Acambio de no reducir los días de vacaciones y de enfermedad para los empleados del sector privado y la eliminación del bono de navidad el Gobernador cedió a la exigencia de la Junta de Control Fiscal (JCF) para eliminar la Ley 80 que protege al trabajador de un despido injustificado.

En el comunicado de prensa en el cual la JCF dio a conocer los “entendimientos” con el gobierno la Junta confirmó que se llevará a cabo la Reforma Laboral para convertir a Puerto Rico en una jurisdicción de “empleo a voluntad”. La reforma laboral que es parte del PFG certificado por la JCF deberá estar aprobada antes de que finalice este año fiscal. Según alegó el presidente de la JCF, José Carrión en el comunicado de prensa convertir a Puerto Rico en una jurisdicción de “empleo a voluntad” ayudará a la Isla a crecer y a ser más competitiva y a revertir la tendencia negativa de crecimiento.

Ante estas alegaciones y la “negociación” alcanzada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares es pertinente recodar señalamientos hechos por algunos economistas contra la reforma propuesta por la JCF, en las vistas en el Senado de Puerto Rico, presidida por el presidente del Senado Thomas Rivera Shazt, quien también ha presumido de que no se aprobaría la reforma laboral de la JCF.

Por ejemplo el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach Colón, denunció en las vistas que el PFG certificado por la JCF es más un manifiesto ideológico que un plan de recuperación fiscal, y que la reforma laboral de la JCF tendrá un impacto marginal o negativo en el empleo, ingreso y crecimiento económico en el país.

El economista rebatió la lógica del PF de la JCF de que el gasto relacionado con la recuperación del huracán María aumentará la actividad económica de manera temporal, por lo que es el momento para implementar un plan de austeridad fiscal y reformas estructurales, ya que el impacto negativo en la economía será uno modesto. Marxuach Colón desmontó esta teoría y puntualizó que la evidencia empírica demuestra que los planes enfocados en reformas estructurales orientadas hacia el lado de oferta económica, suelen fracasar en lograr sus objetivos, en especial en economías restringidas por el lado de la demanda.

Agregó -entre otros señalamientos- que el PF está anclado “firmemente” en una teoría de ajuste macroeconómico que ha fracasado en docenas de países. “La JCFF debería ser intelectualmente honesta y admitir que el documento que ha certificado es más un manifiesto ideológico que un plan de recuperación fiscal”, afirmó.

En este contexto censuró que la reforma laboral (PS919) está basada en una interpretación incorrecta de la tasa de participación laboral. Parte de la premisa de que un aumento en el desempleo eventualmente producirá una reducción en los salarios y los precios lo que a su vez aumenta la competitividad entre las firmas, por lo que eventualmente la producción absorbe nueva fuerza laboral. Marxuach Colón advirtió que este ajuste no es automático y que lo más probable es que ese ajuste en los precios y salarios tome un tiempo en ocurrir.

En segundo punto indicó que no era correcto asumir que un salario modestamente más alto compensa la pérdida de otros beneficios y protecciones laborales ya que cada ley protege al empleado de un riesgo específico, que no necesariamente se compensa con un pequeño aumento en el salario mínimo. El economista comparó el modelo impulsado por la JCF de “empleo a voluntad” con el régimen laboral que imperaba a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

Marxuach Colón citó varios estudios de organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), los cuales han evaluado el impacto macroeconómico de la implementación de reformas laborales que elimina protecciones al empleo tienen un impacto marginal a corto plazo y de 0.5 en la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) a largo plazo. En fin se concluye que los efectos de la eliminación de protecciones laborales son negativos tanto en el corto como en el mediano plazo bajo condiciones de recesión o debilidad económica, como las que enfrenta Puerto Rico en estos momentos. Además señaló que contrario a las expectativas de la JCF el facilitar los despidos puede también producir un aumento en las renuncias y reemplazos en las firmas, lo que se convierte en un desincentivo para los patronos a no invertir en capital humano, lo que a su vez genera efectos negativos en la productividad y por ende en el crecimiento económico.

Por último Marxuach Colón expresó en que es importante tomar en consideración el impacto que la reforma laboral propuesta pueda tener sobre la razón deuda/producto bruto, ante el proceso de reestructuración de deuda en que se encuentra el país. Citó que de acuerdo a un estudio del FMI se ha demostrado que la reducción de las protecciones laborales durante un periodo de recesión, resulta en promedio, en un aumento en la razón deuda/producto bruto. Ello se debe a que las reformas generan un aumento en los despidos en los periodos de recesión, al hacerlo menos costoso para el patrono, al reducirse el empleo, se reduce la demanda agregada y la producción. Cuando se reduce el PIB, la razón deuda/producto bruto aumenta, por tanto la “implementación de dicha reforma en Puerto Rico pudiera tener el efecto perverso de hacer más difícil la reestructuración de la deuda pública”, sentenció.

