Cualquiera que siga el debate público en Puerto Rico durante las últimas semanas concluirá que, según la Junta que el Congreso de Estados Unidos nos impuso como gobierno de facto, la eliminación de una simple ley es la llave para la reactivación económica. La ley en cuestión es la que penaliza el despido injustificado de trabajadores (Ley 80) y, buscando su eliminación, la Junta cuasi militar (es similar a la que se impone tras un golpe de estado) parece estar dispuesta a cualquier pacto.

Según informó la directora ejecutiva de la Junta impuesta, la ex ministra de Ucrania Natalie Jaresko, para lograr la anuencia del gobernador a la eliminación de la Ley 80 se accedió, entre otras cosas, a dejar intacto el presupuesto de la Legislatura y a un aumento de 180% al de la Oficina del Gobernador. Ambas acciones contradicen el muy cacareado propósito central de la ley que el Congreso estadounidense bautizó con el acrónimo Promesa, que era imponer la “disciplina fiscal” y la austeridad pública.

Las dos decisiones fiscales autorizadas por la Junta para la Legislatura y la Oficina del Gobernador implican un apoyo consciente al derroche de fondos públicos o, peor aún, al uso de dinero del pueblo para propósitos políticos. En el caso del Gobernador el grueso del aumento se coloca en el renglón de “comunicaciones a la ciudadanía”, que no es otra cosa que una campaña política disfrazada. Durante el próximo año fiscal los de Fortaleza contarán con cerca de $30 millones para “informar” a las comunidades, lo que sin duda servirá para apuntalar la futura reelección de Ricardo Rosselló.

En cuanto a la Legislatura el pacto incluyó que no se les toque el grasoso presupuesto que tiene actualmente, que les permite a los “honorables” dispensar contratos a manos llenas. Mientras se conocía que el pote del festín no sería tocado, saltó en las noticias el caso de un representante llamado Samuel Pagán, como un ejemplo de lo que es el patrón de gastos de la Legislatura. El representante en cuestión contrata personal mediante una corporación fantasma creada por un “colaborador” a la que le asigna casi $200 mil al año. Como no puede contratar a su esposa porque sería nepotismo, ésta aparece contratada por una oficina del “cuerpo hermano”, el Senado. Con toda probabilidad, entre los asesores del representante está el cónyuge o algún familiar cercano de un senador.

Al autorizar el aumento presupuestario a la Fortaleza, para que lo utilice en campañas políticas disfrazadas, y al permitir que el derroche legislativo siga campante, la Junta de Control Fiscal renuncia al propósito que surge de su nombre. Los dos casos son ejemplos de descontrol, muy ajenos a la “disciplina” que tanto se anunció. ¿Por qué actúan así nuestros procónsules?

El quid pro quo de ese trueque es la eliminación del estatuto que prohíbe el despido injustificado de trabajadores de la empresa privada. Para eliminarlo se necesita, en primer lugar, que el Gobernador envíe un proyecto de ley a la Legislatura y que ésta lo apruebe. La Junta ha estado dispuesta a “comprar” esas acciones tirando algunos cientos de millones de dinero público al desperdicio. Para tratar de justificarse han elevado la Ley 80 al nivel más alto de villanía, casi afirmando que es la causa de la recesión económica que afecta a Puerto Rico desde hace más de una década.

Sólo los empresarios más recalcitrantes, como los que dirigen la Asociación de Industriales y la Cámara de Comercio, han comprado la tesis fatalista de la Ley 80 proclamada por Jaresko. Los demás sabemos que es un embuste adjudicarle tanta maldad a la ley y tanto beneficio mágico a su eliminación. El estatuto no prohíbe todo despido, sino aquellos que se producen sin causa justificada, por el puro capricho del patrono, luego de que el empleado fue evaluado y admitido tras el largo periodo probatorio. Es absurdo pensar que ese cheque en blanco a favor del abuso patronal sea la vara mágica para la reactivación económica.

