Mientras el gobernador Ricardo Rosselló dice urbi et orbi que la Junta de Control Fiscal (JCF) no tiene poder para imponer una reducción de la jornada laboral a los empleados públicos, simultáneamente le solicita a ese mismo cuerpo interventor que proceda a despedir 840 funcionarios que él considera “atornillados”. Según esa lógica, la Junta no tiene poder para lo menos –reducir las horas de trabajo– pero si para lo más, el despido. Ahí tenemos un ejemplo muy sonoro de los altibajos y contradicciones a que, en sólo siete meses, nos tiene acostumbrados este gobierno.

Obviamente los junteros –que tienen poder para lo menos y para lo más– no le van a hacer el favor que les está solicitando Rosselló. Eso no está en el sacrosanto “plan fiscal” y, además, el tema de los “atornillados” huele a politiquería de primer orden y el buró supremo que realmente nos gobierna no está para esas pequeñeces.

En Puerto Rico se viene hablando de “atornillados” desde hace muchas décadas, particularmente en los últimos meses de un relevo gubernamental. Antes de abandonar el poder, el gobierno saliente siempre se encarga de dejar colocados en cargos públicos protegidos a sus fieles más cercanos. De ordinario se trata de los cuadros que trabajaron en puestos de “confianza” o que aspiraron a cargos electivos y resultaron perdedores. Antes de que empiece el nuevo gobierno, que seguramente los despedirá si se quedan en el cargo que estaban, el saliente hace todo lo posible por “atornillar” a estos amigos en puestos seguros.

Uno de los gobernadores que con más desfachatez actuó en ese campo fue Pedro Rosselló, padre del actual morador de la Fortaleza. Como había estado ocho años en el cargo (el último que ha estado tanto tiempo) tenía muchos ahijados cobijados bajo el manto gubernamental y se dispuso a protegerlos. En los últimos tres meses sus legisladores cambiaron leyes y celebraron sesiones extraordinarias (la última se extendió hasta el 31 de diciembre) para llenar cada hueco o para ampliar los términos de ciertos funcionarios. Creo que fue por esos años que nació el término “atornillado”.

Luego de Pedro, como ningún gobernador ha durado más de cuatro años debido al elevado costo político que supone la continuada crisis económica, el fenómeno del “atornillamiento” se ha repetido con mayor frecuencia. Cualquiera que quiera hacer el ejercicio de revisar los periódicos de los últimos meses de esos cuatrienios, encontrará múltiples noticias sobre el tema.

Cuando estaba por acabar el gobierno de Luis Fortuño, del mismo partido político que el actual, el asunto llegó a niveles nunca antes vistos porque se cambiaron numerosas leyes para dejar sembrados a funcionarios claves que luego Alejandro García Padilla no pudo cambiar. Los miembros de la Comisión de Servicio Público, que se quedaron durante los cuatro años de García Padilla, son un buen ejemplo. Igual lo es el de la jefa de Oficina Ética Gubernamental, Zulma Rosario. En este último caso, el “atornillamiento” fue una medida de autoprotección porque Rosario se encarga de proteger las espaldas de los líderes del PNP que abandonan el gobierno.

El problema que han tenido todos los gobernadores cuando han querido enfrentarse a los atornillados que les dejaron, y que sin duda enfrentará Ricardo Rosselló en esta ocasión, es que la acción de atornillar es casi siempre “legal”. De ordinario, los protegidos regresan o se ubican en “puestos de carrera” que habían quedado reservados para la ocasión. Otros son acomodados en puestos que caen en la esfera del “poder de nombramiento del Ejecutivo”, como es el caso de los jueces, procuradores y fiscales. Las vacantes surgidas durante el año se reservan para ser llenadas luego del evento electoral, citándose una sesión extraordinaria de la Legislatura, casi siempre en plena temporada navideña, para la correspondiente confirmación.

Quien único no pudo citar ese “festín confirmatorio” de la Navidad fue el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, del PPD, porque la Legislatura estaba controlada por el PNP. Como se recordará, el Senado de entonces, controlado por el ahora expresidiario Jorge de Castro Font, había anunciado que no se consideraría ningún nuevo nombramiento y que todas las vacantes, incluyendo las del Tribunal Supremo, quedarían como parte del “banquete total” que disfrutaría su partido, que también es el del actual Gobernador.

