Hay una relación estrecha entre la soberanía, la consciencia nacional y una educación de alta calidad. Epicteto, filósofo griego de la escuela estoica, vivió parte de su vida como esclavo en Roma. Una de sus enseñanzas célebres fue: “solo los educados son libres”. Por eso España no permitió escuelas hasta el Siglo 19 y nunca una universidad. Los Estados Unidos nos dieron medio siglo de enseñanza en inglés y un sistema de instrucción pública, no de educación. La universidad que permitieron durante la primera mitad del Siglo 20 fue limitada y de una orientación mayormente técnica, aunque de alta excelencia. En la segunda mitad de ese siglo se expande la visión de la Universidad de Puerto Rico (UPR) a una enfocada en la educación en artes liberales siguiendo la tradición de las mejores universidades estadounidenses y europeas.

Hoy nos encontramos en una lucha por la supervivencia de las instituciones públicas de educación superior en el país, en particular la UPR. El modelo educativo de artes liberales que se instituyó en la UPR está bajo asalto y es atacado por la Junta de Control Fiscal (JCF), políticos, comentaristas de los medios de comunicación, y los partidos políticos. Los dos partidos principales y los dos candidatos independientes en el 2016 prometieron reducir sustancialmente la UPR y sus propuestas indicaban que entrarían hasta en los currículos para “hacerlos relevantes a la realidad del mundo actual”. Hay una actitud de menosprecio a las artes, humanidades, y literatura. Estas son vistas como innecesarias y poco relevantes a la economía moderna del conocimiento. Esta vertiente antiintelectualista ha tomado gran fuerza en los Estados Unidos y Puerto Rico. Se idolatra la educación técnica y se le ve como algo superior a la educación en artes liberales. Pero no debemos olvidar la advertencia de Ortega y Gasset: “Este nuevo bárbaro es principalmente el profesional, más sabio que nunca, pero más inculto también”.

Con una mejor calidad educativa, donde se logren ciudadanos envueltos en un proceso de aprendizaje a lo largo de toda su vida, la población se puede adaptar más fácilmente a los cambios resultantes por adelantos en ciencia y tecnología. En la medida en que los cambios tecnológicos resulten en cambios en la productividad de los trabajadores, una población con una educación sólida en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con una educación en cultura humanística que fomente la creatividad y la innovación, se convierte en factor crucial para un desarrollo económico sustentable que llene las necesidades del país.

La Educación Superior y la Economía del País

Varios estudios económicos proponen que la educación superior terciaria promueve el crecimiento económico en las economías desarrolladas, particularmente en aquellos países que están más cercanos a las “fronteras tecnológicas”. Según el economista Phillipe Aghion y sus colaboradores en Londres, París y Harvard, los años de educación superior terciaria están correlacionados al crecimientoeconómico del país. Esto se debe a inversiones complementarias en investigación y desarrollo que llevan a un crecimiento en la innovación y creación de conocimiento científico/tecnológico, aumento de patentes e invenciones, y una mejora en la infraestructura para educación, investigación y desarrollo logrado por instituciones universitarias del estado con un alto grado de autonomía en su gobernanza.

Aunque reconocen que la evidencia empírica no es la más robusta, proponen que es la educación terciaria o superior la que va a crear el ambiente innovador que lleva al crecimiento socioeconómico. La educación secundaria es extremadamente importante y vital, pero sin la terciaria, lleva a un ambiente de imitación donde los empleos requieren más trabajo físico y un capital humano menos educado con sueldos más bajos.

Un estudio económico reciente de Raj Chetty, de la Universidad de Stanford, demostró que la educación universitaria pública, particularmente a las minorías y los pobres, es el factor socioeconómico más importante en la movilidad social en los Estados Unidos.

Joseph Stiglitz, Premio Nobel en Economía, nos dice en su libro “The Learning Economy”, que la educación superior es extremadamente importante para el desarrollo económico de las economías modernas. Un pilar de este desarrollo son las universidades del estado. Países con recursos naturales limitados y relativamente pequeños como Suiza, Singapur, Nueva Zelanda e Irlanda les deben buena parte de su impulso económico a las mejoras en la calidad de la educación y a la mayor igualdad en el acceso a la educación para sus habitantes, tanto los nacionales como los inmigrantes.

