CLARiDAD

En el año y medio que lleva Ricardo Rosselló en el gobierno hay un área de gestión administrativa que acumulaba pocos titulares negativos: el ambiente y los  recursos naturales. No es que recibiera aplausos, porque su atención al problema de las cenizas tóxicas en el municipio de Peñuelas destaca como un ejemplo de manipulación y mal manejo, sino que el tema no aparecía maltratando sus días como sucede con la educación, la salud, las finanzas públicas y la permanente crisis con la electricidad.

Tal parece que Rosselló estaba esperando a cumplir año y medio en la Fortaleza para soltar los caballos contra el ambiente. La pasada semana, en dos acciones casi simultáneas, se abrieron las compuertas para facilitar el aterrizaje de los buitres que estaban planeando sobre reservas naturales y terrenos costeros.

El primer gran zarpazo fue la anulación de siete reservas naturales por parte de la Junta de Planificación. En total, todas estas áreas cubren más de 12 mil cuerdas de terreno costero, seco o sumergido. Tras la fulminante acción de la JP, cualquier buscón de esos que, con un funcionario público al lado, proclaman diariamente su deseo de “ayudar a la recuperación del país”, puede proponer un proyecto que impacte alguna de estas áreas costeras. La Mar Chiquita de Manatí, el área del Río Camuy y Punta Guilarte en Arroyo, son algunas de las áreas de crucial valor ecológico que quedan ahora “open for business”.

Como recordarán, esa “apertura a los negocios” había sido anunciada por el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, hace algunos meses cuando divulgó un catálogo elaborado por su oficina con una lista de inmuebles disponibles para venta o alquiler. Entre los terrenos ofertados estaba la isla Icacos, que es parte del Corredor Ecológico del Noreste. Tras la indignación pública que provocó el anuncio, la isla se retiró del catálogo y el asunto quedó como un “error” o “malentendido”. Ahora, con siete antiguas reservas “abiertas a negocios”, vemos como el malentendido de Laboy no fue tal.

Como ya es costumbre en este gobierno, se recurrió a una mentira casi infantil para encubrir el verdadero propósito tras la anulación. Según la oficial del JP que hizo el anuncio, la acción anuladora era necesaria porque en la designación inicial se había incumplido con los reglamentos de la propia Junta. La alegada reglamentación incumplida fue, ¡vaya usted a ver!, la que promueve la participación ciudadana. El gobierno de Rosselló quiere hacernos creer que debido a su supuesta preocupación por las opiniones de la ciudadanía se procede a eliminar de golpe y porrazo la protección de siete reservas naturales que la propia gente siempre ha querido proteger. ¡El cinismo que brota de esa alegada excusa rebasa los límites!

Mientras todavía se saboreaba la anulación de las reservas ecológicas, Rosselló procedió a convertir en ley una medida de  la Legislatura que elimina una sentencia judicial y entrega un pedazo de playa a una empresa privada bloqueando, de paso, un reclamo ciudadano de 22 años. Se trata de cinco cuerdas aledañas al balneario de Isla Verde que, desde 1996, una empresa que ahora se hace llamar CH Properties, operadora del aledaño Hotel Marriot, quiere dedicar a otro desarrollo turístico privado. Posterior a aquel primer intento que levantó la protesta de la ciudadanía, el Municipio de Carolina adquirió los terrenos deteniendo el desarrollo. La acción del Municipio se sostuvo en los tribunales. Ahora, por vía de un mandato de la Legislatura, se quiere obligar al ente municipal a permitir el desarrollo o, en su defecto, entregarle los terrenos al gobierno para que lo viabilice.

La acción de la Legislatura tiene pocos precedentes, pues se trata de legislación dirigida a proteger de manera específica y abierta a una sola empresa, la que se identifica con su nombre. Detrás de la acción legislativa está un senador por Carolina cuyas menciones públicas no arrastran mucho lustre. Su nombre es Eric Correa, hermano de crianza de aquel notorio narcotraficante apodado Coquito, que lleva décadas en la Legislatura sin acciones que justifiquen su abultado salario.

