Por Milagros Rivera Watterson

Especial para CLARIDAD

El Secretario de la Administración de Corrección y Rehabilitación indicó en julio que había finalizado el proceso de evaluación de la institución penal La Palma, en el estado de Arizona, donde planifica trasladar unos 1,200.00 confinados. Se está negociando con esa institución abaratar los costos por servicios, hasta llegar a unos $55.00 diarios, en lugar de los $63.00, que hasta ahora han indicado que aceptarán los proponentes. Más tarde, señaló que habían preparado el contrato con la empresa que corre ese penal, por unos $10.5 millones, y que estaban negociando su aprobación. El 12 de agosto anunció que ya no trasladará los confinados a esa institución porque hay otra en Mississippi, que sale más barata, y que el martes 14 de agosto enviará un equipo a visitarla. Ante todos estos movimientos, tal  parece que todo ha quedado mayormente reducido a una transacción económica. Los servicios, el proceso de rehabilitación, el seguimiento a los planes de salida y de reinserción a la comunidad cuando los confinados finalicen sus condenas, se ha quedado en un tercer plano.

Es difícil entender cómo si  el costo por confinado es de unos $200 dólares en nuestro país, en Estados Unidos se consiga una institución penal por $63 y, luego de la negociación, quizás por menos, y que además se asegure que los confinados van a tener por esa cantidad buenos servicios y calidad de vida. Suponiendo que sea así, este plan sigue sin considerar el significado y el efecto emocional que sufrirán nuestros confinados al ser separados de sus familias y su cultura, enfrentados a otro contexto institucional con el consabido rechazo, discrimen por origen étnico y problemas de comunicación por falta de dominio del inglés, entre otros.

Este plan, tiene una sola vía y, a pesar de las recomendaciones específicas  hechas por diversos sectores de hacer economías por otros medios, estas caen en el vacío porque solamente se ha considerado y se sigue insistiendo en impulsar y hacer realidad unos traslados que significan la expatriación de nuestros confinados.

Tampoco hacen claro que esta es únicamente una decisión de política pública del gobierno, ya que la Junta de Supervisión Fiscal, ha clarificado en una declaración oficial por medio de la Sra. Jaresko, que ellos no han recomendado  esos traslados. Así que la determinación ha sido solo del poder ejecutivo.

Ante esta situación, hacemos un llamado a nuestra Legislatura a que proceda a hacer una investigación de esa Administración que incluye entre sus planes los traslados, dispuestos en resoluciones ya aprobadas, y a que evite la implantación de una política pública que viola el principio establecido en nuestra Constitución de rehabilitación de nuestros confinados y confinadas, al delegar  su custodia a otra jurisdicción. El abaratamiento del servicio no es la clave porque no es la solución.

La autora es Portavoz del Comité de amigos y familiares del confinado

«No debe ser sorpresa para nadie que haya una corriente migratoria puertorriqueña hacia el extranjero y que se vayan todos los que tienen oportunidad de salir de la Isla… Eso lo que significa es que no pueden ganarse el pan en su propia patria.”

¿Cuándo se escribieron esas palabras? Pudo haber sido en cualquiera de los días de este año 2018 en que se redacta este artículo, pero el texto pronto cumplirá 115 años de haberse publicado. La cita proviene de un artículo del diario Brooklyn Eagle del 7 de noviembre de 1903. Como vemos, ya en ese momento se hablaba de una “corriente migratoria” y se daba por sentado que cualquiera que tuviera los medios disponibles para abandonar el país así lo haría.

La misma información, con leves variantes, podemos encontrarla en cualquier diario o revista de los años posteriores a 1945, los de la posguerra, cuando también se advertía que nuestro país “se vaciaba” hacia Estados Unidos. Aquí va otra cita: “(Y)a para abril de 1947, en esos cuatro meses solamente, han arribado a Nueva York 26,000 puertorriqueños”. Sería bueno recordar que en 1947, igual que en 1903, todavía se viajaba mayormente en barco (entonces en el legendario Marine Tiger) y, según lo citado, en sólo 4 meses 26 mil boricuas abandonaron nuestro país rumbo a Nueva York. (Durante mi niñez, entre los muchachos del apartado sector rural donde me crie –nací, precisamente, en 1947– no se hablaba de otra cosa que de “embarcarse”. Los niños crecían hasta que les llegaba el momento de irse detrás del hermano, el tío o el primo que ya se había “embarcado”.)