Desde el punto de vista de una economía de país soberano, la prioridad de la educación tiene que ser desarrollar la capacidad propia para producir bienes, servicios y conocimientos, no para servir a capitales externos que están de paso, y que sólo ubican industrias de enclave, sin mucha relación con el resto de nuestra economía. Además, esta visión educativa promueve la creación de un capital intelectual nativo (patentes, invenciones, programados, tecnología, etc.) que produce riqueza para los puertorriqueños, y lleva a la creación de buenos empleos en la economía nacional.

Sin embargo, hay mucho debate sobre esta visión, sus propuestas y soluciones.

La Educación Superior, las Artes y Humanidades y el ciudadano

La educación técnica tiene que estar balanceada con educación en artes y humanidades. Las destrezas de comunicación y escritas son vitales para el profesional del siglo 21. El pensamiento crítico se aprende leyendo y analizando la literatura y bellas artes, estudiando filosofía y lógica, además de matemáticas y ciencias. No debemos confundir el pensamiento analítico/cuantitativo que se aprende en ciencias y matemáticas con el pensamiento crítico que se adquiere mediante la reflexión y análisis profundo del significado de las ideas.

El científico Gregory Petsko, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, publicó un editorial en la revista Nature donde pedía que los estudiantes de ciencia e ingeniería tuvieran una educación técnica integrada con las artes liberales ya que esto era muy importante para la creatividad, la redacción y la comunicación de los científicos. Recientemente la Asociación Americana de Colegios de Medicina promulgó cambios el examen de admisión a las Escuelas de Medicina de los Estados Unidos para que incluya integración de conocimientos en artes, literatura, ética, sociología y sicología en busca de una educación que produzca médicos con una mayor visión humanista. Eric Schmidt, pasado Consejero Delegado de Google, disertó en Londres durante el 2011 sobre la importancia de la educación en artes liberales para los potenciales empleados en computación e ingeniería de su empresa. El fallecido Steve Jobs se enorgullecía de la gran capacidad y educación en artes de sus ingenieros y diseñadores, que los llevaba a crear y diseñar los productos de avanzada y gran estilo que convirtieron a Apple en la corporación más valiosa del mundo.

La filósofa Martha C. Nussbaum, ganadora del premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales en 2012, en su libro “Not For Profit” nos presenta una visión donde las humanidades en la educación son un elemento imprescindible para la formación del ciudadano en la democracia. Nos dice en su libro que se ha perdido el enfoque de la educación, como si el fin principal fuese que los educandos se desarrollen únicamente como entes económicamente productivos, en vez de desarrollarse como ciudadanos con conocimiento amplio y empatía a la sociedad y el mundo que los rodea. Esto resulta en que se reduzca nuestra capacidad para criticar la autoridad, se reduzca la empatía por los marginalizados y los diferentes, y no nos permite desarrollar las competencias necesarias para trabajar con los problemas altamente complejos en el ámbito global. Esto ha sido expresado por muchos expertos en educación en los Estados Unidos, como por ejemplo Derek Bok, pasado presidente de la Universidad de Harvard que dijo al New York Times: “Las Humanidades tienen mucho que contribuir a la preparación de los estudiantes para la parte vocacional de sus vidas.” Añadió: “Hay mucho más en una educación en artes liberales que solo mejorar la economía. Ese es uno de los peores errores que cometen los que hace política pública – no ver más allá de eso”.

En febrero de este año, Peter Salovey, Presidente de la Universidad de Yale, habló al Foro Económico Mundial en Davos sobre la importancia de la educación en las humanidades como una de las formas de sensibilizar al ciudadano para combatir la desigualdad social. Es notable que en los últimos años la Universidad Nacional de Singapur invirtió millones de dólares y recursos en implantar el currículo de artes liberales de Yale en sus programas académicos.

Sobre la UPR

La misión principal de la UPR es una de servicio al Pueblo de Puerto Rico; basada en la más fuerte adherencia a los principios de la democracia y mediante la más amplia libertad de cátedra e investigación para ampliar el saber de los puertorriqueños y el mundo mediante la enseñanza y la investigación, siempre al servicio de la comunidad, promulgando los valores éticos y cultivando la cultura.

Esto es algo que urge recuperar en nuestra institución donde las políticas de pasadas administraciones, y las propuestas actuales, particularmente de la JCF, tratan la UPR como mera ‘corporación’ buscando eficiencia financiera, sacrificando los valores prescritos en la Ley de la UPR y desmantelando la institución. En general presentan una visión sesgada de la educación que promueve ‘soluciones’ orientadas por visiones tecnocráticas proponiendo una estructura universitaria comercial cuyo principal objetivo es el crecimiento económico y a la Universidad de Puerto Rico primordialmente como uno de los motores de la economía. Las bellas artes y las letras subsistirían con las dádivas que los tecnócratas y financieros universitarios tengan a bien darles.

