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Estudiantes, educadores, y el movimiento de mujeres, denunciaron la agresión y la calificaron  como “terrorismo de estado”, la violencia desatada por la Policía contra manifestantes, la mayoría estudiantes, en la actividad de protesta de este primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en la Milla de Oro en Hato Rey.

En comunicado de prensa el Consejo General de Estudiantes, del recinto de Río Piedras de la UPR, expresó que los sucesos han conmovido en gran manera al país, en especial a la comunidad universitaria y denunció que la marcha fue disipada tras la agresión con macanazos, gases lacrimógenos y rifles que disparaban bolas de goma. Además de que tres horas más tarde, la Policía intervino en la urbanización Santa Rita en Río Piedras, en donde arrestó de manera violenta, en sus hogares a tres jóvenes de la UPR, de Río Piedras.

“Me entristece ver como un mismo pueblo se combate entre sí. Durante el día de ayer los estudiantes del recinto fueron agredidos y perseguidos hasta la avenida Universitaria”, señaló el presidente del CGE de Río Piedras, Neftalí Sánchez.  El presidente del CGE de Río Piedras reclamó que los jóvenes universitarios “están comprometidos con Puerto Rico, dispuestos a enrollarse las mangas y trabajar para tener un mejor mañana.

“Reconozco que muchos tenemos ideologías, creencias y valores diferentes, pero creo que en tiempos como los que estamos viviendo solo hay un punto donde todos podemos coincidir y ese punto es el amor que le tenemos a nuestra isla. Ya no se trata de que partido, universidad, u organización pertenecemos sino de que todos somos puertorriqueños que queremos levantar y echar hacia delante nuestra isla”, culminó Sánchez.

Por su parte el grupo magisterial Educamos también repudió la conducta de la Policía. En comunicado de Prensa Educamos defendió que la participación del magisterio en el Día Internacional de los Trabajadores, en el ejercicio del derecho a la expresión “que como pueblo tenemos de reclamarle al gobierno”.

La organización describió- que desde antes de las actividades se percibía una actitud de parte del gobierno en contra de los manifestantes y que durante la marcha del magisterio la policía detuvo la actividad tratando de impedir que pasaran frente a las facilidades del Sistema de Retiro para Maestros, lo que gracias a su insistencia no lograron.

“Eso mismo hizo el Gobierno y la Policía con la marcha multitudinaria de los universitarios a quienes se les impidió llegar a la concentración en la Milla de Oro. Como ciudadanos en el ejercicio de nuestros derechos repudiamos enérgicamente tales acciones de la policía y el gobierno. Es claro, que detrás de esas acciones estaba la maquinación perversa y maquiavélica de quienes tratan de criminalizar las protestas, reclamos y manifestaciones del pueblo”.

Continuó denunciado que al momento de concluir la actividad, los manifestantes sufrieron los efectos de los gases lanzados abusiva e indiscriminadamente por la olicía. “Vimos a ancianos caer al suelo, vimos niñas y niños pequeños que fueron víctimas de los actos de la Policía. En especial condenamos la agresión de que fueron objeto los hijos de la compañera maestra y miembro de Educamos Anés Cedeño, cuya foto se ha hecho viral en las redes sociales. De la misma manera rechazamos el uso desmedido de la fuerza contra los compañeros maestros en el Departamento de Educación el pasado 27 de abril y contra los estudiantes durante la tarde de ayer. No hay justificación para que se nos maltrate de esa manera. El maltrato oficialista e institucionalizado tiene que ser rechazado”.

La organización manifestó su preocupación de que la actual administración gubernamental vaya en la misma ruta que llevó a los asesinatos del Cerro Maravilla donde también los policías seguían órdenes y luego tuvieron que responder por sus crímenes ante al pueblo y ante la ley. “Le hacemos un llamado a las y los policías a que si quieren nuestro apoyo a sus reclamos de un sueldo justo y que se les respete su retiro, no pueden ponerse del lado de los ricos ni de los corruptos que han saqueado al país y nos han llevado a la bancarrota”.

Además de reclamar “sensatez” al gobierno, Educamos hizo un llamado a la Comisión de Derechos Civiles (CDC), a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), al Colegio de Abogados y Abogadas (CAPR), al Monitor Federal, “así como a cualquier otra entidad relacionada para que tomen cartas en el asunto. No esperamos menos de ellos”.