¿Por qué se da este trasiego interminable, tan constante, que durante 115 años ha provocado el mismo comentario? La segunda oración del artículo del Brooklyn Eagle que cité al principio nos da la explicación: la gente emigra “porque no puede ganarse el pan en su propia patria”. Eso explicaba la “corriente migratoria” de 1903 y también explica la de 2018. La gran mayoría de los emigrantes no asume su partida con la alegría del que se va de vacaciones sabiendo la fecha de regreso, sino con la tristeza o la rabia del que se siente expulsado del lugar que ha sido su hogar. (De ahí la injusticia de la comentada campaña del “yo no me quito”, que supone la emigración como un acto voluntario.)

El artículo del diario de Brooklyn de noviembre de 1903 también señalaba a los que, a juicio de los editores, eran responsables del ambiente social que promovía la “corriente migratoria” de puertorriqueños hacia Nueva York. Decía el artículo: “Y eso quiere decir que Estados Unidos, a pesar de haberse comprometido a desarrollar la economía de ese pobre pueblo, no ha cumplido su compromiso ni se ve en la necesidad de hacerlo.”

Cuando se publicó ese artículo tan sólo había trascurrido cinco años de la invasión militar que convirtió a Puerto Rico en colonia de Estados Unidos. El articulista debió tener muy fresca en la memoria la proclama difundida por el general invasor, Nelson Miles, advirtiendo que las tropas no venían a “hacer la guerra”, sino a darnos “protección y prosperidad”. Por eso, tan temprano como en el 1903, el diario de Brooklyn le imputaba a Estados Unidos no haber cumplido el compromiso contraído.

¿Y qué pasó con aquella promesa de “protección y prosperidad? Cuando se produjo la corriente migratoria de 1903, que expulsó a miles de boricuas a Nueva York y Hawaii, entre otros lugares, Puerto Rico vivía las consecuencias del cambio monetario impuesto por el invasor, que empobreció a muchos y facilitó la compra de tierras por parte de corporaciones absentistas. A partir de ese momento, poco a poco nos convirtieron en la gran plantación azucarera que interesaba el capital monopolista que instigó la invasión militar. Mientras los boricuas emigraban porque no podían “ganarse el pan en su propia tierra”, los dueños de las centrales azucareras se enriquecían.

Un intercambio similar ocurrió a mitad del siglo XX, cuando ocurrió la otra gran ola migratoria de que hablamos. Mientras 26 mil boricuas desembarcaban en Nueva York en los primeros cuatro meses de 1947, en dirección contraria venía el excedente de capital que había producido el final de la guerra, a invertirse y multiplicarse en la misma tierra que expulsaba a aquellos 26 mil y a muchísimos más.

La historia de ahora, cuando se vuelve a hablar de una nueva oleada migratoria, no es distinta. Se van los que no tienen otra alternativa que “quitarse”, porque no pueden ganarse el pan en su tierra, mientras el capital comercial y financiero sigue llegando junto con los abogados, consultores y asesores que vienen a enseñarnos cómo pagar las deudas.

La actual corriente migratoria, igual que la de 1903 y la de 1947, dramatiza, sobre todo, el fracaso del colonialismo como régimen económico. Pero como ocurre en toda explotación colonial, el fracaso lo viven los colonizados, no los colonizadores. La misma economía que, al decir de aquel diario neoyorquino, no permite que sus hijos se ganen el pan en su tierra produce ganancias obscenas primero al capital azucarero, luego al industrial y ahora a todos juntos, incluyendo los nuevos especuladores financieros.

La “promesa” que el general Miles hizo en 1898 finalmente llegó ciento veinte años después, aunque no con la “protección y prosperidad” que el militar anunció. Llegó con la envoltura de una legislación, precisamente llamada “PROMESA”, que reproduce el mismo tipo de gobierno por decreto que aquel general instaló en la isla recién conquistada.

