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Nuevo presidente de la UPR ¿Consultor de la CIA y el FBI?

Tras su nombramiento como presidente de la Universidad de Puerto Rico, en CLARIDAD realizamos una búsqueda sencilla por internet sobre Jorge Haddock Acevedo. Esto, con la intención de recopilar datos adicionales a los ya provistos por la Junta de Gobierno de la UPR durante el proceso que culminó con su nombramiento. Al indicar su nombre a la herramienta de búsqueda, junto a otras entradas con información ya conocida, apareció una de título inocuo: “Maestría en distinciones Descubrir-Coaching”.

La hoja promocional es publicada digitalmente por “Descubrir, coaching transformacional”, una marca registrada que anuncia la oportunidad de obtener “La maestría en distinciones”, descrita como “un taller de 3 días completos (12 horas cada día) con el Master Coach Internacional, PHD, Jorge Haddock.”El documento está encabezado por una cita y una foto a color del mencionado “coach” quien resulta ser el nuevo presidente de la Universidad de Puerto Rico.

Además de describir la lista de temas del referido taller, que se celebró los días 24,25 y 26 de noviembre de 2017 en la ciudad de Guayaquil en Ecuador, lo más sobresaliente es la descripción que la promoción ofrece del conferenciante, la cual se cita textualmente a continuación: “quien cuenta con una trayectoria como Coach y Consultor en las empresas e instituciones más importantes del mundo como la NASA, CIA, FBI, KODAK, GMC entre otras. Su trabajo ha sido auspiciado por estas empresas y tiene numerosas publicaciones de sus investigaciones. Además de esto, es Decano de la Escuela de Negocios de la UMASS (Universidad de Massachusetts) USA”. (Subrayado nuestro)

Es pertinente que el doctor Haddock aclare su relación, si alguna, con estas agencias de inteligencia y seguridad del gobierno de Estados Unidos. Si es un error del documento promocional sobre su taller en Ecuador, que lo diga. Y si no lo es, que aclare la naturaleza de su relación con estas entidades. Aunque en ciertos círculos, el FBI y la CIA se consideren entidades prestigiosas, para millones de personas en el mundo representan la persecución, la represión y la violación de principios democráticos y derechos humanos del gobierno de Estados Unidos contra quienes sean considerados como sus opositores.

No hay justificación para derogar la Ley 80

Aunque para algunos analistas políticos la postura del Senado de Puerto Rico de volver a rechazar la derogación de la Ley 80 sobre el despido injustificado es en el fondo una lucha de poder entre el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el hecho irrefutable es que no hay ninguna razón económica que justifique su derogación. La insistencia de la Junta de Control Fiscal (JCF) en que se derogue la Ley 80 responde solo a razones ideológicas.

Ante el conflicto de tener dos presupuestos –el certificado por la JCF y el aprobado por la Legislatura–, el gobernador llamó a una sesión extraordinaria esperanzado en que el Senado esta vez aprobara la derogación de la ley, para así mantener el acuerdo de presupuesto que negoció con la JCF. El Senado respondió de inmediato a la convocatoria del gobernador el lunes dos de julio y ya el martes tres, en la tarde, había votado en contra,18 a 3.

Desde que Rosselló Nevares envió el proyecto para derogar la ley, en el mes de marzo, nadie, ni siquiera la JCF acudió a la Legislatura a presentar argumentos que justificaran su eliminación. En varias ocasiones Rivera Schatz hizo declaraciones públicas invitando a la JCF a presentar sus argumentos de por qué la eliminación de la Ley 80 era buena para la economía de Puerto Rico. La Junta se limitó a enviar un documento que evidentemente no convenció al Senado de la necesidad de la derogación.

En entrevista con este semanario tras el más reciente episodio entre la JCF, el gobernador y el Senado, el veterano abogado laboral y exsecretario del Departamento del Trabajo y Relaciones Humanas (DTRH) Ruy Delgado Zayas reiteró que la insistencia de la JCF para la derogación de la ley responde a la visión neoliberal-conservadora por la que está pasando Estados Unidos, por lo que aquí en Puerto Rico, “no podemos esperar otra cosa, es una visión de pensar que los países se manejan como sin fueran negocios”, denunció.