La Ley 80 existe desde 1976 y ya para esa fecha la economía daba señales de estancamiento, pero se mantuvo creciendo por 30 años más. La recesión que comenzó en 2006 siempre se ha relacionado con la enorme deuda pública acumulada y con la eliminación de la llamada “sección 936”, que incentivaba la inversión extranjera en Puerto Rico. Nadie con un respeto mínimo por la verdad había establecido una relación de causa y efecto entre la debacle económica y la prohibición del despido caprichoso de trabajadores, como lo hace ahora la señora Jaresko.

Obviamente, lo que detrás de esa doctrina es una visión ideológica a favor del capitalismo salvaje, como el que campeaba en los tiempos de la revolución industrial y que ahora cobra fuerza en medio mundo. La campaña de Jaresko no es propiamente contra la Ley 80, sino contra todo el marco legal que desde hace más de 60 años fue creciendo en Puerto Rico buscando hacerle un poco de justicia a los desposeídos. En la mirilla de la Junta está la ley de salario mínimo, la que establece un procedimiento sumario para adjudicar disputas laborales, las que prohíben el discrimen y todos los demás estatutos reparadores que la lucha de los trabajadores puertorriqueños ha logrado imponer.

La campaña de la Junta contra la Ley 80 es un globo de prueba. Si logran que éste empiece a volar detrás de él se van todas las otras leyes que ahora protegen a la mayoría trabajadora. Jaresko sabe que todo el mal que le adjudica a la ese estatuto es inexistente, pero está vendiendo una doctrina, el nuevo estado de derecho que necesita el capitalismo salvaje que la Junta promueve.

Puerto Rico se prepara para una auditoría nunca antes vista en la historia del País: la ciudadana. A dos semanas del lanzamiento de la campaña “Auditoría ya”, la cual tiene como uno de sus objetivos recaudar el dinero necesario para que el frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda y la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público impulsen y dirijan la magna gestión, se han reunido aproximadamente 12 mil dólares a través de la página web AuditoriaYa.org.

Ambos grupos están exhortando a la población a que se unan a los trabajos de auditoría aportando económicamente para que se consigan los fondos necesarios para la contratación del equipo de auditores e investigadores que iniciará el trabajo investigativo y técnico de rigor.

“Si cada persona que firmó la petición por la auditoría de la deuda da un donativo de $10 o $20 podemos recaudar los fondos necesarios para hacer la auditoría con el rigor y la prontitud que se necesita. Sin recursos es imposible hacer este tipo de trabajo, como le pasó a la derogada Comisión creada por ley, que tenía un presupuesto proyectado de 5.5 millones para hacer la auditoría de 40 años de deuda”, indicó la licenciada Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano.

Además de recaudar el dinero –de inicio, estiman necesario $500 mil– para cubrir los costos del equipo técnico e investigativo experimentado, esta campaña busca educar al pueblo sobre la necesidad y ventajas de una auditoria ciudadana.

La Comisión se propone completar los trabajos iniciados bajo la Ley 97 de 2015 para conocer de manera detallada el proceso y las decisiones que llevaron al endeudamiento público de $72 mil millones (es de conocimiento que al menos un 50 por ciento de la deuda del País podría estar en violación de la Constitución de Puerto Rico), cuyos efectos económicos y sociales comienzan a afectar a la ciudanía en general.

“El pueblo sufre tras la imposición de terribles medidas dirigidas a buscar dinero para pagar una deuda que sigue sin ser auditada. Ahora, la Junta de Control Fiscal presentará un plan de ajuste de deuda en el proceso de quiebras a espaldas del pueblo y usando de base el valor de una deuda cuya legalidad no ha sido certificada”, comentó por escrito Roberto Pagán, presidente de la Comisión.

Explicando cómo el pueblo puede responder ante tal injusticia y cómo puede saber qué pasó y quiénes fueron los responsables de la deuda, esta campaña pretende informar a la ciudadanía para que ésta tenga razones para colaborar con la iniciativa.

Según Pagán, “Con una auditoría integral y a través de una comisión ciudadana, amplia y multisectorial, apoyada por un grupo de expertos externos e independientes, evaluaremos las emisiones de bonos, la gestión gubernamental y el desempeño de todos los actores involucrados en el manejo de esos fondos públicos. Este será un ente que responderá a los mejores intereses del pueblo, con la suficiente independencia para evaluar el papel de los actores financieros, así como del gobierno local y federal en toda esta crisis”.