Si la mayoría de esos nombramientos, son “legales”, al Rosselló de ahora le será difícil desalojar a los atornillados, como le fue a quien quiso destituir a los que dejó su padre. Si pretende hacerlo terminará su gobierno enredado en nuevos pleitos que a la postre perderá. Aunque quien realmente asumirá la pérdida será el pueblo, que terminará pagando el sueldo acumulado de cada despedido, más daños y honorarios legales. Ya el liderato del opositor Partido Popular, que es el partido político en el que militan los protegidos, les ofreció representación legal a los posibles afectados.

Esa realidad legal es tal vez lo que explica que el Gobernador haya acudido ante la JCF con la solicitud de despido, como si el poder del buró supremo pudiera llegar al extremo de curar ilegalidades. Como la Junta ya rechazó la invitación, todo se quedará en otro ejercicio más de politiquería.

Para el abogado observador de los derechos humanos y portavoz del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico (CPDH), Eduardo Villanueva Muñoz, las restricciones impuestas a la joven Nina Droz, desde el 18 de agosto de la suspensión de visitas, negarle el acceso a la comisaría por seis meses, limitar el acceso a la ducha a tres días a la semana, son un castigo inusitado que viola sus derechos humanos.

“Evidentemente han cogido su caso para tratar de dar un ejemplo intimidatorio a los demás que están luchando contra la dictadura de la Junta de Control Fiscal”, denunció en entrevista. Villanueva Muñoz, quien visitó a Droz en calidad de abogado observador de los DH entre los días del 23 y 24 de julio expresó su preocupación de que los castigos impuestos a la joven tengan el propósito de crear un clima en su contra entre la opinión pública para que la juez le imponga el máximo de sentencia en lugar de la sentencia recomendada por la fiscalía.

Según explicaron a CLARIDAD Villanueva Muñoz – y por separado la abogada Mariana Nogales, amiga de Droz- el arreglo entre la fiscalía y su defensa es que la fiscalía recomendara una sentencia entre 24 y 37 meses, para lo cual se le contará el tiempo que ha pasado en prisión. Droz se encuentra bajo la jurisdicción del gobierno de EE UU y en prisión desde el 1 de mayo.

A juicio de Villanueva Muñoz en el caso de Droz todas las violaciones a sus derechos humanos y procesos que han ocurrido, incluyendo el que ni siquiera se le dijo las razones por las cuales fue puesta en el hoyo por varias semanas, cree que están llevando las condiciones para tratar de imponerle la sentencia máxima como ejemplo intimidatorio a todos los que protestan contra la JCF.

“Eso es muy preocupante, muy lamentable y me parece que debería generar una protesta de los diversos organismos que se supone que velen por los derechos civiles en este país, manifestó el portavoz del Comité que lideró la campaña por la excarcelación de los prisioneros políticos puertorriqueños. Dio a conocer que él le pidió a la Comisión de Derechos Civiles (CDC) de Puerto Rico que enviara un abogado en calidad de observador a reunirse con ella debido a que como entidad del estado la Comisión puede generar una opinión pública para que se protejan los derechos constitucionales de Droz. Denunció que eso no ha pasado bajo la excusa de que no se han podido comunicar con su abogado.

Aun cuando se supone que el tiempo que la joven ha estado en prisión se le cuente en la sentencia, Villanueva Muñoz, observó que en la esfera federal los derechos constitucionales de los reclusos y acusados son muy limitados y es el mismo Departamento de Justicia el que tiene jurisdicción sobre las cárceles.

El abogado recalcó que le preocupa el operativo de relaciones públicas en contra de la joven para justificar cualquier acción de la juez ante la opinión pública. “Pienso que todas las personas que forman opinión pública a favor de los derechos constitucionales y humanos de los reclusos especialmente de los que tienen condiciones emocionales de salud aquí deberían levantar su voz y protestar, incluso las feministas, que deberían salir a defenderla a ella y los abogados no importa la ideología que tengan deberían de abstenerse de hacer expresiones que puedan crear un clima en su contra ya que no pueden hablar a favor, que no se presten para ese juego sucio. Eso es lo que me indigna, eso hay que denunciarlo”, manifestó Villanueva, quien denunció el caso de Droz en la reciente audiencia sobre Puerto Rico del Comité de Descolonización de la ONU.

