Por Joel Cintrón Arbasetti

Es la mañana del 7 de octubre y un hombre detiene el tránsito en la calle Antonsanti en Santurce, detrás del edificio de Ciudadela. Tiene puesto un casco, gafas, el rostro cubierto con pasamontañas, chaleco con municiones, guantes, straps plásticos de los que se usan en arrestos, botas, pantalón camuflado con rodilleras, cuchillo y pistola. En la mano lleva una ametralladora. No tiene placa ni identificación.

Trabaja para una empresa privada de seguridad que contrató el dueño del complejo multiusos Ciudadela, Nicholas Prouty, quien la semana pasada dijo al Centro de Periodismo Investigativo que recurrió a ese servicio luego del paso del huracán María.

“Con una reducción sustancial del número de policías en las calles (debido a la reasignación de recursos del gobierno para proteger el diesel y las cadenas de suministro), y la mayoría de las luces de las calles dañadas, Ciudadela ha tomado las medidas necesarias para hacer sentir a sus residentes y arrendatarios comerciales seguros”, dijo Prouty en un correo electrónico. No quiso revelar el nombre de la compañía de seguridad.

¿Para quién trabaja?, le preguntó el CPI al hombre armado que estaba en Ciudadela.

“Trabajamos con el gobierno”, contestó.

¿Con cuál división?

“Es una misión humanitaria, estamos ayudando a Puerto Rico”, dijo en español masticado.

¿Y por qué tiene la cara tapada?

“Porque si yo mañana voy con mi hija a comer a Burger King y alguien me identifica me puede matar”, contestó.

Otros dos hombres con indumentaria militar apostados en otra esquina de Ciudadela dijeron que trabajaban para una compañía privada, pero tampoco revelaron el nombre.

¿Por qué tienen la cara tapada?

“Porque queremos”, dijo uno de ellos alzándose el pasamontañas hasta la nariz para cubrirse mejor. En la mano tenía un arma larga: una escopeta plateada.

El CPI preguntó a Héctor Pesquera, secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico, si se expidió un permiso especial para portación de armas largas a compañías de seguridad privada tras el paso del huracán María. “Estamos bregando con eso”, contestó al salir de una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones. Al mostrarle la foto de los hombres que prestan seguridad en Ciudadela, dijo, “eso pueden ser militares”, y se retiró con prisa por la parte de atrás de la tarima de un salón en el Centro de Convenciones en San Juan, donde el gobierno de Puerto Rico montó su Centro de Operaciones de Emergencia (COE) luego del huracán María.

¿La ley federal de armas permite a guardias de seguridad privada portar armas largas?, cuestionó el CPI a Rosa Emilia Rodríguez, jefa de la Fiscalía Federal en Puerto Rico.

“Nosotros nos dejamos llevar por las violaciones a leyes que son federales e incluyen las armas largas, cargar un rifle automático y demás, si no tiene la licencia adecuada”.

¿Pero hay licencias que permiten portar armas largas?

“Depende [de] si son militares. O sea, es muy restringido. Me extraña que eso esté sucediendo. No sé si son policías que están fuera de servicio, no sé, tendría que ver las circunstancias. Un policía puede trabajar en una compañía de seguridad privada en sus horas libres”.

¿Y en ese caso pudieran tener armas largas?

“No sé, me ha picado la curiosidad así que lo voy a verificar. Pero me extraña, que tenga acceso nada más a las armas largas”, contestó Rodríguez.

Por su parte, la Fiscal General Olga Castellón dijo que Pesquera está tramitando una orden ejecutiva que detallará las reglas para las empresas de seguridad privada. Quizá a eso se refería el secretario de Seguridad Pública cuando dijo: “Estamos bregando con eso”.

Ambas funcionarias federales coincidieron en que la orden no debe permitir la portación de armas largas a guardias de seguridad privada. “Estarían yendo muy lejos”, dijo Rodríguez.

La Ley de Armas de Puerto Rico dice que “no se podrá… poseer, usar, traspasar o importar un Arma de Asalto Semiautomática”. Esta prohibición no aplica a “personas cuya licencia contenga la categoría de tiro al blanco, de caza o posea licencia de armero, de aquellas armas de asalto legalmente existentes en la nación de los Estados Unidos”. O a personas “con licencia de armero, para uso de estas armas en el cumplimiento del deber por los agente del orden público, del gobierno de Puerto Rico o de los Estados Unidos, o para el uso de las fuerzas armadas del Gobierno de los Estados Unidos o de Puerto Rico”.