Nuestra función, la misión y los objetivos de la Ley Universitaria nos obligan a proveer soluciones, a proveer el análisis riguroso y objetivo necesarios para ayudar a solucionar los problemas de las comunidades que nos rodean y los problemas del país en general. Esta es nuestra obligación ética, moral y legal. Es obligación ineludible de todos los universitarios.

En la UPR aspiramos a que todos los puertorriqueños tengan igual acceso a una educación de calidad mundial, en todas las etapas de su formación y para toda la vida, que posibilite el aprendizaje óptimo de los conocimientos, destrezas y disposiciones que Puerto Rico necesita para competir y prosperar en el siglo 21.

La educación universitaria en la UPR busca forjar ciudadanos con una visión de cultura, de paz, y de salud que se traduzca en una mejor calidad de vida para todos los puertorriqueños. Tiene que proveer una educación balanceada entre el conocimiento técnico necesario para la vida en el siglo 21 con las artes liberales, las bellas artes y las humanidades para fomentar el pensamiento crítico necesario en la formación del ciudadano democrático que sirva a su comunidad. Debe propiciar la creación de un capital intelectual nativo que produzca riqueza para los puertorriqueños, que se quede y reinvierta en Puerto Rico, que lleve a la creación de empleos de alta calidad en nuestro país.

Técnicos que trabajen duro por poca paga y menos beneficios sociales, consuman mucho, y nunca cuestionen ni reten la autoridad o al poder.

O ciudadanos emprendedores, con alto grado de pensamiento crítico, capaces de la autogestión, con conciencia social, dispuestos a retar el dogma cuando sea necesario, productivos, capaces de una vida saludable, con un ingreso justo y digno.

Esa es la batalla que se libra hoy por la UPR y por la educación superior pública del país. No entreguemos nuestra Universidad a tecnócratas financieros.

*El autor es doctor en biofísica y catedrático de la Escuela de Medicina de la UPR. Las opiniones en este artículo son suyas y no representan la posición oficial de la UPR ni de Claridad.

Con firme decisión, al grito de consignas como, “ el gobierno en Puerto Rico, instrumento de los ricos”, “Junta de Control Fiscal, la tenemos que sacar”, y otras, alrededor de 500 militantes independentistas, participaron de la cuarta marcha, independencia ya, bajo la presencia amenazante de fuertes contingentes policíacos apostados por todo el camino.

La marcha celebrada este domingo 11 de junio y que salió cerca de las dos y media de la tarde de las inmediaciones del puente Martín Peña, en la avenida Ponce de León para llegar frente al edificio del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, (el edificio federal) centró sus denuncias en contra de la Junta de Control Fiscal (JCF), la celebración del plebiscito de estatus ese día, y el cierre de escuelas. Entre los grupos que respondieron a la convocatoria del colectivo Ñin Negrón, estuvieron el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), el Colectivo Mujeres Feministas (CMF), el Ejército Popular Boricua-Macheteros (EPBM), Poetas en Marcha y Jornada se Acabaron las Promesas.

Los manifestantes hicieron una primera parada frente al edificio del Banco Popular, en la avenida Luis Muñoz Rivera, que a su vez tiene frente al lado opuesto, el edififico de UBS, ambas instituciones relacionadas con la deuda pública de la isla y la JCF. Aquí el miembro de Poetas en Marcha, leyó un poema en el cual aludió al repudio de la presencia de la JCF y la joven Jessica Reyes Serrano, denunciando el cierre de escuelas. Todo esto bajo la presencia de un fuerte contingente policíaco que se movía según iba la marcha. De hecho un observador de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) también estuvo documentando la presencia policiaca. De ahí los manifestantes continuaron por la avenida para tomar la calle que conduce al edificio de la CEE, en donde la Policía casi doblaba a los manifestantes.

Al llegar frente al edificio de la CEE una joven del grupo Las Musas descalzas, ofreció una puntillosa declamación en alusieon a la lucha de los jóvenes universitarios, Me llaman resietencia. La tensión palpable aumentó dado al hecho que uno de los manifestantes al conteo junto a los presentes echó en un balde y quemó más de 100 pequeñas banderas de Estados Unidos. La actividad continuó hasta llegar frente al edificio federal, rodeada por efectivos policíacos. El grupo Papel Machete, hizo una presentación artística en alusión una vez más al tema de la JCF y la deuda.

