Bajo la Iniciativa Eco desarrollo de Bahía de Jobos, Inc. (Idebajo), con núcleo organizacional en el pueblo de Salinas, se destacan distintos proyectos de la región sur que agrupan comunidades como El Coquí, Aguirre, La Carmen, Playa, Playita y San Felipe, entre otras.

Dos de esos proyectos, se han afianzado más tras el paso del huracán María por Puerto Rico: Coquí Solar, el cual surgió como reacción inmediata al proyecto federal Aguirre Offshore GasPort –propuesto bajo la administración de Alejandro García Padilla en 2014–, y Construyendo Solidaridad desde el Amor y la Entrega, fundado hace tres años en respuesta a la problemática de vivienda existente en la región antes del paso del huracán.

En conversación con Nelson Santos Torres, uno de los portavoces de Idebajo, CLARIDAD constató que la iniciativa comunitaria que funciona como sombrilla fue incorporada en 2010 y germinó de las distintas luchas sociales y ambientales que dieron en los años 70 varios grupos de activistas de Guayama, Salinas y Arroyo.

Santos explicó que la historia de Idebajo viene de la batalla contra Monsanto, de 1978; del Comité para el desarrollo de Salinas y el Comité Comunal Playa Playita, gestados en el ’89, y de la fundación, en 1996, de la primera escuela comunitaria La Rosada. Esas iniciativas antecedentes redundaron en los actuales proyectos socio-productivos, comunitarios, sostenibles y ambientalmente amigables que conforman el proyecto sombrilla.

Entre los objetivos de Idebajo figuran ser un ente facilitador de procesos de organización y desarrollo comunitario en la región sur y ser un ente de planificación comunitaria y regional. El interés inmediato de este multifacético proyecto es atender problemas que históricamente ha enfrentado esa región por la presencia de la central Aguirre en Salinas, la más grande de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que por sí sola produce una tercera parte de la energía del país.

“Eso genera un problema ambiental que se combina con las semilleras transgénicas, con la farmacéutica, con la cuota de daño que hizo la apuesta petroquímica en nuestra región. La gente de aquí tiene una consciencia bastante clara de los problemas ambientales en esta región y de los problemas sociales de pobreza y marginación que se han ido acumulando”, comentó a este medio otro de los portavoces de Idebajo, Roberto José Thomas Ramírez.

Según este portavoz, de todos estos procesos comunitarios se han conformado proyectos encaminados a convertirse en alternativas que presentan otra forma de hacer, de ir en contra de lo que se ha establecido sistemáticamente. En ese sentido, la idea es que todas las iniciativas englobadas en Idebajo conversen para desarrollar un plan que empodere a las comunidades.

Construyendo Solidaridad desde el Amor y la Entrega

Construyendo es una iniciativa que se remonta al proyecto Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio, que entre los años 50 y 70 facilitó el asunto de infraestructura de vivienda en esas comunidades del sur, a partir de un proceso en el que se facilitaban los materiales y la propia comunidad ponía la mano de obra.

En el caso de Construyendo Solidaridad, con fondos conseguidos por Idebajo, se ha trabajado con dos iniciativas principalmente: comprar materiales de construcción para restaurar casas e incentivar a jóvenes y capacitarlos para construir “porque otro problema que tenemos es que los jóvenes están sin trabajo y, con el alto nivel de desempleo, la mayoría de ellos(as) terminan yéndose da la comunidad y del país”, manifestó Thomas Ramírez.

La integración de jóvenes genera la posibilidad de establecer un tejido social en el que la gente comparte y aporta entre comunidades. Según Thomas, el tejido social que se va creando con Construyendo va a trascender el periodo post María, se va a solidificar de tal manera que cosechará frutos a lo largo del tiempo.

En el proceso, la comunidad se ha ido convenciendo de la necesidad de formalizar la iniciativa con una cooperativa comunitaria de construcción “porque la gente reconoce que no da abasto, que el problema nos desborda”. De igual forma, es necesaria una escuela de formación comunitaria para formalizar el conocimiento y las metodologías que van adquiriendo en la práctica.

Otro de los proyectos que están comenzando es un huerto, con miras a desarrollar un circuito de huertos comunitarios en los diferentes sectores en los que Idebajo facilita procesos. Asimismo, continuar con el programa radial Desde el Barrio, transmitido a través de Radio Hoy, para hacer público el esfuerzo que se hace en las comunidades.