En otras palabras, una auditoría integral permitiría evaluar cuatro aspectos: 1) cuánto realmente se debe del préstamo principal y de pagos de intereses, 2) la legalidad de cada una de las emisiones, 3) evaluar el desempeño y legalidad de las actuaciones de cada persona e institución financiera involucrada, y 4) conocer en qué se utilizaron esos fondos públicos.

La Comisión formada es multisectorial e incluye 17 personas expertas en derecho, economía, finanzas públicas y otras áreas de interés social que aportarán a la diversidad de perspectivas de análisis. El economista José Alameda Lozada, el contador público autorizado José González Taboada, el estadístico Luis Alberto Avilés, el sindicalista Roberto Pagán, la abogada y salubrista Verónica González, la licenciada Amárilis Pagán, son algunos de los que componen el grupo de expertos y expertas.

Estos grupos han insistido en que en más de 18 países, incluyendo Brasil, Francia y Argentina, se han realizado auditorías ciudadanas de la deuda pública sin participación directa del gobierno y con resultados concretos. También han hecho público que en situaciones similares a la de Puerto Rico, países soberanos y estados de Estados Unidos, han procurado hacer una auditoría que permita identificar cómo se llegó a un endeudamiento sin la debida planificación y, además, evaluar la legalidad de cada acto.

Tal como dice la hoja promocional de la campaña, Puerto Rico atraviesa por una de las peores crisis económicas y políticas de su historia. Esta incluye la imposición por los Estados Unidos de una Junta de Control Fiscal y medidas de austeridad terribles como métodos para el pago de una deuda pública de dudosa legalidad.

Por eso, hacen un llamado a la ciudadanía para agilizar el proceso de auditoría por el pueblo. Entre los beneficios que traerá esa gestión están: evitar el cierre de escuelas, el recorte de pensiones, el aumento en los costos por servicios de agua y electricidad, el aumento de los créditos en la UPR, la privatización de servicios públicos esenciales, la eliminación de más derechos laborales, etc.

“Necesitamos tu apoyo para levantar los recursos necesarios para sufragar los costos que conlleva una auditoría de este tipo. Si el gobierno no da dinero para la auditoría de la deuda, la pagamos nosotros y nosotras”, aseguraron ambos colectivos. Para más información y para saber cómo hacer un donativo, entra a: auditoriaya.org.

A juicio del profesor Alfredo González Martínez, la forma en que el gobierno de Puerto Rico, trata de desprenderse de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), disminuyendo su valor, para venderla como “pescao abombao”, levanta cuestionamientos respecto a cuál es el propósito ulterior de su privatización.

El planteamiento fue expuesto en el foro: Ruta Energética: Derribando Mitos y apoderando a la ciudadanía, auspiciado por las organizaciones Cumbre Social y Cambio PR, celebrado en días recientes en la cede del Colegio de Ingenieros. El cuestionamiento parte de un extenso estudio –comisionado a su vez por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER)– realizado junto a su colega economista José I. Alameda Lozada, del proyecto PS 860 dirigido a la privatización de la AEE. La Legislatura nombra el proyecto como La Transformación del Sistema Eléctrico de Puerto Rico. La medida, que ya fue aprobada en la Cámara, se encuentra pendiente de aprobación en el Senado.

González Martínez indicó que la tendencia internacional es considerar la energía eléctrica como un servicio público esencial que está reconocido como un derecho ciudadano por las Naciones Unidas (ONU). En el caso de Puerto Rico narró que ese derecho adquiere un sentido histórico ya que desde principios del siglo XX se vio como un insumo para el desarrollo económico y el servicio es un indicador de desarrollo económico.