Por el contrario, enfocó en que la función de un estado en un país no es tener ganancia y evitar tener pérdidas, “Esa no es la función de un gobierno, la gente va a vivir a una sociedad para otros propósitos y designan un gobierno que busque su bienestar, que los proteja. Eso no se mide en dólares y centavos como decimos por ahí”. En el resto del mundo –añadió–, la mayor parte de los países tienen medidas para el despido injustificado de los trabajadores. En el caso de Puerto Rico, ya desde tiempos de España, en el 1886 (hace ya más de 100 años), había una ley que regulaba el despido y trataba de desalentar el despido injustificado.

Delgado Zayas igual rechazó la enmienda presentada por el también exsecretario del DTRH y ahora senador por el partido de gobierno, Miguel Romero, que introducía salvaguardas en la Ley 100, entre ellas que el Gobierno usara dinero del Fondo Seguro del Estado (FSE) para compensar a un trabajador que haya sido despedido de manera injustificada. De hecho, la petición del gobernador al Senado en su convocatoria a la sesión extraordinaria fue que se aprobara la derogación de la Ley 80 y se aprobaran las enmiendas de Romero.

En tono crítico Delgado Zayas calificó el proyecto de Romero como un disparate que no tiene sentido: “Estamos hablando de que ahora el estado va asumir la irresponsabilidad de los patronos que botan arbitrariamente; eso no resuelve el problema de los ciudadanos”. El experto en derecho laboral recalcó que el propósito de la Ley 80 es desalentar el despido arbitrario, el despido caprichoso, y que la idea de Romero lo que va a provocar es que el despido resulte gratis para el patrono, lo que sería premiar la irresponsabilidad del patrono.

En lo que respecta a los argumentos de la JCF, también desmintió que en el estudio de miles de páginas que esta entregó al Senado pretendiendo fundamentar la eliminación de ley, haya una sola página que justifique que su eliminación contribuya a mejorar la situación económica de Puerto Rico. Una vez más recalcó que la postura de la JCF es una totalmente caprichosa y que la teoría del “empleo a voluntad”, es una que existe en EE. UU.

En tono firme, Delgado Zayas apuntó sobre la JCF, “quienes son los miembros de la Junta son banqueros, gente de finanzas, no son gente de pueblo; ellos no están mirando al pueblo de Puerto Rico, ellos están mirando las finanzas, estamos en manos de personas que no tienen ninguna sensibilidad en relación a las necesidades del pueblo de Puerto Rico están mirando en términos de negocios nada más”.

Comparó que el primer estado en EE. UU. que estableció la doctrina de “empleo a voluntad” fue Montana en el 1886, y en el 1996 cambió su posición y legisló contra el despido injustificado. Actualmente, es el estado con el por ciento más alto de empleados. Al criticar la postura del gobierno de Puerto Rico de aceptar todo lo que dice la JCF acotó que no hay fundamento ninguno en la Ley Promesa para justificar la pretensión de la JCF de derogar la Ley 80, ya que esta es una ley dirigida al sector privado y es el gobierno quien tiene una crisis económica.

Puerto Rico con el nuevo cañaveral

Facilitar el escenario para un nuevo “cañaveral”, en donde la empresa privada sea la que se haga cargo del desarrollo económico en Puerto Rico, eso es lo que pretende la Junta de Control Fiscal (JCF) con su confección del proyecto de presupuesto fiscal.

Más allá de centrarse en la discusión de si es legítimo o no el presupuesto confeccionado por la JCF, para el doctor en Economía, profesor Alfredo González, la discusión sobre el presupuesto de la JCF debe además ir dirigida a examinar la naturaleza de lo que se supone es y para qué se utiliza un presupuesto fiscal y lo que busca en el fondo la JCF con su documento.