Las armas que prohíbe la ley incluyen escopetas y rifles semiautomáticos.

Dos miembros de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos consultados por el CPI dijeron que tanto la escopeta como la ametralladora que portaban los hombres de Ciudadela son armas automáticas o semiautomáticas, luego de ver una foto.

“En términos de armas de fuego, (las compañías de seguridad privada) tienen que regirse por la Ley de Armas de Puerto Rico y tener una licencia de portación de armas. Hasta donde yo sé, aquí las portaciones de armas son para armas cortas. Las armas largas se usan única y exclusivamente para la custodia de transporte de valores, de camiones blindados, y es una licencia especial que provee el gobierno de Puerto Rico. Todos los demás servicios armados tienen que ser con armas cortas. Las únicas personas que pudieran utilizar armas largas son los del Estado. No conozco ninguna autorización legal para portar armas largas en el servicio privado en Puerto Rico”, dijo Adalberto Mercado, vicepresidente de operaciones de la compañía de seguridad privada Ranger America.

“El Estado puede proveer licencias provisionales, pero tienen que gestionarlo y el Estado tiene que concederla. Si no, estarían portando armas ilegales dentro de territorio de Puerto Rico”, detalló Mercado.

La empresa de seguridad Academi, recordada por su anterior nombre, Blackwater, por haber obtenido un contrato por $21 millones con el gobierno de Estados Unidos para dar servicios de seguridad durante la guerra de Irak en 2003, ya tiene ofertas del gobierno local y federal y de la Cruz Roja para venir a Puerto Rico.

“Estamos listos par ir”, dijo Paul Donahue, Jefe de Operaciones de Constellis, la empresa dueña de Academi, en entrevista telefónica con el CPI. Detalló que, si el gobierno de Puerto Rico acepta la propuesta que le han hecho Academi a partir del acercamiento del gobierno, estarían dando servicios de seguridad en el transporte de agua. La empresa ya opera en las islas caribeñas de Dominica y San Martín, a donde llegaron luego del paso de los huracanes Irma y María. Esta empresa, descrita como un ejército de mercenarios por el periodista investigativo Jeremy Scahill, ha cambiado de nombre en tres ocasiones desde su fundación en 1997 por un ex oficial del Navy Seal (Equipos de Mar, Aire y Tierra de la Marina de los Estados Unidos).

Blackwater operó también en Nueva Orleans luego del paso del huracán Katrina en 2005. Allí trabajaron bajo un contrato federal y para personas millonarias que abandonaron la ciudad antes de que pasara la tormenta. Los contrataron para que protegieran sus propiedades.

Sobre la entrada de empresas de seguridad de Estados Unidos a Puerto Rico, Mercado, el vicepresidente de operaciones de Ranger America, dijo que “nosotros hemos hecho contratos de servicio con empresas de seguridad de los Estados Unidos que nos han contratado a nosotros para a su vez proveerle seguridad a clientes que tienen ellos aquí en Puerto Rico… Yo no te diría que son grandes cantidades (de compañías), pero sí hemos visto contrataciones (de seguridad estadounidense) en el área de las comunicaciones y en el área hotelera. Son compañías que nosotros realmente no las conocemos, no tienen presencia aquí en Puerto Rico, pero sí han llegado y sabemos que están dando servicio a algunas corporaciones y multinacionales”.

Mercado dijo que Ranger America está reclutando más empleados desde el paso del huracán, para dar servicios a detallistas, supermercados, almacenes al gobierno, y “más recientemente” con FEMA. No detalló los nombres de compañías ni de las agencias que los han contratado.

The Whitestone Group, otra empresa de seguridad estadounidense, publicó el 29 de septiembre un anuncio en la página de búsqueda de empleos Monster donde solicitan “oficiales jubilados con certificación de portar arma para respuesta inmediata en Puerto Rico”. Dice que el pago estimado será de $2,400 a la semana más dieta y hospedaje. El área de trabajo que indica la oferta dice “FEMA-Puerto Rico”.

“De verdad que no te sé la contestación”, dijo Alejandro De La Campa, director de FEMA en Puerto Rico, cuando el CPI le preguntó si la agencia había contratado a empresas de seguridad privada para trabajar en Puerto Rico y, en específico, a The Whitestone Group.

“Pero nosotros vamos a contratar… todas las contrataciones se hacen a través del Federal Protective Services, esa es la agencia federal que hace la contratación; ellos serían los que te podrían contestar. De que vamos a necesitar nosotros seguridad (privada) a través de la isla, eso es correcto”, dijo De La Campa en una salida rápida del COE.

