La cúpula directiva del PPD tiene a la base de ese partido “al garete”. A sólo dos meses del plebiscito, no ha podido articular una directriz clara de qué deberían hacer sus votantes ante la consulta de estatus ingeniada por el PNP para junio de 2017. Unos días predominan en el discurso unas posibilidades, y otros días se habla de otras, pero el PPD luce a la deriva ante el diseño plebiscitario de Rosselló, el cual parece haberlo sacado totalmente de balance. ¿Qué posibilidades se han barajado en lo que los dirigentes deciden finalmente qué hacer? Se habló de la posibilidad de acudir masivamente al plebiscito a marcar un NO, es decir, a dañar la papeleta de la consulta porque la misma no incluye como opción al ELA territorial. ¿Pero en qué cabeza cuerda cabe que se pueda incluir el territorio no incorporado como opción en una consulta que legalmente tiene por objetivo la “descolonización inmediata de Puerto Rico”? Ya sabemos todos, que a pesar del pomposo nombre en español de Estado Libre Asociado, el ELA territorial, porque lo asegura el Tribunal estadounidense en el caso de Sánchez-Valle —y el propio Congreso lo refrendó con la LEY PROMESA— es un territorio colonial sujeto a los poderes plenarios del Congreso. De modo que no tiene sentido alguno reclamar “la descolonización inmediata de Puerto Rico” con la propia colonia como opción a elegir. No obstante, algunos de los llamados “líderes” del PPD —que no lo son realmente porque los verdaderos líderes saben dirigir a sus votantes en lugar de tenerlos en ascuas largo tiempo y lanzados al garete— han ido a mendigar las firmas de ocho senadores republicanos de la derecha de ese partido, en una carta que le pide al Secretario de Justicia la anulación de la consulta por no incluir al ELA territorial. Lo que más llama la atención es que sean sólo ocho, tan pocos, que sean los más derechistas del Partido Republicano y que encima provengan de estados en los cuales casi no habitan hispanos. Según el último censo federal los hispanos que residen en Estados Unidos llegan ya casi al 16% de la población total y entre ellos, el 63% son mexicanos y sólo un 9% provienen de Puerto Rico. No obstante, los senadores republicanos que “posan” de expertos en Puerto Rico —y que favorecen la posición PPD de colocar el ELA COLONIAL entre las opciones de estatus— provienen de estados como Mississippi (sólo 3% de su población es hispana), Carolina del Sur (5% de hispanos), Wyoming (8% de hispanos), Arkansas (6% hispanos) y Missouri (3% hispanos). ¿Qué tan expertos pueden ser sobre asuntos de la vida política puertorriqueña tales senadores? Sí es muy probable que algunos tengan inversiones en Puerto Rico, conozcan algo de cómo les conviene a ellos dar continuidad a la colonia, a sabiendas que bajo tal régimen los habitantes de Puerto Rico padecemos una gran crisis económica y fiscal, y hemos sufrido, además, múltiples experiencias de corrupción en nuestro gobierno territorial, todo ello producido por los partidos PNP y PPD que han gobernado en nuestro país por décadas. Lo peor de la posibilidad de participar en el plebiscito de junio votando un NO —y por lo tanto dañando así las papeletas— es que tal acción tiene como consecuencia contar tales votos como eso mismo, como “papeletas dañadas”, junto con todas las demás dañadas por toda clase de motivos o por torpezas de los electores. En Puerto Rico, el voto de protesta que daña papeletas, no tiene la más mínima tradición de tener efecto alguno. La CEE las cuenta junto con todas las demás dañadas… y no pasa nada. Si fueran muchísimos votos de ese tipo, quizá el PPD podría reclamar que el plebiscito debe anularse. Pero… ¿y si esos votos fueren mucho menos que los votos estadistas? ¿Qué clase de imagen pública proyectaría el PPD como partido?

