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Tribunal ordena a Gobierno a proteger todo el Caño Tiburones como reserva natural

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agosto 14, 2018

Luego de tres años de litigio los defensores de la integridad de todo el Caño Tiburones como una reserva natural se anotaron una victoria al lograr que el juez Anthony Cuevas, del Tribunal Superior de San Juan (TS) ordenara tanto a la Junta de Planificación (JP), a el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y a la Autoridad de Tierras (AT) a que deberán tomar todas aquellas acciones bajo su responsabilidad dirigidas a lograr la designación como reserva natural de las 7,000 cuerdas que comprenden el Caño Tiburones, en los municipios de Arecibo y Barceloneta.

La decisión emitida el tres de agosto pero dada a conocer por SOPI este lunes en comunicado de prensa está basada en que la acción es requerida por la Ley de Política Pública sobre los Humedales de Puerto Rico (Ley Núm. 314 de 24 de diciembre de 1998). SOPI y otros ciudadanos fueron representados por el Lcdo. Pedro Saadé Llorens, de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. Las tres agencias en cuestión habían solicitado la desestimación de la demanda.

La JP había designado solo 4,206 cuerdas del Caño Tiburones como reserva natural en el año 1998, dejando desprotegidas casi la mitad del Caño Tiburones, aun cuando estos terrenos comparten el mismo valor ecológico y para la vida silvestre, según reconocido por la propia agencia y el DRNA desde la década de 1970.

“Estamos muy satisfechos con la determinación del honorable Juez, y reiteramos nuestra disponibilidad para colaborar junto al Gobierno en la protección y desarrollo sostenible de esta importante área natural para el beneficio de todos los ciudadanos. Por lo tanto, solicitamos al gobernador, honorable Ricardo Rosselló Nevares, a que instruya a los directivos de la JP, el DRNA y la AT a cumplir con la sentencia de forma inmediata, conforme a sus expresiones de que su administración es una de ley y orden”, expresó Nathaniel González, presidente de la SOPI.

Este explicó que el área en controversia corresponde a terrenos públicos administrados por la AT, la mayoría identificados como inundables según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Añadió, que la protección de la totalidad del Caño Tiburones como reserva natural se hace hoy en día más evidente y necesaria tras el paso del huracán María, puesto que la zona recibió muchas de las aguas del Río Grande de Manatí y el Río Grande de Arecibo tras las lluvias del fenómeno atmosférico, amortiguando de esta manera el impacto de las inundaciones sobre áreas pobladas en la costa de estos dos municipios, incluyendo Barceloneta. “Por lo tanto, su protección debe ser vista como una inversión lógica para aumentar nuestra resiliencia de cara al futuro, particularmente ante los impactos crecientes del cambio climático.”

Sergio Colón, una de las principales autoridades en la Isla sobre el valor para las aves del Caño Tiburones, señaló que “la decisión del Tribunal valida nuestros reclamos, los cuales están sustentados en múltiples documentos científicos publicados durante décadas sobre la extensión y excepcional valor de esta área natural, muchos de los cuales han sido generados por las mismas agencias que, irónicamente, se opusieron a la protección del Caño. Colón apeló a la formación científica del Gobernador para que enmiende los errores e inacción de las pasadas administraciones y que, finalmente, se proteja todo el Caño Tiburones como reserva natural, según dispuso su señor padre cuando fue gobernador y firmó la Ley sobre Política Pública de Humedales hace más de 20 años.

Se unen a defensa de las reservas naturales

Por otra parte la agrupación Ciudadanos en Defensa del Ambiente (CEDDA), organismo ambiental arecibeño, expresó este lunes su preocupación y rechazo a la orden ejecutiva del Gobernador que derogó la designación de siete reservas naturales y una reserva agrícola a petición de la JP.

“Nos preocupa que detrás de esto esté la intención de cederle estas áreas protegidas a llamados desarrollistas con intereses privados de enriquecerse y que represente la pérdida de más de nuestros recursos naturales”, manifestó el Rvdo. Wilfredo Vélez, coordinador de CEDDA. La organización igual exhortó al Gobernador a retractarse de tal acción y a reintegrar estas áreas de gran valor ecológico al estado anterior de reservas naturales.