La presencia y liderato de jóvenes en la manifestación fue predominante y el mensaje principal estuvo a cargo de la joven Adriana Ortíz Morales, del Movimiento Ñin Negrón. “Estamos ante una situación crítica, planificada de antemano por el imperialismo. Está en juego la existencia de nuestra Nación. Está en juego la desaparición de la nacionalidad. Tenemos que entender que lo que estamos por vivir es parte del plan colonizador del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué mejor ejemplo que la imposición que hiciera el Congreso yanqui, en la mal llamada Constitución de Puerto Rico (que no es otra cosa que la ley Jones expandida), de una cláusula que estipulaba que la deuda pública había que pagarla antes de cubrir las necesidades del pueblo? Mirando hacia el pasado vemos que más de 60 años atrás, los yanquis sabían que su política colonial llevaría a la ruina a nuestro pueblo. En otras palabras ellos incluyeron esa cláusula a sabiendas que la colonia iba a llegar a un momento como el actual”, manifestó. Ortíz Morales, exhortó a los presentes a hacer un “compromiso serio de luchar cada día en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros centros de trabajo o de estudio y en las entidades de la sociedad civil para luchar hasta las últimas consecuencias hasta alcanzar la liberación de nuestra Nación y la construcción de una sociedad justa e igualitaria. La libertad suma, no resta”.

Mientras el licenciado Eduardo Villanueva, (ver p.27) se refirió de manera directa a la presencia de la Policía y les emplazó a que como policías tenían que saber del derecho constitucional a la libre expresión y asociación y que había que recordarle que ellos -los policías- tienen esos mismos derechos, les recordó que ellos también son trabajadores explotados del gobierno y les exhortó a que lo pensaran tres veces antes de ‘darle un macanazo a un manifestanate contra la junta o aun estudiante”.

Policía vuelve a secuestrar manifestantes

Aun cuando la manifestación concluyó sin que se produjeran incidentes, cerca de las cinco de la tarde cuando ya la mayor parte de los asistentes se habían retirado la Policia arrestó a tres jóvenes que participaron de la actividad pero que en esos momentos se encontraban en un negocio cercano.

El arresto de: Adrián Robles Reyes de 32 años, residente en Toa Baja, Jan Rosario Alvarado de 22 años, residente en Bayamón y Víctor Rodríguez de 22, de Naranjito, siguió la modalidad de la Policía de un secuestro, al no dar a conocer a dónde fueron trasladados, ni las acusaciones por las cuales fueron “arrestados”. Según informaron los abogados Mariana Nogales y Alvin Cuoto mediante las redes sociales, los jóvenes llevaban 22 horas desaparecidos. El agente Gerardo López presentó cargos contra el grupo por daños a la propiedad y aun cuando la juez del TPI Mónica Pérez Díaz ordenó radicar cargos este lunes en la mañana, todavía en horas de la tarde no se habían presentado los cargos.

Si la prensa actuara como lo hizo el pueblo puertorriqueño ignoraría el resultado del “plebiscito” (con comillas por favor) y se pondría a hablar cosas más interesantes. Porque un evento electoral en el que, a pesar de la evidente manipulación, solo aparece votando el 23 % de los electores, no debiera comentarse como si fuera un acontecimiento. El pueblo optó por irse a los parques o a la playa en un día particularmente caluroso, dejando a los anexionistas solos en una fiesta con aires de velorio que, para colmar el vaso, fue descaradamente financiada con fondos públicos extraídos de un tesoro quebrado.

Pero a pesar de que el rechazo del pueblo fue apabullante –porque tres cuartas partes de los electores optaron por no participar– los titulares de los medios digitales ese domingo por la tarde eran que “ganó” la estadidad, como si de verdad pudiera ganar un corredor que transita solo en una carrera inventada por él mismo. Al otro día el tono cambió. En la prensa estadounidense, sin embargo, desde la primera noticia del día el énfasis estuvo en la “histórica” (la palabra es de uno de esos medios) baja participación. Allá, a donde irán los anexionistas a promover su causa, nadie se creyó el cuento del “triunfo de la estadidad”.