Coquí Solar

Luego de conformado Coquí Solar en 2014, se empezó a participar en mesas de discusión con la AEE y Fortaleza para alertar a la comunidad sobre los peligros que causaría el proyecto federal Aguirre Offshore GasPort, teniendo en cuenta los acontecimientos ambientales históricos de la región

La iniciativa comunitaria pretendió en primera instancia que el gobierno hiciera accesible a ala comunidad la información pertinente. Además, gestaron el colectivo como una alternativa para convertir a El Coquí en un proyecto piloto de una comunidad solar. Más que eso, Coquí Solar se ideó para monitorear el consumo de energía en la comunidad y educar sobre posiciones adversas: con la AEE se genera para gastar, puesto que en la medida que se use de más, se les quita energía a otros; mientras que con un sistema solar, se genera para utilizar lo necesario. El proceso de convertir la comunidad en una solar ha derivado en concientización social.

Por falta de recursos económicos, el proyecto se había limitado a las primeras etapas, las de informa y orientar a la comunidad; pero luego del huracán hubo un cambio en el acceso a recursos económicos porque varias organizaciones, incluyendo las de la diáspora, quisieron donar fondos y participar. “Trabajamos con varias organizaciones que aportaron. El centro de Coquí opera totalmente con energía solar”, informó Thomson Ramírez.

En cuanto a las diferencias que pueda presentar Coquí Solar respecto a otros proyectos de energía alternativa como el de Casa Pueblo en Adjuntas, el entrevistado considera que, si las hay, son sutiles porque “muchas de estas comunidades responden al problema de la energía desde el punto de vista de cómo les afecta el precio de la energía”. También, estas iniciativas tienen un factor en común, que es que los residentes son quienes absorben los efectos negativos del sistema eléctrico del presente. “En el proceso, estamos tratando de construir tejido social y un cuerpo colectivo comunitario que pueda manejar, desarrollar, estructurar, gestionar y administrar”, puntualizó el líder.

Luego de que el pasado viernes 27, el oficial Lamboy, de la Policía de Puerto Rico, detuviera sin ningún motivo al director ejecutivo de Casa Pueblo, Arturo Massol Deyá, y lo pusiera bajo arresto al alegar que se encontraba en estado de embriaguez, el detenido se mostró tranquilo, aunque incómodo porque se encontraba con su hija menor al momento de los hechos.

“Esto no me quita el sueño, me causa pensamiento y reflexión sobre qué hay detrás de toda la situación”, dijo para CLARIDAD.

Massol, quien aseguró que ha habido otras instancias de amenaza para su familia y para la organización que capitanean en Adjuntas, continúo expresando que “este fue un evento mayor en el que la Policía saca un comunicado con una versión contraria a la realidad”.

El incidente en las afueras de la pizzería Lucy’s del pueblo de Adjuntas ocurrió en el contexto de la visita de varios congresistas a la sede de Casa Pueblo esa misma tarde, de la firma por parte del gobernador de la ley que entrega playas a una empresa en Carolina, y de la discusión y denuncia de eliminar Reservas Naturales.

“Eso de antesala, pero creo que fue (el arresto) por una agenda que está cuajándose y para la que, aparentemente, Casa Pueblo es una amenaza”. Massol indicó, además, que el incidente provocado “muy bien pudiera ser porque quieren eliminar la Reserva del Bosque del Pueblo. No sabemos que se está fraguando a espaldas del país”.

Aunque el informe policial establece que le formularon cargos, la realidad según Massol es que lo citaron a una vista el 28 de agosto en el tribunal de Adjuntas. Para la mencionada cita, el acusado cuenta con las declaraciones públicas del dueño de la pizzería, Ángel Irizarry, quien también llamó a Arturo para indicarle que lo apoyaba con la evidencia del recibo de compra.

“No se trata de la vista del 28. Eso no debe ser lo que le preocupe a la gente, sino cómo se va a hacer a la policía responsable de que se haga una investigación y se sepa cuál es la tramoya que hay detrás, que mantiene esos estilos de intimidación impropia con la gente que lucha en este país”, sentenció quien ha asumido en carne propia el tema de energía solar para Puerto Rico.

