Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD 

gvazquezlopez@claridadpuertorico.com

Los fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación tras Desastres (CDBG-DR), aun no se han desembolsado. Al día de hoy el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés) está auditando los $18 mil millones asignados en febrero de 2018. Se desconoce cuanto más tardará este proceso. 

Peor aun, no hay garantía de que los fondos llegarán a las comunidades.
Por ejemplo, hace once años, luego de unas fuertes lluvias, el HUD asignó a Puerto Rico una subvención total de $30 millones para atender los desastres causados. De los 25 municipios declarados Zona de Desastre, nueve esperan porque el Departamento de Vivienda de Puerto Rico (DV) gestione contratos y desembolse un balance de $7 millones. Por otra parte, los proyectos de mitigación de inundaciones provocados por las lluvias y para los cuales el HUD asignó unos $3 millones todavía no se han completado.

Las dudas sobre el futuro de los fondos CDBG-DR asignados tras el impacto de los huracanes Irma y María prevalecen y no es para menos. Preocupa que, como en tantas otras ocasiones, el dinero que le corresponde el pueblo termine beneficiando a sectores particulares. Es por esto que Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), corporación sin fines de lucro cuyo propósito es proveer educación y apoyo legal gratuito y accesible a personas y comunidades de bajos y medianos recursos, ha reclamado que “en un contexto de crisis económica extendida y ante el aumento de la desigualdad tras los desastres, urge canalizar estos recursos de forma efectiva y con miras a la recuperación sostenible de Puerto Rico”.

Mal utilizados, los fondos no llegarán a las comunidades que más lo necesitan. La mala gestión de las políticas públicas en el Plan de Acción podrían tener como consecuencia el desplazamiento de los sectores menos aventajados del país.

Plan de Acción y desplazamientos forzosos

Según la reglamentación federal, el documento en el cual el gobierno establece la forma en que se van a administrar los fondos CDBG-DR debe tener unos componentes mínimos que incluyen participación de la comunidad, que los programas entre los que se distribuirá el dinero estén destinados a personas de ingresos bajos y moderados y parámetros de elegibilidad específicos, entre otros.

Ayuda Legal sostiene que el Plan de Acción no cumple con estos requisitos y que en primer lugar el gobierno ha fallado en establecer dichos parámetros los cuales deben ser claros, transparentes y participativos.
También, que existe un riesgo de desplazamientos forzosos cuando el Estado no considera la mitigación y opta por prohibir las viviendas. El programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3), de la guía para el manejo de los fondos, prohíbe la reparación o reconstrucción de viviendas en zonas inundables o susceptibles a deslizamientos.

Otras de las restricciones que pudieran favorecer los desplazamientos forzosos son la falta de mecanismos uniformes para que personas sin título de propiedad formal sean elegibles a los fondos y las barreras para que organizaciones de base y comunidades puedan administrar los programas.
Cabe aclarar que ALPR no promueve que las personas vivan en espacios inseguros. En general, ante tales restricciones la organización exige que se promueva la participación de las comunidades en los planes de relozalización, que se proteja su integridad y se garanticen sus derechos.
Zonas de oportunidad y austeridad

El desplazamiento de las comunidades se puede dar de varias formas pero la soga siempre parte por lo más finito. Por eso la reducción de gastos públicos y los recortes en servicios esenciales como la educación, energía eléctrica, agua potable y salud.
Este fatídico fenómeno, también conocido en economía como austeridad, promueve que inversores atraídos por las exenciones contributivas y la economía del visitante se apropien de los espacios que solían ser de gente empobrecida.

Las zonas de oportunidad son un esquema de exención contributiva que promueve la inversión en estas zonas desaventajadas. El 98% de Puerto Rico es considerado como zonas de oportunidad, mientras que en Estados Unidos estas zonas se pueden extender en un 25% de una zona geográfica.

Según concluye ALPR en su informe para la recuperación justa, las cumbres celebradas por el gobierno, así como el tipo de inversor extranjero que se desea atraer a través de la economía del visitante, levanta sospechas sobre quiénes se beneficiarán de este esquema. Sin parámetros claros o exigencias de rendición de cuentas, este beneficio puede ser otra herramienta para establecer proyectos gentrificadores y desplazar comunidades.

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

En medio de tanto escándalo de corrupción en el actual gobierno de Ricardo Rosselló muchos miran con alivio las investigaciones que conducen las “tropas federales” del FBI. En medio del alivio colectivo se impone esta pregunta: ¿se han fijado bien en quiénes son los salvadores? Porque si el FBI y las otras entidades investigadoras del gobierno estadounidense dirigieran hacia su propio país el mismo esfuerzo que ejecutan aquí, tendrían que multiplicarse para ser efectivos. Lo que está ocurriendo allá bajo el gobierno de Donald Trump hace palidecer la peor corrupción de cualquier otro lugar, incluyendo la nuestra. 

