El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, anunció la aprobación en la Cámara de la resolución 1026, de su autoría, que ordena una investigación en torno a las condiciones de limpieza, la deforestación, fuegos, extracción de arena, depósitos de basura y carreras clandestinas de vehículos de todo terreno en la Reserva Natural Punta Cucharas de Ponce.

“Es importante realizar esta investigación por los graves daños a la reserva que causa este tipo de actividades y que incluso impacta adversamente al turismo de la región. Desde nuestra oficina legislativa promoveremos el cumplimiento de la misma y continuaremos como de costumbre apoyando a los movimientos de la zona que luchan día a día por preservar nuestro medio ambiente, particularmente a los grupos que de manera voluntaria se dedican a limpiar, proteger y preservar el área”, manifestó Márquez Lebrón.

Según explicó el político independentista, en junio de 2004 el Área de Planificación Integral de la División de Patrimonio Natural del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales presentó un Informe sobre el Valor Natural del área Punta Cucharas del municipio de Ponce.

Como parte del citado estudio se identificaron 148 especies de flora, 56 especies de aves (residentes y migratorias), cinco especies de mamíferos, nueve de reptiles, cinco de anfibios y seis especies de peces.

De las 56 especies de aves identificadas, cinco son endémicas mientras, de las especies de reptiles se destaca el lagartijo jardinero del sur, el cual está protegido bajo la clasificación de vulnerable.

La resolución 1026 de Márquez Lebrón fue aprobada en los últimos días de la pasada sesión ordinaria y pertenece a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur de la Cámara de Representantes.INS

La intervención de los gobiernos en contra del modelo cooperativo, en favor del sistema capitalista, el papel del cooperativismo en la defensa del planeta, la aportación del modelo para un desarrollo sostenible, su integración para un desarrollo social solidario para un desarrollo global, fueron los aspectos que abordó la V Cumbre Cooperativa de las Américas, celebrada recientemente en Buenos Aires, Argentina.

En entrevista un grupo de delegados del Movimiento Cooperativo de Puerto Rico; Petra González González, representante del Comité de Género, Iván Otero Matos, delegado titular de Puerto Rico ante la Alianza Cooperativa Internacional, Región de las Américas (ACI-RA), el presidente de la Junta de Directores de la Liga de Cooperativas (LCPR), Rafael Beltrán, y Victoria Solero, presidenta del Comité Nacional de Jóvenes Cooperativistas (CNJC), conversaron sobre las experiencias del evento.

Otero Matos expuso que la Alianza selecciona un tema central, que este año fue, “El Cooperativismo en la hora de los desafíos globales” y en torno a éste es que giraron las presentaciones. El tema se dividió en tres ejes temáticos; uno: El Cooperativismo y la defensa del planeta; dos: Cooperativas y sistemas financieros para el desarrollo sostenible; y tres: La integración de la economía social y solidaria para los desafíos globales.

La ACI exhorta a que antes del encuentro los países lleven a cabo un encuentro nacional para escoger a cuál de los temas aportar en la Cumbre. En el caso de Puerto Rico el movimiento cooperativo representado en la LC optó por el segundo eje y llevó una presentación, sobre la política energética aprobada por la Liga para un modelo energético de Puerto Rico. La exposición estuvo a cargo de la directora ejecutiva de la LC, Mildred Santiago. Otero Matos señaló que las Cooperativas de Ahorro y Crédito más allá de financiar los modelos de energía renovable buscan que el modelo sea uno comunitario.

La agresión contra el modelo cooperativo por parte de los gobiernos y el sistema capitalista, indicó el delegado de Puerto Rico en la ACI-A dijo fue una experiencia compartida, no solo en esta cumbre, sino en reunión tras reunión de la ACI.

“Cada vez estamos viendo ejemplos de como los países piden un acto de solidaridad que se haga una resolución rechazando políticas de intervencionismo directo en el modelo cooperativo cada vez mas países tratan de imponer trabas tributarias al modelo ante la falta de comprensión total al modelo. Lo que ven es un modelo exitoso que ven su excedente y quieren gravarlo con impuestos eso es una cosa a través de toda Latino América”.

