No hay planes de contingencia para viajeros varados, denunciaron varias voces
La muerte de Sheila Sanabria, residente de Vieques que falleció poco después de denunciar las condiciones del transporte marítimo, provocó la indignación de varias organizaciones y figuras sociales por suponer un caso de negligencia estatal. La ciudadana conformaba parte de un grupo de viequenses que, desde el 3 de febrero, aguardaba por la reanudación del servicio de lanchas.
Pernoctando en sillas, bancos, debajo de carpas o en el simple piso, docenas de residentes de la Isla Nena denunciaron no haber recibido apoyo alguno por parte de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) o HMS, la compañía encargada del servicio a través de una alianza público-privada.
“Dos viajes de ferris de Ceiba a Vieques no pudieron atracar en Vieques desde ayer por el alto oleaje. Un viaje salió en el nuevo ferri la Borinqueña, a las 8:00 p.m., con pasajeros y vehículos. Cuando no pudieron atracar en Vieques por el alto oleaje, el ferri regresó a Ceiba aproximadamente a las 10:00 p. m.”, lee un comunicado conjunto que integra a residentes y comerciantes de la isla municipio.
Por igual, las personas tuvieron que intentar otro viaje la madrugada siguiente,a las 4:30a.m., sin poder arribar a Vieques. A las 7:00 a. m., los pasajeros regresaron “cansados, frustrados y vomitando” al puerto de Ceiba. Entre los pasajeros, la comunidad destacó a una madre con su bebé recién nacido, adultos mayores y personas con condiciones médicas. Tomados por sorpresa a causa del clima, algunas de estas personas tuvieron que acudir a una farmacia para reabastecerse de medicinas.
“Esto es un desastre, un caos”, agregó José Rivera, residente de Vieques.
Las condiciones también retrasaron el envío de alimentos para comercios locales. Aliziris Rivera, propietaria de Superdescuentos Morales, indicó que su mercancía de vegetales y carne se atrasó porque tenía dos camiones varados en la Isla Grande. En respuesta a la situación, la comerciante de Vieques propuso una reunión con el alcalde de la isla municipio y la Autoridad de Transporte Integrado (ATI).
Un día después de estas denuncias, el 4 de febrero, Sheila Sanabria falleció en el Caribbean Medical Center, en Fajardo. Días antes, la viequense había advertido ante la prensa los estragos de tener que esperar para llegar a su hogar e informó que viajaba sin el medicamento para su hipotiroidismo.
“Esperamos que HMS y el Gobierno de Puerto Rico puedan proveer alternativas para que los residentes lleguen a casa. Esperamos que HMS provea comida a los pasajeros. Si dura esta situación de mal tiempo hoy, se necesita encontrar un hospedaje para los pasajeros. ¿Dónde están los albergues de desastres en Ceiba?”, concluyeron, a un día del fallecimiento de Sanabria, el grupo de viequenses.
En esta línea, una fuente de entero crédito coincidió en que ni la empresa ni el gobierno estaban preparados para atender a los pasajeros varados. También reveló que el alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez, fue apercibido de la situación luego de haber ocurrido y que su homólogo de Vieques, José Junito Corcino, criticó la falta de comunicación.
“No hubiese resuelto el problema, pero habría ayudado. Porque entonces no tienes a esa gente durmiendo en el carro. Así mismo lo contaron, que llevaban dos días sin bañarse porque no conseguían un hostel o un hotelcito para dormir. La comunicación hubiese ayudado un montón”, afirmó a CLARIDAD.
No obstante, la fuente igualmente reconoció que las condiciones del tiempo imposibilitaron cualquier viaje a Vieques o Culebra. Para un viaje, contó, se consideran factores como el tiempo, las corrientes, la marejada o los vientos de temporada. De haber algún fenómeno, como la Marejada de los Muertos que aumenta el oleaje, los viajes pueden quedar suspendidos indefinidamente.
“Una marejada fuerte puede virar un camión. Ha pasado. A veces, cuando hay mal tiempo, no se llevan los camiones por temor a que se viren. No todo el tiempo pueden salir. Uno entiende que si la barcaza no puede salir, no siempre es culpa del capitán… Tampoco es cuestión de cuántos motores tiene el bote. Es una pena, de verdad. El problema es el mal tiempo. Hay un asunto de riesgos con la seguridad de la tripulación o riesgos de encallar”, explicó.