Desde que comenzó a morar en la Casa Blanca la norma del actual presidente ha sido poner cabros a velar por el buen desarrollo de las lechugas. En casi todas las agencias claves le ha entregado la dirección a individuos que antes trabajaban para las grandes empresas que la agencia se supone vigile o controle. El objetivo primordial del nuevo jefe no es otro que desmantelar el poder controlador de la entidad y, de paso, detener todo lo que antes podía afectar los intereses de las empresas que antes estuvieron vigiladas. Los conflictos de intereses resulta obvios, pero como se trata de la nueva “política pública”, quienes antes vigilaban la corrupción se han puesto a mirar para otro lado. Tal vez por eso el FBI tiene tanto tiempo para dedicarlo a la corrupción que mina el gobierno puertorriqueño.

Al frente del Departamento del Interior, que en Estados Unidos está a cargo de los terrenos y aguas del Estado, siempre codiciados por desarrolladores y petroleras, está ahora al mando un tal David Bernhardt, quien antes de llegar a la agencia había hecho carrera como cabildero de las empresas interesadas. En lo que ya parece ser un patrón del gobierno de Trump, Bernhardt comenzó como subsecretario para no llamar mucho la atención. El secretario en propiedad era Ryan Zinke, a quien en Puerto Rico conocemos bien porque fue quien impulsó la contratación de la antes desconocida y ahora notoria Whitefish para que fuera contratada por la Autoridad de Energía Eléctrica luego del huracán María. Cuando Zinke se vio obligado a renunciar en medio de múltiples cuestionamientos éticos divulgados en la prensa, Bernhardt asumió el mando. A pesar de su vinculación directa a los buitres que están buscando permisos para efectuar exploraciones petroleras en los terreros y aguas que controla el Departamento del Interior, el designado fue inmediatamente confirmado por el Senado que controla el Partido Republicano. Ahora está en mejor posición para ayudar a sus clientes.

Algo similar o peor ocurre en la Agencia de Protección Ambiental (EPA). El primer seleccionado para dirigir esa importante agencia, responsable de proteger el ambiente, fue Scott Pruitt, quien había ganado cierta notoriedad en Estados Unidos litigando contra la propia entidad gubernamental como abogado y como procurador de Oklahoma. Casi todos los litigios se dirigían a tratar de desmantelar o impedir que entraran en vigor reglamentos que afectaban la exploración de gas natural y petróleo, o que imponían controles a descargas químicas. Pruitt estuvo poco tiempo también debido a señalamientos éticos. Estos señalamientos no se dirigían, sin embargo, a sus conflictos de intereses entre funciones anteriores y presentes, sino a pequeños actos de ratería y claros derroches de fondos públicos Una vez renunció en medio de estas imputaciones entró en función el que era segundo en mando, Andrew Wheeler. La vinculación directa de Wheeler es con un sector empresarial que había estado en conflicto permanente con la EPA, el del carbón. Buena parte del trabajo de la agencia en Estados Unidos se dirige (o se dirigía) a tratar de limitar el efecto que genera el carbón como fuente de energía y el trabajo de Wheeler antes de llegar a la entidad era en representación de los investigados. Ahora puede dispensarle a sus clientes todos los favores que quiera, empezando por convertir en letra muerte la reglamentación contra la cuál él cabildeaba. 

Otro caso idéntico es el del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Como sabemos esta es la entidad que controla la telefonía y, más importante aún, la ahora poderosa y altamente lucrativa comunicación electrónica vía internet. La FCC establece normas, supervisa y a veces está en conflicto con las grandes empresas del sector, como AT&T y Verizon. Pues como era lógico suponer la persona que está ahora al mando de la FCC viene directamente ese sector, otro cabro velando por el bienestar de las lechugas. Se trata de Ajit Varadaraj Pai, un estadounidense de origen indio quien antes de asumir el cargo trabajaba en el bufete Jenner & Block, especializado en atender a las empresas de comunicaciones. Allí actuaba como cabildero en pro de sus negocios. Otro de los trabajos anteriores del actual presidente de la FCC fue como abogado interno (Associate General Counsel) de Verizon. Una vez llegó a la agencia comenzó a desmantelar la reglamentación que afectaba a sus antiguos clientes y, en particular, detuvo investigaciones que afectaban a T-Mobile y a Verizon. 

La lista es más larga, pero el espacio se acaba. Queda en el tintero el caso del Departamento de Defensa donde está al mando (dispensando contratos billonarios) un ejecutivo de Boing. También queda pendiente el Departamento de Salud, dirigido por un socio de las empresas farmacéuticas, y el Departamento del Tesoro que siempre ha estado en poder de los ejecutivos de la banca. Pero lo escrito me parece suficiente para exponer la corrupción que permea el gobierno que manda sus tropas a perseguir la que se da en Puerto Rico.

Lo de aquí es grave y debe perseguirse, pero cuidado con aplaudir a los salvadores.