Aunque es muy probable que haya ocurrido que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) haya dado preferencia a restituir el servicio en algún sector en donde viva alguno de sus ejecutivos, el expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ricardo Santos, no cree que esto haya sido en unos niveles grandes, “pero sí ha ocurrido”, confirmó a CLARIDAD.

Las denuncias de favoritismo en la conexión del servicio de energía eléctrica a más de dos meses del embate del huracán María, no se limitan a funcionarios de la corporación, más de una docena de alcaldes han denunciado que la demora en los trabajos de restablecer el servicio en sus municipios responde a que pertenecen al partido de oposición, Partido Popular Democrático (PPD). De hecho 18 municipios, la mayoría populares, todavía no tienen servicio servicio de luz. De acuerdo a los números del gobierno el servicio ha sido restituido en un 61%.

Entre los argumentos que ha usado la gerencia de la AEE en la demora de los trabajos de restauración está la falta de materiales, en particular de postes. Santos señaló que, eso confirma las denuncias que había hecho la UTIER desde mucho tiempo antes de que azotaran este año los huracanes de Irma y María, de que la Autoridad no tenía suficientes materiales. Atribuyó que hace varios años la AEE dejo de comprar materiales, situación que se agudizó con la síndica Liza Donahoue. El presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo hizo esta misma denuncia esta semana en una vista pública en el Senado ante la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas.

“La AEE dejó de comprar lo que normalmente se requiere incluso en distintas áreas de la AEE se comenzó a reciclar materiales quitándoles a unas partes para ponerles a otras. Las plantas, especificó, han sufrido la necesidad de materiales y se ha estado quitándoles a unas para ponerles a otras”, reveló Santos. Añadió que la determinación de Donahoue de limitar las compras fue una medida artificial para proyectar economías con su gestión, por lo que ahora no hay materiales suficientes para enfrentar la emergencia. Por otra parte, fuentes de entero crédito han confirmado que el ahora exdirector Ricardo Ramos nunca le presentó a la Legislatura un Plan de Huracanes 2017, acción que es requerido por Ley.

En tanto en entrevista Santos desmintió la impresión que ha dado la gerencia de la AEE y el gobernador Ricardo Rosselló de que para diciembre habrá una generación de 80%, es decir la mayor parte del país ya tendrá servicio. A la luz de lo declarado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU (USCI, siglas en inglés) a medios de la prensa de que estará trayendo dos mil postes semanales para los trabajos de restauración, hizo el cálculo de que si se necesitan 48 mil postes, 24 semanas, a cinco semanas por mes se tomaría 4.8 meses el trabajo. Es decir, se estará recibiendo materiales por los próximos cuatro meses, eso significa que el trabajo se estará terminando en el mes de marzo de 2018. Recordó que ésa fue la fecha que en un principio dijo el Cuerpo de Ingenieros que estaría completando su trabajo.

CLARIDAD estuvo presente en la conferencia de prensa a 13 días del huracán María, en el Centro de Operaciones del Gobierno en la cual el hoy ex director de la AEE acompañado de los generales del USCI, Jhon Raven y Alejandro de la Campa, anunciaron que ese cuerpo estaría a cargo en coordinación con la AEE de los trabajos de levantar el sistema que se extenderían hasta el mes de marzo.

Santos denunció que esa fecha- marzo de 2018- es una inaceptable. “Creo que eso es un paso extremadamente lento y en cierta medida irresponsable, creo que debemos hablar de traer 10 mil postes semanales. El Cuerpo de Ingenieros lo que está diciendo es que ellos programaron el trabajo hasta marzo y que en su programación no tienen nada de prisa”. En particular llamó la atención que a ese paso de trabajo los más afectados serán las comunidades de la montaña a la vez que reiteró su denuncia de que por parte de la gerencia de la AEE no hay interés en restablecer el servicio al cual tienen derecho estas comunidades.