Las citas del Brooklyn Eagle y la que comenta la emigración de 1947 fueron tomadas de Memorias de Bernardo Vega, editadas por César Andréu Iglesias y publicadas por Ediciones Huracán.

Mientras el gobierno de Puerto Rico continúa con su política de Out State, de trasladar a presos desde las cárceles de Puerto Rico a cárceles privadas en Estados Unidos, el martes 21 de agosto se inició una huelga de confinados en más de 17 estados, la cual esperan sostener hasta el 9 de septiembre.

Bajo las consignas de “Somos seres humanos” y “Fin a la esclavitud Moderna”, las razones que generan la huelga representan una contradicción con la imagen que ha pretendido presentar el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y su administrador de la Administración de Correcciones (AC) Erick Rolón Suárez de que los presos puertorriqueños estarán mejor atendidos en instituciones carcelarias privadas en Estados Unidos.

El movimiento es dirigido y dado a conocer mediante las iniciativas Jailhouse Lawyers Speak (JLS) y Swai Mi.org. “Fundamentalmente, es un problema de derechos humanos. Los prisioneros entienden que están siendo tratados como animales. Las prisiones en América son una zona de guerra. Todos los días se daña [se hace daño] a los presos debido a las condiciones de confinamiento. Para algunos de nosotros es como si ya estuviéramos muertos, entonces, ¿qué tenemos que perder?”, lee una declaración firmada por JLS en su página WEB. Según denunciaron, más de 800 mil presos en Estados Unidos trabajan en las cárceles con salarios miserables, a menos de cuatro centavos la hora, por lo que demandan poner fin a esta situación. Las demandas incluyen además que se mejoren las condiciones de vida en las cárceles, se ponga fin a la cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, mayor financiación para servicios de rehabilitación y el fin a la privación del derecho al voto de unos 6 millones de estadounidenses que tienen delitos graves.

El mismo martes que comenzó la huelga, el JLS dejó saber en su página web que había recibido correspondencia de apoyo de prisioneros de todo el país, incluyendo de presos que supervisan al esclavo industrial de los complejos carcelarios, a pesar de que las autoridades federales y estatales ya estaban en alerta máxima en todo el país, en una represión preventiva, con tácticas amenazantes.

“Los prisioneros entienden que están siendo tratados como animales. Sabemos que nuestras condiciones están causando daños físicos y muertes, que podrían evitarse si a los responsables de las políticas penitenciarias realmente les importara un comino. Las prisiones en América son una zona de guerra. Todos los días se daña a los presos debido a las condiciones de confinamiento. Para algunos de nosotros es como si ya fuéramos a estar muertos”, lee parte de la declaración. Incluso reconocen que no esperan que su huelga sea cubierta por los principales medios de comunicación del país y que la única vez que lo harán será cuando el levantamiento esté en pleno desarrollo más allá del control de las autoridades y, en ese momento, lo etiquetarán como un disturbio.

Los confinados que dirigen el movimiento exhortaron en su comunicado a los otros presos a detener la violencia entre ellos, “sin importar raza, clase o etiqueta, somos uno”. A su vez exhortaron al resto de la sociedad a que les respalden. “¡Nosotros somos humanos! En nombre de los presos en todo el país, agradecemos a todos los partidarios que hacen que nuestras voces sean escuchadas a través de sus acciones de solidaridad. Mantente alerta, te necesitaremos más que nunca durante la huelga.”, cierra el mensaje de los confinados.

Aun cuando el movimiento huelguista de presos en Estados Unidos, que inició el martes 21 de agosto, parece concentrarse en cárceles públicas, el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), capítulo de Puerto Rico, el licenciado William Ramírez Hernández, indicó a CLARIDAD que no descartaba que la huelga se pueda estar dando en instituciones privadas, pero que la información no va a fluir de la misma manera como sucede en las públicas. Advirtió que en las prisiones privadas los castigos tienden a ser más fuertes que en las públicas. Por ejemplo, recordó que ya en el 2011, un grupo de presos puertorriqueños que fueron trasladados a la prisión privada Cimaron, en Oklahoma se amotinaron por el trato racista que recibían y por la falta de los servicios que les habían prometido iban a recibir.