El presidente de la LC, Rafael Beltrán, coincide y expresó que una de las cosas que más le ha chocado es la manera que los gobiernos están interfiriendo con las cooperativas, aspecto que se abordó no solo en la Cumbre en Argentina, sino desde la reunión del preámbulo celebrada en Jamaica. En la isla caribeña el Banco Nacional -dijo- es quien en adelante va a definir cómo es que van a funcionar las cooperativas, y también atiende a la banca privada, por lo que considera que de manera automática habrá problemas. Beltrán denunció un movimiento del capital para interferir con las cooperativas e impedir que estas se desarrollen a nivel social.

Otero Matos, observó que la intervención contra el modelo cooperativo no es nada ajeno a Puerto Rico y que aunque ahora existe COSSEC (Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de las Cooperativas) tras una lucha para sacar a las cooperativas de la supervisión del Comisionado de Instituciones Financieras (CIF) ahora la Junta de Control Fiscal (JCF) quiere sacar la representación del movimiento de la junta de COSSEC. Los entrevistados mencionaron que otros países en donde se está dando este intervencionismo son además de Argentina, en El Salvador y Colombia.

Mientras, respecto al tema energético Otero Matos expresó que hay países que están mucho más adelantados que la isla como por ejemplo la representante de Perú su cooperativa base es Luz y fuerza, la representante de Bolivia, ante el Comité de Género de la Cumbre, es miembro de un consejo de la administración de una cooperativa de electrificación y el presidente mundial de ACI es de una cooperativa de electrificación a nivel de distribución. Expresó que muchas comunidades no tendrían el servicio de no contar con estas cooperativas.

Otro tema relevante pertinente para Puerto Rico agregó González González fue el relacionado a los temas de género. En particular señaló la situación de violencia contra la mujer y los feminicidios. “En todos los países pasamos por lo mismo, en otros países el número es mucho mayor ejemplo en Santo Domingo la delegada dijo que este número es bien alto”. En esa misma línea González González y Otero Matos, quien también participó de los talleres sobre este tema indicaron que las políticas de los estados son todas semejantes muy pocas dirigidas a buscar políticas de prevención y concientización, y más bien se limitan a atender el hecho consumado del feminicidio.

Mientras Victoria Solero, comentó sobre su participación en el Comité Regional de la Juventud, como parte de un Comité Consultivo que está llevando a cabo una investigación sobre el MC en las Américas y la juventud, en coordinación con la ACI y la Unión Europea. Comentó que una de las situaciones de los jóvenes que mas afloró en la reunión fue la falta de acceso a los cuerpos de gobernanza. Solero, quien es la administradora de Univeri Coop Café expresó que el encuentro “es un proceso que siempre suma, nunca resta, son espacios de discusión y conocer otras perspectivas de lo que esta pasando y confirmar que las situaciones son muy similares”.

La declaración final de la V Cumbre Cooperativa de las Américas compromete a sus integrantes en la: Defensa del Planeta; en la Inclusión y democratización financiera; y la integración cooperativa con la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

En Puerto Rico la salud es un negocio. Entre los abusivos precios impuestos por las farmacéuticas a sus productos y las compañías de seguro, el objetivo primordial de esta industria es el lucro, por encima de lo que es un derecho humano fundamental.

“Ven la salud como un negocio. Lo ponen en manos de los planes médicos que no son organizaciones sin fines de lucro, sino corporaciones para generar ingresos para sus accionistas y se están quedando con una gran cantidad de los recursos que están destinados para darle servicios a la gente”, reclamó el doctor Hector L. Pesquera Sevillano.

El pasado 1 de noviembre inició el nuevo modelo del Plan de Salud del Gobierno [PSG], Vital. Ese día varios ciudadanos –según constató un medio– fueron sorprendidos cuando, en aras de realizar sus gestiones médicas, no pudieron recibir los servicios de salud que necesitaban, ya que aparecían inelegibles en las listas de pacientes asegurados por el gobierno.

La receta a este síntoma de debilitación sistémica según la directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, es que durante el período de inscripción, abierto hasta el 31 de enero, los proveedores con contratos previos de Reforma podrán seguir dando servicios y las aseguradoras que administran el PSG les deben honrar el pago, según garantizado en una enmienda a los contratos.

“Con la boca es un mamey”, dijo el doctor sobre las recomendaciones hechas por la directora de ASES.

Pesquera, añadió que no es que la aseguradora tenga un contrato con el gobierno –como es el caso–, sino que es el proveedor quien tiene que tener un contrato con cada plan, añadió.

Por ejemplo, si un paciente “asegurado” –lo que sea que eso signifique en este contexto– va a una cita con un especialista [o cualquier otro proveedor, laboratorios, etc.] que no tiene contrato con alguna de las compañías que forman parte del PSG, el especialista no va a ofrecer el servicio debido que no tiene garantía de pago sobre el mismo.