Otra vía para el comportamiento político del PPD ante el plebiscito de 2017 que se ha mencionado con alguna insistencia últimamente es la abstención electoral. Como se sabe, la abstención electoral tiene el gran problema de que puede significar mil cosas. Un elector puede abstenerse porque se enfermó, otro porque estaba de viaje (recordemos que la consulta será en pleno verano) otro porque prefirió irse a la playa, otro por pura apatía política y aún otros para protestar, junto al PPD, de que el plebiscito no incluyó el ELA territorial como forma para lograr la “descolonización inmediata” de Puerto Rico. Además de lucir ridículo ante el propósito legal de la consulta, la abstención de los electores del PPD ante ese plebiscito tiene el gran problema de que no puede tener consecuencia alguna que sea constructiva. Al abstenerse, no se sabe nunca si ese es un voto de protesta o no, o si lo es por estar en contra del Gobierno de Rosselló, o en contra del diseño de la papeleta del plebiscito, o contra la estadidad. Y como es lógico, la oficialidad en la CEE, aunque mide la abstención en términos de los inscritos que no fueron a votar en cada elección en particular, jamás le ha otorgado importancia a la cifra, ni siquiera cuando la abstención llegó a tan altos niveles en 2016 que dejó a Ricardo Rosselló con sólo el 42% del voto total y a Bernier con el 38%. En las elecciones pasadas la abstención aumentó de manera exponencial y… ¿qué efecto tuvo? Ninguno. Ricardo Rosselló se inició como Gobernador como si tal cosa, porque obtuvo más votos que los demás candidatos, aunque no obtuviera mayoría. Recordemos que nuestro sistema es tan poco democrático que ni siquiera exige un porcentaje determinado para poder ocupar el cargo principal del gobierno interno del país. Aquí la ley no exige una segunda vuelta, como en muchos países europeos y latinoamericanos para obligar a que la persona que ocupa el más alto cargo público lo ocupe con mayoría de votos. En nuestro país la abstención subió astronómicamente en 2016 y el fenómeno ni siquiera generó análisis ponderados de los observadores políticos, ni mucho menos protestas como las que se vieron en Estados Unidos porque Donald Trump alcanzó la Presidencia sin tener la mayoría de los votos populares a su favor. De modo que la abstención de los Populares en ese plebiscito de 2017 pasará sin mayores efectos en el sistema político y, además, tampoco habrá servido para impedir que las cifras oficiales den por triunfante a la estadidad federada. Ni mucho menos es fácil hacer una campaña contra la estadidad por la vía pasiva e incolora de la abstención.

Si lo miramos con algún detenimiento y profundidad, el llamado a la abstención en el PPD, sólo podría tener la consecuencia negativa de facilitar más la abstención electoral para las elecciones de 2020. Aunque no es lo mismo un plebiscito que una elección general, la abstención sería un llamado indirecto del liderato de ese partido a que sus electores sigan con normalidad la línea de la menor resistencia, la ley del menor esfuerzo, y se alejen de las urnas de la democracia. En el largo plazo, es lo menos que conviene a las cúpulas del PPD y del PNP porque aumentos consecutivos y significativos en la abstención electoral en Puerto Rico van minando la legitimidad del sistema político que ellos han preconizado por décadas. Además, se ve como un gran contrasentido histórico que el partido cuyo líder fundador, Luis Muñoz Marín, le enseñó a este Pueblo el valor del voto y del apego a las urnas de la democracia, sea precisamente el que llama a sus seguidores a alejarse de las urnas.

