Según Robert Bishop, el congresista por el lejano estado de Utah con poderes proconsulares sobre Puerto Rico, es necesario tener una “economía vibrante” para que la anexión formal a Estados Unidos pueda ser posible. La afirmación la hizo durante su última visita a nuestro país y, como venía a recaudar dinero para su campaña de reelección entre anexionistas adinerados, luego quiso matizar un poco lo dicho, pero no lo logró.

Bishop es presidente del comité del Congreso con jurisdicción sobre Puerto Rico que, muy apropiadamente, se llama “Comité de Recursos Naturales”. Su mensaje fue claro: para que la anexión sea posible no puede haber asomo de dependencia económica. Eso es otra forma de decir que en esa futura economía, los $30 o $40 mil millones que las empresas estadounidenses sacan de aquí cada año tienen que estar asegurados, sin que sean necesarias ayudas federales para remendar los rotos sociales que provoca esa extracción de riquezas. De aquí para allá todo, de allá para acá nada. Esa es la ecuación, que sólo es posible con una “economía vibrante”.

La afirmación del congresista por Utah echa por tierra la vieja consigna anexionista de “la estadidad es para los pobres”, porque Bishop les dice que sólo cuando aquí casi no haya pobres esa estadidad sería posible. Pero ese requisito de una “economía vibrante” representa un problema mucho más serio para el objetivo de los anexionistas, que prácticamente lo anula. Y es que una vez alcancemos ese estado de bienestar económico, en el que la dependencia del exterior sea mínima, Puerto Rico seguramente optaría de forma masiva por la independencia. La explicación para ese seguro desenlace está en una sola palabra: NACIONALIDAD.

Para entenderlo mejor vayamos a un ejemplo, discutido varias veces en CLARIDAD, que nos permite ver cómo sería ese futuro puertorriqueño cuando alcancemos la “economía vibrante” que prescribe Bishop. El ejemplo viene de Europa y no es otro que el de Cataluña.

Considerando las regiones o “comunidades autónomas” que ahora se integran en el estado español, Cataluña es la sexta en extensión geográfica y la segunda en población. Es, sin embargo, la que tiene el Producto Interno Bruto más grande, que ascendió a 223 mil millones de euros en 2016. Su economía es “vibrante” en prácticamente todos los sectores –agricultura, industria, turismo y finanzas– y su volumen supera el de muchos países que componen la Unión Europea. Portugal, Finlandia. Irlanda, Grecia, Hungría y la República Checa, entre otros, tienen economías de menor tamaño que la catalana.

En otros países de Europa también existen regiones altamente desarrolladas desde el punto de vista económico que en cierta medida cargan o halan la economía del estado, como sucede entre Cataluña y España. También ocurre dentro del propio estado español donde la “comunidad de Madrid”, que goza de autonomía igual que los catalanes, tiene un PIB cercano al de Cataluña.

En ninguna de estas regiones, sin embargo, han surgido movimientos de independencia (o “secesionista”, como le gusta decir a los gobernantes españoles) como ha surgido en Cataluña y no hay que hacer mucho análisis para concluir que la explicación para esta diferencia está en una realidad sociocultural llamada NACIONALIDAD. En lugar de una mera “región” o “comunidad”, allí se conjugan todos los elementos que configuran una realidad nacional. Tienen un territorio definido y demarcado, han acumulado una historia propia con dolores y victorias, tienen su propio idioma y esa historia compartida ha creado una cultura diferenciada.

Cuando una nacionalidad definida resulta ser, además, viable desde el punto de vista económico, el único desenlace posible en cuanto a existencia política es la independencia. La realidad sociocultural impulsa el deseo de un estado propio y la viabilidad económica lo motoriza.

Todo “pueblo” con rasgos culturales compartidos aspira a construir su propia vida, desligándose de interferencias de afuera. Ese imperativo, que podríamos llamar “natural”, se produce cuando el desarrollo histórico articula en ese pueblo lo que en la sociología se conoce como “nacionalidad”. Se existe como pueblo diferenciado y de ahí nace el deseo para seguir creciendo por ellos mismos.