“Lo que iba a decir ya lo comuniqué públicamente. Es un caso bien evidente de acecho. Esos no son hechos aislados, está ocurriendo cada vez más en la lucha política”, culminó el líder comunitario.

Reproducimos para beneficio de nuestros (as) lectores(as) la narración que hizo Arturo Massol del incidente.

En la noche de ayer, después de un arduo día de trabajo en Casa Pueblo, fui a la pizzería Lucy’s en el pueblo de Adjuntas a comer un pedazo de pizza con mi hija menor. Consumí un refresco con mi comida. Estacioné mi Jeep de 1952 en la acera de la plaza pública. En Adjuntas mucha gente conoce mi Jeep porque es muy peculiar pero es un vehículo que, por su antigüedad, utilizo poco y mayormente en la finca.

Saliendo de la pizzería, casi frente a Casa Pueblo, el oficial Lamboy, de la Policía de Puerto Rico, me detuvo y, sin motivo fundado, alegó que yo me encontraba en estado de embriaguez. Sabiendo que su alegación era falsa, accedí a hacer la prueba de aliento. El Policía, sin embargo, alegó que arrojé “8.1” (sus palabras) pero, al solicitarle que me mostrara los resultados, se negó rotundamente afirmando que “ya no se veía el número”. Inmediatamente comenzó a acusarme de no querer “cooperar” y me puso bajo arresto. Es completamente falso que no haya querido cooperar y prueba de ello es que accedí a hacerme la prueba de campo.

La Policía me esposó y me llevó al cuartel de Adjuntas, donde no querían permitirme hacer una llamada. Apretaron las esposas fuertemente a pesar de que les pedí que las soltaran un poco pues me estaban lastimando. Luego insistían en que firmara un documento. Yo, defendiendo mi derecho a un abogado, les expliqué que no podía firmar documento alguno sin consultar con un abogado. Solo cuando ya estábamos en el cuartel, me presentaron el supuesto equipo con el registro de “8.1”. Desconozco de dónde salió esa lectura, dado que nunca se me mostró en la escena donde se me hizo la prueba.

Le pregunté al oficial Lamboy quién lo había mandado a arrestarme y, de inmediato, el sargento Irizarry reaccionó desde otro escritorio muy sobresaltado e interrumpió la conversación diciéndole al Oficial: “¡No contestes eso! ¡Tú no tienes que contestar eso!”.

Al ver la forma ilegal y caprichosa en que la Policía me detuvo, sin motivo fundado alguno, inmediatamente me percaté de que era un arresto selectivo. No es la primera vez y seguramente tampoco será la última. Desde que tengo memoria, la Policía acosaba a mi familia, intentaba intimidarnos e incluso penetraba en nuestra casa dejando nuestras mascotas ahorcadas a la entrada del hogar, el tiempo de las carpetas. Durante años recientes, las autoridades de inmigración me bajaban de los aviones, me interrogaban durante horas y me confiscaban pertenencias, publicaciones, libros y hasta mi teléfono. También en años recientes he recibido amenazas anónimas. A Casa Pueblo y a mi familia nos han acusado de todo, han tratado por todos los medios de amedrentarnos, de minar nuestro espíritu de lucha y nuestra reputación. Nunca han podido ni podrán porque nuestro expediente lo construimos a diario, con las puertas abiertas a todos y todas los que deseen escuchar y unirse, todos los días actuando, haciendo, construyendo por el País.

En relación a la ausencia de marbete en mi Jeep de 1952, es cierto que no lo tenía. Pero esa infracción administrativa no es causa para arresto en nuestro sistema jurídico. Mi marbete se venció en octubre, y en medio del caos y el inmenso trabajo en que hemos estado sumergidos en estos últimos diez meses, la verdad es que, en momentos, se me ha olvidado renovarlo y, en otros, lo he pospuesto por no tratarse de mi vehículo principal.

Sobre mi niña, que atestiguó y sufrió el momento, no se preocupen. Ella está muy bien pues está muy educada sobre los excesos en que habitualmente incurre la Policía.

Aunque nunca comunico sobre la represión que vivimos, me toca en este momento salirle al paso a esta agenda de intimidación. Como siempre, estos sucesos no hacen más que alimentar nuestra convicción de continuar construyendo autosuficiencia y defendiendo nuestros recursos naturales.

