Por Gabriela Ortiz Díaz/CLARIDAD

El querido amigo y músico puertorriqueño Héctor “Atabal” Rodríguez Medina, fundador y director del grupo Atabal – el cual tiene a su haber 35 años de éxito musical – ha sido diagnosticado con un tipo de cáncer llamado mieloma múltiple.

Según la Sociedad Americana del Cáncer, es un tipo de cáncer de la médula ósea en el que existe una proliferación anormal de células plasmáticas. Dichas células de la sangre, producen los anticuerpos (inmunoglobulinas) que defienden al organismo de infecciones y otras sustancias extrañas (antígenos).

En un gesto de compañerismo y respeto por la gesta cultural y musical de Atabal, varios artistas puertorriqueños aportarán sus talentos con la intención de contribuir a los gastos del transplante de médula ósea y demás tratamientos médicos que requiere la condición.

Durante una conferencia de prensa celebrada el pasado lunes 7, se conocieron los detalles de la actividad que han denominado “Gala Homenaje Pro fondos Héctor Atabal”, la cual se realizará el miércoles, 16 de mayo en el Teatro Ambassador en Santurce.

El evento, producido como donación por la compañía de Luisito Vigoreaux hijo, Happy Productions, comenzará con un coctel a las 8:00 de la noche y contará con la participación de Andy Montañez, Danny Rivera, Victoria Sanabria y Antonio Cabán Vale “El Topo”. La orquesta de Andy será quien permanezca en escena mientras el grupo de artistas canta los temas seleccionados para la ocasión. De hecho, el libreto del espectáculo está a cargo de Gilberto Santa Rosa.

“Lo más hermoso de este encuentro es que nos sanará a todos. Héctor se debe sentir renovado porque está cerca de la música y el gran sentido de la música ha sido sanar”, expresó Danny Rivera en la rueda de prensa. Continuó comentando que en esa ocasión “el estar enlazados en la fraternidad del arte, que siempre ha sido un principio para el abrazo colectivo de la gente que nos respetamos y amamos” es otro aspecto por el que Héctor debe sentirse renovado.

En un aparte con CLARIDAD, Victoria Sanabria dejó saber la satisfacción que siente de apoyar a su compañero en la música: “Me siento muy satisfecha de poder contribuir. Dije que sí rápido porque cuando necesitan a uno, uno tiene que estar ahí”.

“Todos tenemos fe de que sane y de que el esfuerzo que estamos haciendo con mucho cariño y corazón contribuya en algo a que recupere su salud”, prosiguió Sanabria luego de comentar que a Héctor lo distingue su calidad como percusionista y su gran sonrisa.

Ciertamente, muchos y muchas le han expresado solidaridad mediante mensajes de apoyo en las redes sociales (Facebook/Pro Fondos Héctor Atabal), con la gestación de grupos virtuales para mantener comunicación sobre el estado de salud del compañero y con la organización de otros encuentros religiosos y musicales. Para aportar económicamente, si se le imposibilita la asistencia a la Gala, puede enviar dinero a la cuenta 229 – 352116 del Banco Popular de Puerto Rico o a través de Ath Móvil, marcando el número 787 -632- 0357.

Los boletos de la Gala Homenaje Pro fondos Héctor Atabal están disponibles en Ticketcenter a través del 787-792-5000 o de www.tcpr.com.

Esa noche, “la música, la canción, la voz y la sonoridad del sentimiento de amor van a dar de qué hablar”, como expresó Danny en la conferencia.

Tanto Victoria Sanabria como el resto de los artistas invitan al público general a “pasarlo fenomenal”. “Estamos contribuyendo de una manera especial para darle la mano a Héctor porque todos los que vamos a estar en el evento nos tenemos un cariño inmenso y estamos siempre en pro de la misma causa: defender la música de nuestra tierra”, concluyó Sanabria.

ccotto@claridadpuertorico.com

Portavoces del Movimiento por la Niñez y la Educación Pública (MPNEP), denunciaron como un retroceso, una ley innecesaria que no añade ningún beneficio a la población con diversidad funcional, por el contrario representa un retroceso que pone en riesgo muchos de los derechos de este sector de la sociedad, el proyecto PC 1484 que pretende sustituir la actual Ley Núm. 51 de 1996.

