El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó una nota en su portal cibernético el jueves pasado con la intención de informarle a la ciudadanía que, a pesar de que una sentencia estipuló que el Gobierno de Puerto Rico debía entregarle a esta organización todos los datos relacionados con las muertes causadas por el huracán María, el mismo sólo hizo entrega parcial de la información solicitada por los periodistas del Centro.

Tras la demanda que le hicieran el CPI y la cadena de noticias CNN al Gobierno, la sentencia de la jueza Lauracelis Roques Arroyo del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico dictó que este tendría siete días para entregar la base de datos de las muertes registradas en Puerto Rico, los certificados de defunción, las defunciones por día y municipio, los permisos de enterramiento y de cremación, así como la libreta manual en la que se registran los permisos otorgados a cada funerario y casa de cremación en cada una de las oficinas del Registro Demográfico de Puerto Rico.

Aunque el Registro Demográfico había alegado que los documentos solicitados tenían muchos campos de información confidencial, la sentencia de Roques Arroyo dice: “Este Tribunal concluye que, con excepción de los números de seguro social, la información contenida en los certificados de defunción y la información adicional solicitada no es privilegiada. Por lo tanto, este Tribunal ordena que se permita el acceso a las partes demandantes a los certificados de defunción, por inclinarse la balanza a favor del derecho constitucional de acceso a la información”.

“En términos generales, de la totalidad de los documentos que nosotros solicitamos se nos hizo una entrega parcial. Por ejemplo, de los certificados de defunción, que son más de 24 mil, solamente recibimos 2 mil. De los permisos de enterramiento y de cremación, también recibimos alrededor de 2 mil nada más. Así que todavía queda una gran cantidad de material por entregarnos”, dijo en entrevista con CLARIDAD, la periodista Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.

“En el caso de la base de datos de causas de muerte, se nos entregó un documento digital en Excel, pero no se nos ha indicado qué porcentaje de defunciones por mes ya está entrado en el documento”, continuó Minet.

La tabla de Excel contiene información desde el 18 de septiembre de 2017 hasta el 11 de junio de 2018. El CPI recalcó que esta base de datos, con 22,985 ítems, contiene la totalidad de las muertes ocurridas en Puerto Rico en ese periodo. Es decir, no se trata solo de las muertes relacionadas con el huracán María.

Hasta el momento, el CPI no puede realizar un análisis final, definitivo o exhaustivo porque no hay noción clara de cuánta información falta por registrar. A preguntas de CLARIDAD sobre por qué entendía que el Gobierno había entregado los datos incompletos, Carla Minet contesto: “tengo que asumir que no lo han entrado porque no veo la lógica de eliminar datos en el punto en que estamos, que se está revelando un caudal de información tan gigante. Pero a la misma vez el hecho de que no nos especifiquen los porcientos nos hace sentir inseguros a la hora de hacer análisis porque no podemos informar clara y definitivamente”.

El CPI ya comenzó el proceso de examinar bien lo que le entregaron, pero tomará meses descifrar cuáles de esas muertes están directamente relacionadas con el huracán. Para este análisis requerirán ayuda de especialistas en múltiples áreas. De hecho, el Gobierno no ha provisto más ayuda que la de ofrecer ciertos datos. “Ha sido muy poco cooperador”, expresó Minet.

Según la directora del CPI, la poca cooperación del Gobierno sugiere que la administración se niega a aceptar críticas por la inacción y negligencia para con el pueblo puertorriqueño luego del fenómeno atmosférico. Continúo diciendo que ganar la demanda no ha conducido a un proceso fluido, fácil o amistoso entre las partes y, aunque hay funcionarios mas allá de los que toman decisiones en las agencias gubernamentales que sí han querido ayudar, “uno tiene que lidiar con todas esa diversidad de personajes”.

Se destapa la olla de información

Después de que el CPI y CNN ganaran la demanda contra el Gobierno y de que acudiera tanta gente a la actividad de los zapatos frente al Capitolio, se ha destapado la olla de información. “Es un inicio. Ahora hay que hacer un trabajo de corroboración para poder rendir un informe final lo más certero posible”, comentó Carla Minet.