Por su parte la abogada Mariana Nogales, informó que Nina fue sacada del hoyo el viernes 18 de agosto, pero que no fue hasta los 16 días de haber estado en solitaria que le dieron copia del informe del incidente por el que se supone la encerraron. El informe se supone que se lo hubiesen dado en el momento en que ocurrió el incidente el 27 de julio. No fue hasta el lunes 14 de agosto que la joven fue llevada a una especie de vista ante un oficial disciplinario – en la que la persona comparece y se defiende sola- en ese momento le dijeron que la iban a poner cinco días más en solitaria y le anunciaron la imposición de las nuevas sanciones.

Nogales comentó que las consecuencias de falta de acceso a la comisaría son fatales para Nina ya que limita el acceso a alimentos, debido a que la alimentación de la prisión se limita a las tres comidas, que casi siempre es carne molida, pasta y arroz, se limita el acceso a efectos de aseso personal que requieren las mujeres y tampoco se le pueden llevar.

“A mí me parece un castigo desproporcionado, el objeto que se le encontró no es una pistola ni un objeto contundente es un pedacito de plástico como de un gancho y los federales entienden que es un artículo filoso que cae bajo una clasificación de un arma”, denunció. Trajo a la atención que el castigo de la suspensiones de visita es uno que se supone está relacionado con faltas disciplinarias que ocurran durante la visita al confinado, o como algo de contrabando. En el caso de Nina no fue ninguna de estas acciones. Se supone que según los procedimientos dentro de los próximos 20 días la joven prepare un escrito de apelación para una nueva vista.

Mientras, está pendiente una reunión de Nina con su socio penal para examinar su informe de pre sentencia. Nogales también expresó su preocupación de que las sanciones vayan a afectar la determinación de sentencia que pueda imponer la juez Aida Delgado, que fue quien le negó la fianza. Se espera que la lectura de sentencia sea entre el 24 a 26 de octubre, en caso de que la juez le imponga una sentencia de más de cinco años, cosa que se supone que ocurra, se supone que Droz tendría derecho a una apelación.

En o antes del próximo 5 de septiembre, la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) deberá entregarle al pleno del ente rector un plan fiscal enmendado. Esto, porque el subcomité de Educación Superior de la Junta de Control Fiscal (JCF), compuesto por David Skeel, Ana Matosantos, Andrew Biggs y José González, solicitó cambios al plan que ya había sido entregado por la JG el pasado 1 de agosto, luego de varios meses de retraso.

Mediante una misiva dirigida a Gerardo Portela, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), el subcomité solicitó cambios al sistema y costo de matrículas propuestos, así como a las proyecciones de otros recaudos y ahorros contenidos en el plan fiscal de la UPR.

Entre las medidas cuyas proyecciones no fueron avaladas por el subcomité, se encuentran los recaudos por proveer servicios al Gobierno. En la carta de cuatro páginas se indica que se acepta la cifra de $10 millones asignados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto para dicha partida, pero no creen posible que el Gobierno pueda aumentar las contrataciones a la UPR en los años siguientes.

“El subcomité no recomendará a la junta de supervisión que reconozca un aumento mayor a estos $10 millones en años subsiguientes debido a la necesidad del gobierno central de reducir sus gastos”, lee la misiva.

Aunque no detalla el monto de ingresos que generará dicho aumento, el plan fiscal de la UPR ya contiene un aumento de matrícula que duplica el costo del crédito para los niveles subgraduado y graduado, el cual entraría en vigor el semestre académico 2018- 2019. Lo que propone el plan es que el costo por crédito de un curso de bachillerato se eleve de $56 a $115, mientras que el crédito por curso de maestría subiría de $140 a $270.

A pesar de esas especificaciones en los costos de matrícula, entre las enmiendas propuestas en la misiva de la JCF, se solicita que se revise el sistema y que se “maximice el uso de la beca Federal Pell”. Además, que la matrícula de la UPR esté “alineada con universidades en Estados Unidos”.