“Menonita, nadie en el área metropolitana tiene contrato con esa aseguradora”, puso como ejemplo Pesquera. “Tu refieres [un paciente] a un laboratorio y el laboratorio dice “yo no tengo un contrato con Menonita”

Los planes de salud acogidos al PSG son: Triple S, MMM, First Medical, Molina Healthcare y Menonita.

“Las compañías tratando de sacar el máximo de dinero, los proveedores luchando con lo poquito que le dejan para los servicios y la gente en el medio volviéndose loca”, dijo el doctor.

“La Tarjetita de Rosselló”

El deterioro en los servicios de salud se remonta a hace más de 20 años durante la administración de Pedro Rosselló con la Reforma de Salud y la “Tarjetita de Rosselló”.

Aquel pedazo de plástico rectangular fue –manifestó Pesquera– un instrumento para desmantelar el sistema de salud pública, venderle los Centros de Salud y Hospitales del Estado al sector empresarial a precio de baratillo y privatizar la administración de los servicios de salud pública, poniéndola en manos de comerciantes y compañías aseguradoras con fines de lucro.

“Desde que empezó la reforma con Rosselló(padre), la calidad de los servicios de salud público ha ido en deterioro. La mortalidad infantil ha aumentado, también las jóvenes menores de 20 años embarazadas, la cantidad de diabéticos, hipertensos… todos los indicadores de calidad de los servicios de salud han ido en retroceso”, dijo.

Según expone el doctor en el escrito, La salud: Derecho humano fundamental, el índice de mortalidad infantil, un indicador utilizado mundialmente para medir la calidad del cuidado de salud de un pueblo, es en la actualidad de 8.23 por cada 100,000 nacidos vivos en Puerto Rico. En Estados Unidos es de 7%, en Canadá es 6%, en España es 3,39%, en Francia 3.33% y en Cuba, un país con recursos muy por debajo a los nuestros, es de 4.8%.

En el mismo documento, menciona que otros indicadores de Salud, tales como embarazos en adolescentes, porcentaje de cesáreas (48%), Obesidad, enfermedades de transmisión sexual, SIDA y enfermedades crónicas como Diabetes e Hipertensión Arterial, nos colocan a la saga de los países desarrollados.

El gobierno gasta, $2,800 anuales per cápita en servicios de salud tanto física como mental, lo que equivale a un gasto anual global de sobre $10,000 millones. Un 18.5% del Producto Nacional Bruto [PNB], uno de los mas altos del mundo.

En Puerto Rico –sostiene Pesquera– se gastan más de $11,000 millones en salud todos los años, considerando lo que se gasta con planes médicos, el Fondo del Seguro del Estado, Medicare y otros sistemas de salud, todos desarticulados entre ellos.

“Nosotros siempre hemos planteado que la salud es un derecho, que no puede ser vista como un negocio, y que se deben eliminar los planes médicos como intermediarios. También, que debe haber un pagador único, una agencia que se encargue de pagarle a los proveedores sacando del sistema a las aseguradoras”, dijo.

El pagador único sería el ente gubernamental responsable de contratar proveedores y pagar directamente por los servicios prestados, tal y como hace actualmente la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). De esta manera se eliminarían las compañías aseguradoras como intermediarios y se utilizarían esos millones de dólares en mejorar los servicios a los más necesitados, los beneficiarios del PSG.

La invitación que ha hecho la administración del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, a inversionistas extranjeros a que hagan del Viejo San Juan una “comunidad Crypto moneda”, o Bitcoin, podría en cualquier momento resultar una actividad ilegal, según se resuelva un caso ante la Corte federal, de Brooklyn, en Nueva York.

CLARIDAD consultó a la economista Martha Quiñones Domínguez acerca de las nuevas monedas virtuales, Crypto moneda y/o la Bitcoin y la invitación que ha hecho el gobierno. Explicó que el bitcoin es una moneda, como el euro o el dólar, que sirve para intercambiar bienes y servicios. El problema es que el Bitcoin es una divisa electrónica, que existe exclusivamente en Internet, que gana prestigio en el ciberespacio gracias a su eficiencia, seguridad y facilidad de intercambio. Se usa exclusivamente para transacciones en Internet. Es una moneda descentralizada, cuyo valor no depende de la tasa de interés que fija un Banco Central de Reserva ni tampoco de sus reservas en bancos comerciales.