Las lanchas que actualmente circulan entre Vieques, Culebra y Ceiba integran algunas de la antigua Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) —Isla Bonita, Cayo Largo, Cayo Blanco, Santa María— y las de HMS —Silver Wind, Breezy Point, Flor de Maga y Borinqueña. Estas últimas dos operan con dos motores; es decir, menos fuerza.
“Para atracar no se necesitan cuatro motores. Hace falta pivoteo. Eso no importa por los motores, eso importa por el tiempo. Uno puede tener un bote nuevo, espectacular; pero eso va a dar problemas mecánicos si sale en mal tiempo. Aquí no hay bote que aguante un oleaje. Incluso, si un bote es más grande es más posible que caiga”, agregó la fuente anónima.
Cayo Blanco, por ejemplo, es una nave alta y angosta. Esos rasgos, elaboró, la hacen más susceptible al viento y a los naufragios.
“El problema, lo que está mal, es que no hay ayuda para la gente varada. Es todo por falta de coordinación y comunicación. ¿Por qué no llamaron al alcalde ese mismo día? Tantas escuelas cerradas que pueden agarrar y usar de albergues”, opinó la fuente.
La situación con relación al transporte marítimo, además, ha recibido el repudio de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
El chequecito de “alivio contributivo”, aunque bienvenido, no sacará a las personas que viven bajo los niveles de pobreza (734,619 familias) de su situación económica. La Junta de Control Fiscal (JCF) una vez más se interpone, en esta ocasión, al denegar que el Gobierno aplique el ajuste por inflación al crédito por trabajo para el año contributivo 2025.
La organización Espacios Abiertos (EA) presentó en días recientes su estudio La denegación del ajuste por inflación al crédito por trabajo en la planilla de 2025 afectará la pobreza en Puerto Rico, realizado por el economista Daniel Santamaría Ots. El estudio indica que de haberse aprobado el ajuste, el total de personas que superaría el umbral de pobreza habría aumentado de 136,990 a 144,465. Sin el ajuste, un aproximado de 7,475 personas adicionales permanecerá por debajo del umbral federal de pobreza en 2025.
“En Puerto Rico, el crédito por trabajo tiene un alcance amplio y un efecto tangible en los ingresos de los hogares. Durante el año contributivo 2024, el crédito por trabajo benefició a 734,619 familias, o 6 de cada 10 hogares que radicaron planilla, con un crédito promedio de $1,974 por familia.”, explicó Santamaría Ots, codirector ejecutivo de EA.
En una acción que parece haber tomado por sorpresa a estudiosos y al mismo Departamento de Hacienda, EA dio a conocer que la JCF notificó al secretario de Hacienda, en carta del 29 de octubre del 2025, su negativa a dar paso al ajuste del crédito por trabajo.
Este ajuste se supone que se haga cada año y está regulado por el Código de Rentas Internas de Puerto Rico. El de este año 2025 conlleva una inversión de $72 millones que salen del presupuesto del Gobierno de Puerto Rico. Una vez más, según la JCF, la inversión de $72 millones —la cual no se ha realizado—no es consistente con el plan fiscal y el presupuesto propuesto por la Administración para el año fiscal 2026. Esta decisión implica que, a pesar del aumento en el costo de vida, los parámetros del crédito por trabajo permanecerán iguales a los del año contributivo 2024.
El codirector ejecutivo de EA expuso que la congelación del crédito golpea de forma especial a los hogares con dependientes y a los contribuyentes individuales, quienes son menos capaces de absorber el aumento en el costo de vida. “La mayoría de las personas afectadas provienen de familias con uno o dos dependientes, y la erosión del beneficio limita el alcance del crédito como herramienta para combatir la pobreza laboral”.
Santamaría Ots añadió que el impacto de esta decisión va mucho más allá de las cifras fiscales e implica un desincentivo a trabajar en el mercado laboral formal. Ello tendrá consecuencias en las empresas pequeñas/medianas locales que en la actualidad enfrentan problemas para encontrar empleados, en particular, los que están entre una y dos veces el salario mínimo.
El análisis de EA reveló que del total de 136,990 personas que cruzaron el umbral de pobreza (según lo definen las tasas del Gobierno de EE. UU.) 53,511 pertenecían a hogares con dos dependientes; 37,450 a hogares con un dependiente; 35, 983 a hogares sin dependientes y 10,046 a hogares con tres o más dependientes. Sobre el estado civil del total de 136,990 personas que cruzaron el umbral de pobreza, reveló que 110,008 eran solteras y 26,982 eran casadas.
