En o antes del próximo 5 de septiembre, la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) deberá entregarle al pleno del ente rector un plan fiscal enmendado. Esto, porque el subcomité de Educación Superior de la Junta de Control Fiscal (JCF), compuesto por David Skeel, Ana Matosantos, Andrew Biggs y José González, solicitó cambios al plan que ya había sido entregado por la JG el pasado 1 de agosto, luego de varios meses de retraso.

Mediante una misiva dirigida a Gerardo Portela, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), el subcomité solicitó cambios al sistema y costo de matrículas propuestos, así como a las proyecciones de otros recaudos y ahorros contenidos en el plan fiscal de la UPR.

Entre las medidas cuyas proyecciones no fueron avaladas por el subcomité, se encuentran los recaudos por proveer servicios al Gobierno. En la carta de cuatro páginas se indica que se acepta la cifra de $10 millones asignados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto para dicha partida, pero no creen posible que el Gobierno pueda aumentar las contrataciones a la UPR en los años siguientes.

“El subcomité no recomendará a la junta de supervisión que reconozca un aumento mayor a estos $10 millones en años subsiguientes debido a la necesidad del gobierno central de reducir sus gastos”, lee la misiva.

Aunque no detalla el monto de ingresos que generará dicho aumento, el plan fiscal de la UPR ya contiene un aumento de matrícula que duplica el costo del crédito para los niveles subgraduado y graduado, el cual entraría en vigor el semestre académico 2018- 2019. Lo que propone el plan es que el costo por crédito de un curso de bachillerato se eleve de $56 a $115, mientras que el crédito por curso de maestría subiría de $140 a $270.

A pesar de esas especificaciones en los costos de matrícula, entre las enmiendas propuestas en la misiva de la JCF, se solicita que se revise el sistema y que se “maximice el uso de la beca Federal Pell”. Además, que la matrícula de la UPR esté “alineada con universidades en Estados Unidos”.

“El Subcomité reconoce los esfuerzos de la Junta [de Gobierno] de la UPR para poner a la matrícula de la Universidad de acuerdo con universidades comparables de EE.UU. El comité solicita que la Junta [de Gobierno] de la UPR, al re-someter [el plan fiscal] articule una política de matrícula que este ajuste importante”, lee el documento.

Por otro lado, se solicitaron más medidas de consolidación (de recintos). De igual forma, se pidió un plan que explique cómo esto ayudará a disminuir un déficit que tendrán para el año fiscal 2026. Según el plan entregado el 1 de agosto, una primera fase de consolidaciones agruparía los recintos de Bayamón y Carolina bajo la sombrilla de Río Piedras, mientras que Aguadilla, Utuado y Arecibo se agruparían bajo el Recinto de Mayagüez. En una segunda fase, se consolidarían Humacao y Ponce al Recinto de Cayey.

Según reza la carta enviada por el subcomité, la JCF aprueba la medida de reducir puestos de confianza, con permanencia y transitorios, por lo que también recomienda una reducción de ofrecimientos académicos y la eliminación de tareas administrativas.

Finalmente, se le solicitó a la Universidad que especifique cuáles serán los programas de fondos federales adicionales a los que solicitarán acceso. De acuerdo al plan fiscal de la UPR, se proyecta un aumento de 20% en ingresos por concepto de asignaciones federales aparte de las ya existentes.

Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF, culminó la carta agradeciendo el esfuerzo de la JG de la UPR para producir un plan que considerara la situación fiscal de la universidad.

¿Más aumentos salariales en la administración?

Al principio de esta semana, fue de conocimiento público que los sueldos de otros cuatro funcionarios de confianza podrían aumentar pese a la reducción de 20% en los puestos de confianza solicitada por la Junta de Control Fiscal (JCF) y a los recortes millonarios al presupuesto de la institución educativa.

La noticia se publica luego del comentado aumento salarial al presidente interino de la UPR Darrel Hillman Barrera, difusión mediática que pagó Diálogo, periódico de la Universidad, con la destitución que le hiciera el presidente al director interino del medio, Viktor Rodríguez Velázquez. Tras este suceso, varias opiniones coincidieron en que el despido respondió a disgustos de la administración universitaria en torno a cómo el diario digital manejó la información del aumento de salario. Según revelado, Hillman Barrera podría devengar $124,107 al año, cerca de $20 mil más que lo dispuesto en la reglamentación universitaria.