“El Subcomité reconoce los esfuerzos de la Junta [de Gobierno] de la UPR para poner a la matrícula de la Universidad de acuerdo con universidades comparables de EE.UU. El comité solicita que la Junta [de Gobierno] de la UPR, al re-someter [el plan fiscal] articule una política de matrícula que este ajuste importante”, lee el documento.

Por otro lado, se solicitaron más medidas de consolidación (de recintos). De igual forma, se pidió un plan que explique cómo esto ayudará a disminuir un déficit que tendrán para el año fiscal 2026. Según el plan entregado el 1 de agosto, una primera fase de consolidaciones agruparía los recintos de Bayamón y Carolina bajo la sombrilla de Río Piedras, mientras que Aguadilla, Utuado y Arecibo se agruparían bajo el Recinto de Mayagüez. En una segunda fase, se consolidarían Humacao y Ponce al Recinto de Cayey.

Según reza la carta enviada por el subcomité, la JCF aprueba la medida de reducir puestos de confianza, con permanencia y transitorios, por lo que también recomienda una reducción de ofrecimientos académicos y la eliminación de tareas administrativas.

Finalmente, se le solicitó a la Universidad que especifique cuáles serán los programas de fondos federales adicionales a los que solicitarán acceso. De acuerdo al plan fiscal de la UPR, se proyecta un aumento de 20% en ingresos por concepto de asignaciones federales aparte de las ya existentes.

Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF, culminó la carta agradeciendo el esfuerzo de la JG de la UPR para producir un plan que considerara la situación fiscal de la universidad.

¿Más aumentos salariales en la administración?

Al principio de esta semana, fue de conocimiento público que los sueldos de otros cuatro funcionarios de confianza podrían aumentar pese a la reducción de 20% en los puestos de confianza solicitada por la Junta de Control Fiscal (JCF) y a los recortes millonarios al presupuesto de la institución educativa.

La noticia se publica luego del comentado aumento salarial al presidente interino de la UPR Darrel Hillman Barrera, difusión mediática que pagó Diálogo, periódico de la Universidad, con la destitución que le hiciera el presidente al director interino del medio, Viktor Rodríguez Velázquez. Tras este suceso, varias opiniones coincidieron en que el despido respondió a disgustos de la administración universitaria en torno a cómo el diario digital manejó la información del aumento de salario. Según revelado, Hillman Barrera podría devengar $124,107 al año, cerca de $20 mil más que lo dispuesto en la reglamentación universitaria.

En cuanto a los otros aumentos, se supo que un ayudante especial del presidente, así como los directores de Desarrollo y Exalumnos, la Oficina de Compras, y el Jardín Botánico tendrán un alza salarial. En la reunión mensual de la JG de la UPR se discutió un borrador que expone que la dirección de la Oficina de Compras recibirá un aumento mensual de $1,275, por lo que la compensación final sería de $60,000. Mientras, el salario del director del Jardín Botánico recibirá un aumento de $566, para un total de $64,999 anualmente.

Paga el estudiantado

Sin lugar a dudas, el liderato de la UPR apuesta a recibir nuevos ingresos para los fondos de la institución mediante alzas en el costo de los créditos de clases y otras imposiciones económicas a los alumnos. De estas manera, la administración proyecta un aumento de casi $7 millones anuales en sus ingresos propios.

Según el Plan Fiscal que ahora se está revisando nuevamente, entre los renglones considerados para obtener ese dinero se encuentran: las cuotas de laboratorio (se prevé un aumento de $3.19 millones), cuotas de graduación (el aporte sería de $430 mil), cargos de mantenimiento de verano (ingreso previsto de $720 mil), solicitudes de admisión ($270 mil adicionales), solicitudes de transcripciones y certificados ($1.33 millones de ingresos), cargos por bajas parciales y totales de cursos ($70 mil y $40 mil al año respectivamente).

Las solicitudes de tarjetas de identificación de estudiante, matrículas tardías y repetición de cursos también se prevén en el Plan Fiscal en revisión como fuentes de ingreso para las arcas de la UPR.