“Insistimos en que la energía eléctrica hay que devolvérsela a todos que no se puede discriminar con la gente que vive en la montana”. Al defender el carácter de corporación pública de la AEE, Santos denunció que la Autoridad no puede poner como excusa para no restablecer el servicio a las comunidades de la montaña el que no es costo efectivo, ni decir que está en quiebra debido a que en lo que se refiere al tendido eléctrico se supone que FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) tiene asegurado el 90% del pago de este trabajo y el otro 10% se supone lo pague el seguro que tiene la AEE. “Así que no pueden venir con la excusa de que no hay dinero para restablecer la energía porque hasta el último poste que haya instalado la Autoridad está asegurado”.

En esa dirección llamó la atención de que la AEE al presente se encuentra intervenida por una serie de entes entre los cuales predomina el interés por la privatización. Se refirió a la intervención en la AEE uno; el que su Junta de Gobierno, nombró un llamado Consejo Asesor de Transformación. Este ente se dio a conocer el mismo día en que renunció el director ejecutivo Ricardo Ramos, el 20 de noviembre. La Junta nombró como coordinador de este Consejo a David Owens, quien fue vice presidente de Edison Electric Institute (EEI).

Mientras el 24 de noviembre el Gobernador creó el puesto de coordinador para el proceso de rehabilitación de la AEE y nombró al puesto al ingeniero Carlos Torres, retirado de la compañía Consolidated Edison, en Nueva York, y que al momento trabaja también en el Edison Electric Institute. Para Santos el nombramiento de este coordinador fue una negociación dada a espaldas del pueblo entre la Junta de Control Fiscal (JCF) y la juez Laura Taylor luego que ésta rechazó la confirmación de Noel Zamot, como el principal oficial de transformación de la AEE. Hay que anotar que la JCF anunció el 28 de noviembre que no apelaría la decisión de la juez Taylor.

El EEI es una organización integrada por las compañías privadas de electricidad de capital estadounidense que cubren los 50 estados y el distrito de Colombia, además tiene como miembros afiliados internacionales a más de 60 compañías eléctricas con operaciones en más de 90 países. Mientras por su parte la Junta de Control Fiscal ha hecho expresiones públicas en mas de una ocasión que entre sus planes está la privatización de la AEE.

El cuarto ente al cual se supone que la AEE también rinda cuentas es la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR), ente que se supone es la que pase juicio sobre su llamado Plan Integrado de desarrollo.

Como si no fuera poco se añade el que la Junta de Gobierno dio a conocer tan reciente como este viernes 1 de diciembre el nombramiento de un nuevo asesor financiero, Todd W Felisinger, de la compañía Filsinger Eenergy Partners. Según informó la misma AEE el contrato es por la cantidad de $5 millones hasta el 30 de junio de 2018.

Al final del camino parece haber mucho cacique y poco indio.

#LaEducaciónNoSeNegocia

Al cierre de esta edición, el Departamento de Educación (DE) había lanzado su habitual informe semanal de escuelas abiertas. De 1,112 escuelas a cargo de la agencia gubernamental, un total de 1,081 reabrió esta semana tras más de 70 días del paso del huracán María.

Esto significa que en el 97% de los planteles se están impartiendo clases, proceso que comenzó paulatinamente el 23 de octubre y que solo ha respondido al compromiso que tienen con el estudiantado puertorriqueño la secretaria de Educación, Julia Keleher, y todo el Sistema, según esboza el comunicado de prensa oficial del DE publicado en su red social Facebook.

Los 31 planteles que aún permanecen cerrados no están aptos para recibir a la comunidad escolar porque incumplen con la seguridad física, lo que incluye no tener servicio de agua potable. Para el DE y la primera mandataria de esta agencia, esta cifra representa un récord si se compara con el paso del huracán Katrina por Louisiana, instancia en la que solo se pudo abrir una escuela luego de tres meses del fenómeno natural.

El comunicado oficial también destaca que el proceso de reapertura de planteles y de regreso a las aulas ha sido dinámico, sensible, responsable y realizado en equipo. Sin embargo, un vistazo a los comentarios que las y los ciudadanos colocan en la cuenta de Facebook del DE evidencia otra realidad.