A la luz del movimiento huelgario de los presos en 17 estados de EE. UU. y ante los planes del gobierno de Puerto Rico de trasladar confinados a cárceles privadas en Estados Unidos, Ramírez Hernández, indicó que la ACLU ha denunciado que esta política constituye un tráfico humano: “Algunos lo ven como una exageración; pero la realidad es que el trasladar personas a cambio de dinero en contra de su voluntad es trata humana. Lo que quizás no es, es trata humana que la ley prohíbe, como se aplica a ciertos intercambios por dinero, como la prostitución y la venta de niños; pero por el hecho de que los presos están en un régimen de servidumbre involuntaria no les permite consentir. Por más que ellos digan que es con el consentimiento de la persona, el preso vive en un régimen de servidumbre involuntaria, igual que el esclavo, y trabaja por centavos y hace las cosas que le obligan hacer y no tiene nada que decir”.

CLARIDAD confirmó de una fuente fidedigna que la medida del Out State, no está en el Plan Fiscal de la Administración de Corrección, certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF).

El experto en Derechos Civiles expuso que, aunque en términos legales se usa el término de servidumbre involuntaria, el hecho es que una persona en prisión se encuentra en un régimen de esclavitud. Aunque la persona se encuentre en esas circunstancias por haber cometido alguna falta criminal, no deja de ser un ser humano, por lo que hay que respetar sus derechos y los de su familia, independiente de la falta en la que haya incurrido.

En ese contexto censuró el que cuando el gobierno alega que el traslado de los presos será uno voluntario, lo dice porque es obvio que suena feo que se diga que van a trasladar gente por dinero, para ahorrar dinero; que será otro quien gane dinero. Alega que el traslado no será en contra de la voluntad de la persona porque saben que esa es la definición de trata humana, que es el mover seres humanos en contra de su voluntad para obtener una ganancia económica. Continuó diciendo que la cárcel privada es una industria comercial para hacer ganancias, por lo que censuró que el gobierno de Puerto Rico alegue que con esta medida va a ahorrar dinero porque no va a tener que gastarlo en la custodia de los confinados.

El director ejecutivo de ACLU denunció que el gobierno no ha podido precisar cuál es el ahorro que tendrá, ya que todavía no tiene la información precisa de cuántos presos han consentido al traslado ni a cuál cárcel van a ir. Tampoco tiene los detalles de cuáles son los servicios que van a proveerles, que cumplan con los requisitos de rehabilitación que aplican en Puerto Rico. Frente a esta falta de información, cuestionó las alegaciones de la Administración de Corrección (AC) de que los confinados consientan al traslado de manera voluntaria y recalcó que no hay tal cosa como que una persona en régimen de servidumbre involuntaria tenga capacidad de consentir.

Cuestionó, además, que el gobierno vaya a tener ahorros como alega y que encarcelar a una persona cueste menos en EE. UU. que en Puerto Rico, cuando en ese país los salarios son más altos y los servicios en las cárceles privadas cuestan más. Además, reparó sobre las consecuencias económicas en cadena que provocaría en la isla el cierre de las cinco cárceles que ha dicho el gobierno que quiere cerrar.

Ramírez expresó que ningún alivio económico es suficiente para justificar el separar familias y afectar la posible rehabilitación de personas que se pudieron haber rehabilitado en Puerto Rico. Narró que algunas personas que han sido trasladadas han entrado en episodios de depresión, lo que ha provocado que enfrenten problemas en la cárcel y una vez se tiene un problema en la prisión, se tiene una falta criminal, ya el preso deja de ser uno de Puerto Rico y le aplica la ley del estado donde está. Eso, dijo, ya ocurrió y fue uno de los motivos que originó el motín de Oklahoma.