La analista de política pública de Espacios Abiertos, Wilmarí de Jesús, añadió a la exposición que los beneficios de este programa “van más allá de un cheque aislado, incentivan el trabajo y la entrada al mercado formal de mucha actividad económica en Puerto Rico. Además, observamos que el aumento en personas radicando planillas desde que comenzó la implementación del crédito en 2021 se ha sostenido, lo que implica un aumento en la base contributiva de Puerto Rico con un efecto multiplicador en nuestra economía”.
En estos momentos, en el contexto de la discusión de una reforma contributiva, alertó de que el crédito por trabajo es una medida que va dirigida precisamente al grupo más importante que desea atender la actual reforma contributiva, a personas con ingresos entre $10,000 y $40,000, con el beneficio de ser una medida que ya existe y no requiere tanto ajuste administrativo. De Jesús considera que esto amerita que se analice en balance el crédito ajustado a inflación con cualquier beneficio adicional que se vaya a otorgar para 2025.
Por último, la licenciada Ataveyra Medina Hernández, portavoz de la organización, indicó que están en conversaciones con la Junta de Control Fiscal y han solicitado reuniones con la Asamblea Legislativa y el Departamento de Hacienda para profundizar en el análisis y protección de este incentivo que ha probado ser tan efectivo en promover el desarrollo económico de Puerto Rico.
Lanzo la idea a Bad Bunny, Ricky Martin, artistas y productores de espectáculos: hacer un concierto masivo de Bad Bunny este año, por ejemplo en Nueva York, en apoyo humanitario al pueblo cubano. Las ganancias se destinarían a bienes que Cuba urgentemente necesita. Al régimen trumpista le quedan casi tres años para tratar de estrangular a Cuba y hacer que su estado colapse o la resistencia a una invasión norteamericana se debilite por la extrema penuria a que se haya llevado al heroico pueblo. El genocidio que probablemente planea Washington tiene precedente en Gaza.
Los estrategas estadounidenses han arribado al razonamiento realista de concentrar sus esfuerzos en lo que es viable en cada momento. No pueden destruir el estado chino ni sus influyentes políticas comerciales, ni al estado ruso –mediante Ucrania y la OTAN–, ni detener la tendencia de decenas de países de África, Asia y Oriente Medio a su desarrollo e independencia económica, pero pueden –suponen– destruir el estado cubano. Impidiendo que Venezuela le provea petróleo destruirían los medios de subsistencia de Cuba a la vez que arrinconarían al estado venezolano para después destruirlo también.
El periódico cubano Trabajadores advierte: ‘La Revolución Cubana enfrenta hoy su desafío más peligroso desde la “crisis de los misiles” de octubre de 1962, cuando Washington, bajo la administración del entonces presidente John F. Kennedy, le impuso un bloqueo naval total a Cuba y llevó al mundo al borde de la guerra nuclear. La última escalada llega en un momento en que la economía y la infraestructura de la isla están a su límite por el endurecimiento de las sanciones económicas y la designación como “estado patrocinador del terrorismo” (SSOT) impuesta por el despiadado Goliat al norte. Esa designación ha hecho que la importación de combustible, medicinas, maquinaria y otros productos esenciales sea más difícil y, en muchos casos, imposible. Sin combustible, la generación de energía y el movimiento de mercancías dentro del país se están paralizando. Después de impedir el suministro de petróleo a Cuba desde Venezuela, Washington aumentó la presión sobre México. Después de Venezuela, México ha sido la fuente de petróleo más importante para Cuba. Ante el chantaje económico de la administración Trump, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum empezó a divagar sobre los compromisos comerciales de su país con Cuba. PEMEX –la petrolera estatal mexicana– anunció que canceló un envío urgente de petróleo a Cuba que debía llegar a la isla antes del fin de enero. Sheinbaum dijo entonces que el envío procedería como una oferta de “ayuda humanitaria” a la isla. Sheinbaum hizo un giro nuevamente el 28 de enero, insistiendo en que la decisión de retener el petróleo era una “decisión soberana”, implicando que no sucumbía a la presión de Washington, pero que México le seguiría brindando “solidaridad” a la isla. Cuba necesita ayuda material, solidaridad en acción. Necesita que los gobiernos de países productores de petróleo como México y Angola envíen petroleros. Necesita inversión extranjera en paneles solares y generadores eólicos para ayudar a reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Y necesita comerciar libremente para obtener productos alimentarios, medicinas y otros insumos esenciales. Es necesario ejercer presión sobre esos gobiernos que ahora se doblegan ante Trump, Rubio, y sus acólitos para que sigan comerciando y apoyando al pueblo cubano, y así darles un respiro para que puedan defenderse de la manera más eficaz. Los trabajadores, los estudiantes y otros jóvenes, y todos los que se preocupan por la democracia y la decencia humana en Estados Unidos, deben coordinarse en acciones unidas para exigir que Washington ponga fin a su maliciosa guerra económica, revierta el bloqueo de petróleo a Cuba y elimine al país de la infame lista SSOT.’