“¿Cuándo es que piensan abrir la Escuela Paco Dávila de Canóvanas? La escuela está lista para que los niños regresen a clases. Es abusivo como juegan con la educación de los niños. Ya es demasiado el tiempo de espera, han perdido tres meses de clases”, escribió Joha D. Calo en claro rechazo al método que han utilizado para reactivar el sistema de instrucción pública.

“Si van a abrir escuelas, también pongan [contraten] maestros. ¿De qué vale que envíe a mis hijos a las 6:00 am en la guagua para que a las 9:30 am me llamen y me avisen que ya salieron? El Departamento de Educación lo menos que tiene es eso, educación, y responsabilidad por el estudiantado y los maestros”, comentó otra puertorriqueña.

Asimismo, Mildred Soto, una madre preocupada por el presente y futuro de su hijo, se quejó por esa red social al cuestionar el porqué no han reabierto la Escuela Superior Vocacional Nueva de Loíza: “Ya quedan menos de 20 días de clases para culminar el semestre escolar y nuestros hijos están en sus casas desde el huracán Irma. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿Cómo le repondrán ese tiempo perdido? El derecho a la educación no debe ser quitado. #LaEducaciónNoSeNegocea”.

Por su parte, Rosana Quiroja mostró preocupación por el desfase, en términos del calendario académico, que existe entre las escuelas que empezaron a finales de octubre y las que recién comienzan. “¿Cómo van a cuadrar el semestre? No se le puede exigir lo mismo al maestro que empezó a finales de octubre que al que va a empezar ahora”, cuestionó la mujer.

Evidentemente, el plan de acción que ha utilizado el DE para reactivar el funcionamiento de las escuelas luego del huracán ha sido cuestionado por todos los sectores que componen el sistema de instrucción pública: padres y madres, estudiantes, sindicatos magisteriales, etc.

Esta agencia gubernamental, al margen de sus comunicados oficiales redactados con palabras alentadoras y optimistas, mantiene a la población puertorriqueña sumergida en la incertidumbre. La forma de actuar del DE ofrece espacio para considerar cualquier teoría de cara al futuro del país y del sistema escolar público. ¿Obligar al exilio masivo utilizando como técnica la lentitud en los procesos de reapertura de planteles? ¿La privatización de escuelas a través de la implementación del sistema “Charter”? Lo que sea, está en juego el futuro de la educación de la niñez.

Nota: En días recientes se ha generado un debate sobre la muerte del independentismo, CLARIDAD exhorta a nuestros colaboradores a debatir sobre el tema, aquí el compañero Manuel de J. González esboza algunas ideas. –AMF

En 1960 muchos daban por muerto el movimiento independentista puertorriqueño porque después de un período de auge en las décadas anteriores, había llegado a un punto mínimo en las elecciones de ese año.

Diez años antes, en 1950, el nacionalismo se había jugado su última carta, protagonizando una insurrección armada que conmovió el país. Tras ésta fracasar todo su liderato fue reprimido y al comenzar la década del ’60 permanecía encarcelado. Aquel movimiento pujante y motivador, que había generado apoyo de sectores populares, ya formaba parte de nuestra historia trasmutado en un ejemplo de “valor y sacrificio”, sin existencia real.

La otra vertiente del independentismo, la electoral, también llegaba a menos en 1960. Tras el claro giro colonialista que dio el Partido Popular Democrático (PPD) a mediados de la década del ’40 cuando, a instancias de Luis Muñoz Marín, declaró incompatible ser independentista y militar en esa agrupación, un grupo importante de Populares ayudó a fundar el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en 1946. Seis años después, en las elecciones de 1952, el PIP se convirtió en el segundo que más votos recibió, desplazando de esa posición al tradicional movimiento anexionista. Pero a partir de ese año comenzó a perder apoyos, llegando al extremo de perder su franquicia electoral en 1960.