Además de hacer justicia y darles voz a las personas fallecidas para que el mundo conozca cuáles de esas muertes fueron ocasionadas por la negligencia o deficiencia del Estado, el CPI interesa tener pruebas concretas de dónde estuvieron los fallos sistémicos mayores. Entender esos fallos de cara a otra temporada de huracanes, es un intento de prevenir al país ante este tipo de fenómenos naturales, que serán más comunes, como ha demostrado la comunidad científica.

Carla Minet expuso durante la entrevista con CLARIDAD que este también es un tema de política pública: “No es únicamente una situación de esta administración, sino que se ha ido montando capa sobre capa. Si bien es cierto que el huracán estuvo fuera de toda proporción, también lo es que estábamos en el momento de mayor fragilidad en términos institucionales y de infraestructura”, dijo.

Mas allá de esperar los resultados del estudio que requirió el gobierno de Ricardo Rosselló a una universidad en Wáshington, para Minet lo que ha conducido a la administración actual a mantener la cifra oficial de muertos en 64 es la “testarudez de Héctor Pesquera”.

“No tengo una contestación, la lógica no me deja entenderlo, el sentido común no funciona, no hay una razón lógica de por qué ellos han mantenido esa cifra de 64. Hay decenas de testimonios que han expuestos los medios y que no están contemplados en la cifra de 64”, señalo la directora del CPI.

Por el compromiso y la responsabilidad que tiene el CPI con este tema, irán publicando historias a medida que vayan manejando la información recibida. “Hay unas historias de corto plazo que se van a ir trabajando con los datos disponibles y hay otras que serán a largo plazo porque se tiene que hacer corroboración”, aseguró Minet a la vez que expresó estar drenada por todo el trabajo que han tenido y que tendrán.

“Por una parte hay un sentido de victoria porque logramos que se abrieran los documentos y eso tiene mucho valor, pero también pienso en el fuerte trabajo que nos queda por delante”, concluyó.

Los millonarios contratos que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha estado concediendo a compañías estadounidenses a raíz del paso del huracán María dejan en evidencia que el Gobierno de Estados Unidos ha tomado por asalto a la citada corporación pública de Puerto Rico.

La noticia de que la Junta de Control Fiscal (JCF), cuestionó un contrato concedido por la AEE, esta vez a una compañía llamada Mas Tec por la cantidad de $700 millones, aunque no deja de causarle indignación, tampoco le toma por sorpresa al presidente de la Unión de Trabajadores Independiente de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo. En entrevista Figueroa Jaramillo denunció que la concesión de contratos a compañías estadounidenses es la forma en que se ha estado utilizando los $1,500 millones que asignó el Congreso de Estados Unidos hace unos meses para los trabajos de recuperación. Los contratos se conceden a compañías norteamericanas para que sean éstas las que generen los ingresos y que así regresen a EE UU y no se crea actividad económica en la isla.

Figueroa Jaramillo señaló que otro contrato del que no se está hablando y es paralelo al de Mas Tec es la renovación del contrato a Cobra Energy por $900 millones el 26 de mayo, la misma compañía que dejo al país a oscuras dos veces el pasado mes de abril. “Si sumas entre los dos son $1.400 millones”. Apuntó que resultaba “interesante” el que la JCF cuestione el contrato de Mas Tec pero no ha cuestionado el de Cobra Energy, a lo que atribuyó el que, “aquí lo que hay todavía es la pelea de poder de qué compañía de Estados Unidos, amigos de los que están cercanos en el poder se van a otorgar los contratos”.

A lo anterior se puede sumar como prueba la denuncia del exdirector de la AEE, Carlos Ramos, de que el gobierno de EE UU no le permitió comprar materiales a compañías que no fuesen norteamericanas durante la emergencia del huracán, aun cuando se podía comprar materiales en países como Colombia, México. Esta imposición -confesó en días recientes Ramos le obligó a renunciar.

El presidente de la UTIER agregó que en el caso de las compañías que llegaron a dar servicios de apoyo la compañía Fluor, se llevó $1,300 millones y acusó que esta compañía cada vez que los republicanos están en el poder se lleva la mayor parte de los contratos.