Como un proceso peligroso, irresponsable y hasta irreal, así describieron varios expertos consultados por CLARIDAD, la manera en que la Junta de Control Fiscal (JCF) y su coordinador de revitalización (CR), Noel Zamot, van a manejar las propuestas de “proyectos críticos de infraestructura”, bajo el Título V de la ley PROMESA.

En una presentación en la sede del Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CIA), ante un público conformado por empresarios, constructores etc, Zamot, anunció que los “proyectos críticos”, están enfocados en infraestructura de energía eléctrica, transportación, manejo de agua y desperdicios sólidos. Según Zamot y la JCF, “Puerto Rico necesita cerca de $1,600 millones en nueva inversión de infraestructura para cumplir con los objetivos de crecimiento económico contenidos en el Plan Fiscal de Puerto Rico”.

A preguntas del público quedó demostrado que la preocupación principal de los interesados (constructores inversionistas etc.) es que consideran que los procesos de permisos son extremadamente largos, incluyendo los procesos en la esfera federal. La contestación de Zamot a esta preocupación fue que el flujo de la permisología en la esfera federal es mucho más predecible y que ellos –la CR– están más enfocados en la permisología estatal. Más adelante comentó que se esperaba que las agencias estatales se tomaran 20 días en los procesos de permisología. El funcionario confirmó que ya se han sometido siete proyectos todos relacionados con la producción de energía.

No todo lo que se puede construir es necesario

Mientras tres planificadores entrevistados por CLARIDAD coincidieron en denunciar que los llamados “proyectos críticos” a los que se refiere la JC son la extensión de la PR 22 y la construcción de la incineradora de Arecibo.

A juicio del planificador Félix Aponte, el país tiene otras prioridades que no son las identificadas por la JCF.

Aponte, quien fue miembro de la Junta de Planificación (JP) y en la actualidad es miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) como representante de los consumidores, reveló que el proyecto de la incineradora se encuentra entre los considerados por la JCF como uno “crítico” y es por mucho uno de los más costosos. De hecho EA no consiguió que la agencia de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de EE UU financiara el proyecto.

El planificador trajo a la atención el que todavía se habla del proyecto del incinerador como se pensó en el 2008, pero que más allá de todas las controversias ambientales, que implica el proyecto, aun si se ubicara en un lugar donde no represente obstáculos ambientales todavía el proyecto tiene un problema fundamental desde el punto de vista de planificación. Explicó que en las referencias de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) de 2003 y luego en el 2008, el proyecto se hizo bajo la estimación de que Puerto Rico iba a tener cuatro millones de habitantes en el 2010. Es evidente que ésa no es la realidad hoy.

A esto se suma el que frente a la recesión actual y la situación de los municipios que casi no les permite ahora mismo pagar por la disposición de los desperdicios a los vertederos privados mucho menos podrán pagar lo que EA pueda cobrar. Aponte indicó que hace 10 años el costo por tonelada para tirar la basura en el incinerador para los municipios era $36 dólares la tonelada, ahora podría llegar a ser más de $45. Puso como ejemplo que una empresa en EEUU que el proyectista de EA ha usado como modelo cobra $72 dólares la tonelada de basura. “Aquí no hay municipio que pueda pagar ese costo, además, el viaje desde el oeste y el precio por el transporte es bien costoso así que los municipios tendrían que incurrir en costos por llevar los desperdicios a Arecibo”.

En referencia a proyectos de transportación atribuyó que detrás de esa propuesta lo que está es la extensión de la autopista PR 22 hasta Mayagüez. Este proyecto en los planes del gobierno tiene el nombre de “Campo traviesa”. Una vez más cuestionó la pertinencia de este proyecto.

“La pregunta es mover a quién para hacer qué. Si la gente para ir al oeste tiene la opción de ir por el sur y los que van por el norte ese tramo lo completan por la dos no hay actividad económica ni siquiera en el aeropuerto de Aguadilla para en este momento justificar esa construcción”.