Desde el aspecto económico, la confección de un presupuesto por parte del gobierno responde a tres objetivos. Primero, asignar los recursos disponibles a las diferentes actividades que el estado entiende tiene que cumplir o considera debe intervenir. Segundo, procurar que esa distribución de los recursos sea una apropiada. Y tercero, darle estabilidad al sistema para que no haya fluctuaciones erráticas, fluctuaciones violentas en la actividad económica, para que así propenda a un desarrollo económico hacia el futuro. Esa, se supone, es la función que tiene el gobierno cuando prepara un presupuesto. Se espera que el gobierno evalúe si esa distribución de ingresos es consistente con el ideario o aceptable con las metas de su sociedad.

A esas tres funciones que se supone responde la confección del presupuesto por parte del gobierno se podría añadir un plan de desarrollo, que puede ser de tres a cinco años, o un plan de desarrollo a largo plazo, al menos a 10 años hacia el futuro. El profesor González trajo a la atención que es interesante que ese fue el esquema que desde 1940 se estableció en Puerto Rico, que fue evolucionando durante los años siguientes y fue el marco institucional que se estableció en los años 50.

“Esas eran las postulaciones literales del sistema; no la realidad conseguida. Era decir: el gobierno tiene estas funciones económicas donde no se puede dejar al mercado que libremente disponga de los procesos económicos. Al mercado, aunque se use, hay que orientarlo”. De acuerdo con este enfoque, señaló, en el que hay un consenso en el mundo (con excepciones) de países que originalmente eran socialistas, como Rusia, Cuba y China, que han cambiado en cierta medida a un programa de planificación con mayor y menor grado donde el mercado interviene, pero ese mercado está regulado; no es el mercado como se piensa en el capitalismo ortodoxo o voraz donde se deja que el mercado determine lo que son los conceptos de justicia y equidad.

No obstante, en este momento, a juicio del profesor González, lo que está ocurriendo frente a la vista de todos nosotros en Puerto Rico, sin darnos cuenta, es la transformación de un sistema económico concebido donde el estado debería intervenir para orientar los objetivos de las metas de la sociedad y procurar unos objetivos de una mejor distribución de los ingresos.

Para el economista, lo que está haciendo la Junta de Control con el presupuesto, que es el instrumento más inmediato de planificación, es desmantelar la organización económica que tenía el país para cambiarlo por un sistema capitalista neoliberal. “Se van al extremo del sistema de capitalismo neoliberal; que sea el mercado, las fuerzas del mercado, las que determinen los criterios de cómo se van asignar los recursos del gobierno, cómo se van a distribuir los ingresos del país, cómo se va a estabilizar el sistema económico, sin la intervención del estado”, denunció. Agregó que es por eso que se pretende desmantelar todas aquellas instituciones, como la Autoridad de Tierras (AT), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en fin, todas las funciones vitales que el gobierno tenía, incluidas la educación en todos los niveles y la salud.

Observó que bajo este esquema ideológico el gobierno no considera ni la planificación de intermedio, ni de largo plazo. Ello no tiene sentido, pues en ese régimen neoliberal, es el mecanismo individual del consumidor y de la empresa los que se encargan de darle rumbo, aunque sea un rumbo incierto, insatisfecho, para atender los objetivos sociales, aun cuando no sea eficiente.

A la interrogante de si consideraba que los funcionarios de gobierno están conscientes de este modelo, expresó que no cree que haya una articulación clara en sus mentes de que los cambios son tan fundamentales. “Es posible que ellos señalen que yo soy un obsesivo con esta idea de conspiración y que sencillamente aquí de lo que se trata es de un cambio de funciones del gobierno; que aquí con la Ley Promesa le asignaron unas tareas a la Junta y que no hay mayores consecuencias”.