La coerción de Estados Unidos contra Cuba y Venezuela sitúa no sólo estas naciones, sino el hemisferio, en una encrucijada sin precedentes que redefine los desafíos al imperialismo norteamericano, y la medida en que los países latinoamericanos y caribeños puedan instrumentarlos. La crítica de Trump al establishment estadounidense, que provocó en sectores gobernantes irritación e intentos de frenarlo, era en gran parte –podemos inferir ahora– una alarma por los desafíos latinoamericanos.
Habiendo sido el imperialismo decisivo para el atraso y la pobreza –no sólo económica sino política– latinoamericana, aprovecha esta debilidad, que él mismo reproduce, para inducir al crecimiento mediante deuda a cambio de subordinación política. Persigue renovar el sistema de dependencia: estimular crecimiento de modo que los países latinoamericanos se ‘modernicen’ y alejen de rutas independientes, China, Rusia y BRICS. De ahí seguramente los recientes progresos de candidatos electorales de derecha en Honduras, Costa Rica y Bolivia.
El crédito beneficiaría grupos altos y medios y produciría una imagen temporera de modernidad. Numerosos políticos latinoamericanos se resisten a la izquierda pues suponen imposible un desarrollo económico sin financiamiento norteamericano u occidental. Fracasará, supuestamente, cualquier estrategia de sociedad independiente, y señalan las graves limitaciones de Cuba. Es un razonamiento colonialista, pues el endeudamiento con sometimiento impide la independencia de las decisiones sobre el sentido que tendrían las fuerzas productivas y la infraestructura.
Sin embargo, la expansión galopante del mercado global hace inadmisibles gobiernos despóticos y primitivos. Si bien persiste el miedo a rutas alternativas por la horrenda represión que Estados Unidos impuso en Latinoamérica mediante regímenes tiránicos en los años 50, 60, 70 y 80, es potente la tendencia a formar nación elevando las condiciones del pueblo trabajador. Participar del mercado exige desarrollar la educación de las generaciones nuevas, el gobierno, la infraestructura, las fuerzas productivas, la ciencia y la tecnología. Han quedado atrás las teorías en que los estados-naciones eran innecesarios por la ‘globalización’.
Es de esperar que administraciones imperialistas posteriores a Trump continúen en parte sus políticas, aceptando que se necesitaba un jefe brutal, tipo fascista o decimonónico, que las iniciara. No admite Washington que en Latinoamérica haya recursos naturales estratégicos sin explotar o explorar, por ineficiencia, ‘subdesarrollo’, nacionalismo, falta de capital, o las mismas sanciones estadounidenses. Trump ‘desbloqueó’ la actividad petrolera en Venezuela y está dando acceso a las corporaciones yanquis. Pero en sentido estricto y político el bloqueo sigue.
Según estudiosos, las licencias 46 y 47 emitidas el 29 de enero y adscritas a la nueva ley petrolera, prohíben a Venezuela vender petróleo a entidades vinculadas a Rusia, Irán, Cuba o Corea del Norte –no así China– (Sputnik, 6 febrero 2026). La reforma de la ley abarca casi toda la cadena de valor del sector petrolero, ‘desde la extracción y elevación del crudo hasta su exportación, refinación, comercialización, transporte y servicios logísticos asociados’. No incluye la fase primaria de la producción, que por ahora queda en manos venezolanas, pero incluye la exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, compra, entrega y transporte del petróleo. Los analistas indicaron que todo contrato petrolero que firme el gobierno venezolano o la estatal Petróleos de Venezuela debe estipular que se rige por las leyes de Estados Unidos, y cualquier resolución de controversias se llevará a cabo en territorio estadounidense. Las licencias establecen que los pagos a personas (i.e. corporaciones) bloqueadas deben canalizarse a través de los denominados Foreign Government Deposit Funds u otra cuenta que el Departamento del Tesoro norteamericano indique expresamente. Este mecanismo no implica desbloqueo de activos, sino que permite que los fondos se mantengan bajo supervisión regulatoria estadounidense. La nueva ley autoriza transacciones relacionadas con la exportación, venta, transporte y entrega de diluyentes –para procesar el crudo pesado venezolano– de origen estadounidense, así como servicios logísticos y de pago asociados. Los contratos petroleros deben someterse a la jurisdicción de tribunales estadounidenses, y se prohíben pagos en criptomonedas venezolanas (como el petro), oro o intercambios de deuda.