Tras la debacle del 23 por ciento (a pesar de la manipulación), la pregunta que se hacen algunos es por qué los anexionistas mantuvieron vivo su “plebiscito” luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos les negó el uso de fondos previamente legislados para esa consulta y, de paso, les exigió que pusieran la colonia –llamada “territorio”– como opción en la papeleta de votación. El tono de aquella carta no dejaba duda alguna de que la actual administración de Estados Unidos no quiere dejar abierta la más mínima rendija por la que se pueda atisbar un posible apoyo a la estadidad. Negaron el uso de fondos, cambiaron el contenido de la papeleta y, adelantándose a otra manipulación, advirtieron que ante cualquier nueva petición de aprobación, necesitaban “mucho tiempo” para evaluar lo que se les someta. Como ven, cerraron todas las puertas y luego las remacharon advirtiendo de que el reclamo de que sólo la estadidad “garantiza la ciudadanía americana” era falso.

Ante ese aguacero, los anexionistas boricuas pudieron haberse guarecido con el argumento de que incluir la colonia como alternativa en una consulta dirigida a resolver nuestro problema de estatus no permitía una consulta digna. Es a todas luces absurdo que lo que efectivamente es el problema –la colonia– aparezca como alternativa para su solución. Y resultaba aún más indignante que fuera la metrópolis colonizadora la que exigiera ese particular contenido de la papeleta. Ante el nuevo escenario creado por la carta de Justicia federal, lo correcto y lo digno desde el punto de vista político era posponer o anular la consulta.

La posposición, además, hubiese tenido sentido luego de los eventos que se desencadenaron en Puerto Rico durante los primeros cinco meses del año, mientras los anexionistas solos estaban en campaña plebiscitaria. Lo que comenzó como un impago de la deuda y severas medidas de austeridad fiscal impuestas por la Junta de Control Fiscal, culminaron en la declaración formal de quiebra ante una juez llegada desde Estados Unidos. Ese hecho significa que todo el país fue formalmente declarado en bancarrota y que toda la operación del gobierno estaría a partir de ese momento sometida al escrutinio de un procedimiento judicial.

Esos eventos, junto a la creciente estrechez económica, crearon un ambiente de desasosiego e incertidumbre que, lógicamente, afectarían cualquier proceso de votación. Como dijo un alcalde del PNP, “el país no está para plebiscitos”. De paso, advirtió sobre la debacle que efectivamente llegaría más tarde.

Fuera de aquí la noticia de la quiebra se juntó con el plebiscito y con evidente sorna muchos periódicos de Estados Unidos comentaban con asombro que en Puerto Rico se estuviera celebrando un evento electoral para solicitar la estadidad en el mismo instante en que se daba inicio a la quiebra formal. Esa combinación de eventos no tenía sentido para los periodistas extranjeros y en realidad así es. Cualquier petición de estadidad en estos momentos sólo puede provocar risa. Uno tras otro los principales medios de prensa de Estados Unidos publicaron reportajes asombrándose de que en estas circunstancias se pretendiera celebrar una consulta de status que pudiera culminar en una petición de estadidad.

Nada de esto detuvo al joven gobernador anexionista. Insistió en la consulta gastando más de siete millones de fondos públicos de un país en quiebra para al fin obtener una “victoria” en un evento en el que sólo votó el 23 por ciento del censo electoral. Ahora, con la misma desfachatez con que promovieron el mevento, irán a Washington a informar de una “victoria” donde la estadidad aparece sacando menos votos –cien mil menos– que los que el candidato a la gobernación del PNP obtuvo hace apenas siete meses.

Cuando vayan a presentar esos números en Washington se reirán de ellos, pero para los puertorriqueños, que hemos visto cómo se despilfarraron siete millones de dólares en un plebiscito tonto, el asunto no nos da risa. Sólo rabia.

Antes de terminar este artículo se impone una pregunta: ¿quién hizo la encuesta de El Nuevo Día donde se predice que el 72 por ciento de los electores iría a votar? Ese anuncio se hizo apenas unos días antes del evento y durante ese tiempo nada ocurrió que pudo alterar la intención de los votantes. Resulta evidente, por tanto, que la encuesta fue un fiasco, tan grande como el plebiscito mismo, o que se hizo con un evidente intento de manipulación.

Por Gabriela Ortiz Díaz/CLARIDAD

Muchas fueron las noticias que resultaban día tras día del proceso huelgario de la Universidad de Puerto Rico (UPR): marchas, arrestos, denuncias, vistas judiciales, recortes, propuestas, más recortes, renuncias, piquetes, encontronazos por ideologías políticas… ¿Qué logros se obtuvieron luego de esos dos meses de paralización? La respuesta dependerá del ángulo desde el cual se analice esta huelga.