No obstante, resaltó que el propósito de la Ley Promesa por parte del Departamento del Tesoro de EE UU fue no asumir la responsabilidad del pago de la deuda de Puerto Rico, ya que de hacerlo se vería luego obligado asumir la misma responsabilidad con los otros estados. Es por eso que la ley dejó para lo último el impacto que pueda tener el pago de la deuda en el crecimiento económico en Puerto Rico y, para cumplir, agregaron lo del programa de infraestructura. El resultado ha sido que la Junta se ha atribuido funciones más allá de su propósito original y se ha centrado en crear un sistema económico nuevo para facilitar que la empresa privada venga a hacerse cargo del desarrollo económico de Puerto Rico. En este afán, por lo tanto, la Junta entiende que la Ley 80 no es propicia para el desarrollo económico del país. Es necesario la eliminación de los beneficios a los trabajadores con la llamada reforma laboral, la eliminación del bono de Navidad; de cualquier cosa que recargue el gasto del gobierno porque las funciones del gobierno se van a minimizar, se van hacer ineficaces. Es, “vamos a crear ese cañaveral nuevo en Puerto Rico donde la empresas cañeras van a encargarse de establecer las normas sociales en Puerto Rico, así que el estado tiene que permanecer callao, no le incumbe. Eso no es válido aquí en Puerto Rico”.

Hay un Jorge Haddock en mi carpeta

Los expedientes de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico todavía producen sorpresas. Se elaboraron durante décadas, persiguiendo la vida de más de cien mil personas, hasta que a finales de la década de los ‘80 el juez Arnaldo López prohibió la práctica. Una vez la sentencia de López fue confirmada por el Tribunal Supremo, muchos de los expedientes fueron entregados a los perseguidos.

A mí me entregaron un mamotreto de seis volúmenes donde estaba registrada toda mi actividad desde la adolescencia. Todavía, para que no se me olvide, de vez en cuando examino alguno de los tomos, como quien ojea un viejo álbum de familia. Dado que en cada lugar donde residí había dos o tres vecinos que, reclutados por la Policía, mantenían vigilancia de entradas y salidas –y hasta de las voces que llevaba el aire– sus relatos ayudan a evocar vivencias. En última instancia, aquella persecución malsana ha resultado útil porque jamás hubiese podido documentar mi vida sin ayuda de los policías que a lo largo de décadas produjeron memorandos o informes de vigilancia.

El otro día revisé, no los gruesos volúmenes, sino papeles sueltos (tarjetas, resúmenes, fotos, etc.) que también me entregaron cumpliendo la orden del tribunal. Uno de ellos tiene tres páginas y se titula “Registro de Carpetas Solicitadas en Archivo”. Aparentemente cada expediente tenía su “Registro” y los oficiales que deseaban examinarlo debían poner la fecha de entrega, nombre, propósito, firma y, finalmente, la fecha de devolución.

Entre el 1 de agosto de 1968 y el 15 de febrero de 1977, mi expediente fue reclamado en 40 ocasiones. Muchas de esas revisiones las hicieron agentes del FBI, que se identificaban como tales (Kinney, Hoss, Rush). En la mayoría de los casos sólo se ponía el nombre y el propósito (“review”, “chequeo” “resumirla”) sin especificar la entidad de donde procedía la persona que solicitaba el expediente.

Los nombres latinos de los examinadores son, obviamente, desconocidos: “Ramón Almodóvar”, “Euricles Rivera”, “Rafael Rosa”, “E. Serrano”. Sin embargo, cuando miré el Registro la pasada semana di con un nombre que me llamó la atención porque era el mismo que desde hacía varios días sonaba en las noticias: Jorge Haddock.

Este tal “Jorge Haddock” estuvo algún tiempo a cargo de investigarme porque reclamó el expediente en cuatro ocasiones en un lapso de ocho meses, escribiendo siempre “chequeo” como “propósito”. La última revisión la hizo el 24 de agosto de 1976.