“La maquinaria carcelaria existe para hacer dinero; no existe para bonificarte tiempo como una manera de rehabilitación. Mientras más tiempo esté el preso, más cobra la institución, así que no hay ninguna prisa por que salga. Todo lo contrario, van hacer todo lo posible por que tú estés más tiempo allí porque ellos no están ahí para hacer una labor pública, están para adelantar unos intereses económicos”.

En entrevista separada, la licenciada Iris Rosario, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), coincidió en que no descarta que las condiciones inhumanas y mal trato que denuncian los confinados de instituciones públicas en 17 estados sean las mismas en las cárceles privadas.

“He venido denunciando, desde el anuncio del Secretario de Corrección, que hay un informe de la Oficina del Inspector General de Estados Unidos, que salió en el 2016. Ese informe, que es bastante objetivo, concluye que las cárceles de compañías privadas en Estados Unidos son más violentas. La razón es porque hay mucha carencia de servicios de todo tipo: médicos, rehabilitación, problemas de acceso a la justicia. Las denuncias de los confinados no salen a la luz; son escondidas por la administración”.

Ese informe, que fue encomendado por el entonces presidente Barack Obama, identifica que entre las empresas privadas carcelarias violentas figura la CoreCivic y otras mencionadas por la Administración de Corrección. Luego del informe, Obama ordenó la suspensión de las contrataciones del gobierno federal con instituciones penales privadas. Como es sabido, a la llegada del presidente Trump se reanudó la política de contratación.

La licenciada Rosario, quien atiende el programa de Remedios Postsentencia de SAL, reveló que el administrador de Corrección Erick Rolón Suárez está al tanto del informe, ya que ella misma se lo presentó en un programa de radio y “mirándolo a los ojos le advertí sobre el grado extremo de violencia que hay en estas cárceles”. Otro grupo de abogados le hizo entrega del informe con una misiva adjunta.

Por la naturaleza de su trabajo, la licenciada Rosario se mantiene todo el tiempo en contacto con miembros de la población penal. A preguntas de CLARIDAD reveló que la AC no ha podido cumplir con sus pretensiones de trasladar, como había anunciado, un primer grupo de confinados en el mes de julio. Luego, lo cambió la fecha al 15 de agosto, debido a que no se ha podido terminar de elaborar el contrato con CoreCivi. La actuación de Corrección refleja una ambivalencia respecto al contrato. En orientaciones en algunas instituciones, entre otras cosas, sobre cárceles que había estado viendo en Mississippi y en Texas, les repartió a los confinados una hoja con los supuestos servicios que ofrecían las instituciones, además de repartir otros documentos a los que pudieran estar interesados en una orientación adicional. Después de eso, la AC volvió a enviar personal a la Palma Correctional Facility, en Arizona, pero no volvió hacer orientaciones sobre esa cárcel y, en cambio, dijo que estaba viendo cárceles en Mississippi.

La apreciación de la licenciada Rosario sobre estos cambios es que la AC pretende mover a los confinados a cárceles que estén compuestas solo por confinados boricuas, para evitar los problemas de racismo. Pero otro aspecto fundamental que parece estar retrasando los planes del gobierno es el hecho de que, como siempre se ha dicho que los movimientos van a ser voluntarios, no parece haber voluntarios, por lo que no se ha podido negociar precios con CoreCivic. Esto, a su vez, provoca que el administrador de Correcciones no haya podido lograr que la JCF apruebe de manera preliminar lo que él pretende.

El informe de la GAO también derrota el argumento del gobierno de Puerto Rico de que el traslado de confinados a penales privados sale más barato. Por el contrario, el informe dice que, como las violaciones a los derechos de los confinados en los penales privados son tan crasas, el estado tiene que monitorear constantemente la situación en que se encuentran los reclusos, lo que conlleva una serie de costos que no se contemplan al inicio. Esto resulta en un aumento al presupuesto que se tenía de primera intención. En fin, que estas cárceles privadas son más violentas, ofrecen menos servicios y tampoco constituyen un ahorro.