Un aspecto medular de toda la discusión sobre la producción de energía hasta ahora poco debatido que presentó es el carácter de industria de “monopolio natural” que posee la energía eléctrica versus lo que es un monopolio privado. Contrastó que la empresa privada suministra la electricidad procurando maximizar sus ingresos y desplazar los costos de la empresa hacia lo público, hacia el estado. No se consideran otros criterios de bienestar social que modifiquen las condiciones de los ciudadanos más vulnerables, el sentido de eficiencia de un monopolio privado es un sentido de beneficiencia privado y de corto plazo, no de beneficiencia social que cumpla con los propósitos de la comunidad.

El proyecto que está ante la Legislatura –apuntan los economistas González Martínez y Alameda Lozada– ignora por completo el atributo del concepto de la energía eléctrica como un monopolio natural, una forma especial de monopolio. González Martínez describió que la condición de monopolio natural surge de la característica peculiar de la demanda y producción de ese producto. Un monopolio natural se describe como la de un servicio esencial a la comunidad cuya ausencia causa amplio daño, el beneficio social supera el beneficio privado, es un servicio que tiene unas ramificaciones que van mas allá de una sola persona, su demanda es una elástica, quiere decir que la cantidad que se compra varía más que el precio.

En este contexto González Martínez, levantó bandera y señaló que hay una contradicción en pretender vender una empresa pública desacreditándola y dejando que se deteriore el activo. En esa dirección denunció que la venta de la AEE podría ser un ejemplo de una tendencia internacional de consolidación financiera para hacer que todas estas propiedades que tienen su valor en la capacidad de producir un flujo de efectivo continuo a corto plazo sirva para formar un conglomerado internacional del cual Puerto Rico pudiera ser la nueva carbonera del siglo 21. El fin sería desde aquí ser un enclave para producir energía como parte de un conglomerado internacional para servir a la región antillana. Afirmó que eso podría ser parte del esquema de que se trate de vender a la AEE al nivel más barato que se pueda.

“La transformación del sistema que se propone es un proyecto que encausaría a una transformación perversa del sistema de energía eléctrica al conducirnos a una transferencia y una administración inapropiada de los activos sin salvaguardar el bienestar público, se enajena un poder público y se prevarica una obligación del estado”, declaró el veterano economista. Denunció, además, que el proyecto de la Legislatura no sólo ignora el atributo de la industria eléctrica como un monopolio natural, sino que tampoco consagra el servicio eléctrico como un derecho humano, y es considerado un servicio ordinario más.

El extenso estudio de González Martínez y Alameda Lozada, desmiente la alegación del proyecto de que la privatización bajara las tarifas del servicio. El estudio afirma que pasar de un monopolio natural público o natural privado, aun con tres o cuatro empresas privadas no bajará las tarifas de la luz, por el contrario aumentarán ya que hay que ganar dinero para los accionistas y mantener alta la cuenta de ganancias retenidas para inversiones futuras. Tampoco habrá subsidios a municipios, residencias de personas de menores ingresos, etc. Además desmiente que el régimen privado garantice un mercado de libre competencia en el que se suministre un servicio en la cantidad y de la calidad socialmente óptima a la menor tarifa posible.

En esa dirección el estudio destaca que la empresa privada necesita el mercado y la demanda y en el caso de Puerto Rico la demanda por la electricidad ha ido reduciéndose de manera rápida, a lo que advierte que la privatización posee el peligro de que ocurra un ajuste tarifario. Esto se confirma con el mismo Plan Fiscal de la AEE del 28 de abril de 2017. En este PF se mide el déficit tarifario de la operación de la AEE en la energía eléctrica desde el 2011 al 2016 y se reconoce que la AEE vendió la electricidad entre 5 a 6 centavos menos del costo necesario. Los economistas cuestionan entonces, si la empresa privada hubiese hecho eso.

La respuesta de González Martínez y Alameda Lozada, es que podían colegir que la empresa privada en aras de cubrir sus costos operacionales, la tarifa tendría que ser mayor, por lo menos 5.5 centavos en kvk. Añaden que usando las mismas proyecciones del PF se podía concluir que el pago adicional de todos los sectores clientes de la AEE llegaría entre el 2019 al 2023 a $3,442 millones. Se repartiría en: residencial $1,281 millones: comercial $1,664 millones: e industrial casi $500 millones.

