En edición especial para CLARIDAD del 5 al 11 de julio, Hadassa Santini Colberg, la directora ejecutiva de Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR), dijo que el comité negociador en representación de la gerencia de Servicios Legales había estado dispuesto a negociar de buena fe con los representantes de la unión. En el escrito Santini Colberg dice que una de las propuestas iniciales que se llevó a la mesa de negociación fue extender temporalmente la vigencia del convenio, pero que, en cambio, la postura de los negociadores de la unión fue rechazar la extensión temporal.

Ante esto, el licenciado Manuel López Gay, presidente de la Unión de Abogadas y Abogados de Servicios Legales (UAASL), se comunicó con este medio para aclarar las declaraciones hechas por Santini Colberg respecto a que se les hizo una oferta de extensión de convenio y con el propósito de desmentir las expresiones hechas por los unionados en cuanto a que la gerencia se negaba a firmar una extensión de convenio.

“Los hechos son los siguientes. A mediados de abril, ellos nos notificaron que no tenían intención alguna de extender el convenio, sin nosotros pedirlo y sin habernos sentado en la mesa de negociación. Después del 7 de junio, insistimos en la extensión del convenio y ellos nos ofrecen extenderlo por 14 días; pero con la condición de que nos abstuviéramos de hacer expresiones públicas”, explicó el licenciado López Gay.

Esto significaba no hacer ningún tipo declaraciones por radio, televisión, redes sociales, pancartas, pasquines, piquetes, paros y demás, sobre las propuestas presentadas por la gerencia de SLPR. Con tales condiciones los unionados rechazaron la propuesta. El licenciado expresó que “Ni nuestra Unión ni ninguna otra  Unión, que respete a sí misma, aceptaría una oferta como esa”.

“Esa es la situación en la que estamos con un patrono que dice estar negociando de buena fe; pero que todas las propuestas que presenta en la mesa de negociación son para quitar derechos y beneficios”, añadió. Por otra parte, precisó que las intenciones de la Unión es dejar el convenio como está, sin aumento salarial u otra condición económica, sin que se les amplíen sus derechos ni condiciones de trabajo.

“Aquí no es una cuestión económica”

Desde marzo la UAASL envió la demanda de negociación proponiendo dejar el convenio en su estatus actual, esto respondiendo a las condiciones económicas que está enfrentando el País. A esa demanda de negociación el patrono respondió: “Rechazado”.

“El convenio venció el 30 de junio. Desde marzo estuvimos solicitando las reuniones y el patrono dilató la negociación aduciendo todo tipo de pretextos, al extremo de que el 7 de junio fue que nos vinimos a sentar en la mesa de negociación para empezar a recibir todo tipo de respuestas. Cuando llegamos a la mesa en que empezamos a recibir las propuestas del patrono, nos encontramos con que lo que ellos entienden por más ágil y eficiente es disminuir nuestro convenio colectivo y recortar nuestros derechos a un mínimo”, explicó el presidente de la Unión.

López Gay, también dijo que se hizo un requerimiento de documentos financieros a la junta de directores, que fueron declarados confidenciales a partir de una resolución aprobada por la misma gerencia.

Represalias por parte de la gerencia

El convenio establecía el pago adelantado en el periodo de vacaciones; tras su vencimiento, la gerencia de SLPR decidió eliminarlo. En caso de una situación de emergencia, el convenio proveía para que se les pagara el salario a los abogados, sin cargo a ninguna licencia mientras duraba la misma. Ahora, el patrono pretende que se carguen a vacaciones y, si no hay balance suficiente, se vayan sin paga.

“En el huracán María nos descontaron 9 días de nuestras vacaciones y a los que no tenían balance no se les pagó esos días. Ese es el tipo de situaciones que estamos esperando enfrentar ahora sin el convenio colectivo”, relató el presidente de la Unión.

Pero López Gay aseguró que las negociaciones siguen. “Nosotros hemos vuelto a la propuesta original de que el patrono firme el convenio como está. Hemos mantenido esa posición, pero ellos siguen insistiendo en presentar propuestas eliminando derechos”, recalcó.

Aunque la comunidad escolar de la Escuela Especializada Libre de Música de Caguas Antonio S. Paoli ya se ha manifestado públicamente en dos ocasiones contra la posible implementación de cambios que repercutirían en la enseñanza musical que allí reciben estudiantes de este municipio y de pueblos adyacentes, Carlos Valencia, maestro en ese plantel hace 22 años, expresó en entrevista con CLARIDAD que “en agosto continuará la lucha, y si todavía está el [director] interino, eso va a ser guerra”.

Valencia se refirió al Sr. Héctor Navedo Aponte, quien asumió la posición de director interino en abril del corriente año y quien, “a puertas cerradas y sin la participación de la facultad ni de los pertinentes comités escolares, ha fijado arbitraria y antidemocráticamente cambios en la organización escolar”, explica un comunicado de prensa.