Aclaró que la contratación de Cobra y Mas Tec, las hizo la AEE. Mientras a Flour la contrató el Cuerpo de Ingenieros (USCOPI, siglas en inglés). Jaramillo comparó que los $1,500 millones del contrato de Flour que fue para trabajos de reparación provisional, equivale a cuatro años de la nómina total de la AEE, dinero que daría hasta para reforzar la plantilla de trabajo de la Autoridad. Además de comparar que mientras a los trabajadores de la UTIER solo se les da ocho dólares diarios para dieta y otros ocho para gasolina estas compañías privadas facturan entre $160 y $300 la hora, $200 diarios para hospedaje y $80 de dieta diarios.

Aun cuando se supone que los contratos los apruebe la Junta de Gobierno de la AEE, Figueroa Jaramillo denunció que la AEE delegó y entregó gran parte de la administración de la corporación al Cuerpo de Ingenieros.

“Aquí lo que hay es una jaujau de contratos se otorgaron mas de dos mil millones en la emergencia y todavía hay mas de siete mil personas sin luz”. Mientras se gasta el dinero en contratos a compañías privadas la AEE apenas ha comprado unos 10 camiones y no ha reforzado en nada su equipo. “Si alguien quiere saber lo que es privatización ahí tienen un ejemplo de lo que es privatización”, concluyó FigueroaJaramillo sobre las contrataciones.

Por su parte el expresidente de la UTIER, Ricardo Santos, denunció la situación de las islas municipios Vieques y Culebras, las cuales no tienen todavía servicio. Según narró se ha dicho que el restablecimiento del servicio a ambas islas puede tardarse entre dos a cinco años. Estas alegaciones-acusó- se han hecho de manera indirecta debido a que la dirección de la AEE no ha dado explicaciones oficiales de en qué consiste el daño sufrido por el cable submarino que conecta a las dos islas y las razones por las cuales va a tardar tanto.

Santos prosiguió que pudo investigar y conocer que contrario a lo que ha declarado la AEE de que el cable submarino está averiado y que técnicamente no se podía empatar, descubrió que en Punta Lima, en Naguabo -que es por donde sale el cable- hay como algunos 15 postes tumbados por el huracán los cuales no han sido reparados, hay dos cables, uno tiene como 40 años de servicio y el otro 20. El que está roto es el mas viejo y denunció que el cable se ve cortado adrede en una de las puntas. El cable que está bueno y que está conectado está en servicio. Santos afirmó que según le dijeron sus compañeros de la AEE el cable hasta Culebra lo probaron y se encuentra en buenas condiciones. La verja de la sub estación a la cual solo se puede acceder por mar se cayó y no ha sido reparada.

En tanto en Vieques se encontró que el cable que entra por Punta Arena fue re localizado hace un tiempo y hay toda una instalación nueva solo hay algunos dos o tres postes en el suelo en el área que se conoce como La laguna, de ahí en adelante todos los demás postes fueron arreglados, por lo cual Santos no ve razón alguna para mantener el argumento de que no se puede conectar a estas islas con la isla Grande.

Al presente ambas islas tienen apenas servicio por medio del alquiler de turbinas de diésel. La teoría de Santos es que a estas islas se les está vendiendo la idea de independizarse del servicio de la AEE mediante las plantas de diésel, lo que al final de cuentas una vez se privatice la AEE Vieques y Culebra quedarán a merced de un servicio mediante diésel que resulta doblemente más caro que el de la AEE. Trajo como ejemplos el costo de la energía eléctrica en las Islas de San Thomas y Santa Cruz, donde se produce energía por medio de plantas de diésel y el kvh cuesta entre 45 a 50 centavos el kvh.

Frente a el proceder de la gerencia de la AEE Santos afirmó que, “la realidad objetiva es que la Autoridad fue tomada por asalto por el Gobierno de Estados Unidos, el Gobierno de Puerto Rico no manda absolutamente nada en la AEE, Higgins y la Junta de Control Fiscal han decidido la privatización y operaciones de la AEE”, afirmó.

«No me importa un divino la política de Estados Unidos porque no me siento integrado a esta comunidad. Todavía me siento apegado a la vida en Puerto Rico.” Así se expresa un puertorriqueño emigrado a la Florida, según citado por el diario El Nuevo Día del domingo 17 de junio de 2018. La reseña periodística que incluye la cita habla de la “apatía” hacia la política estadounidense entre los puertorriqueños que se han trasladado a vivir a aquel y otros lugares de Estados Unidos.