Además hizo un llamado al pueblo a mantenerse alerta y a expresar su indignación por acciones como estas que constituyen retrocesos en la defensa del ambiente y nuestros recursos naturales.

La lucha por mantener abierta Casa Aboy

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jose-r-charron

agosto 14, 2018

Desde su fundación en 1975 por Ramón (Moncho) Aboy la que hoy se conoce como Casa Aboy ha sido centro del quehacer cultural en San Juan y referente para otros centros culturales. En sus inicios albergó la Galería PL 900, un espacio para exponer la obra de fotógrafos tanto boricuas como extranjeros. En diferentes momentos ha sido sede de organizaciones culturales que han celebrado un gran número de actividades, desde conciertos, presentaciones de libros, talleres de arte, charlas y exhibiciones de arte.

En abril de 2016 la Junta de Directores de Casa Aboy compuesta por las Sras. Aracelis Delgado, Sylvia Arocho, Alexis Vázquez, Zigry Ignacio y Aline Frambes-Buxeda cesaron las operaciones de Casa Aboy sin previo aviso, dejando a los organizadores de actividades programadas sin saber las razones de dicha acción. El cierre de Casa Aboy, el despido del personal y la falta de información sobre el futuro del Centro Cultural motivó que un grupo de sobre sesenta asiduos colaboradores comprometidos con la cultura se reuniera en mayo de ese mismo año en el Colegio de Abogados (as) para organizar y lograr la reapertura de Casa Aboy. En dicha reunión se eligió un grupo de 10 personas de diferentes ramas de las artes y la cultura para representarlos en todo el proceso y defender el legado de Ramón Aboy, fundador de Casa Aboy.

Ante la falta de acción e información de la Junta de Directores, el Grupo de Amigos de Casa Aboy junto al Licenciado Francisco Ortíz Santini, solicitó al Tribunal un interdicto preliminar y permanente, sobre acciones personales y derivativas, en contra de la corporación sin fines de lucro, Casa Aboy, Inc. y su Junta de Directores, por haber cerrado dicho Centro Cultural.

En la vista celebrada el 7 de julio del mismo año la parte demandada argumentó que los reclamantes no contaban con legitimación activa y anunciaron la presentación de una solicitud de desestimación a esos efectos. Luego de varios días de vistas, el Tribunal determinó que los demandantes eran miembros de la entidad y declaró “no ha lugar” la moción de desestimación, sosteniendo los reclamos de los demandantes.

Los demandados acudieron al tribunal presentando una solicitud de reconsideración. El Tribunal reiteró su determinación inicial denegando la desestimación. Inconforme, la Junta de Directores de Casa Aboy presentó el recurso de certiorari en el Tribunal Apelativo solicitando la paralización de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia el cual fue denegado. En el documento el Tribunal estableció que “según expresa la doctrina, se requiere legitimación activa para ser demandante y pasiva para ser demandado. La Junta de Directores de Casa Aboy Inc. no puede pretender estar en ambos extremos; amén de que contradice su propio Certificado de Incorporación”.

El Tribunal añade, “la legitimación activa para proteger un patrimonio del País y el uso adecuado de fondos públicos no puede recaer sobre unas pocas personas privadas, que al mismo tiempo, serian los demandados. Ese escenario se presta a una patente falta de transparencia y rendimiento de cuentas impermisibles”.

No conforme, la Junta acude al Tribunal Supremo quien declara “no ha lugar” la moción de certiorari presentada por la demanda de Junta de Directores de Casa Aboy. El 29 de diciembre de 2017 piden reconsideración al Tribunal Supremo y el mismo deniega la reconsideración.

El juicio en su fondo finalizó el viernes 13 de julio de 2018 en la sala de la Juez Lauracelis Roques Arroyo, dónde se llevó a cabo la presentación de pruebas y testimonios.

Abordada sobre el procedimiento judicial, Carmen Margarita Aboy, hermana de Ramón Aboy expresó, “Sé que triunfaremos luego de dos años de lucha en corte por rescatar Casa Aboy de un cierre y luego de la mediocridad. Defenderé el legado de mi hermano Ramón (Moncho) Aboy.” “Cumpliré la promesa que le hice en su lecho de muerte. Casa Aboy no puede ser secuestrada por 5 personas, Casa Aboy es de todos.”