En cuanto a los otros aumentos, se supo que un ayudante especial del presidente, así como los directores de Desarrollo y Exalumnos, la Oficina de Compras, y el Jardín Botánico tendrán un alza salarial. En la reunión mensual de la JG de la UPR se discutió un borrador que expone que la dirección de la Oficina de Compras recibirá un aumento mensual de $1,275, por lo que la compensación final sería de $60,000. Mientras, el salario del director del Jardín Botánico recibirá un aumento de $566, para un total de $64,999 anualmente.

Paga el estudiantado

Sin lugar a dudas, el liderato de la UPR apuesta a recibir nuevos ingresos para los fondos de la institución mediante alzas en el costo de los créditos de clases y otras imposiciones económicas a los alumnos. De estas manera, la administración proyecta un aumento de casi $7 millones anuales en sus ingresos propios.

Según el Plan Fiscal que ahora se está revisando nuevamente, entre los renglones considerados para obtener ese dinero se encuentran: las cuotas de laboratorio (se prevé un aumento de $3.19 millones), cuotas de graduación (el aporte sería de $430 mil), cargos de mantenimiento de verano (ingreso previsto de $720 mil), solicitudes de admisión ($270 mil adicionales), solicitudes de transcripciones y certificados ($1.33 millones de ingresos), cargos por bajas parciales y totales de cursos ($70 mil y $40 mil al año respectivamente).

Las solicitudes de tarjetas de identificación de estudiante, matrículas tardías y repetición de cursos también se prevén en el Plan Fiscal en revisión como fuentes de ingreso para las arcas de la UPR.

Como un proceso peligroso, irresponsable y hasta irreal, así describieron varios expertos consultados por CLARIDAD, la manera en que la Junta de Control Fiscal (JCF) y su coordinador de revitalización (CR), Noel Zamot, van a manejar las propuestas de “proyectos críticos de infraestructura”, bajo el Título V de la ley PROMESA.

En una presentación en la sede del Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CIA), ante un público conformado por empresarios, constructores etc, Zamot, anunció que los “proyectos críticos”, están enfocados en infraestructura de energía eléctrica, transportación, manejo de agua y desperdicios sólidos. Según Zamot y la JCF, “Puerto Rico necesita cerca de $1,600 millones en nueva inversión de infraestructura para cumplir con los objetivos de crecimiento económico contenidos en el Plan Fiscal de Puerto Rico”.

A preguntas del público quedó demostrado que la preocupación principal de los interesados (constructores inversionistas etc.) es que consideran que los procesos de permisos son extremadamente largos, incluyendo los procesos en la esfera federal. La contestación de Zamot a esta preocupación fue que el flujo de la permisología en la esfera federal es mucho más predecible y que ellos –la CR– están más enfocados en la permisología estatal. Más adelante comentó que se esperaba que las agencias estatales se tomaran 20 días en los procesos de permisología. El funcionario confirmó que ya se han sometido siete proyectos todos relacionados con la producción de energía.

No todo lo que se puede construir es necesario

Mientras tres planificadores entrevistados por CLARIDAD coincidieron en denunciar que los llamados “proyectos críticos” a los que se refiere la JC son la extensión de la PR 22 y la construcción de la incineradora de Arecibo.

A juicio del planificador Félix Aponte, el país tiene otras prioridades que no son las identificadas por la JCF.

Aponte, quien fue miembro de la Junta de Planificación (JP) y en la actualidad es miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) como representante de los consumidores, reveló que el proyecto de la incineradora se encuentra entre los considerados por la JCF como uno “crítico” y es por mucho uno de los más costosos. De hecho EA no consiguió que la agencia de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de EE UU financiara el proyecto.

El planificador trajo a la atención el que todavía se habla del proyecto del incinerador como se pensó en el 2008, pero que más allá de todas las controversias ambientales, que implica el proyecto, aun si se ubicara en un lugar donde no represente obstáculos ambientales todavía el proyecto tiene un problema fundamental desde el punto de vista de planificación. Explicó que en las referencias de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) de 2003 y luego en el 2008, el proyecto se hizo bajo la estimación de que Puerto Rico iba a tener cuatro millones de habitantes en el 2010. Es evidente que ésa no es la realidad hoy.