Whitestone Group actualmente tiene “varios contratos” con los Departamentos de Defensa, Ingeniería, del Interior y Comercio de los Estados Unidos, así como con el Ejército, las Fuerzas Armadas y la Guardia Costera. Su primer contrato con el gobierno federal fue con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Veteranos en Nueva Orleans, luego del paso del huracán Katrina en 2005.

Las personas que observaban el espectáculo militar detrás de Ciudadela aquella mañana del sábado, no tenían cara de sentirse más seguras. Una mujer mayor a la que el hombre armado con una ametralladora le impidió el paso por la calle Antonsanti, lucía ansiosa, nerviosa y asustada. Pero aún así lo increpó a través de la ventana de su carro. Le pedía que la dejara pasar porque iba para una calle que estaba antes de donde estaba un camión descargando mercancía. La mujer estaba a punto del llanto. El hombre con aspecto de robot finalmente la dejó pasar y le dijo “gracias por interrumpir mi trabajo”.

Laura Moscoso colaboró en esta historia.

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Especial para CLARIDAD

La invasión de Puerto Rico por el ejército de Estados Unidos, el 25 de julio de 1898, frenó de un cantazo los primeros pasos de un desarrollo económico independiente en nuestra isla. Contrario a lo que afirman los críticos del Dr. Pedro Albizu Campos, el régimen autonómico concedido por España en 1897 sí abrió una ventana para que la isla progresara social y políticamente, como ya venía haciendo desde 1895, gracias al esfuerzo propio de nuestra gente. No fue solo el terrible ciclón San Ciriaco lo que tronchó este proceso. Ante todo, fueron las medidas imperialistas impuestas por el ejército de Estados Unidos, en medio de la dolorosa crisis humana, las que vinieron a golpear abusivamente a nuestra nación.

Efectivamente, al momento de la invasión, Puerto Rico no solo tenía una balanza comercial favorable, sino que estaba en medio de un avivado repunte económico. Esto llamó la atención hasta de los mismos militares estadounidenses que no pudieron ocultarlo en sus informes al secretario de guerra de Estados Unidos. Toda la década de 1887-1898 y, en particular, los tres años inmediatamente previos a la invasión, fueron unos de marcado progreso comercial en Puerto Rico. Fue la invasión militar del 25 de julio de 1898 y el acompañante bloqueo comercial los que pusieron fin a este avance. Así lo admitió cándidamente el general George W. Davis, gobernador militar de Puerto Rico entre 1899 y 1900. Veamos primero la situación del comercio externo e interno.

En 1896 la venta de productos elaborados en la isla superó la venta de productos importados. Los productos nuestros vendidos en el exterior (café, tabaco, azúcar y otros menores) excedieron el valor de las mercancías importadas. De hecho, según los datos del Departamento de Guerra de Estados Unidos, toda la década de 1888-1898 había mostrado una tendencia al mejoramiento de la balanza comercial de la isla. Los años claves, sin embargo, fueron 1895 y 1896. ¿Por qué? Entre el 5 de diciembre de 1895 y el 27 de febrero de 1896, el gobierno español emitió una serie de órdenes que beneficiaron considerablemente al productor local, al sentar la bases para un sistema monetario autónomo.

Antes de 1895 la moneda metálica dominante en la isla era, siguiendo la terminología de los invasores, el «peso» español. Junto a este, circulaba el peso mexicano. Mediante dos órdenes de la Corona, se creó entre el 1895 y 1896, el peso puertorriqueño. Este último se acuñaba en España y tenía la misma «pureza» que el peso español de plata. La diferencia es que en lugar del nombre de España llevaba acuñado el de Puerto Rico. Desde la distancia, los legisladores españoles de la época promulgaron que el peso puertorriqueño se aceptara por el gobierno de la provincia colonial a una tasa de 95 centavos del peso español. En el mercado privado, sin embargo, tenía que aceptarse a 100 centavos del peso español o sea 1:1. Frente al peso mexicano, con fuerte circulación en la isla, el peso boricua era equivalente a 95 centavos. Pero, como dice el refrán, el Diablo se esconde en el detalle: el peso mexicano se cotizaba en el mercado mundial a 50 centavos del español. Ni bobos ni perezosos, los boricuas comenzaron a envolverse en el tráfico «ilegal» de moneda para comprar pesos mexicanos a precio de ganga y revendérselos al Banco de España en San Juan a la tasa de 95 centavos. Esa diferencia era, para usar la expresión marxista, una fuente importante de acumulación originaria de capital-dinero en manos de los pequeños propietarios y la ascendente burguesía del país, a expensas del imperio español.