Exxon Mobil, Conoco Phillips y otras petroleras occidentales reclaman que Venezuela les debe decenas de billones de dólares por haber nacionalizado la actividad petrolera. Estas deudas podrían pesar seriamente sobre Venezuela. Las compañías podrán exigir su pago en los beneficios de la actividad petrolera u otros medios. Sería una amenaza al estado venezolano a menos que se fortalezca para defenderse y protegerse.
Un exministro de Planificación venezolano en el gobierno pre-chavista en 1992-93 opinó que según el nuevo arreglo Washington prohíbe a Venezuela vender su petróleo, pero le permite entregarlo a Estados Unidos, que lo vende a precio de mercado y deposita los ingresos en cuentas bajo su control. Luego transfiere esos dólares al gobierno venezolano, de forma condicionada. (No es claro –añadimos– cuán limitada es la proporción de las ganancias que Estados Unidos transfiere a Venezuela.) Ricardo Hausmann, exministro ahora colocado en la Universidad de Harvard, dijo que la estrategia de Washington consiste en controlar la venta de petróleo y manejar los ingresos en dólares bajo estrictas condiciones (Noticiero Digital, 27 enero 2026). El esquema –señaló– funciona como un control del flujo de caja. El gobierno venezolano accede a más dólares, pero con restricciones sobre cómo y cuándo pueden ser utilizados, algo que Hausmann calificó como una ‘aspirina’: alivia temporalmente la falta de liquidez, pero no cura los problemas estructurales. Venezuela vive una ‘dolarización de facto’, según Haussman. La hiperinflación y la devaluación del bolívar llevaron a que la mayoría de transacciones, desde compras de comida hasta pagos de servicios, se realicen en dólares, mientras que los bolívares electrónicos funcionan como medio de pago secundario. El bolívar desapareció como moneda de ahorro, añadió, y la gente fija precios en dólares. Algunos pagan en dólares y otros en bolívares electrónicos. Dijo que si no hay soberanía venezolana efectiva, las inyecciones de dólares por la venta de petróleo no solucionarán los problemas estructurales de la economía.
Comentaristas explican que las grandes compañías petroleras norteamericanas son reticentes a hacer inversiones en Venezuela debido a la ‘inseguridad’ del gobierno; léase que éste tiende a estrategias independentistas y Washington no lo tiene bajo total control. Excepto en los casos de Chevron, Repsol y Maurel y Prom, dice un escritor, que persiguen cobrar deudas a Petróleos de Venezuela y ahora han restructurado acuerdos que les prometen beneficios, las resistencias de los inversionistas persistirán. La privatización parcial de la actividad petrolera abre las puertas a empresas relativamente pequeñas que podrán reactivar algunos pozos de petróleo. Les rendirá jugosos beneficios, y también al gobierno venezolano, a corto plazo. Pero, alega un articulista norteamericano, seguirán los problemas de poco personal entrenado, inseguridad en las plantas físicas, de electricidad, y de que el gobierno pueda adoptar políticas independientes. Puede preverse, añade, que los gobiernos norteamericano y venezolano cortejarán estas compañías relativamente pequeñas para que inviertan, y reclamarán su aumento de la producción petrolera como una demostración grande y rápida del éxito del presente arreglo. En Venezuela debe haber ‘cambio institucional’ y ‘estabilidad política’ para que el capital yanqui pueda adueñarse de la industria petrolera y transformarla. De lo contrario las inversiones tendrán beneficios de corto plazo y recuperación veloz de costos, pero difícilmente reconstruirán a largo plazo la industria o su capacidad productiva. El llamado, pues, es a una sólida asimilación económica al gran capital mediante un gobierno neocolonial.
La Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos estará vigente cien años, advirtió el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez. Fue aprobada por unanimidad, recalcó. (Resulta muy difícil saber cómo acceder por internet a su texto íntegro.) El gobierno evita confrontaciones violentas a como dé lugar, incluso congraciándose con los venezolanos que emigraron o se activaron contra el estado bolivariano. Las fuerzas armadas le juran lealtad.
¿Es la política venezolana como la que pensó el colonialista boricua Muñoz Marín, en que la astucia y la guachafita criollas usarían el ‘imperialismo bobo’, en vez de éste usar y explotar a Puerto Rico? No, porque Puerto Rico carece de un estado nacional (nunca lo ha tenido), y menos uno empeñado en crear poder popular en cooperativas, economía comunalizada, productividad industrial y agrícola, soberanía alimentaria y una estrategia de independencia económica. En ambos países la violencia colonialista ha determinado las condiciones de posibilidad. En Puerto Rico dicha violencia se instaló en 1898 y nunca cesó; ha destruído toda soberanía (menos la deportiva y otras simbólicas o folklóricas). En cambio, en Venezuela el poder estadounidense, aunque manifestado descaradamente, está restringido por la resistencia venezolana, que condensa logros del chavismo de casi veinte años, que a su vez se fundan en un estado-nación establecido hace dos siglos, y que, como muchos otros en América, todavía trata de construirse.
Los gobiernos yanqui y venezolano insisten –por razones distintas– en que haya estabilidad en Venezuela. Washington enfrenta múltiples dificultades para derrocar el estado, al cual busca colonizar. La mayor parte del país está bajo hegemonía del estado, mientras la zona petrolera está bajo control de compañías extranjeras y Washington, hasta cierto punto. Estados Unidos sigue vigilante y acumulando inteligencia, mientras el estado bolivariano trabaja a todo tren para integrar las mayorías populares. Trata de formar una muralla moral que aleje la posibilidad de una intervención militar o una guerra civil. Representa una identidad venezolana de pueblo pacífico, cristiano y digno, que humildemente quiere progresar con su trabajo y sus recursos naturales. Lucha en un terreno caro al trumpismo, de guerra psicológica, comunicación pública e imagen publicitaria.
El gobierno de Delcy Rodríguez asume un discurso optimista en que la nueva ley de hidrocarburos significa soberanía nacional y energética y un futuro de abundancia y propulsión internacional del país. No abunda crítica o educativamente en las obvias contradicciones existentes. Su propaganda disimula, quizá como una ‘falsa conciencia’, el grado a que llega el poder estadounidense en Venezuela. Pues apuesta a derrotar a Washington en su propio juego de ‘política burguesa’. Habrá que ver si a la larga, con astucia caribeña y con la fuerza de la vida ‘pequeña’ y diaria del pueblo, mediante la ambigüedad, los venezolanos reconquistarán terreno político al imperialismo.
Todo indica que si hubiese elecciones pronto, Delcy triunfaría cómodamente. No hay, hasta ahora, político que pueda oponérsele con éxito. Para Washington parece esfumarse la opción de fabricar candidatos electorales derechistas, aunque podría retomarla instruyendo a la estación de la CIA en Caracas que reorganice el sector colonialista, que seguramente alberga muchos excarcelados y migrantes que han regresado. Pero esta posibilidad disminuye con el progreso económico que Delcy promete y parece empezar con los millones que llegan de la actividad petrolera norteamericana y el gobierno usa en beneficio de la sociedad.
En tanto Washington intente aparentar ‘democracia’ –descartando un golpe de estado, una guerra y un régimen títere– tendrá que seguir cohabitando con el estado venezolano –y el movimiento bolivariano–, con el cual el presidente yanqui dice que se lleva de las mil maravillas. En esta ‘coexistencia pacífica’ el lado venezolano se apoya en bases más firmes que el estadounidense en tanto sigue la estrategia bolivariana, de las clases populares, mientras todavía es incierto si Trump logrará que las corporaciones petroleras principales inviertan en Venezuela – y así avanzar en el neocolonialismo–, ya que Washington no tiene total control de Venezuela y el estado bolivariano les provoca temores y resistencias.
Representantes de diversas organizaciones denunciaron el aumento propuesto por LUMA Energy
CLARIDAD
Portavoces de distintas organizaciones advirtieron, el 5 de febrero, que el aumento solicitado por LUMA Energy al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) supondría un “premio” para la corporación, a pesar de sus “fallas persistentes” en la medición y facturación de consumo, además de su manejo general del sistema eléctrico.