Pero en ciertas ocasiones a lo largo de la historia de ese pueblo, la realidad económica no hace viable ese objetivo. Existe el deseo y la necesidad de una vida propia y separada, pero se carece de los medios para hacerla posible. A las trabas políticas que de ordinario impone el poder exterior (o imperial) –que quiere impedir la independencia para seguir explotando y beneficiándose de ese pueblo políticamente sometido– se suman las dificultades de una realidad económica difícil.

Cuando esa realidad económica cambia y el pueblo pobre deja de serlo o, al menos, comienza a desarrollarse de manera sostenida, la aspiración para una vida independiente se desborda. Esa es la realidad que no puede ver alguien como el congresista Bishop; o quizás la ve muy clara, pero como viene aquí a buscar donativos para financiar su campaña electoral, se abstiene de reconocerlo. Dado que nadie duda los puertorriqueños constituimos una nacionalidad diferenciada y definida (distinto a las actuales 50 estados de Estados Unidos) la “economía vibrante” que él reclama nos llevará directamente a la independencia.

La Junta Nacional de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) rechazó hoy el proceso establecido por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico para reiniciar la selección de quien ocupará el cargo de la presidencia de la principal institución educativa del país.

Además, alertó a la comunidad universitaria de la intención de la junta de gobierno de adjudicar un mayor salario al funcionario que ejerza el cargo.Lida Orta Anés, coordinadora de Organización de la APPU, advirtió que el proceso se lleva a cabo justo cuando la UPR enfrenta “su peor crisis en sus más de 100 años de historia”.
Señaló que el sistema de la UPR “es uno complejo y diverso por lo que su administración requiere un conocimiento extenso de su funcionamiento”.

Orta Anés, dijo que quien ocupe el cargo de la presidencia de la UPR “debe conocer a fondo y honrar la misión, filosofía y política pública de la Institución y su función en el desarrollo económico y social de la sociedad puertorriqueña”.
“Debe profesar valores democráticos que vayan en sintonía con la democracia participativa a la que aspira la comunidad universitaria y el pueblo en general. Debe además comprender, defender, y con ello contribuir a fortalecer la Universidad que por décadas hemos construido los universitarios. Estas ideas no son originales de la APPU, son valores y cualidades universales identificadas una y otra vez como los requisitos mínimos de una persona que aspire a dirigir una institución universitaria”, declaró.
La portavoz dudó de que los candidatos “tengan estas cualidades. No lo sabemos, dado que las razones para reiniciar el proceso de consulta para seleccionar a un nuevo presidente de la UPR aparentan tener el objetivo de que sea externo a la comunidad universitaria del país”.

Expresó la profesora que el proceso de selección y entrevistas de los candidatos “se dio a espaldas de una participación real de la comunidad universitaria. Más aún, se secuestraron los procesos de entrevistas y vistas públicas de los senados académicos limitando su participación (los que la asumieron) a la evaluación de los curriculum vitae de estos candidatos. Vemos con gran preocupación la aparente complicidad y descaro de la junta de gobierno de la UPR de escoger y eliminar procesos reglamentarios de participación de la comunidad universitaria”.

A raíz de esta situación, declaró que la APPU “rechaza el proceso establecido por la junta de gobierno con la aparente intención de amañarlo y nombrar un presidente que desconozca o ignore la cultura administrativa, académica y la idiosincracia de nuestro sistema universitario. Traer una persona extraña a la universidad es parte del proyecto de desmantelar el sistema de la UPR, muy contrario a las razones expuestas de conseguir el mejor talento para dirigir la institución.
Además, alertó a la comunidad universitaria sobre un posible aumento al salario de quien sea seleccionado al puesto de presidente. “Ya estamos escuchando el discurso sobre que el salario de 120,000 dólares anuales no es competitivo. Rechazamos que a pesar de la crisis institucional y la incertidumbre que vivimos, se intente adjudicar un salario similar al que ostentan funcionarios de esta administración como la secretaria de Educación Julia Keleher, quien también es miembro de la junta de gobierno de la UPR, o Walter Higgins III, director ejecutivo de la AEE. De asignarse un aumento salarial a estos niveles, se estará afectando aún más la estabilidad y permanencia de la misión de la UPR”.

