Un grupo de líderes comunitarios se reunió con CLARIDAD para denunciar desinformación, incertidumbre e incumplimiento de promesas por parte del Departamento de la Vivienda y de la firma desarrolladora McCormack Baron Salazar durante el proceso de entrega de apartamentos remodelados a solicitantes de vivienda en los complejos Puerta de Tierra en San Juan y Las Gladiolas en Hato Rey.

El residencial José Gautier Benítez de Caguas –todavía no ha sido terminado– también es parte de un gran proyecto novel en Puerto Rico, comenzado en 2016 bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla. Este proyecto adopta un modelo de ingresos mixtos, diseñado para integrar a personas que pagan renta privada y a personas que reciben subsidio público.

Sección 8 de renta subsidiada, Vivienda Pública, Crédito contributivo para vivienda y Renta privada son las formas a las que los residentes pueden acogerse para establecer contrato bajo este nuevo modelo de residencial público y privado.

Según declararon los y las líderes Mirta Colón Pellecier, Jonathan Colón Reyes, Cristóbal Berros Speing, Milagros Colón Rodríguez y Angelina Meléndez Santos, el pasado mes de mayo (un año y medio después de iniciadas las reconstrucciones) fue que por primera vez se enteraron de que los solicitantes de un apartamento en esos complejos tendrían que pasar satisfactoriamente dos fases de evaluación antes de habitar una unidad: la de actividad criminal y crédito y la de ingresos.

En mayo 2018, también supieron, gracias a sus averiguaciones, que los parámetros de ingresos habían bajado, noticia que desfavorece a muchas familias solicitantes. “Son unos parámetros extremadamente ridículos. Estamos hablando de que una persona con una jornada de 40 horas a $7.25, por hora, excede el ingreso para cualificar”, explicó Colón Pellecier.

El engaño radica, a juzgar por el grupo de entrevistados, en que se había hecho un compromiso con los residentes, antes de desalojarlos por motivos de reconstrucción, de admitirlos en los complejos primero que a otras personas solicitantes; sin embargo, al haber dos fases de evaluación, muchas familias a ser reinstaladas solo llegan a la preselección, por lo que cumplen con la fase de crédito y buena conducta, mas no con la de ingresos.

“Tengo el caso de Angelina Meléndez, enfermera retirada, quien recibe su seguro social. Eso junto suma $1,200. ¿Cómo me vas a decir que una persona que fue productiva, que recibe ingresos porque los cotizó y que siempre fue residente de Las Gladiolas vas a penalizarla impidiéndole que regrese por exceder los ingresos establecidos en la nueva tabla?”, comentó Mirta para ejemplificar la situación que atraviesan muchos y muchas de sus compañeras.

Tal y como han ido constatando, los que tienen ingresos bien limitados o no tienen son los únicos que han ido recibiendo las cartas de aprobación del apartamento. Como explicaron, el ingreso máximo que una persona puede tener para ser aceptada en uno de estos complejos es de $13 mil 20 anuales. La lógica de la desarrolladora, que también administra, es “entrar a la gente que no tiene ingresos y, si no pueden pagar la luz ni el agua, y se la desconectan, los botan a la calle porque eso dice el contrato que tenemos que firmar”, aseguraron.

“Es un organigrama muy bien orquestado. Entro al que no tiene ingreso. La opinión pública no puede decir nada porque cumplí con mi palabra. Pero, como son tan irresponsables y negligentes, no pagaron las utilidades y los saqué”, dijo Colón Pellecier en aras de explicar el razonamiento de la compañía McCormack Baron Salazar.

La pregunta principal que se hacen los que enfrentan esta situación es para quién se han reconstruido los proyectos. Aunque la compañía desarrolladora dice que la realidad no es esa, tras las medidas restrictivas que han impuesto, todos y todas se inclinan a pensar que los desarrolladores no los quieren ahí.

Como hay una política de no desplazamiento, no pueden echar a los residentes, pero “admiten a los que no tienen ingresos, que pueden fallar en pagos e incumplir con los requisitos. Eso justificaría el desplazamiento. A 48 familias les llegó una carta con la noticia de que les habían aprobado la primera fase; pero con 17 de ellas, al día de hoy, no han hecho un arreglo todavía y no van a entrar por el tema del ingreso”, remató la portavoz de Las Gladiolas.

“Cuando vemos todo este cuadro y nos llega información a cuenta gotas, nos preguntamos para quiénes son las unidades de ambos proyectos”, expresó el líder de Puerta de Tierra, Jonathan Colón Reyes, quien a su vez comentó que mantienen una línea de comunicación con la empresa desarrolladora y que han llevado copias de una carta de reclamación a varias de las instituciones involucradas.