A esto se suma el que frente a la recesión actual y la situación de los municipios que casi no les permite ahora mismo pagar por la disposición de los desperdicios a los vertederos privados mucho menos podrán pagar lo que EA pueda cobrar. Aponte indicó que hace 10 años el costo por tonelada para tirar la basura en el incinerador para los municipios era $36 dólares la tonelada, ahora podría llegar a ser más de $45. Puso como ejemplo que una empresa en EEUU que el proyectista de EA ha usado como modelo cobra $72 dólares la tonelada de basura. “Aquí no hay municipio que pueda pagar ese costo, además, el viaje desde el oeste y el precio por el transporte es bien costoso así que los municipios tendrían que incurrir en costos por llevar los desperdicios a Arecibo”.

En referencia a proyectos de transportación atribuyó que detrás de esa propuesta lo que está es la extensión de la autopista PR 22 hasta Mayagüez. Este proyecto en los planes del gobierno tiene el nombre de “Campo traviesa”. Una vez más cuestionó la pertinencia de este proyecto.

“La pregunta es mover a quién para hacer qué. Si la gente para ir al oeste tiene la opción de ir por el sur y los que van por el norte ese tramo lo completan por la dos no hay actividad económica ni siquiera en el aeropuerto de Aguadilla para en este momento justificar esa construcción”.

Denunció que ésta es una inversión multimillonaria y su propósito y negocio es cobrar por peaje. Una vez más advirtió que la viabilidad de ese proyecto tendría que ponerse al día con la realidad demográfica dado a que hoy hay medio millón de personas menos en el país y muy posible habrá medio millón menos en los próximos cinco años.

El experimentado planificador quien ha sido consultor para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) fue enfático al cuestionar la necesidad de más infraestructura vial cuando en este momento no hay capacidad para darle mantenimiento a la infraestructura existente. Aponte destacó que en lugar de nueva construcción es necesario hacer mejoras estructurales al pavimento, los drenajes, “la estructura existente tiene que recibir mantenimiento preventivo, seguir añadiendo kilómetros es añadir deuda, sería una locura, no muestra sensatez ni racionalidad, ni entendimiento de la realidad objetiva de hoy”.

En cuanto al tiempo para evaluar los proyectos y las diferencias entre las agencias de Puerto Rico y las agencias de EE UU, Aponte desmintió de plano el que las agencias de EEUU fuesen más previsibles. Aponte trajo el hecho de que el Cuerpo de Ingenieros (CI), tiene injerencia en todo proyecto que implique el recurso agua y que además en el caso de las otras agencias de EEUU todas, cada una tiene, que registrar la gestión de cada proyecto y dar 30 días mínimo para comentarios públicos.

“Eso es una falacia, no guarda relación con la realidad objetiva, el Cuerpo de Ingenieros es lento aquí y en Estados Unidos”, reiteró.

Extremadamente peligroso

El también planificador ambiental, José Rivera Santana, calificó de extremadamente peligroso emitir permisos expeditos bajo la declaración de emergencia que estableció el gobernador Ricardo Rosselló con la Orden Ejecutiva Núm. 3 de este año, y la cual además hace referencia a la aprobada por Luis Fortuño. “La consecuencia es que todos los procesos de permisos se atropellan y se pone en riesgo los impactos a los recursos naturales, a la gente y las comunidades”.

En cuanto a que los proyectos se contemplan mediante las llamadas alianzas público privadas (APPs) argumentó a que con algunas excepciones en Puerto Rico éstas son un mito debido a que lo que ha ocurrido es la privatización, debido a que la norma ha sido que el estado asume las pérdidas y el privado asume las ganancias como ha sido el caso del aeropuerto Luis Muñoz Marín, de Carolina.

Las agencias no cuentan con los recursos humanos ni económicos

Por su parte Luis Jorge Rivera Herrera, planificador ambiental, apuntó en que hay una distinción entre lo que es un proceso expedito de aprobación y un proceso expedito de evaluación, por lo que si la JCF se está refiriendo al proceso de aprobación, cualquier análisis que se pueda hacer de un proyecto denominado como “crítico”, resulta académico.

“Ése es el gran problema fundamental de este proceso que varias administraciones de gobierno han tratado de promover y han desembocado en una irresponsabilidad con la crisis fiscal y los problemas de desarrollo que enfrenta el país”, manifestó. Añadió que las agencias de Puerto Rico no cuentan con los recursos humanos y fiscales para llevar a cabo los procesos de evaluación de una manera responsable debido a la pérdida de trabajadores(as) en particular de la memoria institucional e información que sería vital para una evaluación correcta de cualquier proyecto.

Al igual que los otros entrevistados Rivera Herrera señaló los mismos defectos de concepción de los proyectos de la extensión de la PR 22 y de la planta de incineración, los cuales no tenían, ni tienen viabilidad social, económica, ni ambiental.