A diferencia de otros emigrados, por ser ciudadanos de Estados Unidos, los puertorriqueños pueden participar en los procesos políticos de ese país y votar en las elecciones locales y nacionales, tras cumplir breves periodos de residencia. Y como los boricuas, también igual que otros grupos, tienden a concentrarse en determinados vecindarios, se convierten en focos de interés de políticos, particularmente de los que también tienen ascendencia latina.

Además de esos políticos locales, distintos gobiernos de Puerto Rico han tratado de utilizar nuestra diáspora para reforzar su mollero político frente al gobierno de Estados Unidos. En la segunda mitad de la década del 1980 Rafael Hernández Colón hizo un esfuerzo en esa dirección, utilizando las oficinas que, con el propósito de atender a los originales obreros migrantes, el Gobierno de Puerto Rico había establecido en Nueva York y otras ciudades. La actual congresista Nydia Velázquez, puertorriqueña oriunda de Yabucoa, participó en aquel esfuerzo que se disipó tras la derrota del PPD en 1992. Sila Calderón, electa gobernadora en 2000, retomó la campaña, utilizando también recursos del presupuesto de Puerto Rico para tratar de aumentar la participación electoral de los boricuas de la diáspora.

Ahora, con las miras puestas en las elecciones para el Congreso de 2018 y en las presidenciales de 2020, el gobierno de Ricardo Rosselló hace el mismo esfuerzo de sus antecesores Populares. Florida, que tiene para los boricuas el papel que tuvo Nueva York en las décadas del ’50 y ’60, es el teatro de más recientes operaciones. Hacia ese estado se están dirigiendo los recursos que se manejan desde la Fortaleza buscando que los puertorriqueños se inscriban y voten.

Los esfuerzos que se hicieron mientras gobernó Hernández Colón, no tuvieron el esfuerzo que pretendían. Se gastaron millones de dólares, pero fueron pocos los resultados. Lo mismo ocurrió con la campaña que se organizó al comenzar el nuevo milenio, auspiciada por el gobierno de Calderón. Todos chocaron contra una palabra que los organizadores de aquellos esfuerzos pronunciaban con amargura: apatía. Tanto en Nueva York como en New Jersey, muy pocos puertorriqueños se sentían atraídos a participar en las elecciones locales de los lugares donde residían y en las nacionales donde se elige al presidente de aquel país. Por más que les repitieran que eran “ciudadanos americanos” y que como tales podían y debían participar, pocos boricuas lo hacían.

Aun cuando en algunas comunidades donde existen grandes concentraciones de puertorriqueños, como el Bronx y Chicago, la participación de votantes ha influenciado la elección de boricuas al Congreso, la participación nunca se ha acercado al nivel esperado por los organizadores de las campañas de inscripción. Se invierten millones de dólares del menguado presupuesto isleño y sólo se consigue que algunas miles de personas se dispongan a participar.

Lo que sucedió con los esfuerzos que hicieron Hernández Colón y Sila Calderón, le está sucediendo a Ricardo Rosselló. Según relata la prensa de estos días, otra vez la campaña choca contra el muro de la apatía.

La explicación para esa realidad que se manifestó en los años ’80 y se repite ahora, ya casi en la tercera década del nuevo milenio, está en la declaración del emigrado boricua que se cita en el primer párrafo de este artículo: “No me siento integrado a esta comunidad.” Y si no me siento parte de esto, “me importa un divino” la política de aquí.”

Eso dice un boricua en la Florida en 2018 y hace exactamente un siglo, en 1917, el poeta puertorriqueño Virgilio Dávila había puesto similares palabras en boca de otro emigrado a Nueva York: “¡Mamá! ¡Borinquen me llama! Este país no es el mío. Borinquen es pura flama y aquí me muero de frío” Los versos del poeta toabajeño se convirtieron luego en una rumba caliente que interpretaron Ruth Fernández y muchos otros, y que todavía tararean los boricuas cuando sienten el frío de la ausencia. “Este país no es el mío.”