“Que se entienda que esta lucha no se da por un caprichoso. En el caso de Puerta de Tierra, decidimos salir de buena fe porque nos hicieron una promesa. En el camino, nos empezamos a dar cuenta de las intenciones del desarrollador. Todos pensamos que el desarrollo que se iba a hacer era totalmente de vivienda pública, con iguales criterios de evaluación y requisitos de cualificación”.

Según los portavoces, aunque pensaron que los residentes que cualificaban para Sección 8 y Vivienda Pública no tendrían problemas para obtener una unidad en los nuevos complejos residenciales, lo cierto es que tuvieron que esperar año y medio para enterarse por ellos mismos de que no es así y de que la firma desarrolladora tiene otras intenciones.

En momentos en que miles de estudiantes del sistema UPR enfrentan una nueva realidad, pues el semestre inició el pasado lunes con aumentos en los costos de matrícula, cuotas y servicios que aprobó la Junta de Control Fiscal, particularmente a quienes se hayan matriculado en el Instituto de Cooperativismo del Recinto de Río Piedras se les añade la carga de no contar con un espacio físico para tomar clases y resolver asuntos administrativos junto al personal docente y no docente de ese programa, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales.

Y es que además de pagar dos veces lo que pagaban por crédito graduado el año pasado—ahora, todos los y las estudiantes a nivel graduado pagarán $175 por crédito—, el estudiantado de la maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones Solidarias comenzó el año académico con un instituto desarticulado: sin oficinas adecuadas, con el personal administrativo trabajando desde diferentes espacios del recinto, con los profesores dispersos, entre otros escollos.

“Eso va a afectar el inicio de clases y la comunicación con los estudiantes y el servicio que, no solamente se les da a los y las de maestría, sino también a los participantes del Programa de Incubadora de Cooperativas, que este año integra a 13 grupos, y a los participantes del Programa de Extensión, que capacita a 600 líderes cooperativistas en un año”, comentó una de las profesoras del Instituto en entrevista telefónica con este medio.

“Estamos en una situación muy incómoda. Seguimos siendo la única institución universitaria que ofrece una maestría en Cooperativismo, que tiene una incubadora especializada, que ofrece servicio a los líderes comunitarios del movimiento cooperativista y, sobre todo, la única unidad de investigación”, continuó la profesora a la vez que enfatizó la necesidad imperante de contar con un espacio digno, que asegure la integridad del Instituto.

El pasado jueves, el personal del Instituto se reunió con el rector del recinto riopedrense, Luis A. Ferrao Delgado, para abrir un canal de negociación y aportar soluciones al conflicto. La situación comenzó cuando la Escuela de Comunicación Pública (COPU) del recinto fue movida al espacio del Instituto por directrices administrativas. La planta física de COPU sufrió graves daños tras el paso del huracán María y, próximamente, recibirá la visita de la agencia acreditadora, por lo que necesitaba un espacio fijo urgentemente.

El profesorado y los empleados no docentes del Instituto no se opusieron a esos mandatos administrativos, lo que sí han exigido es que se les incluya en el proceso de discusión y de propuesta de alternativas.

Según informó la profesora entrevistada, en reunión con Ferrao Delgado, negociaron un espacio para el Instituto, por lo que esperan que las palabras que ha puesto la administración universitaria en boca del rector se materialicen con brevedad. Para exigir que se acelere el proceso de designación de un lugar, los y las estudiantes del Instituto realizaron una manifestación solidaria el pasado lunes en la mañana, justo el día en que iniciaron las clases en la UPR.

“Nos hubiese gustado que nos dejaran expresar sobre cómo nos sentíamos con el proceso y que nos dejaran ser parte de la solución del problema. En ningún momento se nos incluyó en la discusión de soluciones óptimas para todas las partes”, denunció.

Las repercusiones de no contar con un espacio digno van más allá de la falta de atención rigurosa que ameritan los estudiantes graduados del Instituto, ya que se pueden afectar los vínculos que mantiene el Instituto con entidades externas a la Universidad y los fondos económicos que estas le suplen.

“Mi mayor preocupación es que, por no tener un espacio digno e integridad institucional, perdamos las ayudas que el movimiento cooperativo siempre ha otorgado cuando solicitamos donativos para equipo. Tenemos acuerdos colaborativos con la Cooperativa de Seguros Múltiples, con el Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo (FideCoop) y con el Banco Cooperativo”, aseguró la portavoz.