Otros grupos que condenaron la agresión lo fueron el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, Puerto Rico (CLADEM-PR) y el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) condenaron y rechazaron de manera enérgica la “represión y violencia desmedida contra las mujeres, juventud y toda la población que se está manifestando y protestando durante los pasados días ”.La portavoz de CLADEM PR, licenciada Ana Irma Rivera Lassern, expresó que “condenamos la criminalización de la protesta, la provocación y violencia desmedida en contra de la ciudadanía puertorriqueña, en especial a las mujeres, niños, niñas y personas mayores que ejercían su derecho a la libertad de expresión, protesta social, afectando su seguridad, salud y bienestar.” También demandó a nombre de su organización, que el “gobierno cese inmediatamente la represión por parte de la Policía y fuerzas de seguridad.

En tanto Eva Prados Rodríguez, portavoz del MAMPR, agradeció la asistencia masiva de miles de mujeres y hombres que están saliendo a la calle en defensa de sus derechos humanos y manifestando su rechazo a las acciones del gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF) desde diferentes partes de la isla.

Denunció que la marcha de las mujeres, llamada Marea Feminista, también tuvo sus momentos de tensión con la Policía. Prados Rodríguez, exigió “una investigación imparcial, procesamiento y sanción a los oficiales de orden público que no cumplieron con la normativa existente sobre el manejo de manifestaciones, así como ofrecer las garantías de que esta situación no vuelva a ocurrir. Las fuerzas de seguridad del Estado están para proteger la seguridad de los manifestantes, el ejercicio de nuestros derechos humanos, entre estos nuestro derecho a la libertad de expresión y protesta social, no para limitarlos ni violarlos. ”

Ambas portavoces indicaron que van “a llevar esta situación a organizaciones y movimientos sociales de la región y a la comunidad regional e internacional de derechos humanos de manera que se exijan el respeto a las garantías fundamentales y los derechos humanos en Puerto Rico”.

Las organizaciones AARP capítulo de Puerto Rico, Waves Ahead, y Advocacy and Service for LGBTT Elders (SAGE Estados Unidos) anunciaron el pasado miércoles 25 su unión en aras de formar el primer SAGE del Caribe, el cual estará dirigido a recoger estrategias de justicia social y apoyo que adelanten cambios en políticas públicas para las personas adultas mayores LGBTT de la Isla.

Entre los problemas que enfrenta este sector poblacional figuran: homofobia y discrimen, ausencia de cuido prolongado, trato diferenciado de parte de entidades gubernamentales, inseguridad económica, difícil acceso a vivienda y transportación, así como a servicios de salud física, mental y emocional.

Precisamente, los resultados de una muestra recolectada– un total de 53 cuestionarios contestados por representantes de la comunidad LGBTT en los pueblos de San Juan, Guaynabo, Bayamón, Caguas, Carolina, Arecibo, Lares, Mayagüez, Cabo Rojo y Río Grande –, evidencian cuáles son los retos que hoy día afronta ese sector. Por ejemplo, un 28 por ciento de los y las participantes entendieron que su comunidad de adultos mayores LGBTT carece de actividades sociales.

Asimismo, un 22 por ciento de las personas coincidió en que falta una o varias égidas enfocadas en esta comunidad; un 19 por ciento indicó que existe la necesidad de proveedores inclusivos en el campo de la salud; y un 16 por ciento concordó en que falta seguridad económica y laboral para este sector.

“No envejece igual una persona cuyos derechos le son plenamente reconocidos que una a quien se le niega tal reconocimiento. Las personas mayores LGBTT envejecen sin iguales beneficios de salud ni protección social, laboral, legal o financiera. Esto sumado a una vida de estigmas, prejuicios y discrimen, les representa una vejez con mayores riesgos de salud, bienestar y calidad de vida”, expusieron durante la presentación a la vez que indicaron que el discrimen también limita las estadísticas, por lo que no hay por cientos exactos de la cantidad de adultos mayores LGBTT.

Aunque AARP Puerto Rico lleva años trabajando con la comunidad de 50 años de edad o más y SAGE fue establecida en 1978 para ofrecerles servicios y abogacía a personas mayores lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros en Estados Unidos, no fue hasta el 2014 que se unieron en la isla por primera vez para organizar y participar del congreso Retos de Adultos Mayores 50+ LGBTT en Puerto Rico.

De ese evento, surgió la organización Waves Ahead, dirigida por Wilfred Labiosa y Grissel Bonilla y dedicada – desde el 2017 que se concretó – a apoyar a las comunidades marginadas y vulnerables en su fortalecimiento y restablecimiento en distintas áreas de necesidad.