Es evidente que los estilos históricos de intimidación política no están superados en la Policía de Puerto Rico. Es por esto que responsabilizaré al mando de la Policía por cualquier ataque que puedan sufrir miembros de mi familia o de nuestra organización comunitaria.

Mientras más casos contra la Ley Promesa de parte de grupos de la sociedad civil puertorriqueña lleguen ante la consideración de la juez Laura Taylor Swain, más oportunidad habrá de demostrar las consecuencias del menoscabo, la violación de los derechos políticos y humanos, que significa la imposición de la ley y su Junta de Control Fiscal (JCF) para todas y todos los puertorriqueños. Así se desprende de la exposición de una nueva demanda por parte de las uniones de la Corporación del Fondo Seguro del Estado (CFES) y sus asesores legales.

La Unión de Empleados (UECFSE) y la Unión de Médicos (UMCFSE) presentaron la semana pasada una segunda demanda contra la JCF y el gobierno de Puerto Rico, en la cual plantean que el plan fiscal (PF) certificado por la Junta viola la ley Promesa, la constitución de Estados Unidos (EEUU) y Puerto Rico, y el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva bajo la constitución de Puerto Rico.

En conferencia de Prensa el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, explicó que la Constitución de EEUU tiene una cláusula que prohíbe el menoscabo de las obligaciones contractuales y cuando dice que prohíbe se refiere a que los estados no pueden menoscabar una obligación contractual de un convenio colectivo. Esta obligación contractual está avalada también por la constitución del ELA que establece que hay un derecho a la negociación colectiva y por tanto un estado no puede alterar las disposiciones de un convenio colectivo a menos que exista una justificación apremiante.

En esta dirección plantea que las leyes aprobadas por el gobierno de Puerto Rico entre ellas la Ley ley 66 del 2014, la Ley 3 del 2017, la Ley 8 del 2017 – la que crea el empleador único y el programa de movilidad y la Ley 26 del 2017, todas ellas están incorporadas en el PF de la CFSE certificado por la JCF y al estar incorporadas han menoscabado de manera sustancial los derechos negociados en los convenidos colectivos de las uniones de la CFSE. La aplicación de estas leyes a los trabajadores de la CFSE han tenido un impacto de alrededor de $139 millones para los de la UE y unos $12.7 millones para la UM.

El licenciado Emmanuelli Jiménez, expuso que los empleados y médicos de la CFSE tienen su convenio colectivo y que forman parte de la operación de una entidad que es solvente, que no tiene problemas económicos y que además presta un servicio esencial, e incluso que el Fondo es un servicio esencial para la estabilidad de la económica del sistema capitalista al dar una inmunidad patronal por accidentes en el trabajo, por lo que es indispensable para el sistema económico y político que tenemos.

Destacó que estos señalamientos son “importantísimos” porque la Ley Promesa dice que el plan fiscal debe proveer el financiamiento adecuado a los servicios esenciales. “Entonces tenemos aquí una corporación pública que es solvente que ha sufrido por mucho tiempo unos ataques del gobierno central, que ha menoscabo sus finanzas pero ha sido por problemas que tiene el gobierno central, no el Fondo”. Desde este hecho dijo que la aplicación de las leyes de austeridad laboral a los empleados de la CFSE no se justifican a la luz del servicio esencial que presta y a la luz de que la corporación no es una entidad que tenga insolvencia económica. La CFSE tampoco ha presentado un caso de Titulo 3, de Promesa de ajuste de deuda. “En ese sentido no se justifica que el gobierno le aplique las disposiciones de austeridad a unos empleados de una corporación pública que no está en este tipo de problemas”, reiteró.

En tanto la constitución de Puerto Rico-dijo- tiene una cláusula similar, por lo que considera que hay un espacio para cuestionar estas leyes bajo estas cláusulas y si se resuelve que en efecto no hay una justificación para menoscabar los derechos de los trabajadores de la CFSE pues la ley es inconstitucional. Según explicó el licenciado Emmanuelli Jiménez de ser así entonces la jueza Taylor Swain tendría que entrar en el remedio apropiado que evidentemente sería la restitución de todas las prerrogativas en el convenio.