Mientras eso les ocurría a las fuerzas políticas independentistas, el país sufría cambios que llevaron a muchos a pronosticar como inevitable la “asimilación” cultural a Estados Unidos y la incorporación como estado a la federación norteamericana en poco tiempo. El programa de industrialización impulsado dos décadas antes rendía frutos, alimentado por el enorme excedente de capital que se produjo en Estados Unidos tras el fin de la guerra en 1945. Puerto Rico fue uno de los mercados hacia el cual se exportó ese capital y con las fábricas llegaron las urbanizaciones al estilo estadounidense y las grandes empresas de consumo, acelerándose lo que para algunos era un proceso irreversible de “americanización”. El “rock & roll” sonaba en la radio y un torrente de gente iba a comprar al nuevo Sears, no a González Padín.

La gran ola migratoria hacia Estados Unidos, desatada tras el fin de la guerra, seguía con similar fuerza a principios de los ’60, vaciando los campos de jóvenes. En las comunidades emigradas aparecía una nueva generación de puertorriqueños que tenía el inglés como primer idioma, los que luego alguien llamaría “nuyoricans”. La interacción de esa nueva generación con sus familiares de la Isla estimulaba la creencia de la inevitable asimilación.

Esas nuevas realidades alimentaron el pesimismo, por no decir derrotismo, en muchos sectores, manifestándose en la producción literaria y ensayística de aquellos años. Los cuentos terminaban en suicidios tras el desplazamiento del criollo por el invasor (El Josco), las obras de teatro en la muerte inevitable del emigrado (La Carreta) y los ensayos nos hablaban de la “docilidad” congénita de los puertorriqueños.

Ése era el ambiente en 1960. En cambio, ¿cuál era la realidad puertorriqueña diez años después, en 1970? Al comenzar esa nueva década ya el otrora movimiento moribundo había dado paso a otro vigoroso que impactaba con fuerza la vida puertorriqueña manifestándose en diversas formas de lucha, incluyendo otra vez la vertiente armada. Una organización fundada en 1959 por jóvenes provenientes del PIP, el Nacionalismo y grupos socialistas – el Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico (MPI) – estaba organizada por todo el país y desarrollaba un intenso trabajo de masas en las principales áreas urbanas. Su influencia sobre los sectores estudiantiles y de trabajadores ya era grande y lo sería aún más en los cinco años siguientes, tras convertirse en 1971 en Partido Socialista Puertorriqueño (PSP). El PIP, por su parte, presidido por un liderato joven, había dejado atrás el estancamiento transformándose en una organización militante de gran impacto.

El flujo de militantes hacia esas organizaciones provenía de las universidades. Igual que en el resto del mundo (ver Eric Hobsbawn, Historia del siglo XX) el desarrollo de la educación superior en la década del ’50 creó las bases para las luchas estudiantiles de las décadas siguientes. En Puerto Rico, una organización fundada en 1956, la Federación de Universitarios Pro Independencia (FUPI) y otras que nacieron después, dirigieron una lucha muy activa en los campus y luego le suplieron una gran legión de militantes y dirigentes a las organizaciones nacionales. También impactaron y ayudaron a desarrollar un nuevo movimiento sindical, expresándole solidaridad a sus luchas y aportando cuadros.

Curiosamente, las comunidades puertorriqueñas que surgieron de la emigración hacia Estados Unidos, jugaron un papel importante en aquel renacimiento del independentismo. ¡Y fueron los hijos de los emigrados, hablando mayormente en inglés, los cuadros principales de las organizaciones patrióticas desarrolladas allá! Desde su fundación, el MPI planteó que los emigrados y sus descendientes son parte de la nación puertorriqueña que, como resultado de la nueva realidad, había quedado dividida en dos grandes partes. La lucha que se desarrolló corroboró esas tesis. A principios de la década del ’70 se comenzó a publicar en Nueva York una edición de CLARIDAD –el periódico que en 1959 había fundado en Puerto Rico el MPI– que, reconociendo la realidad de la emigración, era bilingüe.