Se agrava la crisis en Ciencias Forenses

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candida-cotto

agosto 14, 2018

Más allá del volumen de trabajo y la falta de personal, la crisis que existe en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) responde en gran medida a la intransigencia del secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) Héctor Pesquera.

Solo hay que recoger y ver la poca cooperación que ha prestado el personal del NCF incluyendo al mismo Pesquera a las vistas públicas que ha tratado de llevar a cabo la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que preside el representante Juan Oscar Morales, las disputas en el Tribunal y públicas entre el representante y el personal del Negociado que incluye a su subcomisionada, Mónica Menéndez. Y lo más reciente: las declaraciones públicas de Pesquera de que el Negociado no necesita la asistencia de 13 especialistas mortuorios de la Reserva del Ejército de Estados Unidos.

Según publicó el periódico Primera Hora, en una rueda de Prensa (el miércoles 8 de agosto) en el Cuartel General, Pesquera rechazó la ayuda. “Porque no es necesario y ellos dijeron que las iban a traer sin estar autorizados por nosotros, ellos vienen aquí a ayudarnos, nosotros decimos en qué necesitamos la ayuda, ellos no nos dicen lo que tenemos que hacer. No es necesario traer ninguna unidad para hacer nada porque las que están allí dan abasto y sobran”.

No obstante el comunicado anunciando que el NCF recibiría la asistencia de los 13 soldados como parte del plan de asistencia federal solicitada por el Gobierno de Puerto Rico a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), salió del mismo DSP.

Mientras el representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, describió la actitud del NCF respecto a las vistas públicas como una “de prepotencia y de una crasa negligencia lo que ha pasado en el proceso que es de una investigación incluso de una mayoría legislativa del mismo partido de gobierno, demuestra la actitud de prepotencia, dejadez y de negligencia de esa agencia”.

A preguntas de CLARIDAD, Márquez Lebrón, narró que estuvo presente en la primera vista celebrada el mes de junio y luego en las dos últimas efectuadas el mes de agosto durante las cuales pudo denotar la falta de cooperación, de cumplir con sus responsabilidades de emitir documentos, además del uso de fondos públicos para contratistas de medios de comunicación en contra de algunos legisladores y entorpecer la labor legislativa, lo que calificó de un elemento grave y hasta la fabricación de casos a empleados unionados que fueron los que cooperaron con la investigación.

El Legislador, quien como abogado tiene vasta experiencia en el manejo de despidos de empleados públicos, denunció que nunca había visto una carta de intención de formulación de cargos tan fabricada, mezclando todas aquellas partes del reglamento para tratar de justificar un despido, sobre una persona que lo que está haciendo es cooperar con una investigación legislativa e igual con otros empleados. Márquez Lebrón catalogó de “realmente grave”, la acción de la gerencia del ICF y reveló que a otro empleado no le quisieron dar los horarios para ir a deponer a las vistas. A la luz de estos hechos coincidió en que es evidente que hay amenazas sobre los trabajadores para que no cooperen con la investigación.

A lo anterior se suma el que la sub comisionada interina, Mónica Méndez, aun no ha presentado a la Comisión los documentos que prueben que cumple con los requisitos de ley para ocupar la posición. El legislador del PIP cuestionó además que el comisionado en propiedad del ICF, Edwin Crespo, esté ausente de la agencia por meses por motivos de salud, “yo se lo respeto pero tú no puedes ser director de una agencia de gobierno y estar cuatro y cinco meses fuera; si tienes problemas de salud tienes que renunciar y que venga otro”.

Otros hechos sobre los cuales llamó la atención es que a las vistas solo han asistido Menéndez y el oficial de prensa Obed Betancourt. Márquez Lebrón cuestionó el que una persona sub contratada por una agencia asista a deponer a una vista pública de una agencia. Recordó que a las siete preguntas que le hizo a Betancourt durante la audiencia, éste contestó a todas “desconozco”, pero por otro lado -denunció- Betancourt tenía acceso a todo el Negociado sin ser empleado, o funcionario de la agencia. “El 20 de julio él era el que estaba dando instrucciones como si fuese parte del equipo ejecutivo, uno llega a la conclusión de que querían entorpecer la investigación legislativa pero sobre todo crear un asunto de comunicaciones y levantar una imagen”.

