A los puertorriqueños se les hizo creer desde el momento mismo de la invasión yanqui el 25 de julio de 1898 que la llegada de las tropas invasoras tenía el propósito de liberarnos de un gobierno español tiránico, y que una vez liberados del yugo español se implantaría en la Isla las libertades de la democracia de la “gran nación norteamericana”.
Esa creencia explica la entusiasta acogida que le diera gran parte del pueblo y el liderato político puertorriqueño de aquella época a la invasión, incluyendo a Eugenio María de Hostos, quien se ofreció a acompañar las tropas yanquis en su viaje a Puerto Rico.
La oferta de libertad y democracia comenzó con la proclama del general Nelson Miles al dirigirse al país desde Ponce a los tres días de la invasión. Al pasar de los años el discurso del invasor se amplió y le hizo pensar a la mayoría del pueblo que el gobierno de Estados Unidos era también el garante de la estabilidad económica del país además de la democracia y la libertad. Demás esta decir que el discurso del invasor ha estado siempre apoyado por esa clase política traidora que hemos sufrido en la administración de la colonia. Sin su complicidad el presente puertorriqueño seria distinto.
Hoy, la realidad que vivimos es tan apabullante que el discurso del invasor y sus cómplices ha perdido el respaldo mayoritario del país. Basta señalar el rechazo mayoritario en el plebiscito del 2012 al estatus existente, aun cuando todavía el Tribunal Supremo USA no había decidido el caso Sánchez Valle.
Los eventos de los últimos años en la política puertorriqueña a, pesar de los grandes problemas económicos y sociales que han ocasionado, sin duda alguna han elevado la conciencia política de gran parte del pueblo nuestro. Hoy hay un mayor entendimiento de nuestra realidad y de las causas de nuestros problemas que hace apenas unos cinco años.
El debate de cerca de sesenta años sobre si el estado libre asociado había o no resuelto el problema colonial ha quedado superado con la reafirmación del gobierno de Estados Unidos, a través de sus tres ramas de gobierno de la condición territorial de Puerto Rico. De gran importancia para enterrar ese debate ha sido la decisión del Tribunal Supremo USA en el caso Sánchez Valle, que sostuvo las alegaciones del Departamento de Justicia USA a nombre de la rama ejecutiva y la acción congresional que siguió al caso con la legislación creando la Junta de Control Fiscal para dirigir el país. La admisión del estado colonial es hoy prácticamente aceptado por todos, lo que es un gran paso de avance en el debate político. Reconocer el problema es comenzar a solucionarlo.
La discusión sobre la deuda gubernamental, por otro lado, ha elevado el entendimiento de cómo funciona nuestra economía. Muy pocos conocían de la existencia de los bonistas y el gran control que han ejercido sobre nuestra vida como pueblo, imponiendo la política pública del país a través de todos los gobiernos.
Las acciones de Washington, sin entrar a discutir el propósito que persiguen, despejan algo el camino del debate de estatus cuando a lo anterior añaden que la libre asociación es la independencia. Eliminada la colonia disfrazada (ELA) y la libre asociación se reducen entonces las opciones a la colonia cruda, la independencia y la anexión como estado federado.
A lo anterior hay que sumar que sobre la anexión comienzan a darse señales de rechazo en Washington. Aunque con expresiones muy diplomáticas los propios amigos de los anexionistas dicen públicamente que no hay los votos en el Congreso para una solicitud de admisión como estado, algo que todo el mundo sabe pero que el liderato penepé se resiste a creer.
La crisis financiera del gobierno, la deuda y los destrozos del huracán le han dado a Puerto Rico en los círculos políticos y financieros de Estados Unidos una visibilidad y atención que no teníamos y de lo cual nos quejábamos cuando decíamos que éramos invisibles en Washington. No hay duda que estar en la agenda financiera es mejor que estar fuera de ella, aunque todavía estamos ausentes de la agenda política del imperio.
Por otro lado, es importante señalar que la visibilidad y la inclusión en la agenda aunque insuficiente, es un desarrollo positivo. Pero a la misma vez debemos estar conscientes que nada de esto es producto del trabajo y la presión de las fuerzas políticas de la isla, que han sido incapaces de traer al imperio a la mesa de discusión.
Ha sido el capital estadounidense, los bonistas, nuestros acreedores, los que nos han dado la visibilidad al mover a sus congresistas a servir de cobradores legislando la Junta de Control Fiscal. Una vez se resuelvan sus reclamos se acaba la atención de nuestro caso si no hay acción política de parte nuestra.
Lo que nos lleva otra vez a la necesidad de un concierto de las fuerzas políticas de P.R. para presionar a Washington a discutir el presente y futuro puertorriqueño. Lograr ese consenso para emplazar a Washington debe ser la prioridad de todos.