Entre otras movidas, la comunidad escolar denuncia el cambio en el horario de clases (actualmente la escuela funciona de 12:30 a 5:30pm y el cambio sería de 2:00 a 7:00pm), y en la metodología de enseñanza, que actualmente es individualizada y se pretende sustituir por una grupal. Además, reclaman la eliminación del curso “Fundamentos de la Música”, en el que se enseña solfeo.

“Estos cambios conducen al detrimento escolar y resultarán en el empobrecimiento de la calidad de enseñanza, en bajas en matrícula, en desplazamiento de maestros, en la descategorización de la característica de escuela especializada y finalmente en la desaparición de la escuela (que está cumpliendo 50 años de ofrecer enseñanza musical de calidad), como les ha pasado a muchas otras [del Departamento de Educación (ED)]”, continúa esbozando el comunicado.

Al igual que las escuelas especializadas en música de San Juan, Humacao, Arecibo y Ponce, la de Caguas está bajo la administración del DE, específicamente bajo la dirección interina de Wendy Colón, directora regional de Caguas en el DE y de Jimmy Cabán, director interino de Escuelas Especializadas.

Carlos Valencia cuestionó que cómo “una persona que no se sabe si permanecerá en su puesto va a tomar decisiones trascendentales y sin contar con nosotros… Según nuestro Convenio, se supone que el consejo escolar y la facultad son los que aprueban al director de la escuela, pero ese contrato es por mandato de Julia Keleher”, expresó durante la entrevista a la misma vez que reprochó que “aquí todo el mundo es interino”.

“La comunidad escolar ha presentado todas estas preocupaciones de prácticas indebidas y violaciones al Reglamento Escolar y al Convenio en varias ocasiones ante la Región Educativa de Caguas, sin embargo, le han hecho caso omiso”, continuó denunciando.

A preguntas de cuál ha sido la respuesta del Municipio de Caguas ante esta situación, el maestro estacó que “no tenemos relación con el Municipio. Antes sí, cuando administraba William Miranda Marín. Aunque el representante Conny Varela fue a una de las manifestaciones”. Precisamente, al momento de redactar esta nota se gestionó tomar declaraciones de algún representante municipal, no obstante, nadie estuvo disponible para hacerlo.

La presencia a las dos manifestaciones efectuadas de estudiantes, maestros(as), exalumnos(as), familiares, gremios magisteriales, asociaciones educativas, músicos profesionales, conductores de emisoras radiales y otros activistas evidenció lo necesaria e indispensable que es esta escuela para la juventud puertorriqueña del Distrito de Caguas y de todos los pueblos limítrofes.

“Sabiendo que este plan ya se ha convertido en un proceso estándar para hacer desaparecer centros de enseñanza y limitar a la niñez de recibir la merecida educación, la comunidad escolar hace un llamado a unir fuerzas para detener este atropello y poner en vigor la justa transparencia”, finalizó el comunicado de prensa.

Tras su nombramiento como presidente de la Universidad de Puerto Rico, en CLARIDAD realizamos una búsqueda sencilla por internet sobre Jorge Haddock Acevedo. Esto, con la intención de recopilar datos adicionales a los ya provistos por la Junta de Gobierno de la UPR durante el proceso que culminó con su nombramiento. Al indicar su nombre a la herramienta de búsqueda, junto a otras entradas con información ya conocida, apareció una de título inocuo: “Maestría en distinciones Descubrir-Coaching”.

La hoja promocional es publicada digitalmente por “Descubrir, coaching transformacional”, una marca registrada que anuncia la oportunidad de obtener “La maestría en distinciones”, descrita como “un taller de 3 días completos (12 horas cada día) con el Master Coach Internacional, PHD, Jorge Haddock.”El documento está encabezado por una cita y una foto a color del mencionado “coach” quien resulta ser el nuevo presidente de la Universidad de Puerto Rico.

Además de describir la lista de temas del referido taller, que se celebró los días 24,25 y 26 de noviembre de 2017 en la ciudad de Guayaquil en Ecuador, lo más sobresaliente es la descripción que la promoción ofrece del conferenciante, la cual se cita textualmente a continuación: “quien cuenta con una trayectoria como Coach y Consultor en las empresas e instituciones más importantes del mundo como la NASA, CIA, FBI, KODAK, GMC entre otras. Su trabajo ha sido auspiciado por estas empresas y tiene numerosas publicaciones de sus investigaciones. Además de esto, es Decano de la Escuela de Negocios de la UMASS (Universidad de Massachusetts) USA”. (Subrayado nuestro)

Es pertinente que el doctor Haddock aclare su relación, si alguna, con estas agencias de inteligencia y seguridad del gobierno de Estados Unidos. Si es un error del documento promocional sobre su taller en Ecuador, que lo diga. Y si no lo es, que aclare la naturaleza de su relación con estas entidades. Aunque en ciertos círculos, el FBI y la CIA se consideren entidades prestigiosas, para millones de personas en el mundo representan la persecución, la represión y la violación de principios democráticos y derechos humanos del gobierno de Estados Unidos contra quienes sean considerados como sus opositores.