A pesar de sus conflictos recientes con la Legislatura, en particular con el Senado, Ricardo Rosselló se apresuró a convertir en ley el proyecto promovido por Correa. Rencillas aparte, cuando se trata de proteger a empresarios amigos, la hermandad brota. Las dos personas detrás de CH Properties son Pedro Rosario Urdaz, quien trabajó en fortaleza en los tiempos de Pedro Rosselló, y Eduardo Ferrer Ramírez de Arellano, ex jefe de finanzas de Pedro Pierluisi.

Estos dos buitres beneficiados por las acciones de la Legislatura y el Ejecutivo, deben estar muy contentos. También lo están los que ya están planeando sobre las reservas naturales abandonadas. Como quiere la Junta de Control Fiscal, Puerto Rico está “open for business”. Hace algunos meses la JCF promovió, y en gran medida consiguió, otro objetivo que también resumían con una frase en inglés: “employment at will”. Para hacer cumplir ese objetivo impulsaron la eliminación de casi todas las protecciones legales que tenían los trabajadores puertorriqueños, permitiéndole a los patronos contratar y despedir empleados a bajo costo y como les plazca. Con la excepción de la Ley 80, que garantiza una pequeña mesada en caso de despido injustificado, efectivamente la Junta logró su objetivo de “el empleo a voluntad”. Alcanzada esa meta, le tocó el turno a las reservas naturales que ahora están “open for business”.

El reconocimiento a la participación de la mujer puertorriqueña en la lucha Patria y otras luchas sociales, un llamado a la unidad en la diversidad, a la defensa de la escuela pública, en contra de la presencia de la Junta de Control Fiscal, a respetar todas las formas de lucha, marcaron la conmemoración del aniversario número 40 de los asesinatos en el Cerro Maravilla.

Un nutrido grupo de independentistas acudió a la convocatoria de la Coordinadora del Cerro de los Mártires para honrar la memoria de los jóvenes independentistas Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado, asesinados el 25 de julio de 1978, por la Policía de Puerto Rico bajo la administración del Partido Nuevo Progresista dirigida por el entonces gobernador Carlos Romero Barceló.

Como ha sido la costumbre, en estos actos de conmemoración se reconoció a las y los prisioneros políticos puertorriqueños y se exhortó a apoyarles, en particular, a la joven Nina Droz Franco y a Ana Belén Montes. Los maestros de ceremonia, Adriana Gutiérrez Colón y Andrés González Berdecía, mantenedores del programa de radio (Podcast) por internet Radio Independencia expresaron que al igual que Soto Arriví y Rosado, Montés y Droz son víctimas de la represión y el carpeteo por oponerse al poder. También instaron a demostrar nuestra solidaridad escribiéndoles a las prisioneras.

Este año los actos estuvieron dedicados a la reconocida militante Prudencia “Pupa” Trabal, quien a sus 90 y tantos años mantiene su fervor patriótico. La lectura de la semblanza de Doña Pupa estuvo a cargo del poeta Carlos Quiles, el que utilizó precisamente el caudal del carpeteo que los agentes de la Policía elaboró por décadas contra Doña Pupa, para dejar evidenciada su moral patriótica. Citando una de las carpetas el público pudo saber, por ejemplo, que el 29 de julio de 1956 Doña Pupa asistió a la asamblea del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Teatro San Rafael de Mayagüez. El 30 de enero de 1959, el periódico El Imparcial informó que ella había sido miembro del Comité Organizador y una de las firmantes del Movimiento Pro Independencia (MPI).

Quirós destacó que los cientos de informes distribuidos en siete carpetas que la Policía fue escribiendo sobre las actividades de Doña Pupa a lo largo de su vida dentro de la lucha por la independencia de Puerto Rico, nos hizo un gran favor ya que estas dejaron plasmadas su moral patriótica. “Algo hay que agradecerle a la Policía. A un investigador del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe se le hubiera hecho muy difícil, si no imposible, crear ese documento de tanto valor histórico y patriótico”.