Ahora que una persona del mismo nombre ha sido traída desde Virginia, E.U.A. (hacia donde había recalado desde que salió de Caguas) para presidir la Universidad Puerto Rico, no está demás preguntarnos qué relación tiene –si alguna, claro está– con el Jorge Haddock de mi carpeta. ¿Era él, quien al momento del último examen, tenía 21 años, según la biografía que se circuló? ¿Era algún pariente o es pura casualidad? Ahí dejamos el asunto esperando que alguien aclare.

Pero es mandatorio algún comentario sobre otro asunto relacionado con el Jorge Haddock presidente, el que nos llega desde Caguas, vía Virginia. Me refiero a su salario. Al recién llegado le garantizaron una compensación anual de $250 mil, más las misas sueltas, que duplica lo del presidente anterior. Esa compensación ya no debe sorprender a nadie porque se está convirtiendo en norma en el actual gobierno cuando se trata de personas que son traídas desde Estados Unidos, pero en el momento en que se le cercena el presupuesto al periódico Diálogo y se hacen tantos recortes, el salario de este Haddock es obsceno.

Las declaraciones que dio queriendo explicar lo inexplicable levantan más dudas. Primero agradeció la “generosidad” de la Junta de Síndicos que le dio los $250 mil y, a renglón seguido afirmó que realmente estaba haciendo sacrificios, que allá se ganaba más. Es decir, que el generoso es él.

Ecuador y Rafael Correa

Por Nacho Dueñas/Rebelión

Hace unos días, las autoridades ecuatorianas correspondientes han solicitado la prisión preventiva para expresidente Rafael Correa, así como la petición de busca y captura a la Interpol al encontrarse, argumentan, indicios de responsabilidad en el secuestro de Carlos Balda en territorio colombiano.

Sobre la acusación, solo diremos que, pues vaga e infundada (como las otras seis acusaciones vertidas sobre Correa), lo cierto es que no le pueden acusar penalmente de las restantes lindezas que la oposición y la prensa entonces perseguida (¿) le dedicaron, tales como represor, dictador, ladrón, corrupto, asesino, calumniador, etc…

Ahora, la orden de prisión preventiva es un sinsentido y una ridiculez: una orden de prisión preventiva sirve para evitar que el procesado se vaya al extranjero, cuando, como es sabido, Rafael Correa vive…en el extranjero. La medida ha sido criticada incluso por juristas anticorreistas, y es tan absurda que exige que Correa cruce el Atlántico dos veces por semana para evitar que huya…al extranjero, de donde vendría cada vez.

El expresidente, bastante más lúcido, se ha presentado en la embajada ecuatoriana en Bélgica, lo cual es técnicamente sencillo, y jurídicamente pertinente, al tratarse de territorio ecuatoriano. No se requiere ser un lince para advertir que todo se trata de una estrategia para eliminar a Rafael Correa, y a su nueva agrupación, MANA de la vida política.

El caso de Jorge Glas es todavía más sangrante. Tras años de reiterada campaña mediática en la que se le acusó de ladrón durante las 24 horas de cada día de cada mes de cada año, se constató la falsedad de tal acusación, sin que absolutamente ningún periódico ni medio de prensa se haya disculpado, y sin que contra ninguno de ellos se haya abierto un proceso por presuntas calumnias. Recuérdese que la calumnia es delito en todos los sistemas penales del mundo.

Y al final, Glas fue condenado a seis años de prisión por la figura jurídica de asociación para delinquir, figura abstracta y ambigua que se puede aplicar a cualquier persona… salvo a quienes se afirma que se reunieron con él, los corruptos de Odebrecht, quienes no han sido juzgados, y de quienes sí consta que han cometido en Ecuador delitos de corrupción.

Sin embargo, la persecución jurídico-mediática, con la cárcel de por medio (en el caso de Glas como realidad, en el de Correa como posibilidad), hace grandes a ambos personajes, como sucede con Lula en Brasil. No en vano dijo Henry David Thoreau que “el sitio justo del hombre justo en un mundo injusto, es la cárcel”.