Van siete meses del paso del huracán María, que sembró dolor y destrucción en nuestra patria. Pero sobre las vicisitudes que hayamos podido pasar, este jueves 17 de mayo de 2018 celebramos que se cumple un año del triunfo del pueblo puertorriqueño que logró traer de regreso a su tierra a uno de sus hijos encarcelados por el poder colonial de Estados Unidos, por el delito de luchar por la libertad de su Patria, Oscar López Rivera.

Fue el 17 de mayo del 2017 luego de 35 años de prisión y otros cinco meses de arresto domiciliario en que finalmente el patriota puertorriqueño oriundo de San Sebastián quedó por completo en libertad. López Rivera fue indultado por el presidente Obama el 17 de enero del 2017 y puesto bajo arresto domiciliario hasta el 17 de mayo.

Ha sido un año intenso, porque tras el paso del huracán, López Rivera se ha dedicado al trabajo voluntario en comunidades afectadas por el huracán y desde luego a decir presente en las actividades reivindicativas de la Patria.

¡Felicidades Oscar, qué bueno que te tenemos en casa!

En otro esfuerzo por buscar lo que nos une, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) exhortó al liderato político del país a una acción concertada ante todo el gobierno de Estados Unidos, para combatir la Junta de Control Fiscal (JCF) y abrir el camino a un proceso de descolonización.

La semana pasada el presidente del PIP y el presidente ejecutivo, licenciados Rubén Berríos Martínez y Fernando Martín, dieron a conocer su propuesta tras una reunión con el gobernador Ricardo Rosselló. La propuesta conlleva la formación de un comité de trabajo integrado por representantes de los tres partidos electorales –el PIP, el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD)– para procurar que el gobierno de EE UU, Ejecutivo y Congreso atienda el reclamo colectivo de Puerto Rico de poner fin a la JCF. Las gestiones incluyen una reunión con el Presidente, reuniones con el liderato del Congreso de los dos partidos, republicano y demócrata, una campaña mediática a nivel de EE UU sobre la situación de Puerto Rico y una consulta a los puertorriqueños sobre si aprueban o no la presencia de la JCF. Por supuesto las reuniones incluyen el emplazamiento para que se ponga en marcha un proceso de descolonización.

En entrevista el licenciado Martín, comentó a este semanario sobre la reacción de Rosselló Nevares, a la petición de reunión, “fue bastante rápido a la petición de reunión y me pareció positivo que su reacción fuera una de apertura, una reacción cautelosa como es natural y sujeto a ver cuáles serian la concreción, de estos proyectos, cuál será la reacción de la presidencia del PPD evidentemente también, pero su reacción me parece una de apertura y de subrayar su acuerdo con los objetivos de expresar el repudio tanto a la Junta como a la continuación del colonialismo que lo hace posible”. El Gobernador estuvo acompañado en la reunión por el Secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario.

Cuestionado sobre cuál será la disposición del PPD dado al hecho de que aun cuando el PIP y el PNP coinciden en reconocer que la presencia de la JCF es un efecto del coloniaje, no así el PPD, el Presidente Ejecutivo del PIP, reconoció que siempre ha habido en estos temas históricamente de parte del PPD una negación hacia el problema colonial, pero que realmente ya después de Sánchez Valle y después de la aprobación de la Ley Promesa y el silencio de los populares con respecto a los litigios contra la JCF, el PPD se ha dado cuenta de que éste es el fin de esa ilusión por lo que no se atreven ir al tribunal.

Recalcó que aunque los populares se sientan incómodos con Promesa, por otro lado no pueden negar la realidad colonial del asunto, por lo que considera que es muy difícil para el PPD decir no a la propuesta del PIP. Se esperaba que la reunión con el presidente del PPD fuese en algún momento de esta semana.