Parece ser cada vez más evidente, que el único lugar en donde pueden votar con consecuencias constructivas para el país los electores del Partido Popular es bajo el símbolo del círculo en la segunda columna. Este símbolo representa la independencia y la libre asociación, pero al mismo tiempo representa en forma indirecta el rechazo contundente a la estadidad federada y la única forma de “matarle el gallo en la mano” a Ricardo Rosselló y otros dirigentes del PNP. ¿Por qué? Es muy sencillo, si todos, desde los independentistas más radicales que nunca o casi nunca votan, hasta los votantes consuetudinarios del PPD, pasando por todo tipo de libre asociacionistas y soberanistas —y de no afiliados a partido alguno— votaran TODOS A UNA por el círculo de la papeleta, crean o no crean en la libre asociación o en la independencia, estarían en la práctica convirtiéndole el dichoso plebiscito a Ricardo Rosselló en el plebiscito Estadidad Sí o No del cual llegó a hablar Bernier, candidato a Gobernador del PPD en las elecciones de 2016. Y si el voto anti estadista es prolífico, y se junta con el voto de castigo, por las mil razones que los puertorriqueños ya tienen para estar disgustados con el PNP y con Ricardo Rosselló y su “gobierno de aguaje”, que no hace sino la voluntad de la Junta de Supervisión Fiscal, que hace el teatro de que defiende al Pueblo frente a la Junta, pero luego decide a favor de lo que perjudica a la mayoría de los puertorriqueños, entonces la estadidad podría recibir una derrota segura. Esa sí que podría llegar a ser una estrategia efectiva contra la estadidad. Aunque tal derrota no sería hechura principal de la cúpula actual del PPD, si una mayoría de Populares vota por el círculo, podrían reclamar, junto con todos los demás, el haberle propinado la derrota a la estadidad.

No hay que olvidar que si el PPD se encuentra en esta situación difícil no ha sido sino el producto de los propios culipandeos e indecisiones de su cúpula. Hicieron un compromiso programático con el Pueblo en 2012 de celebrar una Asamblea de Estatus pero traicionaron viciosamente tal compromiso durante cuatro largos años. Ni siquiera fueron capaces de ingeniar un plebiscito criollo de manufactura PPD con el cual provocar la derrota de la estadidad y demostrar al Congreso y al mundo la verdadera realidad política de este país: que la estadidad en 2012 ni obtuvo mayoría ni sacó más del 45% del voto total, lo cual fue más de un punto porcentual de descenso comparado con el plebiscito de 1998 en que la estadidad obtuvo el 46.5% del voto. No fueron capaces de movilizar a su propia gente, ni mucho menos al resto del Pueblo, para darle una pela a la estadidad y darle una lección al PNP contra los plebiscitos marrulleros. Y como la cúpula del PPD no hizo nada de eso, ni tampoco investigó ni persiguió las corrupciones de la Administración anterior, pues dejó a numerosos Populares muy disgustados con los múltiples errores e indecisiones de García Padilla, lo cual se tradujo en el alto nivel de abstención de 2016, junto con la abstención también de muchos electores consuetudinarios del PNP. ¿Con qué cara y fuerza moral viene ahora a decir Héctor Ferrer que el PPD es la alianza de fuerzas más grande que tiene Puerto Rico? En todo caso de que lo sea, por lo visto, es la más inefectiva. No ha servido para evitar durante todo un cuatrienio que el PNP afilara sus colmillos en un plebiscito como el de junio de 2017.

Los dirigentes del PPD viven enredados porque no entienden a fondo su propia base. Hablan tardíamente de “consultar a la base” y dan eso como excusa para no producir una directriz clara ante el plebiscito de 2017. Pues les tengo una noticia: el estudio realizado desde la UPR con entrevistas profundas en el año 2015 revela muchas cosas importantes sobre la base del PPD. Y las voy a comunicar en mi próximo artículo “Especial para CLARIDAD”.

Espérenlo.

El autor es catedrático jubilado del Departamento de Ciencia Política del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Dictó cátedra en Río Piedras por más de 39 años.

Los imperios no tienen amigos, tienen intereses.

John Foster Dulles

Secretario de Estado de EUA

Hace unos días un amigo anexionista me dijo con cierta extrañeza: “Que mal se han portado con nosotros los “americanos” en esta crisis”. A lo que le riposté que ellos nunca se han portado bien con nosotros. El maltrato que se pierde en la memoria colectiva comienza con la invasión misma al lanzar un ataque militar contra nuestro pueblo y derrocar el gobierno constituído por votación mayoritaria en unas elecciones celebradas apenas unos cuatro meses antes.

Al derrocamiento le siguió un gobierno militar de dos años durante el cual nos devaluaron la moneda nuestra en un 40% frente al dólar, robándonos una buena parte de nuestra riqueza.

