino también confirma la falta de compromiso del gobierno de Puerto Rico con la transparencia y con el logro de los cambios fundamentales que un proceso como este debe entrañar.
El Negociado de Seguridad Pública y la Policía de Puerto Rico tienen la obligación legal de cumplir con este acuerdo, o pagar las consecuencias de no hacerlo. El Juez Gustavo Gelpí del Tribunal Federal tiene la obligación de supervisar estrictamente dicho cumplimiento o, de lo contrario, imponer las sanciones que correspondan. Los ciudadanos y sus organizaciones representativas, en nuestro caso, el Capítulo de Puerto Rico de la Unión Nacional de Libertades Civiles ( ACLU, por su siglas en inglés) y demás organizaciones que defienden a nuestra gente de la brutalidad y abusos de la Policía, tienen la obligación de seguir denunciando toda violación o atropello que se cometa por las fuerzas policíacas, y reclamando, ante todos los foros e instancias correspondientes, el respeto por la vida, la integridad, la dignidad y la seguridad de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas.
No constituye un buen ejemplo que la primera acción del bufete McConnel Valdés, en representación de la Policía de Puerto Rico en esta controversia, sea la de esconder o dilatar la entrega de la documentación que le ha requerido la Oficina del Monitor. Si todo estuviera en orden, y Gobierno y Policía se propusieran cumplir fielmente con la llamada Reforma Policíaca, no debería haber espacio para tácticas dilatorias. Una “reforma” deformada no le sirve bien a ninguna de las partes y abre la puerta al recrudecimiento de tensiones y hostilidades largamente contenidas.