Un derecho de los confinados sobre el cual la licenciada llamó la atención, que no se ha discutido por la AC, es qué va a pasar con el derecho al voto que tiene la población penal en Puerto Rico. “Estamos hablando de un número importante para las elecciones. En muchos estados se pierde ese derecho; no sabemos qué va a pasar respecto a ese derecho”.

El contacto constante con la población penal le permite a la licenciada Rosario afirmar que la posición generalizada de la población es que no se van a ir, además de que están bien organizados e informados (no por la administración), al igual que sus familiares. De hecho, en el mes de abril, el grupo de confinados identificados como Los Ñetas y Los 27 emitieron una declaración en la que anunciaban su postura.

El pasado viernes 24 de agosto se llevó a cabo una vista judicial en el Tribunal de San Juan, después de que la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público hiciera una petición de mandamus solicitando que se le ordene al BGF, a Cofina y a la AAFAF a entregar la información sobre la deuda del País, específicamente sobre las emisiones de bono de Cofina y los sistemas de retiro.

Esto, con el objetivo de recopilar e investigar datos sobre la acumulación de la deuda pública por las pasadas cinco décadas y así poder llevar a cabo una auditoría integral.

Tarde en la noche del jueves, el BGF y Cofina presentaron una moción de desestimación de la demanda planteando que la información solicitada por la Comisión Ciudadana para atender el caso era demasiado vaga, que no era suficientemente específica. El viernes en la mañana la AAFAF se unió a esta moción.

También plantearon que parte de la información estaba protegida por el privilegio abogado-cliente y que debía solicitarse ante un procedimiento bajo el Título 3 de PROMESA.

“Como la moción se presentó casi a la media noche, nosotros no sometimos un escrito contestándola, sino que adelantamos unos argumentos en oposición durante la vista. En primer lugar, que por el contrario, la información solicitada era lo suficientemente específica y que si nosotros no especificábamos con nombre y apellido todos los documentos que se estaban solicitando se debía a que las propias agencias de gobierno han provocado esa oscuridad. Porque ellos han mantenido como un secreto gran parte de la información sobre la deuda y, particularmente, la información sobre COFINA y sobre las emisiones de los sistemas de retiro”, dijo Luis José Torres, abogado y miembro de la Comisión Ciudadana para la auditoría de la deuda.

En relación con el privilegio abogado-cliente, la representación legal de la Comisión planteó que el gobierno había renunciado a ese privilegio porque le había compartido a los bonistas muchos de estos documentos que está pidiendo, particularmente los análisis, memorandos de derecho, etcétera, que avalan la constitucionalidad de estos esquemas. “De todas maneras, aun si existiera un privilegio abogado cliente, el interés del pueblo en tener acceso a esta información va por encima de cualquier interés privado y de cualquier interés que quieran invocar para mantener la confidencialidad de los documentos”, sostuvo el abogado, alegando que se trata de información que se está utilizando para adelantar todo una serie de medidas nefastas para el País.

En cuanto al procedimiento para solicitar los documentos bajo el Título 3 de promesa, “dijimos que es innecesario, el derecho constitucional de acceso a la información no requiere que acudamos al tribunal federal a solicitar esos documentos”.

Además, Torres señaló que este procedimiento, en vez de viabilizar, solo va a entorpecer el acceso a esta información, particularmente porque le va a dar la oportunidad a los bonistas, a la JCF y, además, a las agencias del gobierno de Puerto Rico de presentar objeciones a que nos den acceso a estos documentos.

El juez Anthony Cuevas le dio a la Comisión un término hasta el viernes próximo para someter una réplica en oposición a la desestimación que presentó la representación legal del BGF, COFINA y AAFAF. Los abogados del gobierno tendrán hasta el 7 de septiembre para presentar argumentos contra la réplica de los demandantes.

Con aires de sarcasmo, Torres mencionó que el bufete que representa al BGF y Cofina y la AAFAF, Pietrantoni, Méndez & Álvarez, es casualmente uno de los bufetes que emitieron opiniones sobre la validez del esquema de Cofina.

“Nos parece que ese bufete está en una posición comprometida porque no está representando meramente los intereses de su cliente, sino que está defendiendo los suyos como bufete, también”.