Cuando se cambia a un gobierno civil por la aprobación de la Ley Foraker, el Congreso tenía varias opciones para definir la relación de Estados Unidos con Puerto Rico. El Congreso escogió la peor para nosotros: el coloniaje.

De inmediato comenzó una invasión del capital yanqui imponiendo una agricultura de monocultivo de caña, acaparando grandes extensiones de tierra, creando latifundios y despojando de sus tierras y trapiches a los puertorriqueños y españoles residentes.

Al despojo económico le siguió una agresión cultural imponiendo el inglés como vehículo de enseñanza pública en lo que constituyó una campaña de americanización dirigida a socavar nuestras raíces culturales.

Sumemos a lo anterior la imposición en 1917 de la ciudadanía americana en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo puertorriqueño. Esta es la ciudadanía que han usado para llevarnos a sus guerras con el enorme saldo de muertos y discapacitados producto del servicio militar.

En la década del treinta, a los 32 años de la invasión el hambre y la miseria arropaban a la mayoría del país. Ante la protesta y confrontación con el poder colonial nos impusieron nuevamente a los militares enviando al general Blanton Winship y al coronel Ellisha Riggs para gobernar el país con resultados como la masacre de Río Piedras y de Ponce.

Por años nos ocuparon miles de acres de nuestras tierras cultivables para fines militares, siendo los bombardeos de Vieques y Culebra los abusos mayores del militarismo.

En el 1940, luego de cuarenta y dos años de dominio colonial USA el ingreso per cápita era $122 y el desempleo real rondaba en un 50%.

A fines de los años cuarenta, Washington le encomendó a Luis Muñoz Marín el trabajo sucio de la persecución y encarcelamiento de los independentistas. Se aprobó entonces la Ley de la Mordaza para condenar a Albizu y los nacionalistas. Vivimos en la Mordaza diez años.

Durante el dominio colonial nos han llevado a dos guerras mundiales más dos conflictos sangrientos como Corea y Vietnam. Miles de puertorriqueños muertos y discapacitados es el saldo de ese servicio militar.

Nos arruinaron la agricultura, sus megatiendas enterraron el comercio puertorriqueño y lo poco que teníamos en la industria desapareció.

Nunca se nos ha permitido una economía propia que responda a nuestros intereses. Siempre se nos ha mantenido en la dependencia. Cuando hemos querido proteger nuestros productos e intereses económicos los tribunales federales nos aplican sus leyes y la cláusula del comercio interestatal de su constitución derogando nuestra legislación protectora. El caso más reciente fue la derogación de la quiebra criolla por inconstitucional de acuerdo al tribunal de Boston dejándonos sin protección frente a los buitres acreedores.

Hoy el 45% de nuestras familias dependen de los cupones para alimentarse. La mitad de los aptos para trabajar no trabajan, creando un desempleo oficial de 12% y real de 30%.

A los 119 años de dominio yanqui el país está en quiebra. La lista de los abusos es larga, pero el acondicionamiento a que nos han sometido hace que una mayoría de nuestro pueblo no reconozca la dimensión del maltrato.

El desconocimiento de la realidad lleva a esta mayoría a pensar como el invasor quiere que piense. Que los de abajo hagan suyas las ideas de los de arriba es la mejor y más cómoda forma de ejercer el dominio colonial.

En el plebiscito que se acerca tal vez podremos confirmar cuanto despertar ha habido después de los cantazos recibidos con las últimas PROMESAS.

Poco antes de su muerte y presenciando la apertura de relaciones de Cuba y Estados Unidos, Fidel Castro les dijo a los cubanos: “No nos olvidemos del mucho daño que nos han hecho”.

Nosotros podríamos decir lo mismo.

Existe y existirá un debate sobre cuándo cuajó la nacionalidad puertorriqueña, surgiendo un pueblo diferenciado y consciente de sus particularidades en una isla donde antes se juntaba una aglomeración de gente. Algunos ubican ese acontecimiento en el siglo 19, otros en el 18 y hay, inclusio, quienes van un poco más atrás. Es lógico que persista el debate porque al tratarse de un fenómeno histórico que, como todos, se va configurando según camina la sociedad, es imposible consensuar una fecha para el comienzo.