El impacto del mercado paralelo de moneda metálica proveniente de México, antes de la invasión, no podía sino crear una situación favorable para los agricultores puertorriqueños, en lo que toca a la deuda sobre bienes raíces. De acuerdo con los datos del Banco de España en Puerto Rico, los agricultores locales (principalmente de café), contrajeron entre 1890 y 1898 deudas privadas por la suma de 31,036,800 pesos españoles. Teóricamente, toda esa deuda podía satisfacerse comprando pesos mexicanos a descuento en el mercado negro, con una inversión de poco más de 19,553,184 pesos españoles. El hecho de que el gobierno español persiguiera enérgicamente a los vendedores de pesos mexicanos es indicativo de lo anterior.

La conducta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a partir de la invasión es la mejor prueba de las ventajas que obtenían los productores locales del tráfico ilegal de moneda mexicana. Para dominar la economía de Puerto Rico, el nuevo poder imperial tenía que cerrar esa fuente independiente de capital-dinero. Así que impusieron por decreto que a partir del 4 de abril de 1900 únicamente podría utilizarse el dólar estadounidense para el pago de hipotecas y deudas privadas. Concedieron un corto período de gracia para la conversión de toda la moneda circulante en dólares, pero a una tasa de 100:60. Es decir, oficialmente todas las hipotecas sobre la propiedad se revaloraron en la nueva moneda y quedaron reducidas a $18,622,060 dólares. Bloquearon la isla, en lo que toca a nuestra habilidad de continuar beneficiándonos del mercado mundial.

A partir del 25 de julio de 1898 Puerto Rico fue sometido a un bloqueo comercial y monetario absoluto, comparable solamente al que se le impuso a Cuba después del triunfo de la Revolución. En febrero de 1899, por ejemplo, el Departamento de Estados Unidos emitió la Orden no. 18, que prohibía de manera absoluta la prestación de dinero con hipotecas sobre las granjas. Nadie podía tomar prestado usando su tierra como garantía. Una orden del gobernador militar emitida el 20 de enero de 1899 ya había congelado todas las operaciones monetarias hasta que el Congreso autorizara el cambio de moneda, en proporción que, ya se anunciaba, sería de 100:60; curiosamente, el mismo margen que alimentaba la acumulación de capital dinero en las manos locales. Ante los productores locales, particularmente de café, se abrió un abismo insalvable y todavía no había llegado San Ciriaco.

De acuerdo con los propios informes del Departamento de Guerra, la invasión del 25 de julio de 1898 no solo frenó de cantazo el mejoramiento de la situación económica ligada a la reforma monetaria de 1895-1896, sino que provocó un rápido «retroceso económico». La balanza comercial se invirtió, incluso, meses antes del huracán San Ciriaco. La compra de productos en el exterior sobrepasó por primera vez en mucho tiempo las exportaciones. Temprano en el verano de 1899 se comenzó a hablar de un «retroceso económico» acelerado e imparable. Muchos productores agrícolas abandonaron los sembradíos y emigraron del campo. Esto último causaba preocupación, entre otras cosas, porque más del 30% de la tierra cultivable estaba dedicada a la producción de alimentos (arroz, guineos, batatas, ñames cocos). Si a esto se añade el consumo elevado en la isla de productos derivados de la caña, el tabaco y el café, el resultado es que en 1897 cerca del 56% de la tierra cultivable había estado fuertemente ligada al mercado interior. Eso ahora se desmoronaba, provocando la subida de precios.

El 8 de agosto de 1899 llegó el ciclón San Ciriaco. Cerca del 90% de las siembras de la isla quedaron destruidas, en particular, el café y la producción de alimentos. A pesar de la situación de desesperación de los agricultores boricuas, el gobierno de Estados Unidos maliciosamente tomó cuatro medidas destructivas de nuestra nación, pero que favorecían a sus intereses: (1) la congelación del crédito bancario para las operaciones agrícolas locales; (2) la devaluación de la moneda metálica española, puertorriqueña y mexicana; (3) la supresión de todo remanente de gobierno propio en manos de los puertorriqueños y (4) la inclusión de la isla en la tarifa azucarera de la metrópoli, para el beneficio del gran capital azucarero estadounidense. El 25 de abril de 1898, tres meses antes de la invasión, el general Nelson A Miles había comunicado al presidente de Estados Unidos la estrategia a seguir para dominar a Cuba y Puerto Rico, utilizando como analogía los movimientos de una «serpiente anaconda estrangulando a su víctima». Esa vil imagen, producto de la mente enfermiza de un asesino de indígenas, era ahora implementada en Puerto Rico.