Colegio de Médicos

Uno que no duda en atribuir la situación de crisis en la que se encuentra el NCF a la administración de Pesquera lo es el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), doctor Víctor Ramos. “La actual situación de Ciencias Forenses no es nueva pero ciertamente los problemas administrativos que tiene el negociado no existían antes. La realidad es que no es nuevo el asunto de no tener todos los recursos disponibles [ni] el asunto de los problemas económicos del negociado, pero el problema administrativo no tiene mucho que ver con eso”.

Ramos fue enfático al denunciar que desde que el NCF fue colocado bajo la sombrilla del llamado DSP “se creó una burocracia excesiva, ese es el problema principal, el secretario de seguridad pública es un desastre para el país, le crea un mal servicio al gobernador, el problema es que todo el mundo tiene un temor de mover un dedo sin que él lo autorice. Se supone que las sombrillas sirvieran para agilidad y ha sido lo contrario. Cuando el Negociado estaba solo tenía una agilidad que ya no la tiene”.

El presidente del CMCPR hizo la salvedad de que los patólogos forenses del NCF hacen un trabajo espectacular en medio del descalabro administrativo en el que se encuentran. Aunque señaló que en Puerto Rico no hay el número de patólogos forenses que necesita el NCF para llenar todas sus plazas. Indicó que usualmente los patólogos que se preparan en esta sub especialidad -la cual no se hace en la isla- cuando terminan reciben propuestas de trabajo “espectaculares”.

Además de la falta de patólogos, el Dr. Ramos trajo a la atención que el NCF también necesita personal de técnicos forenses, tecnólogos, químicos, dentistas forenses y otro personal auxiliar como lo requiere un hospital.

Noticia importante que llega desde Bélgica

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manuel-de-j-gonzalez

agosto 14, 2018

Bruselas, 7 de agosto de 1904. El Tribunal Supremo de Bélgica, sesionando esta tarde en Bruselas, decidió por unanimidad que la cláusula 22 de la Constitución del Reino, conocida como “Cláusula Territorial”, le da plena autoridad al monarca Leopoldo II para emitir cualquier decreto relacionado con los habitantes del Estado Libre del Congo, más conocido en Europa como el Estado Libre de Leopoldo. Mediante esta sentencia, el más alto tribunal belga adjudicó una demanda presentada por ciudadanos congoleses, impugnando la validez constitucional de un decreto que condena con la amputación de una mano, en primer lugar, y de un pie en segundo lugar, a cualquier persona que desobedezca una orden para trabajar en alguna de las minas de diamantes de propiedad real.

“Congo fue adquirido por la monarquía belga mediante una acción militar legítima”, reza el dictamen judicial que, además, puntualiza lo dispuesto por la Conferencia de Berlín de 1885, también conocida como “la del reparto de África”, organizada por los estados europeos. Allí quedó consignado el derecho del sobre el territorio que él mismo llamó “Estado Libre del Congo”. El tratado suscrito en el cónclave de Berlín reconoce y ratifica los derechos de la monarquía belga, previamente establecidos en la Constitución real, para disponer de “cualquier territorio o propiedad” del Reino. Por virtud de la mencionada cláusula, las autoridades de Bruselas tienen poder para emitir cualquier ley o decreto de aplicación en el Congo y en cualquier otro territorio sobre el que Bélgica tenga derechos propietarios.

Refiriéndose a un principio jurídico muchas veces citado por el propio tribunal –“el que puede lo más, puede lo menos”– el alto foro belga señaló que si la autoridad que nace de la Constitución y del Tratado de Berlín permite la venta a otro país de todo o parte del territorio del Congo, también autoriza al estado a aprobar cualquier legislación relacionada con los habitantes de esta posesión africana.