En lo que hay más consenso es en cuándo nació la “patria puertorriqueña”. Las patrias nacen como consecuencia de la nacionalidad, pero se manifiestan cuando la surge la lucha para hacerla valer, para que se reconozca. Nuestro poeta Luis Lloréns Torres dijo que Simón Bolívar “no nació hijo de patria alguna / sino que muchas patrias nacieron hijas del” porque el gran latinoamericano, con su lucha, se dedicó a crear patrias allí donde ya había nacionalidades más o menos definidas. La patria, por tanto, nace de la lucha que se genera para que una nacionalidad pueda crecer libre de injerencias externas.

De ahí que podamos afirmar con mayor certeza que la patria puertorriqueña nació a mediados del siglo 19, cuando comenzó la lucha para que se reconociera la existencia separada de la nacionalidad que ya había cuajado. Antes hubo expresiones aisladas, pero fue a mitad de aquel siglo que se estructuró la organización que culminaría en el levantamiento armado que el 23 de septiembre de 1868 reclamó nuestra independencia del imperio español.

En el centro de aquella lucha, en su concepción y organización, hubo una figura que sobresalió sobre todos los que participaron en ella: Ramón Emeterio Betances. El médico caborrojeño, que había tenido sus primeras confrontaciones con el régimen colonial español por sus gestiones como abolicionista, le aportó corazón y cerebro a la lucha que convirtió nuestra nacionalidad en patria. Por eso es muy justo que la paternidad de esa nueva patria caribeña se haya singularizado en la persona de Betances. Aquel a quien la lucha lo condenó a vivir desterrado del país que ayudaba a crear, merece mejor que nadie ese reconocimiento de paternidad. Sin duda alguna es el “padre de la patria puertorriqueña”.

Betances murió en 1898, sabiendo que la patria fundada había sido ocupada por otra potencia que, a diferencia de la española (aquella que nunca pudo dar lo que no tenía), reclamaba ser una “república democrática”. El “desterrado de París” conocía muy bien a los nuevos invasores y, contrario a algunos de sus compatriotas, no se impresionó por la proclama que hizo el jefe de las tropas, Nelson Miles, anunciando que nos traía libertades. Desde su lecho de enfermo nos dio su última lección: “No quiero colonia ni con España ni con Estados Unidos, qué hacen los puertorriqueños que no se rebelan. “

Esta evocación de Betances viene al caso ahora porque estamos en abril y el pasado día 8 fue su natalicio. (Nació en Cabo Rojo hace 190 años.) Pocos recordaron la fecha porque la inmensa mayoría de sus compatriotas ahora vivimos agobiados por una persistente crisis económica en cuya base está, precisamente, la realidad colonial que denunció el caborrojeño. Casi todos los que analizan la realidad actual y se atreven a decir las conclusiones que brotan de ella, señalan que el coloniaje, expresado en una patente ausencia de poderes políticos, nos llevó a la postración económica y, más importante aún, nos impide salir de ella. El más reciente portavoz de esa conclusión fue el Premio Nobel de economía Joseph Stiglitz durante su reciente conferencia magistral dictada en San Juan. Pero hasta ahora, los puertorriqueños no han escuchado el llamado de Betances a rebelarse lanzado en 1898. De ahí la crisis.

La evocación de Betances es pertinente, además, porque el pasado 7 de abril se presentó en San Juan la edición definitiva de las obras completas del patriota. Todo lo que nos dejó escrito está ahora recogido en diez tomos gracias a la labor permanente de Félix Ojeda Reyes y Paul Estrade, quienes han dedicado décadas a estudiar la obra y a rastrear cada escrito de quien Félix Ojeda llamó “el desterrado de París”. Por más aplausos que le dediquemos a este dúo de historiadores nunca serán suficientes para reconocer esa labor meticulosa y altamente productiva que han desplegado a lo largo de, al menos, cuatro décadas.