Entre las anécdotas sobre esta mujer luchadora, Quirós contó que Doña Pupa en una ocasión le narró cómo, cuando niña, estando en la escuela, nunca hubo forma de que se levantara a saludar la bandera de Estados Unidos.

Además del reconocimiento de la Coordinadora, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, organización con la cual se identifica en la actualidad esta longeva luchadora, le hizo entrega de un retrato suyo, dibujado de una de sus fotos de fichaje de la Policía. La obra fue hecha por la artista Delia Cabrera.

Llamado a defender la escuela pública

Mientras, el portavoz del grupo magisterial Únete, Emilio Nieves, cuya organización es parte del Frente Amplio por la Educación Pública, expresó que en el día de peregrinación al Cerro de los Mártires para honrar la memoria de los que han luchado contra el estado opresor y el coloniaje, tenía que expresarse como educador sobre la responsabilidad fundamental que tienen los maestros de este país de educar para la liberación de nuestra nación. Antes, reconoció el papel protagónico de la mujer en la defensa de la escuela pública: a Eva Ayala, presidenta del grupo Educamos y a Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, así como a las madres que llevan 30 años defendiendo los derechos de los estudiantes de Educación Especial. Acotó que en el Departamento de Educación (DE), el 85% de la fuerza laboral son mujeres, que del personal de Comedores Escolares son el 70% y constituyen el 70% de las empleadas de custodia.

El líder magisterial denunció que para este próximo semestre que comienza en agosto, el DE anunció el cierre de 265 escuelas, de las cuales el 86% son escuelas elementales en la zona rural, que acogen a los niños de cinco a 11 años. “Los quieren desprender de su familia y de su comunidad. Precisamente, ese es el ataque principal: destruir el principio de la escuela de la comunidad porque se dieron cuenta que la ley anterior tenía un principio revolucionario, que las comunidades participan en el gobierno de sus escuelas”. Nieves dijo que desde un principio, cuando el gobierno se dio cuenta de esta participación, ha desarrollado todo tipo de estrategia para desmantelar el sistema educativo. Censuró que hora con la nueva ley el Gobierno ha hecho retroceder 80 años al DE.

Nieves exhortó a que para combatir el cierre de escuelas y la implantación de las llamadas escuelas Chárter, que no es otra cosa que la privatización de la educación pública, y para combatir todas las políticas neoliberales que pretenden imponer el Gobierno y la JCF a “seguir luchando porque nos asiste la razón y la verdad. Podrán tener el poder; pero no tienen la razón, y tenemos que mantener la resistencia. Pero la resistencia que refleja las convicciones que tenemos tiene que traducirse en lucha permanente para lograr la consecución de la meta a que aspiramos como pueblo”.

Un llamado a los jóvenes

Otra de las oradoras de la mañana fue la joven Jocelyn Velázquez, portavoz de la Jornada Se Acabaron las Promesas. Velázquez dio las gracias a la Coordinadora por el trabajo consistente que ha realizado para preservar la memoria histórica de nuestro pueblo: “La impunidad del imperio se alimenta del olvido. Por eso, es nuestro deber recordar a nuestras y nuestros mártires”, expresó, y de inmediato pidió un aplauso para la heroína puertorriqueña, Providencia “Pupa” Trabal.

La portavoz de Se acabaron las Promesas trajo a la atención la quiebra de la colonial, que abarca la crisis del retiro, la crisis de los servicios de salud, el cierre de escuelas, las pensiones, la Universidad de Puerto Rico, a Ciencias Forenses y que arrastra al exilio, entre otras denuncias. “Para colmo de males, lo que tenemos en Fortaleza es un bufón con su pintoresca familia, aun cuando Puerto Rico está viviendo un proceso de descolonización de sus mentes y sus espíritus”. No obstante, censuró que el movimiento independentista, desafortunadamente, no esté a la altura del país y sus necesidades. A juicio de la portavoz de Se Acabaron las Promesas, el independentismo está disperso y desorganizado y en muchas ocasiones se queda inmóvil ante las acciones del Gobierno.