Además de dar a conocer el trabajo en conjunto que realizarán, la intención de la actividad realizada el miércoles pasado en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico fue comenzar una red de proveedores de servicios que apoye a este sector en el diario vivir. Para estrechar lazos, se reunieron en esa primera convocatoria representantes de proyectos religiosos, legales, educativos, de salud, y gubernamentales.

Ofrecer el trasfondo del envejecimiento LGBTT en la Isla fue otro de los propósitos de la reunión. Michael Adams, director ejecutivo de SAGE, comentó que uno de los problemas más fuertes que enfrentan estas personas es el aislamiento social debido a los estigmas y el discrimen, que a su vez provoca necesidades en los servicios de salud mental y social, por ejemplo.

“Después del paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico, el discrimen y trato diferencial a la comunidad se ha notado aún más. Las personas lo sienten con más intensidad cuando solicitan las ayudas del gobierno, cuando acuden a servicios profesionales o en las iglesias”, según informó Wilfred Labiosa, quien desde Waves Ahead ha provisto ayuda directa en las casas de personas identificadas como adultos mayores LGBTT en los pueblos de Humacao, Yabucoa y Vieques, especialmente.

Además de ese trabajo comunitario que ha estado haciendo Waves Ahead luego de los huracanes, las expectativas del junte de organizaciones son: formar un centro para proveerles servicios a adultos mayores LGBTT en las áreas de salud mental, en la comunitaria y la social; crear espacios a los que este sector se sienta invitado a acudir; apoyar a los proveedores de servicio para que puedan trabajar efectivamente con esa población.

“Es bien importante que la agenda de envejecimiento del País sea totalmente inclusiva en todos los sectores. La población LGBTT tiene unas circunstancias que hacen que sea más problemática la distribución de servicios”, para Labiosa, ése el reto del que han decidido apropiarse las tres organizaciones unidas.

Se han propuesto convertir en acción durante los próximos meses la teoría que han desarrollado como organizaciones individuales. Así las cosas, de mayo a junio, junto a colectivos de Estados Unidos integrados por personas LGBTT y latinas, reconstruirán alrededor de 15 casa de adultos mayores LGBTT residentes de los pueblos de Humacao, Yabucoa, Vieques, Caguas, Bayamón, Toa Alta y Toa Baja.

De la misma manera, realizarán la Primera Bohemia para el adulto mayor LGBTT, como parte de las actividades del fin de semana del orgullo gay en Puerto Rico.

Mientras, continuarán desarrollando el Centro Comunitario para el Adulto Mayor LGBTT, cuya sede estará ubicada en el Municipio de San Juan.

Para más información, se pueden comunicar a los correos electrónicos adiaz@aarp.org o wavesaheadcorp@gmail.com.

Una de las medidas que contempla el plan certificado por la Junta de Control Fiscal es la eliminación de la ley que penaliza en “despido injustificado” de empleados en la empresa privada. El estatuto, generalmente conocido como “Ley 80”, ya fue enmendado por la administración de Ricardo Rosselló en 2017 para, entre otras cosas, reducir la compensación –“mesada”– que está obligado a pagar el patrono ante ese tipo de despido. Ahora se plantea su total eliminación, algo que efectivamente propuso Rosselló hace unos meses y luego retiró por la ola de indignación que se propuesta provocó.

Lo primero que se debe aclarar sobre este estatuto es que no prohíbe o penaliza todo despido. El que se produce por razones “económicas”. Tampoco lo son los despidos que se decretan por el cierre o reestructuración del negocio ni el que se produce debido a una supuesta “conducta desordenada” del trabajador. Frente a esos despidos el patrono no está obligado a pagar compensación alguna. Sólo cuando se logra probar que la terminación del empleo no respondió a ninguna de esas causas, convirtiéndose en “injustificado”, el patrono está obligado a pagar la mesada que en la última de la ley quedó bastante reducida.

Buena parte de los abogados que practican el derecho laboral creen que la Ley 80, según fue interpretada por los tribunales, terminó protegiendo más al patrono que al trabajador. Esta conclusión no se basa solamente en la apretada definición de lo que es “injustificado” según el estatuto, ni en lo menguado de la llamada mesada, sino en una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico emitida hace varias décadas donde se estableció que el remedio que provee la Ley 80, la mesada, es “exclusivo” y que, por tanto, cuando se trata de un despido injustificado el patrono no está obligado a enfrentar ninguna otra causa de acción ni a pagar más compensación que lo que mandata esa ley. Sólo los despidos discriminatorios (por raza, edad, sexo, etc.), penalizados por legislación especial, se salvan de ese mandato del Supremo.