Antes de escribir este artículo le envié un mensaje de texto a Félix con la siguiente pregunta: ¿fue Albizu quien primero se refirió a Betances como padre de la patria? Su contestación fue la siguiente: “No. Mucho antes estuvo Lola (Rodríguez de Tió) pero debemos adjudicar el adjetivo a un pueblo agradecido, el nuestro.” Ese pueblo también debiera agradecer el enorme trabajo del boricua Ojeda y del francés Estrade. Gracias a ellos conocemos mejor al médico que dedicó su vida a fundarnos la patria.

Desde hace 56 años, el derecho vigente en Puerto Rico, es que un acto ilegal, no genera derecho. Esa realidad jurídica, vigente hoy, desmiente lo dicho por el morador de la Fortaleza, que manifestó que era inocuo (no usó esos términos) editar la deuda, porque, comoquiera, los acreedores de deuda ilegal, podían demandar. Los periodistas, que no son abogados, no supieron hacer las preguntas que se caían de la mata.

¿La pregunta debió haber sido, “y qué si demandan”?

Si se hubiese culminado la auditoría de la deuda, que ya llevaba dos etapas, de tres que tenía, se hubiese concluido, que había una serie de deudas (emisiones de bono) ilegales. Si se hubiese terminado la tercera fase que faltaba, que es la etapa de auditoría forense, la cual es la que establece, más allá de duda, quiénes fueron los delincuentes responsables, en ambos lados de la ecuación, de la debacle, que pagaremos los que no creamos la misma; no estaríamos en la encrucijada en que estamos. También se establecería, cuáles son las ilegales, cuáles son legales y cuáles dudosas.

Si se establecía forensemente, cuáles son ilegales, antes de que empiecen los litigios, estos casos no serían meramente, unos sencillos de cobro. Actualmente, todos los acreedores, legales e ilegales, tienen legitimación activa para demandar, y lo peor, hay una dimensión dual.

Primero, sin auditarse la deuda, la misma se presume legal para todos los efectos; y lo segundo, además del hecho de que todos pueden demandar, y tienen legitimación activa para hacerlo; los casos se convierten en una mera acción de cobro de deuda, que, al presumirse legal, la única controversia es cuánto se prestó, y cuánto se pagó; y punto. El peso de la prueba, en cuanto a la única controversia, estaría en la espalda del Estado, para probar lo que pagó. Y ni eso es ya controversia, pues el Estado públicamente, ha admitido, que no la ha pagado.

No es como dice Ignacio Rivera (Fuego Cruzado), que en el caso de cobro se puede hacer descubrimiento para ver si fue legal o no. La deuda, se presume legal, sin auditoría previa que establezca lo contrario. Y esos pleitos no serían para determinar la legalidad de la deuda, ni para hacer auditoría, dentro de un caso de cobro de dinero. La única controversia en un caso de cobro, establecido que hubo una emisión de bono, es si se pagó o no, y hay que traer los recibos, o evidencia de pago. Y los tiene que traer el Estado.

La música sería otra, si se termina la auditoría ya empezada, que iba a comenzar su tercera, última, necesaria, y fundamental, tercera etapa.

Esa etapa es la que, forensemente, con prueba pericial de dicha auditoría, se establece, la ilegalidad de deudas. Igualito que se establece de qué arma salió el tiro que nos mata a todos; o donde se establece que las huellas del sospechoso que empuñaron esas armas, especialmente gobernadores anteriores, y sus asesores financieros, buitres, funcionarios de casas de corretajes, de bancos, asesores, etc.

Hay un solo tipo de deuda que no necesariamente necesita auditoría forense. Es la famosa creación eufemística, de Pedro Roselló padre, llamada la deuda extra constitucional. NO EXISTE TAL COSA COMO DEUDA EXTRA CONSTITUCIONAL. Puede existir deuda constitucional, o deuda anticonstitucional. La segunda, es la ilegal, pues viola la Constitución. Para ella no hace falta necesariamente, auditoría forense, aunque ayuda. Con las dos auditorías ya celebradas basta para mostrar la ilegalidad de esa deuda. Pero la auditoría forense de esa deuda haría inexpugnable su ilegalidad. Ya se sabe quién haló el gatillo, y quienes lo han seguido halando. Las huellas están por doquier.