El licenciado Emmanuelli Jiménez, quien participa de varios pleitos contra la Ley Promesa, aclaró que esta demanda es un reclamo distinto a la que presentaron los trabajadores y los médicos de la CFSE hace unos meses. Indicó que este es un pleito nuevo, independiente, con un procedimiento adversativo que va a seguir su tramo bajo las reglas de quiebra que apliquen a los procesos de Título III. .

En el primer caso las uniones plantearon que la Ley Promesa es inconstitucional porque violenta la Enmienda número 13 -la cual prohibe la esclavitud- y la Enmienda 15 -que prohibe el menoscabo del voto por razón de raza- de la Constitución de EE UU. En ese caso el planteamiento básico -expuso- es que Puerto Rico ha tenido un gobierno propio, aunque limitado, insuficiente, pero habiendo un gobierno propio a la luz de la constitución de 1952, ese gobierno fue menoscabado sustancialmente con la Ley Promesa.

Continuó que la controversia que tenía y que tiene todavía ante si la juez Taylor Swain, -respecto a la polémica sobre el presupuesto- es precisamente a los efectos que tiene la Ley Promesa en los poderes políticos del gobierno. Describió las consecuencias de que mientras los ciudadanos y empleados del Fondo -todos- nos afectamos en nuestro derecho al voto, votamos por unos funcionarios que no tienen los poderes porque han sido menoscabados, que no tienen los poderes para implantar políticas publicas, ni siquiera el presupuesto. Ese derecho que se tenía para un gobierno propio se ha menoscabado.

Además, señaló que se han menoscabado las prerrogativas democráticas que están protegidas por la Constitución federal y el Derecho Internacional de los empleados del Fondo porque los que están implantando las políticas públicas son personas que no han sido electas por ninguno, sino que fueron personas seleccionadas por el presidente de EEUU de una lista que le dio el Congreso. A juicio de Emmanuelli Jiménez el nuevo pleito viene a redondear los planteamientos que tienen los demandantes en oposición a la Ley Promesa y reinvindica los derechos políticos en el primer caso como los derechos laborales.

Robo en el Fondo con el Plan Fiscal de la JCF

En tanto el presidente de la UECFSE, Francisco Reyes, presente en la conferencia de prensa denunció que el Fondo es una “corporación auto sustentable, que no depende de asignaciones del Fondo General del Gobierno para operar y cumplir con su deber constitucional de proveer un seguro completo y servicios de salud de manera que los trabajadores lesionados puedan retornar a sus labores. Pero con las leyes aprobadas el gobierno atentó contra la estabilidad económica del Fondo al exigirle transferir fondos a otros agencias”.

Se refiere a que en el PF certificado por la JCF aprobado el 29 de junio le imponen a la corporación una reducción de $315. 7 millones en cinco años. A preguntas de CLARIDAD sobre cómo se haría esta reducción Reyes expuso que la reducción en los gastos, implica cortes en servicios. Las pólizas a los patronos se van a seguir cobrando, pero en la Ley 26 se habla de un “sobrante” es decir -los $315.7 millones- van a ir al gobierno central.

Se trajo a la luz que hay versiones del PF de la JCF que hablan del concepto de monetización del Fondo, concepto que significa privatización. En algunos estados de EEUU este tipo de servicios de salud a los trabajadores lesionados está privatizado. Para el licenciado Emmanuelli Jiménez dentro de la visión que tiene la JCF la privatización de la CFSE es una de las “joyas de la corona”, al igual que la AEE.

Mientras el vicepresidente de la Unión de Médicos, Walter Ramos, denunció que desde hace varios años la plantilla de médicos de carrera en la CFSE se ha ido reduciendo de 250 hace 12 años a 119 al presente lo que afecta los servicios. Precisó que, desde hace 12 años que no se revisan las escalas salariales por lo que la aplicación de las nuevas leyes laborales hacen muy poco atractivo la corporación para los nuevos médicos. Reclamó que los médicos que trabajan en el Fondo practican una medicina ocupacional especializada y denunció que por ejemplo hay dos regiones Arecibo y Caguas en las que quedan solo dos médicos de carrera. El Hospital Industrial no tiene especialistas en dermatología, gastroenterologo, las plazas de internistas están congeladas, hay un solo ortopeda, no hay cirujanos y hay un solo neurólogo por contrato. Este personal para atender alrededor de tres mil pacientes.