Aunque para algunos analistas políticos la postura del Senado de Puerto Rico de volver a rechazar la derogación de la Ley 80 sobre el despido injustificado es en el fondo una lucha de poder entre el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el hecho irrefutable es que no hay ninguna razón económica que justifique su derogación. La insistencia de la Junta de Control Fiscal (JCF) en que se derogue la Ley 80 responde solo a razones ideológicas.

Ante el conflicto de tener dos presupuestos –el certificado por la JCF y el aprobado por la Legislatura–, el gobernador llamó a una sesión extraordinaria esperanzado en que el Senado esta vez aprobara la derogación de la ley, para así mantener el acuerdo de presupuesto que negoció con la JCF. El Senado respondió de inmediato a la convocatoria del gobernador el lunes dos de julio y ya el martes tres, en la tarde, había votado en contra,18 a 3.

Desde que Rosselló Nevares envió el proyecto para derogar la ley, en el mes de marzo, nadie, ni siquiera la JCF acudió a la Legislatura a presentar argumentos que justificaran su eliminación. En varias ocasiones Rivera Schatz hizo declaraciones públicas invitando a la JCF a presentar sus argumentos de por qué la eliminación de la Ley 80 era buena para la economía de Puerto Rico. La Junta se limitó a enviar un documento que evidentemente no convenció al Senado de la necesidad de la derogación.

En entrevista con este semanario tras el más reciente episodio entre la JCF, el gobernador y el Senado, el veterano abogado laboral y exsecretario del Departamento del Trabajo y Relaciones Humanas (DTRH) Ruy Delgado Zayas reiteró que la insistencia de la JCF para la derogación de la ley responde a la visión neoliberal-conservadora por la que está pasando Estados Unidos, por lo que aquí en Puerto Rico, “no podemos esperar otra cosa, es una visión de pensar que los países se manejan como sin fueran negocios”, denunció.

Por el contrario, enfocó en que la función de un estado en un país no es tener ganancia y evitar tener pérdidas, “Esa no es la función de un gobierno, la gente va a vivir a una sociedad para otros propósitos y designan un gobierno que busque su bienestar, que los proteja. Eso no se mide en dólares y centavos como decimos por ahí”. En el resto del mundo –añadió–, la mayor parte de los países tienen medidas para el despido injustificado de los trabajadores. En el caso de Puerto Rico, ya desde tiempos de España, en el 1886 (hace ya más de 100 años), había una ley que regulaba el despido y trataba de desalentar el despido injustificado.

Delgado Zayas igual rechazó la enmienda presentada por el también exsecretario del DTRH y ahora senador por el partido de gobierno, Miguel Romero, que introducía salvaguardas en la Ley 100, entre ellas que el Gobierno usara dinero del Fondo Seguro del Estado (FSE) para compensar a un trabajador que haya sido despedido de manera injustificada. De hecho, la petición del gobernador al Senado en su convocatoria a la sesión extraordinaria fue que se aprobara la derogación de la Ley 80 y se aprobaran las enmiendas de Romero.

En tono crítico Delgado Zayas calificó el proyecto de Romero como un disparate que no tiene sentido: “Estamos hablando de que ahora el estado va asumir la irresponsabilidad de los patronos que botan arbitrariamente; eso no resuelve el problema de los ciudadanos”. El experto en derecho laboral recalcó que el propósito de la Ley 80 es desalentar el despido arbitrario, el despido caprichoso, y que la idea de Romero lo que va a provocar es que el despido resulte gratis para el patrono, lo que sería premiar la irresponsabilidad del patrono.

En lo que respecta a los argumentos de la JCF, también desmintió que en el estudio de miles de páginas que esta entregó al Senado pretendiendo fundamentar la eliminación de ley, haya una sola página que justifique que su eliminación contribuya a mejorar la situación económica de Puerto Rico. Una vez más recalcó que la postura de la JCF es una totalmente caprichosa y que la teoría del “empleo a voluntad”, es una que existe en EE. UU.

En tono firme, Delgado Zayas apuntó sobre la JCF, “quienes son los miembros de la Junta son banqueros, gente de finanzas, no son gente de pueblo; ellos no están mirando al pueblo de Puerto Rico, ellos están mirando las finanzas, estamos en manos de personas que no tienen ninguna sensibilidad en relación a las necesidades del pueblo de Puerto Rico están mirando en términos de negocios nada más”.

Comparó que el primer estado en EE. UU. que estableció la doctrina de “empleo a voluntad” fue Montana en el 1886, y en el 1996 cambió su posición y legisló contra el despido injustificado. Actualmente, es el estado con el por ciento más alto de empleados. Al criticar la postura del gobierno de Puerto Rico de aceptar todo lo que dice la JCF acotó que no hay fundamento ninguno en la Ley Promesa para justificar la pretensión de la JCF de derogar la Ley 80, ya que esta es una ley dirigida al sector privado y es el gobierno quien tiene una crisis económica.