Cualquiera que siga el debate público en Puerto Rico durante las últimas semanas concluirá que, según la Junta que el Congreso de Estados Unidos nos impuso como gobierno de facto, la eliminación de una simple ley es la llave para la reactivación económica. La ley en cuestión es la que penaliza el despido injustificado de trabajadores (Ley 80) y, buscando su eliminación, la Junta cuasi militar (es similar a la que se impone tras un golpe de estado) parece estar dispuesta a cualquier pacto.
Según informó la directora ejecutiva de la Junta impuesta, la ex ministra de Ucrania Natalie Jaresko, para lograr la anuencia del gobernador a la eliminación de la Ley 80 se accedió, entre otras cosas, a dejar intacto el presupuesto de la Legislatura y a un aumento de 180% al de la Oficina del Gobernador. Ambas acciones contradicen el muy cacareado propósito central de la ley que el Congreso estadounidense bautizó con el acrónimo Promesa, que era imponer la “disciplina fiscal” y la austeridad pública.
Las dos decisiones fiscales autorizadas por la Junta para la Legislatura y la Oficina del Gobernador implican un apoyo consciente al derroche de fondos públicos o, peor aún, al uso de dinero del pueblo para propósitos políticos. En el caso del Gobernador el grueso del aumento se coloca en el renglón de “comunicaciones a la ciudadanía”, que no es otra cosa que una campaña política disfrazada. Durante el próximo año fiscal los de Fortaleza contarán con cerca de $30 millones para “informar” a las comunidades, lo que sin duda servirá para apuntalar la futura reelección de Ricardo Rosselló.
En cuanto a la Legislatura el pacto incluyó que no se les toque el grasoso presupuesto que tiene actualmente, que les permite a los “honorables” dispensar contratos a manos llenas. Mientras se conocía que el pote del festín no sería tocado, saltó en las noticias el caso de un representante llamado Samuel Pagán, como un ejemplo de lo que es el patrón de gastos de la Legislatura. El representante en cuestión contrata personal mediante una corporación fantasma creada por un “colaborador” a la que le asigna casi $200 mil al año. Como no puede contratar a su esposa porque sería nepotismo, ésta aparece contratada por una oficina del “cuerpo hermano”, el Senado. Con toda probabilidad, entre los asesores del representante está el cónyuge o algún familiar cercano de un senador.
Al autorizar el aumento presupuestario a la Fortaleza, para que lo utilice en campañas políticas disfrazadas, y al permitir que el derroche legislativo siga campante, la Junta de Control Fiscal renuncia al propósito que surge de su nombre. Los dos casos son ejemplos de descontrol, muy ajenos a la “disciplina” que tanto se anunció. ¿Por qué actúan así nuestros procónsules?
El quid pro quo de ese trueque es la eliminación del estatuto que prohíbe el despido injustificado de trabajadores de la empresa privada. Para eliminarlo se necesita, en primer lugar, que el Gobernador envíe un proyecto de ley a la Legislatura y que ésta lo apruebe. La Junta ha estado dispuesta a “comprar” esas acciones tirando algunos cientos de millones de dinero público al desperdicio. Para tratar de justificarse han elevado la Ley 80 al nivel más alto de villanía, casi afirmando que es la causa de la recesión económica que afecta a Puerto Rico desde hace más de una década.
Sólo los empresarios más recalcitrantes, como los que dirigen la Asociación de Industriales y la Cámara de Comercio, han comprado la tesis fatalista de la Ley 80 proclamada por Jaresko. Los demás sabemos que es un embuste adjudicarle tanta maldad a la ley y tanto beneficio mágico a su eliminación. El estatuto no prohíbe todo despido, sino aquellos que se producen sin causa justificada, por el puro capricho del patrono, luego de que el empleado fue evaluado y admitido tras el largo periodo probatorio. Es absurdo pensar que ese cheque en blanco a favor del abuso patronal sea la vara mágica para la reactivación económica.
La Ley 80 existe desde 1976 y ya para esa fecha la economía daba señales de estancamiento, pero se mantuvo creciendo por 30 años más. La recesión que comenzó en 2006 siempre se ha relacionado con la enorme deuda pública acumulada y con la eliminación de la llamada “sección 936”, que incentivaba la inversión extranjera en Puerto Rico. Nadie con un respeto mínimo por la verdad había establecido una relación de causa y efecto entre la debacle económica y la prohibición del despido caprichoso de trabajadores, como lo hace ahora la señora Jaresko.
Obviamente, lo que detrás de esa doctrina es una visión ideológica a favor del capitalismo salvaje, como el que campeaba en los tiempos de la revolución industrial y que ahora cobra fuerza en medio mundo. La campaña de Jaresko no es propiamente contra la Ley 80, sino contra todo el marco legal que desde hace más de 60 años fue creciendo en Puerto Rico buscando hacerle un poco de justicia a los desposeídos. En la mirilla de la Junta está la ley de salario mínimo, la que establece un procedimiento sumario para adjudicar disputas laborales, las que prohíben el discrimen y todos los demás estatutos reparadores que la lucha de los trabajadores puertorriqueños ha logrado imponer.
La campaña de la Junta contra la Ley 80 es un globo de prueba. Si logran que éste empiece a volar detrás de él se van todas las otras leyes que ahora protegen a la mayoría trabajadora. Jaresko sabe que todo el mal que le adjudica a la ese estatuto es inexistente, pero está vendiendo una doctrina, el nuevo estado de derecho que necesita el capitalismo salvaje que la Junta promueve.