Denunció que ésta es una inversión multimillonaria y su propósito y negocio es cobrar por peaje. Una vez más advirtió que la viabilidad de ese proyecto tendría que ponerse al día con la realidad demográfica dado a que hoy hay medio millón de personas menos en el país y muy posible habrá medio millón menos en los próximos cinco años.

El experimentado planificador quien ha sido consultor para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) fue enfático al cuestionar la necesidad de más infraestructura vial cuando en este momento no hay capacidad para darle mantenimiento a la infraestructura existente. Aponte destacó que en lugar de nueva construcción es necesario hacer mejoras estructurales al pavimento, los drenajes, “la estructura existente tiene que recibir mantenimiento preventivo, seguir añadiendo kilómetros es añadir deuda, sería una locura, no muestra sensatez ni racionalidad, ni entendimiento de la realidad objetiva de hoy”.

En cuanto al tiempo para evaluar los proyectos y las diferencias entre las agencias de Puerto Rico y las agencias de EE UU, Aponte desmintió de plano el que las agencias de EEUU fuesen más previsibles. Aponte trajo el hecho de que el Cuerpo de Ingenieros (CI), tiene injerencia en todo proyecto que implique el recurso agua y que además en el caso de las otras agencias de EEUU todas, cada una tiene, que registrar la gestión de cada proyecto y dar 30 días mínimo para comentarios públicos.

“Eso es una falacia, no guarda relación con la realidad objetiva, el Cuerpo de Ingenieros es lento aquí y en Estados Unidos”, reiteró.

Extremadamente peligroso

El también planificador ambiental, José Rivera Santana, calificó de extremadamente peligroso emitir permisos expeditos bajo la declaración de emergencia que estableció el gobernador Ricardo Rosselló con la Orden Ejecutiva Núm. 3 de este año, y la cual además hace referencia a la aprobada por Luis Fortuño. “La consecuencia es que todos los procesos de permisos se atropellan y se pone en riesgo los impactos a los recursos naturales, a la gente y las comunidades”.

En cuanto a que los proyectos se contemplan mediante las llamadas alianzas público privadas (APPs) argumentó a que con algunas excepciones en Puerto Rico éstas son un mito debido a que lo que ha ocurrido es la privatización, debido a que la norma ha sido que el estado asume las pérdidas y el privado asume las ganancias como ha sido el caso del aeropuerto Luis Muñoz Marín, de Carolina.

Las agencias no cuentan con los recursos humanos ni económicos

Por su parte Luis Jorge Rivera Herrera, planificador ambiental, apuntó en que hay una distinción entre lo que es un proceso expedito de aprobación y un proceso expedito de evaluación, por lo que si la JCF se está refiriendo al proceso de aprobación, cualquier análisis que se pueda hacer de un proyecto denominado como “crítico”, resulta académico.

“Ése es el gran problema fundamental de este proceso que varias administraciones de gobierno han tratado de promover y han desembocado en una irresponsabilidad con la crisis fiscal y los problemas de desarrollo que enfrenta el país”, manifestó. Añadió que las agencias de Puerto Rico no cuentan con los recursos humanos y fiscales para llevar a cabo los procesos de evaluación de una manera responsable debido a la pérdida de trabajadores(as) en particular de la memoria institucional e información que sería vital para una evaluación correcta de cualquier proyecto.

Al igual que los otros entrevistados Rivera Herrera señaló los mismos defectos de concepción de los proyectos de la extensión de la PR 22 y de la planta de incineración, los cuales no tenían, ni tienen viabilidad social, económica, ni ambiental.

No nos engañan

Mientras por su parte la activista Myna Conty, portavoz de la Coalición contra el Incinerador (CCI) expresó a CLARIDAD que el gobierno lo que está usando es un juego de palabras con la intención de engañarles. “Sabemos que están detrás de EA que es el proyecto más adelantado, no lo llaman por su nombre. La Coalición estará pendiente, estamos aquí día a día, no vamos a permitir que se construya nada este proyecto fue fastrack ya con Fortuño en el 2010 llevamos siete años y no han podido construir, tengo noticias para ellos, este proyecto no va, porque la salud del pueblo es primero que cualquier parte de la economía que haya que arreglar, porque sin salud no hay nada, hago un llamado al gobierno a que ponga sus cosas en orden”.