No nos engañan

Mientras por su parte la activista Myna Conty, portavoz de la Coalición contra el Incinerador (CCI) expresó a CLARIDAD que el gobierno lo que está usando es un juego de palabras con la intención de engañarles. “Sabemos que están detrás de EA que es el proyecto más adelantado, no lo llaman por su nombre. La Coalición estará pendiente, estamos aquí día a día, no vamos a permitir que se construya nada este proyecto fue fastrack ya con Fortuño en el 2010 llevamos siete años y no han podido construir, tengo noticias para ellos, este proyecto no va, porque la salud del pueblo es primero que cualquier parte de la economía que haya que arreglar, porque sin salud no hay nada, hago un llamado al gobierno a que ponga sus cosas en orden”.

En Puerto Rico, en estos tiempos de crisis fiscal, abundan las narrativas oficiales sobre la deuda, ésas que se crean unidireccionalmente, que responden a los intereses de quienes las crean y que se hegemonizan porque están acompañadas por la falta de transparencia y democratización de la información.

El director de investigación del Centro para una Nueva Economía (CNE), Deepak Lamba-Nieves, recientemente visitó la sede de la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos (EA) para participar en la presentación del Diccionario de la deuda, una herramienta educativa ideada por la doctora María Enchautegui, catedrática de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y acogida por EA. Precisamente, el desarrollo de este diccionario –disponible digitalmente en la página web de EA– pretende definir más de un centenar de términos relativos a la crisis fiscal que escucha la ciudadanía en los discursos públicos, pero que no necesariamente entiende.

Este recurso digital se creó en aras de aportar al empoderamiento de la sociedad civil de los temas que le compete, pues mientras más conocimientos adquiera la ciudadanía, más capacidad tiene para tomar acción.

Para Lamba-Nieves, una cosa es salir a la calle a reclamar justicia social, “y yo creo que eso tiene que aumentar, fortalecerse y ver más demostraciones cívicas de este tipo”, pero esa estrategia tiene que complementarse con la creación de unas contranarrativas efectivas, de un mensaje diferente que se encuentre con la historia oficial. Propuestas como la del diccionario en línea, dan un paso al frente en la producción de contenido colaborativo y en la educación mutua, aspectos necesarios para la formación de contranarrativas.

El portavoz del CNE ofreció el ejemplo de lo que realizaron los vecindarios de afroamericanos y pobres en la ciudad de Detroit cuando las autoridades gubernamentales comenzaron a dejarlos sin servicio de agua “como parte del proceso de ajuste” para solucionar la crisis fiscal que tenían. Según Lamba–Nieves, la narrativa oficial en ese caso era que esas comunidades desaventajadas económicamente no pagaban el servicio público y por ende, había que disciplinarlos y cortarles el acceso a agua potable.

Ante eso, continuó relatando, “los vecinos empezaron a relacionarse con el tema, a identificar cómo hacer evidente que querían estrangular a los pobres y que allí había políticas para eliminar el control afroamericano de distintos sectores de la ciudad”. El resultado de esa investigación ciudadana –realizada con colaboración de universidades y fundaciones sin fines de lucro– fue la creación de un estudio, de una serie de mapas que identificaban dónde se estaban creando los recortes del servicio de agua. De esta manera, “pudieron probar que la concentración de los recortes eran en los lugares más pobres y donde había más población de afroamericanos… Ése es el poder de las contra narrativas y de estar informados”.

A juzgar por Lamba-Nieves, en Detroit se armaron una serie de narrativas de la crisis después de pasar por un periodo de bancarrota, de tener 18 millones en deuda. “Estas narrativas surgían entre otras razones para internalizar un discurso oficial, para defender una ideología y, en muchos casos, para enmascarar unas movidas que se estaban llevando a cabo”.

La más popular era y es la del “resurgir de la ciudad de Detroit”. El relato principal de hoy día, es que a Detroit se le llama el come back city. Pero, cuando uno sale del Downtown, empieza a conocer otros informes, ésos que estaban redactados y trabajados por los residentes de la ciudad que evidenciaban que ese supuesto resurgir sólo se había concentrado en ciertos vecindarios, por lo que caminar unas pocas millas hacia fuera de la ciudad demostraba el empobrecimiento, expresó en EA Lamba–Nieves.