Ante la falta de organización y ante dispersión, la portavoz de Se Acabaron las Promesas exhortó a los jóvenes a “asumir la crítica de nuestras acciones, a dejar la apatía profunda que tienen a organizarse, a romper con la cultura de la desorganización e internalizar que unidos somos una fuerza imparable, que para ser efectivos y que la lucha trascienda, se tiene que asumir el rol de la organización”. Por último destacó y reclamó la necesidad de que se respeten todos los métodos de lucha.

Tras los mensajes políticos, con temas muy combativos, desde la óptica feminista y de crítica social, el grupo Plena Combativa, integrado solo por féminas, ofreció a los presentes varias piezas musicales. Como ya es tradición, el cierre estuvo a cargo de la música jíbara de Tony Rivera, Mapeyé.

Las consecuencias del Plan Fiscal para el año académico 2018-2019, aprobado el 1 de julio de 2018 por la Junta de Control Fiscal, son cada vez más evidentes. Es cierto que los recortes al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) no son nada nuevo y que eso ha creado las condiciones necesarias para su crisis; mas también es cierto que el miedo y la desconfianza generados por este plan (¿maquiavélico?) han agilizado la destrucción de la universidad pública.

La congelación de la fórmula presupuestaria en 2013 y el recorte de $41 millones contenido en el Plan Fiscal reducen el presupuesto general de la UPR a $590 millones. El Plan, también proyecta la eliminación de recintos y programas académicos; aumentos en los costos de la matrícula a nivel subgraduado y graduado; y recortes en áreas administrativas, entre otros, por los próximos 5 años.

El daño ya está hecho. Un ejemplo de esto son los profesores que no tienen suficiente carga académica para el próximo mes de agosto y que tendrán que trasladarse a otros recintos.

Este es el caso de Utuado donde, además de enfrentar el problema de baja matrícula, están moviendo personal docente a los recintos de Aguadilla, Ponce, Arecibo y Mayagüez, según lo explicó Javier Córdova, presidente de la APPU. Además, “es algo que nosotros vislumbramos que va a ocurrir a través de los 11 recintos en distintos programas académicos”, añadió. “Va a estar pasando, no solo por el recorte de ahora (2018-19), sino por el recorte acumulado desde 2013 y de lo que viene. Esto se va a poner peor en los próximos años”.

La situación de la UPR afecta a todos sus empleados: a los profesores porque no van a tener carga académica; al personal no docente porque muchos se van a quedar sin trabajo; y, obviamente, afecta a los estudiantes porque no van a encontrar sus cursos o no van a poder estudiar lo que quieren. En la medida en que se cierran programas académicos por la falta de profesores se limitan las posibilidades para los estudiantes.

“Ya van por $590 millones, le han reducido a la universidad más del 30% del presupuesto, y eso tendrá un impacto en muchos programas académicos. En Utuado ya estamos viendo el resultado”, dijo Córdova.

El profesor de Ciencias de Cómputos en la UPR de Arecibo, explicó que el cierre de programas académicos se efectúa bajo el concepto de moratoria, que se basa en dos criterios, que describió como importantes, pero insuficientes: las tasas de retención y de graduación. Por su parte, sugirió que se deben considerar criterios adicionales.

“La tasa de retención tiene que ver con qué por ciento de los estudiantes que fueron admitidos al programa pasaron al segundo año y se mantienen en el mismo. Las tasas de graduación se calculan a base del número de estudiantes que entró al programa y cuántos se han graduado de ese mismo programa al cabo de seis años. Utilizan solamente esos dos criterios; pero no toman en cuenta cuán importante es el programa académico para el País, tampoco cuántos estudiantes consiguen empleo en ese área”, continuó.

“Yo te doy como ejemplo el caso del programa mío. Yo enseño Ciencias de Cómputos… posiblemente lo van a cerrar. Lo van a poner en moratoria porque no tiene las tasas de graduación y de retención que ellos quieren porque es un programa difícil, aunque casi todos los estudiantes cuando terminan consiguen trabajo. Pero ese criterio a ellos no les importa. Lo que les importa es cuántos estudiantes entraron y cuántos se graduaron. Nuestra tasa de graduación es bajita. Eso es un problema, y tenemos que trabajarlo; pero no es razón para cerrarlo. El programa es pertinente para el País y así ocurre con muchos otros”.