Respecto a la propuesta de una consulta para que el pueblo se exprese sobre la JCF, el Presidente ejecutivo del PIP aclaró que ésta sería la culminación de un proceso. “No lo vemos como el primer paso, al contrario nosotros planteamos que el primer paso debe ser que el liderato político puertorriqueño en primer lugar se reúna y exija una reunión con el Presidente de EE UU, porque no faltaba más que siga pasando el tiempo y que los puertorriqueños no tengamos una reacción colectiva de plantearle al presidente de Estados Unidos nuestro disgusto con esto de poderes omnímodos de esta Junta”. Recalcó que también hay que exigir al Presidente que la política pública del gobierno de EE UU hacia Puerto Rico tiene que ser una de promover un proceso de libre determinación.

El licenciado Martín acotó que si el Presidente no quiere recibirles, eso es otro tema, pero eso no quita que no se haga el esfuerzo, igual de necesario son las reuniones con el liderato congresional de los dos partidos. “Si es verdad que sobre esas cosas estamos de acuerdo de que hay que acabar con el régimen de subordinación política y que hay que acabar con la JCF no hay razón alguna para que los tres juntos no puedan hacerle un planteamiento al liderato demócrata y republicano de la Cámara y al liderato del Senado”.

Puntualizó además que los tres presidentes de los partidos deben asumir esa misma posición con relación a la JFC frente a la ONU y frente a otras organizaciones internacionales, ya que no hay razón para el pueblo de Puerto Rico aunque discrepe sobre todo lo otro, en el caso de la Junta se pueda hablar con una sola voz. De igual forma resaltó la necesidad de que los presidentes de los tres partidos participen de una gira por los principales medios de Prensa de EE UU para que haya una divulgación a nivel de la opinión pública.

El PIP considera que una vez que esos procesos estén corriendo, que se haya levantado el ánimo del país, que los tres presidentes estén hablando con una sola voz en los foros ejecutivos, legislativos, comunidad internacional y prensa norteamericana, eso “va a ir levantando la presión en la caldera en Puerto Rico para generar un sentido de unidad nacional. Yo no tengo duda de que si esto se encamina eso redundaría en una votación masiva en que habría esa exigencia de ponerle fin a la JCF y esa exigencia de que el Congreso tiene que descargar su responsabilidad de descolonizar a Puerto Rico”.

Al presente se está pendiente de la constitución del comité de trabajo. “En eso también el Gobernador indicó rápidamente que estaba en la mejor disposición de designar a una persona”.

Al margen de esta iniciativa el PIP continúa con su trabajo en el Comité de Descolonización (CD) de la ONU. El licenciado Martín, dijo sobre las vistas este próximo mes de junio del Comité que aún cuando este año se espera la aprobación de otra resolución, buena, clara y puesta al día a partir de los últimos acontecimientos en la Isla, pero no espera que haya ningún salto cualitativo. El análisis del licenciado Martín es que éste es un momento de mucha tensión en América Latina y es un momento de tensión también en la ONU.

No obstante, defendió que el PIP seguirá manteniendo esa cabeza de playa –la ONU– y distinguió que es un logro cada resolución. “Soy de los que pienso que el trabajo de la ONU es uno importante y que hay que hacerlo a pesar de que mucha gente tenga la percepción de que lo que se hace es quedarse en el mismo sitio creo que el que así piensa se equivoca porque no se da cuenta que a nivel de ONU éstos son asuntos complejos”.

En cuanto al papel de otras organizaciones el licenciado Martín, expresó su satisfacción por el respaldo que el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) le ha dado a su propuesta y reconoció que en su momento habrá que hacer el mayor esfuerzo posible para entrar en contacto con el mayor número de iniciativas en Puerto Rico para que el proyecto tenga el apoyo más masivo en el país.

Puerto Rico vive una crisis de derechos civiles y humanos preocupante y peligrosa, describieron dos constitucionalistas entrevistados, a la luz de los recientes acontecimientos del 1 de mayo, citaciones a ciudadanos por el Departamento de Justicia (DJ) y declaraciones festivas por parte del Gobernador sobre el comportamiento inconstitucional de parte del cuerpo policíaco.