Ha pasado poco más de un siglo entre los versos de Virgilio Dávila y lo que ahora dice el emigrado de la Florida. La explicación para ese reiterado sentimiento de pertenencia a “otro país” está en estas palabras que tomo de la Declaración General del Partido Socialista Puertorriqueño, emitida tras su fundación en noviembre de 1971: “Puerto Rico es una nación latinoamericana con cuatro y medio millones de nacionales, de los cuales 2,700,000 viven en la isla y el resto (más de una tercera parte) se concentra en Estados Unidos… Esa política (la de Estados Unidos) ha trasformado la realidad puertorriqueña. La presente conformación de la estructura económico-social presenta una de las problemáticas nacionales más dramáticas del mundo contemporáneo.”

Desde 1971, cuando el PSP proclamó que Puerto Rico era una “nación dividida”, las proporciones de esa división han variado, pero no su esencia. Los puertorriqueños que emigran, como los de cualquier otra nación, siguen sintiendo que aquel país “no es el mío” porque, igual que entonces, lo que define sus sentimientos y motiva su interés político es su nacionalidad, no su ciudadanía. Esa sencilla realidad es la que no quieren entender los políticos que se turnan, pero a cada instante le sale al paso.

La “problemática nacional” que definió la Declaración General del PSP en 1971, que en ocasiones huele a tragedia, sigue manifestándose y profundizándose. Eso nos lleva a otra conclusión que el PSP reconoció hace más de 40 de años y que, desde entonces, se ha discutido poco: cualquier solución para el drama puertorriqueño tiene que reconocer la realidad de una nación dividida.

Más que un plan para proveer vivienda y comunidades seguras a las personas afectadas por el huracán María, el llamado Plan de Acción de Vivienda (PAV) del Departamento de la Vivienda (DV) parece un plan del Gobierno para robar y malgastar $1,500 millones. Eso es lo que arroja la cantidad de señalamientos denunciados por la Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP), respecto a las deficiencias del citado documento.

El documento del PAV es una exigencia del Departamento de Vivienda Federal y Desarrollo Comunitario (HUD, por las que se conoce en sus siglas en inglés) para poder acceder a los fondos de recuperación de desastre para el desarrollo comunitario (CDBG–DR). El presidente de la SPP, el planificador David Carrasquillo Medrano –en entrevista– censuró que el PAV tiene una visión desarrollista y denunció expresiones del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y del secretario del DV Fernando Gil, de que sale más barato el desalojo y reubicación de comunidades que hacer proyectos de mitigación.

“Ellos están yendo a las comunidades –y esto yo lo he visto con mis ojos– en las reuniones se les ha dicho a la comunidad que los fondos (CDBG) no se pueden usar para mitigaciones y eso es totalmente falso, totalmente falso, el dinero de otros desastres en Nueva York, Houston, Florida, Texas y Nueva Orleans se ha usado mayormente para mitigación ya sea para drenaje, alzar terrenos, hacer diques, muros de contención etc.”, afirmó Carrasquillo Medrano.

En la misma conferencia de prensa en la cual se anunció el plan un día antes de que se publicara (el 25 de mayo) dijo que, en el DV los consultores que hicieron el plan le dijeron a miembros de las comunidades que estaban presentes, que el dinero no se puede usar para mitigación. “Eso lo ha dicho el gobernador en conferencia de prensa que dijo ‘it’s time to go’, el secretario ha dicho ‘se acabó el pan de piquito’, refiriéndose a comunidades de rescate”.

El planificador reiteró que esto es una narrativa falsa y comparó que no se dice lo mismo, ni se cuestiona el derecho de otras comunidades como lo son Ocean Park, o Punta las Marías. Mientras que a comunidades pobres las pretenden desplazar sin ni siquiera tener garantías de que habrá después un proyecto para éstas. Levantó bandera de que esta narrativa del gobierno pone en peligro comunidades en sectores de San Juan, como pueden ser Playita, Cantera, Villa Palmeras, la Perla, o en municipios como Loíza. Recalcó que en el caso de San Juan no ha habido una moratoria de construcción en el sector del Condado, ni en Ocean Park, por el contrario se están construyendo nuevos proyectos.