En conferencia de prensa, el licenciado Osvaldo Burgos Pérez, la exsenadora del Partido Independentista Puertorriqueno (PIP), licenciada María de Lourdes Santiago, Jinnette Morales, madre de una niña con diversidad funcional y la especialista en educación especial, Jessica Guardiola, denunciaron los peligros que representa el citado proyecto y la obstinación de su proponente el representante, Rivera Ortega de que el proyecto será aprobado.

Burgos Pérez, quien ha intervenido en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez, denunció de manera enfática que el proyecto que pretende resumir las leyes que ya existen relacionadas con los servicios educativos a esta población es uno totalmente innecesario y está relacionado con la llamada reforma educativa y el cierre de escuelas en el país, lo cual tiene un impacto mayor en la población de diversidad funcional en el país.

“No hace falta mayor legislación en términos de los derechos de la población con diversidad funcional en términos educativos. En este país lo que se necesita es que las leyes que existen, que las decisiones que existen estipulaciones que existen en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez se respeten”, exigió.

Al denunciar que los problemas con los servicios educativos a esta población no se resuelven con más legislación, el activista por los derechos humanos, reiteró que no es un asunto de nueva legislación, “sino que se resuelven con un asunto de voluntad, de compromiso con esta población”

En su lugar expuso que el Proyecto lo que hace es añadir riesgos. Por ejemplo: el proyecto pretende segregar a la población de educación especial de los procesos del Departamento de Educación (DE) con una nueva Secretaría. Explicó que esta separación no toma en cuenta que la inmensa mayoría de los estudiantes del Programa de Educación Especial (PEE) ya están dentro de la corriente regular. Por lo tanto si se separan sus asuntos de los procesos del DE se corre el riesgo de que los procesos de los estudiantes del PEE no sean atendidos porque no se atenderían los componentes de la educación regular. A parte de lo que se aspira dentro de la educación especial es que los niños en lugar de ser segregados estén más incluidos en la corriente regular. Otro aspecto del proyecto que dijo es peligroso es el nombramiento de jueces administrativos con el consentimiento del Senado, para resolver las querellas, o casos de incumplimiento con el DE. Advirtió que esto pone en riesgo los fondos de la ley federal IDEA ya que esta ley establece que los jueces administrativos dentro de los procesos de trámite de querellas no pueden ser empleados del gobierno o agencia.

“No vemos cómo lo van a separar porque van a tener un proceso muy parecido al nombramiento de fiscales o jueces del Tribunal de Primera Instancia y eso los va convertir para todos los fines en empleados del gobierno”, reparó en que estos nombramientos se prestan para la politiquería, además de que añade un escalón en el proceso para los padres, los cuales tendrían que acudir al tribunal para exigir los servicios educativos para sus hijos e hijas.

A esto se agrega que la medida incluye aspectos que ya están atendidos en las estipulaciones del pleito de clase que fueron acordadas en el 2002 y que todavía están en el proceso de determinar si el DE esta cumpliendo con esas estipulaciones. Burgos Pérez llamó la atención a que si se eleva a rango legislativos las estipulaciones del pleito de clase se corre el riesgo de que venga otra legislatura y de un tizaso “elimine de golpe y porrazo lo que son 38 años de lucha de la población de educación especial”.

Como si no fuera suficiente el proyecto pretende certificar el mecanismo de intersesoría, el cual al presente se ofrece de manera voluntaria por padres y madres. Es cuando padres y/o madres acompañan a otros en reuniones, vistas con el DE con relación a reclamos de servicios para sus hijos o alguna otra situación. Esto se elimina con la legislación y se establece una estructura para los intercesores y aunque no describe requisitos se les exige una licencia.

En tanto la exsenadora Santiago, reiteró, “todos coincidimos en que la ley no sólo es innecesaria, es un retroceso en la Educación Especial. Lo que ha hecho el representante Rivera Ortega es simplemente recoger y traducir en ocasiones de manera muy imprecisa elementos de legislación federal o incorporar algunas cosas de la legislación vigente, de una forma brusca, muy deficiente en su estructura”.