En entrevista el profesor de Derecho Constitucional de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana (UIA) doctor Carlos Ramos, apuntó que la citación por parte del DJ al ciudadano licenciado Alvin Couto, por unas expresiones en INTERNET contra el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, a su juicio no procede ya que sus expresiones están protegidas tanto por la Constitución de Puerto Rico, como por la Constitución de Estados Unidos (EEUU).

Explicó que si bien el DJ puede citar a toda persona que entienda puede ayudarle a esclarecer la comisión de un delito o una investigación, en el contexto en que se citó a Couto sus expresiones están protegidas constitucionalmente. Pasó a explicar que para que unas expresiones hechas por INTERNET constituyan un delito tienen que ser de tal magnitud y en tales circunstancias que el estado llegue a la convicción de que hay una seguridad de que lo que se dice va a ocurrir. Para que unas expresiones se consideren amenazantes, que constituyan una alteración a la paz, el Tribunal Supremo de EE UU y el de TS de Puerto Rico han dicho que estas tienen que ser dirigidas directamente a una persona y para todos los efectos casi de frente, por lo que es difícil concluir que unas expresiones hechas en la red puedan cumplir con estas características.

“Yo no tengo la menor duda que las expresiones que hizo esta persona fueron hechas como parte de su molestia con lo que estaba sucediendo en el país en esos días y que no reúne a mi juicio los elementos para constituir el delito de alteración a la paz, amenaza, o incluso los llamados delitos cibernéticos que a propósito en Puerto Rico hay que analizarlo con detenimiento para ver si efectivamente cumplen con estos requisitos”, afirmó.

A la luz de lo anterior denunció que más bien el propósito de la citación es la de amedrentrar el ejercicio de la libertad de expresión de Couto.

Aun cuando el profesor Ramos dijo creer que una acción judicial contra Couto tiene muy pocas posibilidades de progresar. Expresó que el estado puede hacer cualquier cosa y que la razón principal además de amenazarlo, el interés del Estado es buscar un patrón general para de alguna manera evitar que el país se exprese de manera contundente sobre la forma en que está procediendo en estos tiempos de alegada austeridad.

Al comparar la acción del DJ contra el abogado militante, mientras no se ve que haya una acción similar contra otras personas, como es el caso de Angelimari Rodríguez Pabón, quien tenía un contrato con la Fortaleza y expresó en su página en la red, “que los maten a todos’”, en referencia a las personas que se manifestaron el primero de mayo, el Dr. Ramos indicó que a su juicio esta persona tiene menos protección que Couto. Esto responde a que como empleada de Fortaleza se encuentra en un contexto que es difícil separar si las expresiones las hizo como funcionaria o las hizo como empleada privada.

En ese contexto indicó que tanto el TS de EE UU y el TS de Puerto Rico, ambos han dicho que los empleados públicos cuando se expresan sobre ciertos asuntos como en este caso su parecer particular sobre un tema, la protección de la libertad de expresión es menor que si fuera un empleado privado, porque el empleo público no es un derecho constitucional, sino un privilegio. Desde esa perspectiva las expresiones de Rodríguez Pabón están menos protegidas.

Para el constitucionalista lo que se está comenzando a ver en el país respecto a la situación de los derechos civiles “es ciertamente bien preocupante”.

El Dr Ramos trajo a la atención a que hay unas indicaciones de lo sucedido el 1 de mayo que hay que observar. El gobierno tuvo dos estrategias para manejar las dos marchas, la que se dirigió al Capitolio y la que se dio en la Milla de Oro. En el caso de la marcha de la Milla de Oro describió como “preocupante”, la estrategia que siguió el estado.