Nunca se supo ni se sabrá, con exactitud, cuántas piezas de moneda metálica estaban en circulación en la isla el 12 de abril de 1900, fecha de la implementación del cambio monetario. Muchos agricultores puertorriqueños optaron por la conversión de las piezas no-estadounidenses en lingotes o, simplemente, las fundieron en joyerías y otros modos de atesoramiento. Lo cierto es que su «valor relativo» frente al dólar cayó incluso por debajo de su liquidez metálica. Ante la imposibilidad de obtener créditos de tipo alguno, la inmensa mayoría de agricultores locales no tuvo otra opción que vender la tierra a precios de quemarropa. ¿A quién? Pues a los que podían comprarlas sin recurrir al crédito, o sea, a los inversionistas estadounidenses. Incluso, los trabajadores fueron severamente golpeados por la devaluación de la moneda, pues lo poco que tenían, incluyendo los salarios, quedaron de momento devaluados. Quizás fueron ellos los que más sufrieron, y no faltaron las manifestaciones de lucha obrera.

La imposición militar del dólar estadounidense, así como las otras medidas económicas dictadas por el gobierno de Estados Unidos entre 1898 y 1900, no podían sino dar un golpe mortal a la economía de Puerto Rico, que había dado sus primeros pasos bajo el nuevo régimen autonómico y las medidas monetarias de 1895-1896. No importa el atraso relativo y la naturaleza agraria de la isla al momento de la invasión. La intención del Congreso en 1899 era, siguiendo la imagen de la anaconda, ahogar toda posibilidad de sobrevivencia de nuestros agricultores y comerciantes. Imponer estas medidas monetarias y crediticias en el contexto del huracán San Ciriaco, con el 90% de los cultivos destruidos y sobre 3,000 personas muertas, raya en el genocidio. Poco le importó al gran capital estadounidense, representado por el National Bank of North America, la devastación general y el sufrimiento de nuestro pueblo. Todo lo contario. Como hicieron contadas veces en las Grandes Praderas de Norteamérica, en contra de los pueblos originarios, levantaron en la isla un imperio que sirviera a sus intereses.

Ante la pregunta de cuál era la causa de la situación terrible que vivía Puerto Rico después de la imposición del dólar, el gobernador militar George W. Davis contestó con palabras que hacen pensar en el mandatario presente de la Casa Blanca: «El problema radica con los puertorriqueños mismos —una raza híbrida, hablando en general. Los educados y más pudientes, como hidalgos españoles orgullosos, consideran el trabajo como algo degradante, mientras que los jibaros pobres y los esclavos liberados y sus descendientes, que nunca han trabajado sistemática o regularmente en sus vidas, consideran el trabajo manual con horror y carecen de ambición alguna. Sin embargo, algunos de ellos han escuchado, y hasta se creen, que, si tan solo supieran leer y escribir, podrían vivir bien, sin la necesidad de trabajar por un salario en el campo. De ahí que, si muestran algún deseo de educarse, es tan solo con el propósito de escapar a la necesidad de arar y talar, cavar y rastrillar, así como de cortar caña y recoger café».

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Fuentes  de entero crédito revelaron a CLARIDAD que el sistema Karibe que guarda toda la información del Registro de la Propiedad del Departamento de Justicia, quedó inoperante ya que alegadamente el edificio del DJ en Miramar donde ubican los servidores principales fue declarado pérdida total.

El Departamento de Justicia se encuentra haciendo gestiones para que la empresa Claro entre como proveedor del Departamento y suba el backup de Karibe en la Oficina del Registro en Mayagüez. La fuente también revelo que las secciones del Registro de Aguadilla y Guayama también fueron declaradas perdida total por lo que  tienen que mudarlas. Según la fuente se espera que a más tardar el lunes 9 de octubre el servicio Karibe ya esté en operaciones y ver si hay conexión entre Mayagüez y las distintas secciones ya que los registros tienen que tener electricidad para operar.

Podría darse el caso de que Karibe suba para los clientes externos pero necesita que el motor de pago del Departamento de Hacienda esté funcionando para poder hacer los pagos. La falta de funcionamiento del Registro de la Propiedad provoca pérdidas millonarias a la banca hipotecaria del país esto incluye a los investigadores de título que trabajan de manera independiente y a las compañías que dan este servicio.

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