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Tal como lo adelantaron dos economistas entrevistados por CLARIDAD las diferencias entre la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Gobierno de Puerto Rico, con respecto al plan fiscal (PFG) y el Presupuesto, son cuestión de grado y forma, y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, terminaría por ceder a las exigencias de la Junta.

En efecto no bien pasaron tres días el gobierno anunció que llegó a acuerdo con la Junta, mientras por su parte la Junta anunció en comunicado de prensa que enmendaría el PFG para “asegurar la implementación oportuna de las reformas estructurales necesarias y para cumplir con las metas del Plan Fiscal a corto y largo plazo”.

La economista Martha Quiñones Domínguez, había adelantado a CLARIDAD que la guerra entre la Junta y el gobernador de Puerto Rico, era una “guerra falsa” y que el gobernador terminaría cediendo al presupuesto de la JCF. Apuntó que tanto el PF certificado por la JCF, así como el presupuesto sometido por el gobernador y los señalamientos de la directora ejecutiva Natalie Jaresko, respecto al presupuesto, se concentran en eliminar la inversión social, mientras se mantiene la concentración del dinero en niveles administrativos. La única partida que la JCF parece objetar es la de la Legislatura. Más aun -atribuyó- el que la Junta ni siquiera está mirando actos de corrupción por parte del gobierno ya que el uso de fondos públicos en contratos privados se define como una especie de corrupción, ése no es el uso de los fondos públicos.

En esa dirección también reparó en que si el PFG tiene equivocadas sus prioridades también las tendrá el presupuesto y de hecho el PFG no tiene definido lo que son los servicios esenciales. “Tal parece que para el Gobierno lo que no se define no existe, así en su presupuesto no le dan importancia. ?Desde cuándo los gastos de la Oficina del Gobernador son prioridad para aumentarlo en el presupuesto, por el lado de la Junta desde cuándo ellos son prioridad para exigir que le aumenten el presupuesto, en especial cuando la jueza dijo que están gastando mucho”, manifestó.

De igual manera censuró el que los supuestos de ambos documentos están basados en fondos federales no recurrentes, basados en ingresos que llegarán de la nueva reforma contributiva y que no se sabe de cuáles partidas saldrán. En lo que respecta a los recortes y ajustes como la eliminación del Bono de Navidad y Reforma Laboral, los describió como peores ya que carecen de investigación científica que avale que eso mejorará la economía.

La profesora de Economía del Recinto de Arecibo de la UPR, trajo a la atención que durante todo este proceso de discusión sobre el presupuesto público el debate se ha enfocado en la situación financiera del Gobierno de Puerto Rico y se ha perdido de perspectiva su función principal: el presupuesto como una herramienta de desarrollo. “Desde hace años el presupuesto no se ve como un ejercicio de planificación, sino en uno de pegar datos contables sin sentido, más allá de ser un gasto político. El presupuesto público como la herramienta clave del Gobierno para promover el desarrollo económico y social, a la vez que promueve mejorar la distribución del ingreso, garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades y favorecer el desarrollo de las capacidades productivas entre la población ha desaparecido tanto para el Gobierno como para la JCF”.

En fin si se toma en cuenta la supuesta crisis fiscal, tanto la postura de la JCF, así como la del Gobierno en el fondo ninguno procura un plan fiscal y presupuesto de beneficio para el país. Reiteró su denuncia de que la eliminación en la inversión social, en la educación y la salud lo que conlleva es a un retroceso en el desarrollo.

Por su parte el profesor de economía Ricardo Fuentes, también había adelantado estar convencido de que las diferencias entre la JCF y los planes del gobiernos son asuntos de magnitud o grado. “Se diferencian en cuánta austeridad, pero ambos parten de la premisa (errónea y peligrosa) de que la austeridad es necesaria”.

Además coincidió en que es cuestionable la pretensión de la JCF de que se le aumente su presupuesto a $80 millones. “Evidentemente, la Junta no se ha aplicado a sí misma las medidas de austeridad que nos quiere imponer. Por dar sólo un ejemplo, han despilfarrado el dinero en asesores teniendo a su disposición el acervo de profesionales de la UPR”.

Fuentes calificó de asunto medular, los señalamientos de la JCF de que el presupuesto no incluyó partidas para los fondos de inversión y desarrollo laboral, que alega va a generar la reforma laboral. “Los planteamientos que está haciendo la Junta, e incluso el gobierno en sus planes, muchas veces parten de premisas económicas que se han ido desacreditando durante las últimas dos décadas”. En ese aspecto recordó que la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) recientemente publicó los resultados de una encuesta aplicada a los economistas del país, y la mayoría coincide en sus percepciones, particularmente en que la JCF y el gobierno están mal asesorados. “Por ignorancia o conveniencia, la JCF y los asesores del gobierno nos están dirigiendo el país hacia un precipicio”, concluyó.