Carrasquillo Medrano criticó que los consultores que hicieron el PDV no son puertorriqueños ni consultaron a planificadores de Puerto Rico, aun cuando ésta es una profesión reglamentada. Además de que la misma ley de HUD dice que hay que armonizar las reglamentaciones de ordenamiento territorial federal con los ordenamientos territoriales de la jurisdicción, incluyendo las municipales, sin embargo eso está totalmente ausente del PAV incluyendo a las vistas públicas.

Un hecho que calificó de “absurdo” es la exigencia que impuso HUD que solo se tienen dos años para gastar el dinero. Esta condición dijo que no se le ha impuesto a ningún otro lugar en EE UU. “Eso es absurdo porque tú necesitas desarrollar cuáles van a ser los proyectos y los procesos de participación para que sepas dónde vas a necesitar y utilizar el dinero así que los proyectos que se han estado sometiendo son proyectos que ya estaban hechos que no responden a la realidad post huracán, son proyectos que ya estaban en especial del sector privado”.

Dijo que se supone que lo primero que haga el plan es identificar la población afectada ya que para ellos son los proyectos, pero el PAV no hace eso. Carrasquillo Medrano señaló que la caracterización de la población afectada que hace el PAV es de una página en la que dice que son 66 municipios. “Entiendo las presiones que debe tener el DV para que el dinero se reparta en todos los municipios, pero no puede ser al garate en todos los municipios tiene que haber unos vínculos entre los proyectos y las poblaciones afectadas”.

El Presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación fue enfático en denunciar que esta información está disponible desde el 20 de marzo de 2018, en la Página Oficial de FEMA2 (OpenFEMA). En esta página aparecen los dueños e inquilinos que sometieron sus casos a través del sistema de querellas de la agencia y que toda la información disponible permite hacer una caracterización real de las comunidades y zonas más impactadas por los huracanes.

En esa dirección denunció que existe un conflicto de intereses por parte de la Asociación de Constructores de Hogares (ACH) al ser contratada por el DV como asesores del PAV. Atribuyó que la ACH utilizó un estudio comisionado a la firma de Estudios Técnicos, para justificar la construcción de hogares nuevos. Este estudio tampoco utilizó la información de FEMA, que incluye el número de unidades de vivienda vacantes. Carrasquillo Medrano criticó que el DV haya tomado decisiones ignorando información oficial del FEMA y acusó a que la ACH sea el grupo que más se beneficie de esas decisiones.

Precisó que los datos mas recientes del 2015 dicen que el país tiene un 24% de unidades de vivienda vacantes, eso representa 325 mil de unidades de vivienda, de esas 100 mil viviendas, es decir el 33% están concentradas San Juan, Carolina, Ponce y Mayagüez. Observó que mucha de esta vivienda no se hizo para el bolsillo de los trabajadores de clase media, por lo que hay dos lecciones que atender; una es que se tiene que regular el mercado de bienes raíces y dos que hay que tocar la puerta de los bancos y ‘realtors’ y preguntar qué están haciendo con esas propiedades.

Carrasquillo Medrano destacó que ahora es el momento idóneo para revitalizar estas propiedades, rehabilitar estos centros urbanos y evitar desparramar más la ciudad. Insistió en que no es cierto como alegan el gobernador y el secretario del DV de que desplazar una comunidad es más económico que la mitigación, que no hay ningún estudio que lo avale ya que hay que ver la situación caso a caso. Trajo como ejemplo que en el caso del municipio de Loíza, todo, en los mapas de inundaciones aparece como zona inundable ya sea por lluvia, tsunami, marea alta. Frente a este hecho cuestionó la viabilidad de que todo el municipio sea realojado.

El planificador defendió que las poblaciones que históricamente se han asentado en estos espacios es porque no han tenido la oportunidad a otros accesos, y que ahora –el gobierno– está utilizando un lenguaje técnico de costos de construcción, riesgos para desplazarlas, sin saber cuál va a ser el futuro de estas personas y acotó que lo más probable es que las viviendas que se construyan no serán gratis. De hecho esto tampoco esta en el PAV y todo queda a discreción del DV.

Se esperaba que en esta próxima semana HUD examine el PAV entregado por el DV además de recibir comentarios de otros sectores, incluyendo los de la SPP.