En fin, entre sus conclusiones destacan que estudios previos confirman que en ningún país en el que se haya privatizado el sector eléctrico se ha tenido los beneficios esperados. Por el contrario se ha experimentado falta de inversión, incremento en tarifas y un servicio cada vez más deficiente. Mientras en Estados Unidos la tendencia a raíz de la des reglamentación de los mercados energéticos ha sido que las empresas poderosas se han consolidado en busca de las condiciones de economía de escala, que es la característica del monopolio natural privado. A lo que advierten que es muy probable a que sean estas empresas consolidadas las posibles compradoras y/o administradoras de la AEE.

En conclusión se recalca que la privatización del sistema eléctrico de Puerto Rico, a base de las experiencias en otros lugares y la historia de la des reglamentación, convierten el intento general en uno de alto peligro para la economía del país y sus residentes.

En el foro, Ruta Energética participaron además, Kathy Kundel, (vía scan), analista de energía del ‘Institute for Energy Economics and Financial Analysis’ (IEEFA); el presidente interino de la Comisión de Energía de Puerto Rico, ingeniero José H. Román Morales; el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, y el profesor Dr. Agustín Irizarry. A excepción de Román Morales, el resto de los deponentes, aun cuando reconocieron que la AEE tiene problemas internos y externos, ha recibido intervención político partidista que la han llevado a la situación actual, rechazaron la alternativa de la privatización. Mientras Román Morales, planteó que para la discusión sobre privatización o no, lo primero que había que definir era cuál era el propósito del cambio.

Más allá de negociar la derogación de la Ley 80 a cambio de un sustancioso presupuesto para su Oficina de la Fortaleza, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, cedió a aspectos que conllevan mayores repercusiones.

Como ya se conoce fue la Directora Ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, quien en una entrevista con el periodista Rafael Lenin López, reveló la negociación sobre el presupuesto. El presupuesto de la Oficina de la Fortaleza que era uno de los puntos en el Presupuesto en disputa entre la Junta y el Gobierno aumentó de $15.5 millones a $43.8 millones.

Pero como se dijo antes, además de la eliminación de la Ley 80, el Gobernador también cedió a las exigencias de los acreedores para la descomposición del aparato público y los sistemas de retiro. Ese es el análisis que hizo en entrevista con CLARIDAD el economista y abogado Heriberto Martínez Otero. La eliminación de la Ley 80 –denunció– está vinculada única y exclusivamente a valores ideológicos.

Explicó que en las teorías económicas ortodoxas o tradicionales se plantea que el mercado es más eficiente que el estado. Desde esta teoría la Ley 80 representa una regulación del estado que distorsiona e interfiere con el buen funcionamiento del mercado. El argumento es que si se elimina la Ley bajan las contribuciones, se eliminan las reglamentaciones estatales del mercado y el mercado va a empezar a crecer, va empezar a trabajar de manera más eficiente y va a terminar generando más empleos, lo que en el largo plazo va a beneficiar a todos los trabajadores. Al disminuir el desempleo el valor del salario real va a ir aumentando porque los patronos, si quieren conseguir empleados diestros, van a tener que pagar por ellos.

Martínez Otero destacó que una cosa es la teoría y otra es la realidad, desmintió además la impresión de que en los estados haya una libre disposición del empleado. “Cuando se va a la práctica, esta teoría no ha sido probada en ningún país, ni en ninguna jurisdicción de Estados Unidos, incluso en los estados que dicen que no hay nada como la Ley 80, existe una cosa que se llama ‘hostile work enviroment’ (ambiente de trabajo hostil) lo que significa que hay unas causales de despidos y renuncias que si el empleado siente que fue gracias a un ambiente hostil provocado por el patrono o por el propio ambiente laboral, sin que el patrono hiciera nada, el empleado perjudicado puede demandar al estado, éso es lo que no se está discutiendo aquí, aquí se está hablando Ley 80 sí o no porque en los estados no existe”.

El profesor de Economía trajo a la atención declaraciones del Gobernador de que la negociación de Ley 80 no era para balancear el presupuesto, sino que era para tener una mejor posición en la negociación con los acreedores y en la reestructuración de la deuda.