“Su grado de intolerancia, un uso de fuerza desproporcionad, su actitud junto con la citación a este abogado demuestra la inseguridad que comienza a sentir el gobierno, particularmente porque sabe que ha estado perdiendo apoyo con unas medidas impopulares que ha impulsado y que ha veces ha estado a favor de la Junta de Control Fiscal y bueno se está moviendo por unos caminos desde el punto de vista de la libertad de expresión que nos debe preocupar a todos”, recalcó.

Frente a la ausencia de instancias adonde el pueblo pueda acudir el Dr Ramos reiteró que la protesta, el ejercicio de la libertad de expresión en la calle o en cualquier otro frente “nunca se debe acabar, no importa las circunstancias”. Apuntó a que cada vez más hay una desconfianza en todas las instituciones del estado para aclarar violaciones de derechos civiles, por lo que destacó el papel de instituciones como la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU).

“Fashion Policie”

Por su parte el presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Humanos del Colegio de Abogadas y Abogados (CAPR), Osvaldo Burgos, coincidió que en definitiva la citación de Couto por el DJ no procede.

“EL Departamento de Justicia no se puede convertir en un ‘fashion Police’ o en la Policía de la moral”, censuró, el también presidente del capítulo en Puerto Rico de Amnistía Internacional (AIPR), en alusión a las expresiones de Alvin Couto.

El licenciado Burgos recalcó que las expresiones de Couto están protegidas por la C Cientos de miles de inmigrantes en amenaza de deportación onstitución y que el propósito del DJ es provocar un efecto disuasivo para que la gente se inhiba de expresarse como quiera. Denunció que por el contrario lo que debería estar haciendo el DJ es velar porque la gente no se sienta inhibida de expresarse.

La situación se agudiza -explicó- ya que frente al comportamiento del estado los ciudadanos parecen encontrarse indefensos. Debido a la ley Promesa los ciudadanos en la práctica no pueden reclamar remedios judiciales, ya que en cuanto el gobierno recibe una demanda lo primero que hace el DJ es pedir la paralización del proceso en virtud de la ley Promesa. Observó que la falta de reparación de agravios por parte del estado es otra violación constitucional.

“Así que tenemos por un lado una grave violación y una impunidad que la alimenta Pesquera y la alimenta el Gobernador que justificó las acciones”, manifestó. Más aun acusó que el sentido de impunidad de la Policía está alimentado por el mismo Pesquera, debido a que éste no colabora con el proceso de reforma y da la impresión de que no tiene la menor voluntad política de atender los postulados de la reforma, incluso ha atacado al monitor cada vez que hace una expresión sobre los malos manejos de la Policía.

Para el presidente de AIPR en estos momentos en el país, “estamos en un caldo de cultivo peligroso típico de gobiernos dictatoriales y por otro lado estamos en unas circunstancias políticas y violación de derechos que se me parecen mucho a las de los 70’ cuando sucedió el Cerro Maravilla.

El licenciado Burgos dio a conocer que AI lanzó una campaña a nivel internacional de envío de cartas al Gobernador de Puerto Rico exigiendo que garantice de inmediato el derecho a la libertad de expresión y de reunión y que las autoridades hagan públicas cuanto antes las conclusiones de la investigación ordenada por el tribunal sobre las manifestaciones del 1 de mayo.

Como presidente de la Comisión de Derechos Civiles del CAPR y presidente de AIPR, Burgos dio a conocer, que ambas organizaciones celebraran unas vistas públicas para que observadores y personas en su carácter personal presenten sus testimonios sobre lo ocurrido. Los testimonios serán recogidos en un informe el cual luego esperan compartir con las autoridades federales y organismos y foros internacionales, incluyendo la ONU.

El activista no tuvo dudas en considerar que la situación de violencia por parte de la Policía escale. “Me parece que estamos en un momento peligroso para lo que implica la protección de los derechos de la ciudadanía, hay que hacer un llamado a la responsabilidad que tiene el gobernador como comandante en jefe de la Policía de que cualquier cosa que pase en el país, o cualquier tragedia que ocurra, ya es trágico que ocurra, pero cualquier cosa que ocurra es responsabilidad de ese sentido de impunidad que el propio Gobernador como comandante en jefe esta propiciando”.