“Entonces, ¿cuál es la ciudad que resurge? ¿Para quién? Ésa es la historia que no se estaba narrando en el discurso oficial. Yo creo que eso, muy importante, armar nuevas historias”, cuestionó el vocal del CNE.

“Ahí es que viene la pertinencia del Diccionario de la deuda. Necesitamos educarnos mejor sobre la crisis en Puerto Rico y conocer bien los términos que se utilizan en esta serie de narrativas oficiales que van construyendo sobre la crisis del país”, dijo con el propósito de comparar la situación de Detroit con la de Puerto Rico.

Discursos oficiales en Puerto Rico

“En Puerto Rico se están repitiendo muchas de las narrativas que los residentes de Detroit escucharon cuando se hablaba de bancarrota en su ciudad. Una de las más poderosas era que la culpa de lo que acontecía era de los ciudadanos por haber escogido políticos corruptos. Se escucha mucho en Puerto Rico que por escoger gobiernos corruptos nos toca a nosotros pasar por la medicina amarga, por un periodo cruento para expurgar esas culpas y en algún momento resurgir, resucitar de esta crisis”.

El director de investigación del CNE aseguró que ese ejercicio de contar una narrativa “simplona”, de que tenemos que asumir lo que escogimos, tiene unas intenciones por parte de los que controlan el discurso oficial. Igualmente, las tiene el camino de austeridad que la Junta de Control Fiscal y el gobierno de turno están implementando en Puerto Rico. Si ya está demostrado que los planes de recortes no hacen crecer las economías en bancarrota, ¿qué les asegura que será posible en la Isla? Ésa es otra narrativa que la ciudadanía puertorriqueña tiene que contraatacar más intensamente siguiendo el ejemplo de las comunidades afro en Detroit.

“Otra narrativa oficial en Puerto Rico es que la deuda es algo que hay que honrar de cualquier manera, sin embargo, se les olvida [a los que están manejando el país] que la función del Estado y del Gobierno no es pagar deudas, sino servirles a los ciudadanos. Entonces para atender el problema de pensiones, pagarles a los maestros, atender las necesidades básicas de salud, tenemos que sopesar eso con el deber de pagar la deuda y tenemos que buscar una restructuración de la deuda”, opinó Lamba-Nieves.

Asimismo, existe la narrativa “de que no se pueda hacer nada hasta que no se audite la deuda”. “Definitivamente, tiene que haber una auditoria de la deuda independiente, ¿pero vamos a esperar la auditoria para empezar a hablar de reestructuración? Se nos va a hacer muy tarde”, puntualizó el investigador. “La clave aquí es que tenemos que empezar un proceso de restructuración de deuda al mismo tiempo que correr un proceso de auditoría, y que se puede llegar a un proceso de renegociación con condiciones”, continuó.

Volviendo a los ejemplos de “organización comunitaria”, Lamba-Nieves señaló casos como el del barrio Tallaboa Encarnación de Peñuelas y recordó otros “en el centro de la Isla”, como en Adjuntas, cuando los esfuerzos iniciados por Casa Pueblo resultaron en la eventual cancelación del gasoducto que impulsaba el gobierno de Luis Fortuño. El investigador apuesta a más organización ciudadana, a más esfuerzos para apoderarse de los discursos oficiales através de la educación en estos temas. Para eso, puso a disposición del pueblo el trabajo que se hace desde entidades como el Centro para una Nueva Economía y Espacios Abiertos.

Las compañeras Alina Luciano, Marie Blanca Robles López, y Francesca Von Rabenau fueron premiadas por la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico. La compañera Alina Luciano ganó una mención en Noticias generales y el primer premio por el fotoensayo En la ruta del Fidel (es el que esta reproducido aquí).

Von Rabeanau ganó el primer premio en noticia ambiental, por sus fotos de la lucha en Peñuelas y Robles López ganó una mención en Noticia del momento por una de sus fotos de la manifestación del primero de mayo. En la vigésimoséptima premiación la Asociación de Fotoperiodistas bautizó el premio de noticias de deporte con el nombre del compañero Elliott Castro Tirado, siendo el primer recipiente el compañero André Khan de GFR Media.

A todos(as) compañeros y compañeras premiados(as) muchas felicidades. a nuestras compañeras, gracias por un trabajo de excelencia.

Recientemente, la cultura de nuestro país ha recibido fuertes amenazas. Por ejemplo, el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), según el presupuesto que avaló la Junta de Control Fiscal el pasado mes de julio, recibirá un total de $5.8 millones, lo que representa $3 millones menos comparado con el presupuesto del pasado año fiscal. De esos fondos, $5,434,000 son para nóminas y gastos relacionados, por lo que la entidad funcionará con sólo $413 mil.