Desde hace más de un siglo en Puerto Rico existe otro estatuto, recogido en el artículo 1802 del Código Civil, que obliga a toda persona que actúa con “culpa o negligencia” a reparar el daño que sus acciones provoquen. La conducta prohibida tiene, como vemos, de una definición amplia y, además, el estatuto no dispone límite alguno en cuanto al monto del daño recobrable. Quien actúe de forma culposa o negligente está obligado a reparar todo el daño que sus actos provoquen. Este artículo de nuestro Código Civil es la base de las acciones de “daños y perjuicios” que se litigan todos los días en los tribunales puertorriqueños.

En todo despido injustificado de un trabajador existe culpa o negligencia. No se trata, como ya vimos, de un empleado que dejó de ser necesario debido a una reestructuración de la empresa ni que la situación económica o su “conducta desordenada” llevó al patrono a prescindir de él. Es injustificado porque respondió al puro capricho o a un acto negligente o de maldad de parte del patrono o de algún gerente.

Según el mencionado artículo 1802, el trabajador víctima de ese acto culposo o negligente tendría derecho a ser resarcido de todo el perjuicio que el despido le causó. Si como resultado de quedarse desempleado perdió su casa y sufrió graves daños emocionales, la compensación debe ser grande. Además del empleado directamente perjudicado, los miembros de su familia afectados por las consecuencias del despido, también podría reclamar al amparo del Código Civil.

Sin embargo, mientras exista la Ley 80 y, dada su vigencia, se mantiene la vieja decisión del Supremo que concluyó que el remedio que esta provee es de carácter exclusivo, ninguna de esas reclamaciones del empleado despedido y de su familia puede hacerse en nuestros tribunales. El trabajador se tiene que conformar con la mísera mesada y su familia se queda sin causa de acción bajo el artículo 1802 del Código Civil. Así fue como la ley que se suponía protegiera al trabajador frente a las acciones abusivas del patrono se constituyó en la práctica en un escudo protector para el propio empleador.

Si se elimina la Ley 80, la vieja decisión del Tribunal Supremo se vuelve académica porque el llamado remedio exclusivo deja de existir. Los patronos entonces quedarían expuestos a los efectos del artículo del Código Civil que penaliza toda conducta culposa o negligente. Tanto el trabajador afectado como sus familias podrían acudir al tribunal a reclamar que sus daños sean resarcidos.

Este análisis deben estar haciéndolo ahora mismo alguno de los costosos asesores de la JCF y, más aun, los abogados de los bufetes que se dedican a defender a los patronos. Ya deben haberle advertido a Natalie Jaresko y a José Carrión III que si eliminan la Ley 80 también tienen que enmendar el Código Civil para impedir que los efectos amplios del artículo 1802 lleguen hasta las acciones culposas o negligentes de los patronos en materia de despidos. Ambas acciones – la eliminación de la Ley y la posible enmienda del Código Civil – dependen de la Legislatura de Puerto Rico y, hasta ahora, este cuerpo se ha manifestado en contra de la eliminación de la Ley 80. Pero si reculan como tantas veces lo han hecho y aprueban su eliminación, habrá que estar muy vigilante de que en el mismo trámite no procedan a enmendar el Código Civil.

El próximo domingo, 6 de mayo se celebrará la actividad anual para reconocer la labor de la Misión de Puerto Rico en Cuba Juan Mari Brás – único espacio en el que se reconoce a Puerto Rico como nación– y para recaudar fondos para asegurar su permanencia y funcionamiento.

Justo el año pasado, la Misión cumplió 50 años de fundada y la actividad en Puerto Rico fue dedicada a esa admirable gestión de décadas. Años anteriores, sin embargo, se le ha dedicado el evento a diferentes figuras del quehacer artístico, cultural y político de Puerto Rico. Por ejemplo, Pablo Marcano, Roy Brown y Zoraida Santiago, Danny Rivera, Andy Montañez, la Orquesta Nacional Criolla Mapeyé, Doris Pizarro, entre otros y otras han sido homenajeados.

Este año, la fiesta será en honor a la abogada especializada en derechos civiles, Jan Susler, quien ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional a representar a prisioneros políticos puertorriqueños: hombres y mujeres que han luchado por la independencia de Puerto Rico. Al último prisionero político que Susler apoyó legalmente en el proceso de excarcelación fue a Oscar López Rivera, de quien se hizo muy amiga, al igual que de los otros y otras ex prisioneras.

Susler ha ejercido como abogada por más de 40 años. Se especializa en los derechos de los confinados, conducta policíaca impropia y derechos civiles, y ha trabajado en la firma People’s Law Office en Chicago desde 1982. En el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, ha sido una de los pocos estadounidenses que hablan a favor de la descolonización de Puerto Rico.