¿Cuál es el trasfondo de todo esto? La derechización de Lenin Moreno y su traición a la Revolución Ciudadana, tal y como se demuestra mediante numerosos hechos, como la entrega del servicio de electricidad a los Bucaram, la de los ministerio de Finanzas, de Agricultura y de Comercio a la cúpula empresarial; la intención de derogar la Ley de Comunicación, la bajada o retirada de los impuestos que, por primera vez en la historia de país, han debido pagar las grandes fortunas y empresas; la apertura al FMI, la cooperación con el ejército de EEUU para aumentar la seguridad fronteriza (¿), la persecución jurídico-mediática del correismo, o la casi total ausencia de los proyectos sociales anunciados a bombo y platillo durante la campaña electoral, como el Plan Toda una Vida, el Plan Casas para Todos o la Gran Minga Agropecuaria. No en vano, el FMI acaba de alertar el descenso del PIB, justo lo contrario de lo que sucedió un par de años antes, con Correa, cuando la salida rauda de la crisis de la tormenta perfecta del 2015, gracias a audaces medidas contracíclicas.

Todo esto, y ojalá me equivoque, va a provocar el aumento del desempleo y de la pobreza, y va a mermar la calidad de los servicios sociales (becas, infraestructuras, educación, salud…). En este estado de cosas, urge apoyar al MANA, novedosa agrupación política de Correa, Patiño, Rivadeneira, Glas y otros muchos personajes honestos y lúcidos, que posibilitaron el mayor momento de bienestar social del Ecuador a lo largo de toda su historia.
Así, entre 2006 y 1017 la pobreza, según la CEPAL, descendió del 38% al 22%, y la extrema pobreza de 14% al 7%; el desempleo bajó hasta el 4% según el INEC; el PIB se situó en torno al 4,3%, según el FMI, por encima de promedio de América Latina; pasó a ser el tercer país que más redujo pobreza, y el tercer menos desigual del subcontinente, según la UNESCO. Además, por primera vez, la constitución, de las más avanzadas del mundo, la elaboró la ciudadanía mediante mecanismos directos e indirectos de participación; las grandes fortunas y empresas pagaron impuestos de modo novedoso, lo que permitió los fondos necesarios para invertir en escuelas, hospitales, subidas de salarios, hidroeléctricas, carreteras, multipropósitos, viviendas, etc., posibilitando la intensa mejora tanto en el nivel de vida como en la calidad de vida, según los indicadores anteriormente expuestos.

Contrasta este panorama con el país que los grupos oligárquicos que están volviendo a ocupar el poder destrozaron en 1999, gracias al neoliberalismo de un FMI que está retornando: quiebra del sistema bancario, robo por parte de la banca del 70% de los ahorros de los ciudadanos, tasas de pobreza en torno al 70% (CEPAL), despegue del paro, la miseria y la emigración masiva (lo que supuso el aumento de las tasas de suicidios de niños y adolescentes), etc.

Sin embargo, la opción de Correa es la mayoritaria, en torno al 35%, según se deduce de los resultados de la consulta popular de hace unos meses. Bastará que MANA se organice para recoger el inminente descontento masivo que el desastre social del morenismo va a generar (tómese nota de la debacle social de Argentina y Brasil, de la que los ecuatorianos debieran sacar sus conclusiones), y transformarlo en una inteligente estrategia para ganar las elecciones, mediante un proyecto político que sea la continuidad real de la década de la Revolución Ciudadana.

Así será, es nuestra esperanza. Y puesto que así será, la lucha de otros referentes emancipatorios, que tanto sufrieron, tales como Tupak Amaru, Eloy Alfaro, Dolores Caguango, Tránsito Amaguaña o Leonidas Proaño, no habrá sido en vano. Como canta Pablo Milanés: “Hombre que vas creciendo, / en el camino ha quedado / sangre que fue cimiento, / cimiento de lo logrado…”.

El autor es historiador y cantaautor

Tomado de www.rebelion.org