Ante tal atentado, “no nos podíamos quedar callados. Estos han sido los recortes más significativos a las instituciones culturales más grandes del país, y haciendo honor a personas que trabajaron la cultura como Lorenzo Homar, Nilita Vientós Gastón, Antonio Torres Martinó, Ricardo Alegría y otros tantos que dieron la lucha por la formación de la cultura del país, decidimos que había que hacer algo independientemente de que fuera o no conducente a revocar el golpe”, dijo el artista plástico Rafael Trelles en entrevista con este medio.

En repudio a recortes de tal envergadura, un grupo de artistas puertorriqueños gestó la iniciativa “Verde luz”, la cual se celebrará simultáneamente en muchos espacios públicos de Puerto Rico el próximo sábado, 30 de septiembre. De inicio, el actor Ángel Vázquez y Carmín Boisolie le sugirieron la idea a Trelles y luego, convocaron a los y las artistas Rosa Luisa Márquez, Chabela Rodríguez, Maite Rivera Carbonell y Maximiliano Rivas. Ahora, sobre 800 artistas de Puerto Rico y la diáspora han endosado la actividad.

“Queríamos hacer algo diferente, ir más allá de la marcha y el piquete”, contó Trelles. Así, Verde luz es una manifestación que “corresponde más” al perfil de los artistas, promotores culturales, maestros de arte y amantes del arte en general. Se trata de una expresión artística masiva en la que, desde diferentes espacios públicos de la isla, se dejará claro la importancia de la cultura. En esos sitios, se hará arte –cualquier disciplina es válida– y justo a las 5:00 de la tarde, unánimemente, se cantará la canción Verde luz, además de leerse una proclama.

“Buscando un lugar común, decidimos utilizar la canción Verde Luz como un ente unificador. Arreglamos con Antonio Cabán Vale (el Topo), quien muy generosamente nos dio el permiso y está endosando el proyecto”, explicó Rafael Trelles.

La canción será el emblema de la actividad, “no solamente porque todo el mundo la conoce, sino por el contenido de la letra, que reivindica la puertorriqueñidad, y además porque el año que viene la canción cumple 50 años de haberse compuesto. Así que “se escogió en homenaje y reconocimiento al Topo y a esa canción que tanto nos toca a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas”.

A un mes de la celebración de este evento, los organizadores están preparando un calendario que recoja todos los lugares en los que habrá arte. Hasta el momento, los músicos de la Sinfónica se manifestarán en la plazoleta del Centro de Bellas Artes de Santurce con varios arreglos sinfónicos de la canción. Se les unirá Ballet de San Juan. Por su parte, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas será sede para que los artistas se manifiesten. Asimismo, en Ponce, Antonio Martorell hará una instalación frente a su estudio y la poeta Mara Pastor junto a un grupo de poetas realizará un recital de poesía en el malecón.

Entre los objetivos del evento figuran: protestar por los recortes masivos a la cultura del país y “pedir algunas reivindicaciones que nos parecen importantes para que a los artistas se nos haga la vida más fácil en nuestra tarea de hacer arte diariamente”. Por ejemplo, “pedimos la enmienda o modificación de algunas de las leyes que limitan nuestro quehacer, pedimos tener acceso a los espacios públicos sin ningún tipo de limitación, queremos tener acceso a los edificios abandonados”, acotó Trelles.

Se han unido a la convocatoria el educador Justo Méndez y el sindicato magisterial VAMOS, así como algunos agricultores y múltiples organizaciones comunitarias y de base religiosa.

Otro de los propósitos de este evento es “lograr aunque sea por un día conciencia grupal y gremial, que por lo menos una gran mayoría de los artistas del país estemos conscientes de que estamos todos unidos y que por un día podemos manifestarnos y demostrarle al país que la cultura es importante, que hace país y es fundamental para ser quienes somos como nación”, fue concluyendo Trelles.

Las personas que continúan endosando el proyecto están de acuerdo en que es inminente seguir haciendo cultura a pesar de los recortes que el Gobierno ha impuesto. También, en que hay que demostrarle a la administración actual que la cultura “es una industria, una actividad que genera riquezas y labores que son fundamentales para nosotros como país”.

Para más información, puede comunicarse a través de Facebook Evento Verde Luz o del correo electrónico eventoverdeluz@gmail.com.