Esta moneda virtual se somete a las leyes de la oferta y la demanda, elevando o disminuyendo su valor sobre la base de Bitcoins disponibles o no en el mercado. Así que –indica la economista– la moneda virtual no se tiene control del valor y no hay un banco central que responda por dicho valor (tanto si sube o baja). Solo podrá funcionar correctamente mientras haya consenso entre sus usuarios.

En el caso de Estados Unidos indicó que no se han establecido protocolos para trabajar con los bitcoin, y no cuentan con el respaldo del Estado. Pero a nivel privado los bancos que venden las propiedades son los responsables en cómo trabajan con esas monedas que no están legisladas bajo la banca del Sistema de la Reserva Federal. La dinámica es que se pueden vender propiedades y el banco se arriesga a que el valor de la moneda en ese momento corresponda al valor de compra, si baja ese mismo día el valor el banco pierde pero no está asegurado, como la moneda, no puede cobrar comisión por el cambio a dólar por lo que debe tener un protocolo de cómo trabajar con la moneda bitcoin. El aumento y la volatilidad de bitcoin puede ser grande para los que invierten, eso socava su viabilidad como moneda para comprar bienes. Por eso lo usan más para que sea un activo, con la esperanza de cosechar grandes ganancias en el futuro.

Supuestamente se puede usar para comprar, pero se debe traficar inmediatamente.

Quiñones Domínguez trajo a la atención a que hay países que no permiten estas monedas y algunos las permiten pero cobran impuesto por eso. Explica que mediante el escaneo de un código QR de la aplicación de monedero digital en su teléfono la persona puede cambiarlo por moneda de curso legal.

Trajo que en el caso de Taiwan no acepta Bitcoin como moneda, y prohibe su uso por individuos e instituciones bancarias, por lo que no se pueden encontrar cajeros automáticos.

En Islandia su Ley de divisas prohibe el uso del Bitcoin en cualquier transacción. La declaración dice: “No hay autorización para comprar divisas de instituciones financieras en Islandia o para transferir divisas a través de las fronteras sobre la base de transacciones con moneda virtual. Solo por esta razón, las transacciones con moneda virtual están sujetas a restricciones en Islandia”.

Igual sucede con los bancos, las instituciones financieras y todas las demás instituciones de procesamiento de pagos de China tienen prohibido realizar transacciones de Bitcoin. Sin embargo, aclaró los individuos pueden realizar transacciones de Bitcoin con otras personas. La economista señaló que regular esta moneda virtual es parte de la defensa de la moneda del País lo que considera es problemático en una colonia que pretende demostrar lealtad al imperio, no debería permitirla. Explicó que los bitcoin debilitan la moneda del país, puede causar que el dólar baje de valor al alterar la oferta y demanda de moneda, causar inflación, afectando el mercado de valores, creando un des balance en la balanza de pagos de EEUU afectando a su vez el producto nacional bruto. “Así que los países se defienden”, acotó.

Continuó que en EEUU se está tratando de regular las ofertas de ciber monedas, por lo que los jueces federales de Brooklyn, Nueva York, están a punto de fallar sobre la cuestión. “Al hacerlo, podrían determinar si el bitcoin y otras monedas que no están respaldadas por ningún estado son valores que pueden ser regulados como las acciones o los bonos. Si no es un valor cómo se puede comparar”, cuestionó.

Trajo a la atención al que se cree que sería el primer caso penal centrado en una oferta inicial de monedas (ICO, por sus siglas en inglés), el empresario de Brooklyn Maksim Zaslavskiy fue acusado en un caso iniciado en noviembre de promover monedas digitales respaldadas por inversiones en bienes raíces y diamantes que los fiscales estadounidenses dijeron que no existían.

A su juicio ese es el riesgo de promover que el gobierno esté ofreciendo a un grupo de inversionistas extranjeros a que compren propiedades en el Viejo San Juan e implícito les ha dicho que pueden hacer uso del bitcoin en sus inversiones, en algún momento el tribunal puede dictaminar que eso es una “infractor de la ley de valores”, en especial cuando no tenemos gestores de monedas en países donde se permite legalmente para cotizar la moneda virtual en los intercambios de activos digitales. “La legalidad para su uso en Puerto Rico depende de lo que las cortes determinen en EEUU y el Gobierno debe reconocer eso”, afirmó Quiñones Domínguez.