Por eso es que los tenedores de bonos, los bufetes que los representan, los miembros de la Junta que emitieron deuda ilegal, y cobraron para sus bancos, hasta un billón en comisiones, y otros asesores no quieren la auditoría.

Y, lo aparentemente raro, es que este gobierno tampoco la quiera, y esté haciendo lo posible porque no se haga. Primero eliminó ilegalmente la junta creada por Alejandro García Padilla, cuando había completado dos etapas de la auditoría, y rendido dos informes devastadores.

Se va a tratar de evitar, por todos los medios, dilatar, que la Comisión actúe y termine su trabajo. Ya se ha anunciado que se va a apelar al Tribunal Apelativo y, de ser necesario, al TSPR, lo que tomará meses en adjudicarse finalmente, y llegará y pasará mayo; que es cuando los bonistas pueden demandar, con una deuda que se presume legal.

Así tendrían legitimación activa para demandar, y el ELA, IRIA A CORTE DESNUDO, SIN DEFENSA OPONIBLE.

Que distinto sería, si se hubiese hecho la auditoría, y se hubiese determinado qué parte de la deuda es ilegal Y CUAL NO. Quedaría destruída la presunción de legalidad de la deuda; y, ya, la música jurídica, en un pleito, o pleitos de cobro, sería otra. Los buitres, de las deudas ilegales, no podrían demandar.

Los “acreedores” de deudas ilegales, no podrían ir a los tribunales, a reclamar, ni principal ni intereses. Eso es así bajo nuestro sistema de derecho. (SERRA v. SALESIAN SOCIETY 84 DPR 322 (1961))

Sería lo mismo que si un tirador de droga, tratara de demandar a un comprador que no le pagó un millón de dólares en droga, que le fió a otro; y trate de cobrar principal e intereses AL DEUDOR. Igual sería el caso del prestamista ilegal e igual que el caso del que asesina por dinero, y demanda al que lo contrató, porque no le han pagado por el muerto. El Tribunal no le puede reconocer interés válido para demandar; es decir, no tiene legitimación activa para demandar. (SERRA v. SALESIAN SOCIETY 84 DPR 322 (1961)) El casito, ya no es de cobro donde solo hay que establecer cuánto presté y no me pagan.

Peor aún. Las deudas de bonos de hace treinta años emitidas a ese mismo término, que, de hecho, ya se pagaron 1.8 veces por lo menos, pagando solo intereses; no solo, no se podrían cobrar, sino que los que tendríamos causa de acción, y además legitimación activa (autoridad para demandar) somos nosotros; para que nos devuelvan el 180 por ciento de los intereses cobrados ilegalmente. O sea, nos tienen que devolver 1.8 veces lo que nos prestaron y no recobrar nada.

¿Cómo es que por algún misterio no divino, se hará todo lo posible por el gobierno, para encubrir delincuentes internos y externos que “gobernaron” esta ínsula, y que prestaron, y asesoraron ilegalmente?

Adoptemos la idea de Edric Vivoni, y vamos a crear de inmediato un Tribunal del PUEBLO (Tipo Bertrand Russell) para evaluar la prueba sobre las deudas de bonos, llegar a conclusiones, y celebrar juicio a los sospechosos; y de ser hallados culpables, se nos autorice, para entregarlos, encadenados al pueblo, para que fije la pena, y ejecute la sentencia en el HIRAM BITHORN. Claro, la entrada sería gratis.

Señores de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, deben crear ese tribunal de inmediato, y nombren sus jueces, abogados de defensa de los imputados y fiscales alguaciles y secretarias e investigadores y personal necesario. Conozco abogados honorables, que trabajarían gratis.

Finalmente, si la mitad de la deuda es ilegal, con el 180 por ciento, que el pueblo puede recobrar de pago de intereses, pagados ilegalmente, se salda el resto de la deuda. Ayúdenme en esto por favor.

El autor es abogado.