La denuncia, convocada frente a las oficinas del ente regulador, estuvo compuesta por: Comité Diálogo Ambiental, El Puente, el Frente Unido en Defensa del Valle de Lajas, Cambio PR y el Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida. El grupo arguyó que las pasadas vistas evidenciarias– celebradas del 2 al 6 de febrero– mostraron el manejo cuestionable de LUMA Energy tanto en la facturación como en la infraestructura energética.
“Estas organizaciones están muy preocupadas por esta propuesta de LUMA, que tendría unos aumentos significativos a la factura eléctrica de cada ciudadano y ciudadana de Puerto Rico. Para dar un ejemplo, en una factura residencial estamos hablando de un aumento de más de $40 mensuales. Es un aumento insostenible, no viable, máxime cuando estamos hablando de unas empresas que no han reducido los costos operacionales y tienen unas serias implicaciones de conflictos de intereses”, sostuvo la licenciada Laura Arroyo, de la organización EarthJustice.
Del mismo modo, la abogada recordó los propios datos provistos por LUMA Energy, donde relucen que los abonados de la corporación han sufrido un aumento de 30% en la frecuencia de averías eléctricas. El aumento, agregó, pudiera suponer una desconexión parcial, total o masiva por parte de aquellos ciudadanos que decidan asumir los costos de electricidad a través de paneles solares y baterías de almacenamiento.
“O si no pueden costear, puede haber una migración masiva porque las personas no van a poder cumplir con los pagos de la factura… Del saque, la propuesta es un fracaso. Estas empresas, LUMA y Genera PR, tienen unas compañías matrices que demostraron un conflicto de interés y no tienen una barrera apropiada para enfrentarlo”, continuó.
En ese sentido, el colectivo civil sometió, durante las pasadas vistas evidenciarias, comentarios relacionados con los incumplimientos contractuales de estas empresas, sus faltas operacionales y aumentos tarifarios injustificados. Participarán, del mismo modo, en las próximas vistas públicas para solicitar el rechazo al aumento. A juicio del grupo, estas determinaciones del NEPR “debilitan la legitimidad del sistema regulatorio”.
“En las vistas ha trascendido que, a pesar de tener una cantidad sin precedentes de fondos federales, estamos hablando de $15 mil millones, LUMA y Genera pretenden trasladar a los abonados costos de proyectos que pudiesen cualificar para fondos federales y que tienen una alta probabilidad de ser aprobados. Esto pudiese presentar un riesgo de doble compensación y es altamente antiético e insostenible para los abonados, que ya enfrentan una carga energética insostenible”, expresó, por su parte, la licenciada Lorena Vélez.
Vélez enfatizó en el concepto de carga energética (energy burden) que establece el Departamento de Energía de los Estados Unidos (EE. UU). De acuerdo con la agencia, la carga representa el ingreso neto que un hogar invierte en la electricidad, y tiene un gasto promedio de 8%. La abogada resaltó que, en Puerto Rico, gran parte de la población destina 33% de su ingreso para este gasto.
“(Las compañías) presentan conflictos de intereses en la medida en que favorecen, en el caso de Genera, la conversión de plantas generatrices a la quema de gas metano y la conversión al gas natural. Actualmente se está hablando del gasoducto. Todo estos proyectos y decisiones inciden sobre la planificación, reparación e inversión del sistema que les benefician… En el caso de LUMA, se han hecho varios señalamientos sobre cómo subcontrata sus distintas matrices, específicamente Quanta”, comentó el abogado ambiental Gabriel Meléndez.
El licenciado de la organización El Puente precisó que, dada la cantidad de señalamientos que han recibido, ambas empresas deben someterse a una auditoría antes de considerar un aumento a sus presupuestos.
Por otro lado, la abogada Ruth Santiago coincidió con los demás portavoces en que cualquier aumento tarifario que sobrepase los 20 kilovatios por hora (kWh) representa una estrechez financiera “insostenible”. Como solución, la licenciada recomendó que el Estado y las compañías energéticas inviertan los fondos federales disponibles en fuentes de energía renovable.
“Hay dinero. La ironía de esto es que hay dinero para no solo bajar la factura y proveerles resiliencia energética que puede salvar vidas, sino aliviarle la carga a la gente. Todo el mundo, no solamente la gente pudiente, necesita acceso a los sistemas solares en techos”, añadió Santiago.