A pesar de que nació en Estados Unidos, en Chicago, Illinois muchos y muchas la consideran puertorriqueña e incluso dicen que nació en el lugar equivocado. “Amo al pueblo puertorriqueño y al país. Respeto y admiro la increíble resistencia del pueblo ante cientos de años de colonización, y me siento bien amada y aceptada. Me siento muy privilegiada de poder tener esta maravillosa relación cercana con el pueblo puertorriqueño. Soy sumamente bendecida”, dijo la homenajeada.

Y es que desde que se mudó a Chicago en los ‘80 y comenzó a trabajar para la People’s Law Office, se acercó a la comunidad puertorriqueña, a las familias de los prisioneros que defendía y a comenzó a viajar mucho a la Isla.

“Sobran las razones para dedicarle la actividad a ella”, le comentó a CLARIDAD Néstor Nazario, parte del comité de trabajo del evento. “Hay mucho entusiasmo y estamos contentos de que se le reconozca a ella”, continúo Nazario quien además comentó que a Susler no le gustan los homenajes porque “no hace las cosas a cambio de algo”.

El Centro de Convenciones de Coamo será la sede de la actividad, que contará con música bailable, con Nueva Trova, con la presencia de muchos y muchas de los compañeros exprisioneros(as) políticos(as) puertorriqueños(as), con un acto protocolar para la homenajeada y con una cena para los presentes.

Los boletos están a la venta por un costo de $30.00.

Juan González Feliciano fue un hombre que al decir del poeta español, Antonio Machado, supo ser “en el buen sentido de la palabra, bueno”. Juan fue un bueno cabal. Debidamente terminado en cuanto a todas las dimensiones de lo que se requiere de un ser humano para merecer reclamar dicha condición; las que podríamos señalar, aunque suene redundante, que se trata precisamente de ser “humano”. Juan era un hombre profundamente humano. Era capaz de tratar a los otros con la misma consideración y respeto, y con el reconocimiento de la misma dignidad esencial que siempre supo exigir para sí.

Por mano propia, Juan supo construir de sí mismo el rompecabezas acabado de un hombre bueno; sin que le faltaran piezas. ¡Y vaya que esa forma de ser le rompió las cabezas a tantos, a quienes en sus pequeños y egoístas esquemas mentales no caben la solidaridad, el desprendimiento, el sacrificio, la generosidad y la afabilidad que emanan naturalmente de los seres como Juan!

Y es que, así como fue un batallador constante y consistente en la fatigosa y a veces frustrante lucha diaria por las mejores causas de su país y el derecho negado a la vida digna de sus compatriotas; en Juan se hizo verdad aquella frase de Marx de que “la felicidad es la lucha”. Juan, siempre de buen humor y capaz de regalarnos una sonrisa o un comentario jocoso, aunque se encontrara en el medio de una ardua batalla, o abatido por la decepción de quienes desviaban el camino. Juan, que siempre supo ser conciliador, porque nunca fue mas importante su orgullo personal que el adelantar las causas que lideró.

Frente a quienes principalmente se preguntaban: ¿qué es lo más que me conviene en estas circunstancias? Juan siempre se obligaba a preguntarse a sí mismo: ¿qué es lo correcto? ; porque Juan era un hombre de principios, no de conveniencias.

Mientras por más de cinco siglos, una lastimosa y humillante herencia de colonialismo y explotación nos mantiene empantanados en este país, con sus versiones modernas de aquellas tres “b” del “baile, botella y baraja”, Juan supo ser estandarte de las tres “v”: visión, valentía y voluntad, las que siempre predicó con su ejemplo.

Con su forma de actuar Juan trazó el camino de una ética del nosotros, frente a los promotores de oportunistas ideologías del yo. Por eso, la figura de Juan siempre seguirá siendo un referente de honestidad, compromiso, entereza y de buen proceder, para quienes le conocimos. Y por eso seguirá estando presente entre nosotros, mirándonos firme y a la vez sonriente, cada vez que tengamos que resolver el predicamento de escoger entre lo fácil y lo correcto; entre lo personalmente beneficioso y un genuino compromiso de amor al prójimo; entre la seducción o el temor que infunde el poder desnaturalizado y nuestro compromiso con la defensa de los derechos de la persona humana. Para elegir sabia, solidaria y valientemente, siempre podremos preguntarnos: ¿qué hubiera hecho Juan, en estas circunstancias?

Palabras pronunciadas en la actividad de despedida.