De lo que sí podemos estar seguras y seguros es de que se supo que hay un sector de la juventud puertorriqueña que está indignado por los grandes retos que vive su generación y el país completo. Mientras lucharon –y continuarán haciéndolo– por la Universidad y por Puerto Rico, estos(as) jóvenes visibilizaron la urgencia de repudiar las medidas de austeridad que le imponen al pueblo.

Los recintos de Río Piedras y Humacao de la UPR fueron los últimos en culminar el proceso de huelga iniciado el 6 de abril tras la decisión que tomó el estudiantado en la histórica Asamblea Nacional de Estudiantes.

Una vez finalizada la paralización, de la que en determinado momento participaron 10 de los 11 recintos, han sido muchas y variadas las apreciaciones sobre este proceso. Por un lado, hay quienes pensaron que cerrar los portones de los recintos era el método correcto para ejercer presión y combatir la austeridad que la Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobierno actual han impuesto sobre la UPR y el país. Por el otro, hay personas que conforme iban pasando los días se reafirmaban en la idea de que abrir los portones de los recintos aseguraba la conservación de una UPR pública y accesible.

A pesar de esa controversia, los reclamos principales del movimiento estudiantil que dieron con la huelga a portones cerrados fueron: que no se recortara el presupuesto de la UPR –al día de hoy las cifras de recortes siguen siendo de $512 millones para el 2026 y $202 millones para el próximo año académico 2017-2018–, que no se alzaran los costos de matrícula, que se realizara una auditoría a la deuda pública del país, que se creara una reforma universitaria desde la misma comunidad del sistema UPR.

Ante esas exigencias del estudiantado, cabe destacar algunos aciertos de la huelga recogidos en la moción “para evolucionar la lucha” que leyó el Movimiento Estudiantil (ME) de Río Piedras en la quinta Asamblea General de Estudiantes que hizo este recinto: el Comité Negociador del ME redactó cinco propuestas para allegar fondos a la UPR (esas propuestas se convirtieron en Proyectos de Ley tras la aprobación de algunos senadores); los y las estudiantes lograron reunirse con la JCF, la cual catalogó la UPR como “un servicio esencial”; los estudiantes en lucha iniciaron una ardua jornada de concientización social y económica que resultó en difundir la importancia de auditar la deuda, en movilizar a miles y miles de puertorriqueños al Paro Nacional del 1ero de mayo, y en la articulación de un comité de auditoría ciudadana de la deuda.

Además, durante ese periodo de paralización del calendario académico, los y las estudiantes organizaron un sinnúmero de otros comités, conversatorios, manifestaciones sociales y culturales que sirvieron de enlace entre la Universidad y el país, y que demostraron que la educación superior también se adquiere fuera de los salones de clase.

Se logró, igualmente, la aprobación por parte de la Junta Universitaria (compuesta por rectores y rectoras), el Senado Académico y algunos miembros de la Junta de Gobierno de ocho preacuerdos que estableció el ME, entre los que se encontraban: una moratoria al alza en los costos de matrícula –lo que se logró aplazar al menos por un año– y a la eliminación de exenciones durante el año académico 2017-2018, además, no sancionar a los estudiantes que han participado de la huelga.

En definitiva, si bien es cierto que el fin de la huelga no trajo certeza para celebrar el logro total y firme de alguno de los reclamos principales del estudiantado, también es cierto que los estudiantes alcanzaron un alto nivel de organización –que integró otros sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad civil– y de creación de propuestas, cuyos frutos se recogerán en poco tiempo, según piensan algunos de los huelguistas.

Otros de los estudiantes que estuvieron activos en el proceso piensan que en vez de comenzar a levantar la huelga por recintos se debió esperar un poco más, por lo menos hasta que hubiera garantía con los preacuerdos. Según esos estudiantes, la huelga era el único mecanismo para continuar presionando al Gobierno sobre las negociaciones que se estaban dando. Por el contrario, otros y otras huelguistas coinciden en que con el pasar de los días, se comenzaron a quedar solos en el proceso huelgario, lo que obligó a redirigir la lucha.

Con esa disyuntiva de fondo, todos los recintos de la UPR han reiniciado el semestre académico y el Movimiento Estudiantil ha decidido “evolucionar la lucha”, haciendo la salvedad de que continuarán las labores que han ejercido hasta el presente e instando siempre a toda la comunidad universitaria a sumarse a la causa para defender la educación superior pública.