El decreto real objeto de controversia fija los niveles de producción que debe alcanzar cada una de las explotaciones mineras repartidas por el amplio territorio congolés. Estas cuotas deben ser suficientes para cubrir los créditos adelantados al territorio, garantizando una ganancia considerada “razonable y justa”. Dispone, además, cuántos trabajadores deben emplearse en cada lugar, los horarios, así como las medidas disciplinarias a imponerse en caso de incumplimiento. Entre estas se encuentra la pena de amputación en situaciones de violación reiterada o de desobediencia. La aplicación de esta pena la decide una junta de siete comisionados reales que sesiona intermitentemente tanto en Leopoldville, capital congolesa, como en Bruselas. Los ciudadanos demandantes alegaron que los poderes amplios conferidos al grupo de comisionados, usurpa los previamente reconocidos al gobernador designado para el Estado Libre del Congo.

“Tanto el gobernador como la Junta de comisionados son resultado de decretos reales”, dice la sentencia del tribunal de Bruselas, y añade: “Quien emite esos decretos, obviamente retiene la autoridad para alterarlos.” En cuanto al reclamo de los demandantes de que el decreto relacionado con las minas de diamantes y la creación de la junta, usurpan las funciones del gobernador del territorio, la sentencia señala que este conserva el poder de hacer sugerencias. Ese poder, apunta, permite que no sea un gobernador “sin dientes” o “mellado” (“édenté” en francés).

Nota del autor

Esta parodia, que se inspira en la última decisión de la juez estadounidense Laura Taylor Swain sobre Puerto Rico (ratificando el poder de la Junta de Control Fiscal impuesta) tiene muchos elementos históricos. Lo de “Estado Libre del Congo” no es parodia. Ese fue el nombre que, efectivamente, la monarquía belga le puso a su posesión africana tratando de encubrir, de forma cínica y cruel, la brutal realidad colonial. En el caso puertorriqueño, el nombre “Estado Libre Asociado” tuvo el mismo propósito y, para más vergüenza, no se lo inventaron los colonizadores, sino los propios colonizados.

Tampoco es parodia la Conferencia de Berlín, que “legalizó” el poder de la monarquía belga sobre el Congo. Allí, los imperios europeos se reconocieron unos a otros sus posesiones africanas para facilitar la explotación pacífica. Es decir, se repartieron el continente como si fuera un bizcocho y, en el caso congolés, aceptaron que era propiedad privada del monarca belga Leopoldo II.

Con respecto a Puerto Rico hubo una secuencia algo parecida. Estados Unidos invadió y tomó posesión de la isla el 25 de julio de 1898 y luego, mediante el Tratado de París del 10 de diciembre del mismo año, la adquirió formalmente. Es gracias a esa trasferencia “legal” que la llamada “cláusula territorial” de la Constitución de Estados Unidos se le aplica a los puertorriqueños. Igual que los congoleses nunca aprobaron el dominio belga ni mucho menos la supuesta “legalización”, los puertorriqueños no autorizaron la trasferencia formalizada en París. La “cláusula territorial” es tan colonial como los decretos del rey Leopoldo.

Sobre la brutalidad del colonialismo belga en el Congo, y las amputaciones como castigo, hay basta documentación histórica aunque, tal vez, donde mejor podemos sentirla es en la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas.

Finalmente, la frase “gobierno mellado” (toothless) está en la sentencia de la juez Taylor Swain.

Hechas estas aclaraciones invitamos al lector a repasar el último dictamen de la juez estadounidense y a volver a leer mi parodia, que tiene muy poco de ficción.

ADVERTENCIA FINAL: Si los seres humanos no se disponen a cambiar la Historia, ésta seguirá repitiéndose.

Maduro, Duque y el Plan Maestro

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agosto 14, 2018

Por Carlos Fazio

El 4 de agosto, durante una parada militar en Caracas, un grupo terrorista atentó con drones DJI M600 cargados de explosivos contra el presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, para intentar conseguir por la vía del magnicidio lo que la oposición de ultraderecha proestadunidense no ha podido conseguir en una veintena de elecciones ni tampoco a través del golpe de Estado de 2002; el sabotaje petrolero de 2002-2003 de la gerontocracia de PdVSA, Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la Coordinadora Democrática, la jerarquía conservadora de la Iglesia católica y los medios hegemónicos cartelizados; las sanciones y la guerra económica, y la guerra no convencional del Comando Sur del Pentágono, desplegada en su última fase de 2015 a la fecha mediante campañas de intoxicación mediática, sabotajes y actos violentos, con apoyo de la Organización de Estados Americanos y los gobiernos cipayos del Grupo de Lima.