Para comenzar apuntó que no se provee ninguna transición y la ley comenzaría a aplicar después de su aprobación a pesar de que para ponerla en marcha requeriría importantes ajustes en el DE. Entre los derechos -que indicó- se eliminan está la participación de los padres y maestros en la preparación del programa educativo individualizado (PEI). Ahora en la preparación del PEI los especialistas que atienden al estudiante son los que llevan la voz cantante. La nueva ley establecería que si hay que hacer evaluaciones adicionales las hará el personal del DE y se llevará a votación. “Vas a llevar a votación si un estudiante necesita evaluación adicional cuando el Departamento de Educación es el que se niega a dar el servicio”, cuestionó en tono indignado.

Por otro lado -continuo- en términos fiscales el proyecto pospone la fecha en que tiene que estar listo el PEI. En el presente la ley dice que el PEI tiene que estar listo cinco días antes de que acabe el semestre. La razón para este plazo es que el año fiscal termina el 30 de junio y se supone que el DE reciba todos los PEI para preparar el presupuesto. Santiago levantó el que “si ahora es y es difícil, se podrán imaginar que todo ese proceso se traslade a agosto, va a llegar diciembre, febrero y los niños no van a recibir ningún servicio”.

Más aún el proyecto tampoco habla nada de presupuesto, por lo que tienen la preocupación de que ahora con la Ley 85- no se sabe cómo es qué se va a distribuir el presupuesto del DE con la reforma educativa, tampoco se conoce qué es lo que va a pasar con los fondos del PEE. Levantaron que si se sigue con el principio del DE de que cada estudiante tiene un precio (se habla de alrededor de seis mil dólares por estudiante) los estudiantes del PEE estarán en desventaja porque necesitan más recursos.

Santiago también alertó a que la medida pretende establecer que los servicios se prestarán por encima de lo que diga cualquier otra ley, o convenio colectivo, según lo disponga la secretaría. A su juicio esto significa un “flexitime”, además según el legislador y proyecto se le concede a la secretaría una “autonomía docente”. Para Santiago lo mas preocupante del PC 1484, es que lo que persigue es cerrar el pleito de clase y acabar con la intervención judicial.

En tanto Jinnette Morales, recalcó las denuncias de sus compañeros de que la Ley no atiende los problemas reales que tiene la niñez de EE. “La Ley no parte de los problemas reales que tiene nuestra niñez, los problemas reales están en el incumplimiento, en la falta de voluntad por cumplir, en las malas ubicaciones que tienen nuestros niños en el Departamento, en unos servicios relacionados, de unos contratos que le exige el Departamento que no rehabilitan a nadie. No hay nada en la ley que tenga que ver con los problemas que tiene nuestra niñez”.

Claridad

Las rencillas internas de los partidos políticos de ordinario sólo sirven para entretenernos, sobre todo si la pelea se da entre figuras del gobierno. Pero algunas de esas trifulcas, sin proponérselo, terminan haciéndole bien al país. Eso acaba de ocurrir en Puerto Rico. Gracias a un tirijala interno dentro del gobernante Partido Nuevo Progresista se develó una trama que dramatiza cuán pervertida están algunas instituciones que cumplen funciones indispensables, como la judicatura y el sistema electoral. La perversión les llega de afuera, traída por los partidos que intentan manipularlas.

Fue como resultado de pelea chiquita dentro del PNP que se conoció un largo intercambio de mensajes telefónicos ya bautizado como el “chat del Moca”. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, estaba muy molesto porque no se seleccionó a una protegida suya para la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y se movió para hacer público el intercambio de mensajes que seguramente provocaría la renuncia del recién seleccionado. Esto que acabo de decir nadie lo ha corroborado, pero no hay que saber mucho de la vida para concluirlo. Obviamente fue alguien enviado por Rivera, o él mismo, quien le entregó la impresión de mensajes al senador del PPD que los hizo públicos.