Para Martínez Otero estas declaraciones significan que los que están dictando la política pública en Puerto Rico, tanto al gobierno como a la JCF son los acreedores. Su conjetura es que los acreedores le han dicho a la Junta y al Gobierno que si quieren una “buena negociación” tienen que demostrar que están dispuestos a ceder algo y ese algo ha sido la Ley 80, la descomposición del aparato público y los sistemas de retiro.

Según expuso la relación entre las pensiones y la deuda pública responde a que la deuda pública de Puerto Rico al igual que la de muchos países y jurisdicciones es deuda de largo plazo. Esto significa una emisión de bonos de 30 años durante los cuales se está pagando el interés y al final hay que pagar la totalidad del bono. La única otra obligación, que es paralela a esa deuda pública, son los sistemas de retiro, por eso en los sistemas de retiro se habla de balances actuariales. Los sistemas de retiro son unas deudas que tiene el gobierno de Puerto Rico con respecto a los retirados por los próximos 30 años o el tiempo que dure el retirado vivo, esto significa que en la medida en que la gente se siga retirando y las obligaciones con retiro vayan aumentando podría ir en detrimento de las obligaciones de la deuda.

De acuerdo a Martínez Otero, miembro de la Asociación Puertorriqueña de Economía Política (APEP) los acreedores le están diciendo al Gobierno que si le van a recortar a ellos entre un 15% a un 20% del principal de la deuda, a los retirados también hay que recortarles algo. Frente a esta situación coincidió con la apreciación de que el país es un rehén de los bonistas y agregó que en el neoliberalismo el sector financiero ha desplazado al sector industrial y es el que está decidiendo dónde se va invertir el dinero y cuáles son los países a los que se les va a dar mas liquidez para el desarrollo.

En este contexto Martínez Otero atribuyó que ya el gobernador Rosselló Nevares entendió lo mismo que el exgobernador Alejandro García Padilla, de que si no tiene la voluntad política para hacer los cambios que se tienen que hacer con respecto a nuestro modelo productivo, como lo son el apoyo al cooperativismo, a las pequeñas empresas, el proteger a la clase media en Puerto Rico, lo que va hacer el gobernador es ser flexible con todas las peticiones que tienen los acreedores con respecto al país, y lo que le queda es la inviabilidad de su proyecto político. Denunció que el ceder ante los intereses de los acreedores va a llevar al ejecutivo a que cuando termine su término le acepten en alguna firma de negocios, cabilderos, abogados etc.

“El gobernador Rosselló parece que entendió eso perfectamente y no va ser un líder defensor de las clases medias en Puerto Rico y lo que está buscando es cómo posicionarse con estos sectores para acceder a puestos administrativos con estas empresas”, afirmó.

Para sustentar su denuncia recalcó que todas las ideas que estaba presentado el gobernador Rosselló Nevares le han colapsado y ahora en adelante lo que hará será coger las propuestas de la JCF y atemperarlas a su discurso, excusas para no aumentar el salario mínimo, el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la privatización de la AEE, aun cuando el gobierno sabe que no se puede ya que está bajo el Título III de la Ley Promesa.

En esa dirección observó que el presupuesto es una herramienta para definir la identidad ideológica y las prioridades de un gobierno, al dividirse en tres áreas fundamentales; el gasto público, la inversión social y el servicio a la deuda.

Ante este escenario de ineptitud y cobardía el entrevistado exhortó a que es momento de que los diversos sectores de la sociedad, rompan con la idea de que va a surgir algún líder mesiánico que va a encausar todas nuestras demandas insatisfechas, por el contrario lo que tiene que ocurrir es que todos los grupos que se están organizando en contra de las políticas neoliberales deben empezar a establecer lazos comunicantes entre ellos.

En conclusión sobre la Ley 80 reiteró, como otros economistas, que su eliminación no va a generar más empleos, no va aumentar la productividad y por el contrario lo que provocará será un aumento en la emigración de trabajadores calificados y no calificados a mercados de jurisdicciones como la Florida, Texas, y Nueva York.