Uno de los drones usó como explosivo pólvora y pentrita (sustancia como la que causó la explosión del Boeing 747 de PanAm sobre Lockerbie, Escocia, en 1988, con saldo de 270 muertos) y el otro pólvora y C-4 (explosivo plástico de uso militar utilizado por agentes de la CIA para derribar la nave de Cubana de Aviación sobre Barbados, en 1976, donde murieron 73 personas, y en el asesinato de Orlando Letelier, el excanciller de Salvador Allende en Washington, ese mismo año; el favorito para las operaciones de bandera falsa de la red Gladio de la OTAN, y el que derribó la torre II de Pemex, en México, en 2013). Ambos drones fueron dirigidos a la avenida Bolívar con el fin de que uno explotara en la parte superior de la tarima presidencial y el otro en la zona frontal, para asegurar la muerte de Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, miembros de su gabinete y los mandos de los institutos armados. Los equipos inhibidores de señales del anillo de seguridad presidencial hicieron que los drones se desorientaran y los explosivos detonaron fuera del perímetro planificado por los terroristas.

Los dos grupos operativos fueron detenidos el mismo día. Uno, integrado por el sargento retirado de la Guardia Nacional, Juan Carlos Monasterios, y Argenis Valero Ruiz, en flagrancia; el otro mientras huía hacia Colombia. Los frustrados magnicidas confesaron que recibieron entrenamiento en la finca Atalanta en el municipio de Chinácota, Norte de Santander, en Colombia; allí aprendieron a manejar drones. Se les ofreció pagar 50 millones de dólares y estadía en Estados Unidos.

De los audios de las conversaciones que los autores materiales mantuvieron entre sí mientras ejecutaban el atentado y posteriores declaraciones ministeriales de Juan Carlos Monasterios, jefe operativo del acto terrorista, se estableció que dos de los autores intelectuales fueron Rayder A. Russo, quien reside en Colombia y entrenó a los sicarios en la finca Atalanta, y Osmán Delgado Tabosky, financista venezolano que vive en Miami, Florida, quien advertido por sus cómplices que los drones habían perdido el control, detonó uno de manera remota a miles de kilómetros del lugar de los hechos. Monasterios, Russo y Delgado habían participado en el ataque al fuerte Paramacay en 2017, y eran buscados por la justicia venezolana.

El exjefe de la Asamblea Nacional, Julio Borges, refugiado en Colombia desde febrero último, y su correligionario de Primero Justicia, Juan Requesens, detenido en Caracas, también participaron en la trama fallida. El gobierno de Venezuela giró el viernes una orden internacional de captura (“código rojo” de la Interpol) contra Delgado, Russo y Borges, implicado en el caso por Requesens y Monasterios. Maduro también acusó al coronel retirado Oswaldo Valentín García Palomo de ser el “jefe de los asesinos” y de intentar captar militares para derrocarlo.

Asimismo, el 6 de agosto, el presidente de Venezuela dijo tener “pruebas suficientes” de la complicidad en ese acto de barbarie del mandatario saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien ha mantenido múltiples reuniones con Julio Borges. En vísperas de culminar su mandato Santos declaró “veo cerca la caída de Nicolás Maduro (…) ojalá mañana” (mismo terminara su gobierno de) “forma pacífica”.

El 9 de agosto, durante un encuentro a puerta cerrada en la Secretaría de Relaciones Exteriores de Bogotá, el nuevo canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, le expresó a Borges el “apoyo incondicional” del gobierno de Iván Duque para “rescatar la democracia y la legalidad en Venezuela”.

Señalado por sus adversarios como un “títere” del expresidente Álvaro Uribe −sindicado por sus vínculos con el paramilitarismo, el narcotráfico y acusado de genocidio−, Iván Duque ya tiene una estrategia para negociar con la administración Trump una dispensa para Colombia con los aranceles de importación del acero y el aluminio: tomar las riendas de la guerra encubierta del Pentágono contra Venezuela, desde la frontera colombiana.