Tal vez Rivera pensó que las consecuencias de su acción no serían tan graves, que el recién nombrado renunciaría quedando otra vez la silla vacante. Con la movida ganaría dos veces –con la vacante y con el cantazo al gobernador que Ricardo Rosselló que lo nombró– y ahí quedaría todo. Sin embargo, por lo conocido hasta ahora, las consecuencias que ha tenido la divulgación del chat van mucho más allá.

Los principales cargos del gabinete de gobierno de Rosselló han tenido que renunciar una vez la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, los colocó en la puerta de una imputación criminal y, como resultado de esas renuncias, otra vez se tambalea el ya debilitado Gobierno. Pero lo más importante no es esta nueva herida a un gobierno que ya estaba maltrecho, sino el golpe infligido a la Rama Judicial y a la CEE.

La Rama Judicial se supone que sea independiente y desvinculada de la política partidista y, supuestamente para garantizar estos principios básicos, ha elaborado una larga lista de cánones que prohíben todo asomo de militancia política entre los miembros de la judicatura. Por otro lado, dado que los jueces se suponen independientes, la Ley Electoral los coloca en la presidencia de las comisiones locales a cargo de supervisar el proceso electoral. Las controversias que surjan en medio de cada evento eleccionario son adjudicadas por esa figura “independiente”. Así, en teoría, se garantiza la pureza del proceso mediante el cual se elige el gobernador, alcaldes y legisladores.

Esa teoría quedó hecha trizas la pasada semana y el origen del mal que decretó su muerte está en la forma en que se nombran y se confirman los jueces y en la desvergüenza de los políticos que luchan por controlar las instituciones públicas y, una vez lo logran, conspiran para desvirtuar los principios que le dan valor a éstas.

Rafael Ramos Sáenz y su socia en un bufete pueblerino simultáneamente fueron nombrados jueces municipales gracias a sus contactos en el PNP. Además de adjudicar controversias judiciales, ambos pasaron a presidir comisiones locales de la CEE. De su exsocia nada se sabe, pero de Ramos sabemos que no abandonó su militancia partidista, más bien la incrementó participando activamente en organismos del PNP y llegando al extremo de consensuar sus resoluciones adjudicativas con sus compañeros militantes. Luego, como las elecciones produjeron el triunfo de su partido y sus compañeros militantes pasaron a dirigir el Gobierno, todos conspiraron para colocar a Ramos a cargo, no ya de una comisión local sino de la propia CEE. A partir de ese momento el control de la institución electoral sería absoluto.

¿La historia de Ramos Sáenz es, acaso, un hecho aislado? Quienes fraguaron y ejecutaron ese esquema han estado durante dos años, al menos, a cargo de tomar casi todas las decisiones importantes del Gobierno y han sido responsables de decenas de otros nombramientos judiciales. Desde la Secretaría de la Gobernación fraguan los nombramientos y desde la Comisión de Nombramientos del Senado (donde trabaja la esposa del Secretario de la Gobernación) manipulan su confirmación.

El grupo que dirigió la campaña electoral del PNP pasó, casi en su totalidad, del partido al gobierno, según la información que ya se conoce. A partir de enero de 2017 comenzaron a controlar las principales instancias del poder colonial que, como dijo una columnista, “es menguado, pero sustancioso”. La desfachatez con que obraron, primero para ascender a Ramos Sáenz a juez superior y luego para colocarlo en la jefatura máxima de la CEE, nos permite concluir que obviamente no estamos ante un caso aislado. Es un grupo que actuaba como tropa de asalto, con la misión de arrasar y controlar. En lugar de un hecho aislado es cumplimiento de una agenda o, como decían entre ellos, de “un plan”.

Ahora, como la agenda desvergonzada ha sido descubierta, los más notorios se han visto obligados a renunciar y el gobernador Rosselló pronto nombrará sustitutos. ¿Pero acaso esto se resuelve con un cambio de nombre? Lo que ha salido a flote evidencia que la voracidad partidista ha sido capaz de trastocar y pervertir instituciones cuya supuesta neutralidad ayuda a garantizar un mínimo de convivencia pacífica. Se trata obviamente de un problema muy serio, que trastoca la esencia del gobierno y que no se resuelve con un cambio de nombres.