El programa que se encuentra en moratoria continúa hasta graduar a los estudiantes que tiene; una vez graduados, se cierra.

Van a hacer escante

Actualmente, la UPR en Utuado cuenta con bachilleratos en Contabilidad, Educación Elemental, Sistemas de Oficina, Agricultura Sustentable y un traslado articulado a Mayagüez en Ciencias. A excepción del bachillerato en Agricultura Sustentable, los demás son programas académicos que se consideran redundantes, por lo que deben eliminarse, según el Plan Fiscal.

“No sabemos si Utuado va a cerrar o no. Este año nos van a poner a negociar con Mayagüez. Quizás, en la negociación, el recinto se quede con algunas cargas académicas en la cuestión agrícola”, dijo Emmanuel Santiago Matos, miembro del Consejo de Estudiantes.

Para Santiago Matos, estudiante de bachillerato de Artes en Agricultura Sustentable, una de las pocas probabilidades que tiene la UPR en Utuado es que se especialice en agricultura.

“Pero para mí la universidad tiene que ser eso mismo: universal. Debe tener variedad de cursos y materias. Necesitamos, agricultura, administración de empresas, educación… ”, expresó.

“Esto afecta en términos académicos, administrativos y sociales en general. Si dejamos de ser una universidad y se convierte en colegio especializado, el impacto va a ser heavy… A la que el recinto de Utuado pierda autonomía y no pueda decidir por sí mismo, va a dejar de existir. Estaría localizado en Utuado, pero como una sede de Mayagüez, con la administración allá…”

“Esa gente está en otra, están bien claros en que lo que quieren es reformar. No están pensando en la accesibilidad de nuestros empleados. Walter Alomar nos dice que va a haber una reducción en tres años del 50% del personal universitario, y dice que no van a despedir a nadie, que esta reducción será de la gente que se jubile y no quiera trabajar más, y que a partir de eso no van a contratar más gente. ¿Tú te crees que 50% de los empleados de aquí al 2023 se van a haber ido?”

“¡Van a votar y van a hacer escante! Lo que viene no es fácil y van a querer arrasar con to’… Desde hace años esta guerra está cuajándose. Es una agenda que ellos tienen”, dijo Santiago Matos.

Por su parte, Córdova explicó que la UPR no tenía un problema fiscal; pero que en la medida en que se congeló la fórmula en 2013 ($833 millones), en el 2017 se le redujeron a la universidad $200 millones y ahora $40 millones más, por ahí seguirán hasta llegar a los 400. Es estrangularla. Además de que se está subiendo la matrícula al doble —lo cual posiblemente deje muchos estudiantes fuera—, injustificablemente, se le están quitando a la universidad demasiados fondos, añadió.

Especial para CLARIDAD

Este 31 de julio de 2018 en que conmemoramos el Día Nacional del Periodista, han transcurrido 103 años del nacimiento en Ponce de César Andreu Iglesias, el 31 de julio de 1915, y 42 de su muerte en San Juan, a causa de un infarto cardiaco, el 17 de abril de 1976.

Entre una fecha y otra el periodismo puertorriqueño ha sufrido un vuelco, como en la generalidad de los países del mundo, marcado por los avances tecnológicos y por ese fenómeno de este temprano siglo XXI denominado redes sociales, en las que hay mucho de redes y poco de sociabilidad, ya que su propósito originario —si fuera ese— ha derivado en un narcisismo colectivo, donde lo importante no es lo que haga o diga el otro, sino lo que nosotros mismos hacemos o decimos para nuestra complacencia.