A principios de julio, ya designado presidente electo, Duque corrió a recibir instrucciones en Washington del aparato de seguridad de la administración Trump. Allí se reunió con el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado, Mike Pompeo, la directora de la Agencia Central de Inteligencia, Gina Haspel, el zar antidrogas James Carrol, y con el asesor de Seguridad Nacional, el superhalcón John Bolton.

Del encuentro con Pence, Duque sacó particular ventaja al aprovechar la preocupación del vicepresidente de EU sobre la “amenaza” que supone para Colombia la “dictadura” de Maduro, y solicitó apoyo estadunidense en materia militar, de inteligencia y seguridad. Y como dijo entonces el presidente colombiano entrante, el lenguaje común con EU “es el de los resultados” –verbigracia, el fin justifica los medios, lo que no lo exime de que en cualquier momento Trump le dé una patada en el trasero−, por lo que se puso a trabajar para que lleguen rápido: el 10 de agosto, tres días después de asumir el cargo con el alborozo de las estructuras paramilitares, anunció el retiro “irreversible” de Colombia de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y abogó por la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela. Ya antes, había prometido llevar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, donde su patrón, Uribe, está acusado por crímenes de lesa humanidad, y esperan turno los mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Creada en 2008, la Unasur auspició el Consejo de Defensa Sudamericano, integrado por 12 países, que entre sus propósitos principales tuvo consolidar a Sudamérica como zona de paz y servir de contrapeso a los afanes intervencionistas del Pentágono en los ejércitos locales, con fines de alineamiento y adoctrinamiento. En ese contexto, en mayo de 2018, el “pacifista” Santos introdujo a Colombia como “socio global” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, máximo exponente de las intervenciones militares, abiertas y encubiertas, después de la guerra fría. Con lo que Colombia, con siete bases militares de EU en su territorio, se convirtió en un peón del Comando Sur del Pentágono y la OTAN en el hemisferio.

Ahora, monitoreado por el embajador de EU en Bogotá, Kevin Whitaker −quien en 2014 patrocinó los intentos de golpes blandos guarimberos y magnicidas liderados por María Corina Machado−, Duque, continuador del “fascismo social” de Álvaro Uribe, aspira cumplir un papel relevante en el llamado “Golpe Maestro” diseñado por el jefe del Comando Sur, almirante Kurt Tidd, quien dijo que el gobierno bolivariano solo puede ser derrocado a través de una “operación militar bajo bandera internacional, patrocinada por la Conferencia de los Ejércitos Latinoamericanos, bajo la protección de la OEA y la supervisión, en el contexto legal y mediático del secretario general, Luis Almagro”. La fachada para imponer un bloqueo marítimo a Venezuela podría ser el eufemísticamente llamado ejercicio naval multinacional Unitas Lix – 2018, del que Colombia será anfitriona en septiembre próximo.

Es en ese contexto que desde junio pasado llegaron misiones de los “Cascos Blancos” de la Cancillería argentina a las poblaciones colombianas de Cúcuta y Maicao, fronterizas con Venezuela. No llegaron a atender a niños colombianos −en una región abandonada por el gobierno desde el punto de vista sanitario y donde cada año fallece un número considerable de menores de 5 años por hambre−, sino a asistir a migrantes venezolanos.

¿Tendrá eso que ver con el agradecimiento del Departamento de Estado por el trabajo que esa organización hizo bajo el patrocinio de EU en Siria en el sonado caso de las “armas químicas”, utilizado para justificar los bombardeos del Pentágono en ese país?

La respuesta a esa interrogante la dio el extitular de los Cascos Blancos argentinos, Gabriel Fucks, cuando dijo que la misión en la frontera colombiana, más que una acción de asistencia sanitaria, forma parte de una política de presión contra Venezuela, en sintonía con la posición subordinada del gobierno de Mauricio Macri en la OEA, quien sigue la ruta de Uribe y Santos, y ha aceptado desplegar en el territorio argentino una nueva red de bases militares estadunidenses: una en Neuquén, en el estratégico sur patagónico, cerca de la reserva gasífera de Vaca Muerta, financiada por el Comando Sur con “ayuda humanitaria” (sic), y dos en Tierra de Fuego, la de Tolhuin y la de Ushuaia.