El Instituto es el brazo de la academia dentro del movimiento cooperativista, pues es de los únicos programas del Recinto —si no el único— que tiene que, por responsabilidad legal, según la Ley 247 de 2008, estar representado en la junta rectora de una agencia gubernamental y tener una comisión de desarrollo cooperativo. El director o directora del Instituto y el Instituto, propiamente, están obligados por ley a crear política pública para el movimiento cooperativo y para la economía social y solidaria.

“Esa responsabilidad institucional requiere que se mantenga una integridad institucional porque nuestro alcance no solamente se queda dentro de los estudiantes del recinto de Río Piedras, sino que tenemos una responsabilidad externa a la academia, que es crear política pública, y tener un compromiso con la comunidad general”, explicó la profesora.

Según dijo, las autoridades universitarias solo ven la cantidad de estudiantes matriculados en la maestría, pero no ven el alcance que tiene el Instituto a nivel comunitario, de política pública, de país, que tanto se requiere después del huracán. “Necesitamos pensar en otra economía y en organizaciones autogestionarias, justamente los temas que abordamos en el Instituto a mediante nuestros diversos programas”, opinó.

Por la razón anterior, porque se sabe que los programas del Instituto apuntan a un desarrollo social firme, el personal de mencionada entidad ha levantado sospechas de que la administración universitaria quiera desarticular el funcionamiento del Instituto.

El plan para la Universidad de Puerto Rico es nefasto. Ante eso, aseguró la profesora, que no es descabellado pensar que una forma de socavar el movimiento cooperativista, justo en este momento que atraviesa el país, es empezar a desestabilizar el Instituto de Cooperativismo de la UPR.

El llamado para estos próximos días es a que las cooperativas de Puerto Rico se solidaricen con el Instituto para evitar su desintegración. Así, la entrevistada exhortó al movimiento cooperativo a que les exprese a las autoridades universitarias que restituyan con premura las instalaciones accesibles y dignas del Instituto.

“No están atacando solamente a los maestros y a los niños, sino a la clase trabajadora. Es un ataque de la clase pudiente, de ese 1 por ciento que maneja las finanzas del país y pretende dejarnos en la miseria”, sentenciófrente a la prensa la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez, antes de que saliera la marcha convocada por ese gremio para hoy cerca del mediodía.

Sin embargo, aún caminando de la Plaza Colón hacia la Fortaleza, bajo un sol radiante, “el que nos da la energía necesaria para continuar”, la líder afirmó: “esta (la manifestación) es la respuesta del magisterio. No se puede parar; tiene que ser una lucha de país”.

A la convocatoria respondieron decenas de maestros(as) federados(as), de otros gremios magisteriales, así como estudiantes de escuela superior y líderes de otras organizaciones sociales que apoyan la lucha por una educación pública accesible y de calidad.

Por su parte, el vicepresidente de la FMPR, Edwin Morales, comentómicrófono en mano que catalogaba la marcha como exitosa porque los allí presentes se habían unido para denunciar el “desastroso sistema público y exigir respeto para la escuela y las comunidades escolares”.

Sobre el éxito de la convocatoria, el legislador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, aseguróque “donde haya un estudiante, una maestra, un maestro, donde estén las comunidades escolares, los seres humanos en defensa y luchando por la justicia social, la actividad siempre va a ser un éxito”.

“Esta lo es porque aquí hay un grupo de personas luchando por la justicia social, por la no privatización de la educación pública de Puerto Rico, por los derechos adquiridos del magisterio”, insistió.

Con una “debacle” jamás vista en el DE, así comenzó esta semana el año académico. Por ejemplo, Martínez enfatizósobre la injusticia que se prevé con el sistema de retiro de los maestros: “Ustedes creen que es justo que después que una persona dejó 30 años en el salón, ahora le digan que le van a recortar un 10 por ciento de su pensión. O que los maestros nuevos no van a tener sistema de retiro el año próximo”.

No obstante, esa representación del magisterio que llegó hasta Viejo San Juan hoy no se siente acorralada, sino esperanzada.

“Esta lucha trasciende lo gremial y sindical, es de todo un pueblo. Esto no termina aquí. Ahora nos vamos a reunir con la gente que nos va a recibir en Fortaleza. Sabemos que engavetarán nuestras propuestas, pero que no digan que el magisterio no se escucha, que no proponemos alternativas porque siempre las hemos tenido”, dijo Mercedes Martínez.

“Seguiremos hasta que se haga justicia para todos y todas”, concluyó.