A nombre de QueremosSol, la ambientalista y excandidata del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Myrna Conty afirmó que los aumentos al costo de la luz representan un absurdo cuando ninguna de las empresas rinden cuentas o cumplen con las funciones básicas de operación. Conty también abogó por un sistema descentralizado de electricidad que otorgue agencia energética a la ciudadanía.
“Tenemos a LUMA, que está enfrentando un proceso de posible cancelación de contrato. Darle dinero a una compañía que ya está en proceso de cancelación me parece raro. También la dueña de Genera PR, New Fortress Energy, tiene unos problemas económicos que rayan en la insolvencia. Eso es algo que el Negociado tiene que considerar, yo pensaría que el Negociado responsablemente denegaría la propuesta”, dijo la licenciada Arroyo.
A preguntas de CLARIDAD, el grupo entiende que la discusión del aumento pudiera ascender hasta el Tribunal Supremo, de aprobarse por parte del NEPR. En la tarde, distintas organizaciones se reunieron para repudiar el cambio propuesto.
A la vez que aguardan a que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) fije la fecha para vistas públicas de la consulta de ubicación, la coalición Defiende Cabo Rojo junto a otras organizaciones aliadas convoca al resto de la sociedad civil a manifestarse en contra del proyecto Esencia.
Héctor Quintero Vilella, miembro de la coalición, confirmó a CLARIDAD que, ya aprobada la declaración de impacto ambiental (DIA), se supone que el próximo paso sea que la OGPe lleve a cabo vistas públicas para la consulta de ubicación. Aun cuando se supone que el anuncio de la consulta de ubicación salga en algún momento, en el caso de la pretendida construcción en el Escambrón, la OGPE no hizo vistas públicas y aunque los grupos interesados acudieron a los tribunales, no les reconocieron la llamada “legitimación activa”.
En la consulta de ubicación se examina la calificación de los terrenos, que en este caso para el proyecto Esencia reviste importancia debido a que el 40 % de los terrenos están clasificados como suelos rústicos especialmente protegidos, lo que es la clasificación máxima de terrenos que hay en el país. Los proponentes pretenden un cambio de clasificación que les permita desarrollar en 1,549 cuerdas de bosque en la zona suroeste de Puerto Rico, lo que equivale a tres isletas de San Juan, de Puerta de Tierra a El Morro, lo que sería, de facto, una ciudad privada y de lujo para multimillonarios.
Esencia consistiría en 1,132 residencias que se venderían entre $2 a $20 millones de dólares, 520 unidades de hotel, una escuela de preescolar a grado doce y un aeropuerto. Por si fuera poco, el actual gobierno le ha otorgado al proponente $497.7 millones en exenciones y créditos contributivos.
“Sabemos que el pueblo rechaza el desastre social, económico y ambiental que Esencia supondría, así como el nefasto precedente que establecería para el robo a gran escala de lo que nos queda del país, incluidos nuestros bienes esenciales como el agua y la playa y nuestro patrimonio ancestral, pues en la zona hay numerosos sitios arqueológicos’, manifestó la coalición.
Las manifestaciones se llevarán a cabo el 16 de febrero y el 28 de marzo. La actividad del 16 de febrero consistirá de una caravana que tendrá varios puntos de salida desde municipios al norte y al sur de Mayagüez, que serán anunciados próximamente. El tramo de Cabo Rojo saldrá a la 1 de la tarde desde el Centro de Convenciones de dicho municipio en la carretera PR-100. La caravana tendrá un punto de encuentro final a las 2 de la tarde en el semáforo del puente peatonal del centro comercial Mayagüez Mall, en la carretera PR-2.
El próximo 28 de marzo se llevara a cabo una marcha nacional la cual saldrá a las 11 de la mañana desde el área del Escambrón en Puerta de Tierra junto a Escambrón Unido; tendrá una parada en la plazoleta del lado norte del Capitolio y luego llegará hasta La Fortaleza, en la esquina de la calle Resistencia.
“La certificación de la DIA que la Oficina de Gerencia de Permisos anunció de mala fe el día de Nochebuena de 2025 no es un permiso de construcción, y no nos ha detenido. Hemos demostrado que la DIA es ilegal y que está plagada de falsedades y omisiones. Continuaremos luchando por todos los medios a nuestro alcance hasta detener de manera definitiva la destrucción de lo que debería ser protegido por ley como el Corredor Ecológico del Suroeste”, aseveró la coalición.