La patota de Lima

Tras la escaramuza fallida con drones, dirigida a provocar un asesinato en masa de líderes civiles y militares en Venezuela que hubiera generado un caos social y desembocado en una guerra civil, el Comando Sur seguirá buscando generar divisiones al interior de las instituciones armadas bolivarianas, y el eventual levantamiento de alguna guarnición castrense, como la ocurrida hace unos meses en el Fuerte Paramacay, a fin de asegurar que el poder sea transferido sin demora a las “autoridades civiles legítimas, miembros de la Asamblea Nacional” presidida por Julio Borges, para lo que se estaría evaluando “liberar” una zona del país en donde instalar un “gobierno paralelo” que pueda ejercer funciones de hecho, con el respaldo de Washington, sus socios de la OTAN y la patota del Grupo de Lima.

Como señaló el 6 de agosto el editorial principal del diario La Jornada, el presidente de México, Enrique Peña Nieto y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, guardaron inicialmente un “silencio inexplicable” ante el atentado terrorista, lo que “denota un doble rasero basado en la animadversión ideológica contra Maduro”.

Ese silencio fue roto el sábado 11 por el canciller mexicano Luis Videgaray, quien con otros ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima, exhibiendo una doble moral, en un comunicado conjunto, consideraron el hecho criminal como un simple “evento” o “incidente”, que estaría siendo utilizado por Nicolás Maduro para “manipular” a la opinión pública y “perseguir y reprimir a la disidencia política” venezolana. Desde sus redes sociales, Videgaray envió un “abrazo” a Borges y todos los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela, con lo que ratificó su papel de “yes-man” al servicio de la administración Trump.

Igual papel asumieron los medios hegemónicos cartelizados, reproductores de lo que Umberto Eco denominó “Ur Fascismo” −el fascismo latente en la sociedad moderna−, quienes minimizaron (incidente con drones), relativizaron (supuesto atentado) o silenciaron (censuraron) la tentativa de magnicidio y el acto de terrorismo, y cuando no, recuperando las nociones oscurantistas de siempre, lo calificaron como un “montaje”, “autoatentado” o “maniobra” para ocultar la represión, con lo cual en los hechos están validando el asesinato como práctica política tan cara a la CIA.

Por toda respuesta, durante un acto con la cúpula militar el sábado 11, el presidente Maduro abrió la posibilidad de que el FBI (Buró Federal de Investigaciones de EU) coopere en las indagaciones del caso en Caracas, si Washington acepta que también investigue los vínculos de las células terroristas con sus patrocinadores en Miami, Florida, en particular con Osmán Delgado Tabosky, quien activó a distancia la carga explosiva del dron frente a la tarima presidencial.

A diferencia de los “pájaros metálicos” Predator y Reaper fabricados por General Atomics en California y armados con misiles Hellfire producidos por Lockheed Martin, que han sido utilizados por Barack Obama y Donald Trump en operaciones de muertes selectivas en Yemen, Somalia, Pakistán, Libia y Siria, los drones DJI M600 de última generación, con un rendimiento de vuelo mejorando y una mayor capacidad de carga, son utilizados con fines industriales y profesionales de diversos rubros, incluidos, como en el caso de Caracas, militares.

El Pentágono y la CIA, instrumentos punitivos y letales del “gobierno en las sombras” de Estados Unidos −país donde cuatro presidentes fueron asesinados: Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley y John F. Kennedy, y ocho más sobrevivieron a intentos de magnicidios, el último Ronald Reagan en 198−, han hecho del magnicidio uno de los recursos de agresión planificada, en sus intentos por imponer a sangre y fuego una nueva fase de restauración neoconservadora en Nuestra América.

Reproducido de www.rebelion.org

Nota:

1 Cabe recordar que durante una conferencia dictada el 8 de octubre de 2014 en el Centro para la Innovación en Gobernanza Internacional (CIGI), Universidad de Waterloo, Ontario, Canadá , Lawrence (“Larry”) Wilkerson (jefe de gabinete del secretario de Estado, general Colin Powell), dijo: “¿Creen ustedes que nosotros no tuvimos nada que ver con el intento de golpe de Estado para derrocar a Hugo Chávez? Claro que tuvimos que ver; yo estuve allí.”