Parecería entonces que en estos tiempos el periodismo ha perdido mucha de su esencia si partiéramos de la simplicidad de las cosas y que el camino recorrido por César Andreu Iglesias desde sus comienzos en las lides periodísticas en 1936 en el periódico Lucha Obrera, órgano del Partido Comunista Puertorriqueño (PCP), al que había ingresado, ha perdido su sentido.
Pero no es así. Hoy, más que nunca, el periodismo de Andreu Iglesias alcanza un ribete imperecedero, no solo porque marca una histórica ruta de esta nación, sino porque hilvana el verdadero tejido social del ser puertorriqueño.

He ahí la diferencia entre el auténtico periodismo que aspiramos a mantener en el más elevado sitial y la banalidad que se construye en un mundo de permanente escapismo que se nos ofrece a través de algunas de esas plataformas propagadoras de trivialidades en las que gastamos las horas como agua entre los dedos.

Que no se me entienda mal. No es un llamado a renegar de la modernidad que tantas posibilidades nos brinda. Es un llamado a valorar la esencia del periodismo real que galvanizó César Andreu Iglesias en un Puerto Rico —en la práctica no muy lejano del actual— sometido a un constante proceso de desnaturalización que atenta contra su propia existencia.

El periodismo de Andreu Iglesias siempre estuvo marcado por su afán de construir una sociedad en la cual imperara la justicia y se alcanzara el equilibrio social. Como sindicalista y dirigente revolucionario, este insigne periodista se mantuvo permanentemente conectado a la realidad socio-política de Puerto Rico y fue capaz de hacer su radiografía en sus artículos y ensayos periodísticos, al igual que en sus novelas.

Quizás porque mucha gente —entre las que se cuentan periodistas— están divorciadas del entorno socio-económico que les rodea, enajenados de la realidad cotidiana se sorprendieron, después del azote el 20 de septiembre de 2017 del huracán María, que el país que siempre creyeron no existía, pues detrás de la fachada —nunca mejor dicho— había oculta una realidad enraizada en la pobreza muy distinta a la que habitaban. Y que a pesar de los programas sociales que frenan unas mayores aspiraciones colectivas, hombres y mujeres de escasos recursos pasaban hambre y carecían de medicamentos, entre otros problemas capitales.

La carencia de contacto de muchos periodistas con esa realidad —porque jamás han esperado horas en una parada de autobús o tomado el Tren Urbano— los ha llevado a una prédica enajenada que, gracias a la tragedia, se diluye en los momentos actuales, sin que se borren las profundas cicatrices en el alma.

No es esto culpa únicamente de los periodistas, que nuestra cuota de responsabilidad tenemos, sino que es parte de una realidad que por décadas —con algunos oasis en el tiempo— han fomentado los medios de comunicación y el marketing para ofrecer un mundo idílico del que solo disfrutan unos pocos. Esto se palpa en la cotidianidad de un gobierno en bancarrota que por años jugó al casino con los fondos de pensiones de los más sacrificados, a los que ahora pretender dejar hundidos en una subsistencia precaria, a la vez que repartía y reparte beneficios a unos pocos, que aportan un falso sacrificio al país.

Consciente de esta verdad todavía irresoluta, César Andreu Iglesias se preocupó, en la mejor tradición de un periodista revolucionario, de la necesidad de contar con medios periodísticos que cumplieran con la función educativa y organizadora de los trabajadores y los sectores más marginados de la sociedad.

Y es que el periodismo de esto ahora, con sus redes sociales y su precaria inmediatez que adjetiva de histórico cualquier acontecimiento fugaz, no puede ser la aspiración única de los periodistas. Sabemos que no es fácil exponer ciertos acontecimientos, no por falta de legitimidad, sino por el choque de intereses entre su sentido de la verdad y el de los medios de comunicación. Mas eso no debe detenernos.

Tal vez es tiempo de que no veamos el periodismo como un simple trabajo que nos puede traer reconocimiento y, en algunos casos, dinero, sino como vocación de servicio, con los sacrificios ineludibles, para que el pueblo alcance mayores transformaciones políticas y sociales, como lo anheló César Andreu Iglesias, a quien honramos en esta hora.

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El autor, es Secretario General de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) y presidió durante tres años la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro). Este mensaje fue leído ante la tumba de César Andreu Iglesias con motivo de la Semana de la Prensa.