La trasformación se había producido en apenas ocho o diez años. Ahora, en la segunda década del siglo XXI, el movimiento independentista puertorriqueño está otra vez en crisis y, como en 1960, en distintos medios ha surgido una muy necesaria discusión sobre cómo reactivarlo. Como entonces, ya surgen algunas voces que se apresuran a escribir el certificado de defunción y, prediciendo otra vez la “inevitable” anexión de nuestro país, hasta ven a los independentistas incrustados en una facción del liberalismo gringo. (Por cierto, que hijos de la colonia militen en organizaciones políticas de la metrópolis, no es nada nuevo ni mucho menos malo. Entre muchos otros, uno que se llamó Ho Chi Minh lo hizo).

Esa discusión es muy útil y ojalá siga. Yo fui parte de la generación del ’60 y desde entonces comprendí que los procesos sociales, y las fuerzas políticas que nacen de ellos, son desiguales y están repletos de avances y retrocesos. También aprendí que, como sucede con todo pueblo colonizado, lo que estimula la lucha de independencia es la existencia de una nacionalidad. (¡Vean el ejemplo de Cataluña!) En el caso puertorriqueño la nacionalidad está más fuerte que nunca y mientras esa sea la realidad, habrá lucha.

Un relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos, de las Naciones Unidas (ONU), visitará Puerto Rico desde este 1 al 15 de diciembre en una visita oficial para investigar cuáles han sido los esfuerzos del gobierno para erradicar la pobreza en el país, y su relación con las obligaciones de Estados Unidos bajo el derecho internacional de los derechos humanos.

Según dio a conocer la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) capitulo de Puerto Rico, el relator, profesor Phillip Alston, además de visitar la Isla viajará a Washington, D.C., California, Alabama, Georgia, y West Virginia. En todos sostendrá reuniones con oficiales del gobierno a nivel federal, estatal y local.

La visita a la Isla incluye reuniones con personas que viven en condiciones de pobreza para escuchar sus experiencias, conversará con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de pobreza y derechos humanos, y recibirá insumos de expertos y miembros de la academia.

“Estados Unidos es uno de los países más ricos del mundo, más sin embargo continúan presentes algunas de las formas más profundas de pobreza y desigualdad,” expresó el experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra para monitorear, informar y aconsejar sobre la pobreza extrema y su relación con los derechos humanos.

“Aunque algunos se pregunten por qué un experto en pobreza extrema y derechos humanos realiza una visita a un país tan rico como los Estados Unidos, la realidad es que en este país muchas personas reciben ingresos sumamente bajos, o viven en una pobreza multidimensional,” acotó el profesor Alston.

Se espera que la visita le provea al Relator Especial información adicional sobre la situación de pobreza y derechos humanos en Estados Unidos. Ésta se sumara a información que ya ha recibido de parte de la sociedad civil. La ACLU indicó que al día de hoy, el Relator Especial ha recibido más de 40 escritos informativos por parte de una multitud de organizaciones de la sociedad civil y ha conversado con más de 60 organizaciones de la sociedad civil y académicos.

“Estados Unidos ha enfatizado consistentemente la gran importancia que le reconoce a los derechos civiles y políticos en su política externa y ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Uno de los enfoques más importantes de mi visita es evaluar cómo la pobreza afecta los derechos civiles y políticos de los pobres en los EE.UU.,” dijo el experto independiente de derechos humanos.

Algunos de los temas que el Relator Especial va a examinar durante su visita se relacionan con las protecciones de derechos humanos de las personas que viven en pobreza en relación con el sistema de justicia criminal, los derechos electorales, la participación política y la falta de hogar.

El experto también examinará la medida en que se garantizan los derechos sociales básicos de aquellos que viven en pobreza en los EE UU. “La protección social, el cuidado de la salud, la vivienda, el agua, y el saneamiento, deben ser parte de la ecuación al considerar la situación de los pobres,” indicó el profesor Alston. Otro campo a evaluar es el impacto que tienen las nuevas tecnologías de los sistemas de justicia criminal y de beneficencia social en las personas pobres. En su visita a Puerto Rico Alston será atendido por la ACLU de Puerto Rico.