La deuda pública (basada en bonos) de Puerto Rico ascendía a los $70,000,000,000 antes del Huracán María, lo cual representaba un monto superior al 100% del Producto Nacional Bruto nominal (variable con la cual se calcula el tamaño de la economía local). Luego del paso del huracán, la administración Trump aprobó préstamos de emergencia para el País, por lo que podemos concluir que el peso de la deuda sobre una economía colapsada, va a aumentar significativamente. La pregunta que queda pendiente sobre la mesa es si la economía de Puerto Rico tendrá la capacidad para pagar su deuda en el corto y mediano plazo. Analicemos.

La economía de Puerto Rico entró en depresión económica en el año 2006, y no se ha recuperado desde entonces. La pérdida de riqueza, empleo, y población, llevaba paso firme y constante, lo cual se agravó con el paso de los huracanes Irma y María en el 2017. El capital productivo, la infraestructura energética y de telecomunicaciones, además de carreteras, quedaron parcialmente dañadas o totalmente destruidas, imposibilitando cualquier posible recuperación en el corto plazo. La falta de transparencia y la posibilidad de corrupción gubernamental en las altas esferas del gobierno, minaron la confianza de la ciudadanía en el sector público, teniendo como consecuencia el que la ciudadanía prefiriera la migración en lugar de la reconstrucción. El gobierno da visos de estar atrapado en su propio discurso de recuperación, pero es incapaz de ver que las fuerzas productivas y la ciudadanía en general comienzan a mostrar signos de agotamiento psicológico y sociológico, lo que dificulta más el proceso de articulación de esfuerzos colectivos a favor de la recuperación. A casi tres meses del paso de los huracanes, los recaudos de Hacienda continúan en picada, más de 20 municipios continúan sin luz, el 40% de los negocios no ha podido reanudar sus operaciones, y la población sigue decreciendo a niveles exponenciales en períodos de tiempo récord. Finalmente, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una reforma contributiva federal que impactaría adversamente a la manufactura en Puerto Rico, cuya aportación al fisco representa una tercera parte del presupuesto del fondo general (cerca de $2,900 millones).

La respuesta del sector gubernamental ha sido deficiente. El Gobernador y la Comisionada Residente han presentado mensajes contradictorios, mientras que la Junta de Control Fiscal no ha presentado un proyecto de desarrollo coherente con los nuevos tiempos. El cabildeo en Washington DC ha sido inefectivo, y no han logrado aprobar las cantidades reclamadas para la reconstrucción del País ni la exclusión de Puerto Rico de la aplicación del 20% de arbitrio. La JCF ha realizado paneles en los cuales dice recibir información de la ciudadanía para poder realizar un nuevo plan económico y financiero, el cual debe estar listo para el 22 de diciembre de 2017. Recordemos que la JCF tiene un propósito definido para la reestructuración económica del País, y el restablecimiento del pago de la deuda, el cual está paralizado por los casos legales llevados ante la corte de la Jueza Taylor Swain. No obstante, luego de la destrucción provocada por los huracanes, sumado a la depresión económica que superaba la década, se confirma la idea de que la deuda es impagable, al menos por los próximos diez años.

La incapacidad de reactivar la economía en el corto y mediano plazo (las proyecciones optimistas previo al paso de los huracanes expresaban que el crecimiento económico retornaría en el 2024), la pérdida poblacional, y la reducción de la base impositiva, son algunos elementos que confirman la imposibilidad de que la deuda pública de Puerto Rico sea pagada según pactada en las emisiones. Este panorama lleva a los acreedores ante tres escenarios posibles: aceptar una moratoria de 10 años en lo que se concreta la reconstrucción del capital en Puerto Rico y se restablece el crecimiento; aceptar un recorte de la deuda de 75%; apropiarse de activos físicos en Puerto Rico para liquidarlos y cobrar lo más que puedan para minimizar pérdidas.

La política pública de la administración Rosselló y la Junta de Control Fiscal parecen favorecer la opción de liquidar activos y continuar pagando la deuda, dentro de condiciones que sean beneficiosas para los acreedores. Ninguno de los creadores de política pública a nivel local ha hablado a favor de una moratoria de 10 años (o una moratoria al menos), o de un quita (recorte o haircut) del monto total de la deuda. Sin embargo, sí hemos visto a los funcionarios de la presente administración hablar de las Alianzas Público-Privadas como el “nuevo modelo de desarrollo” para la reconstrucción económica del País. Esto significa que el gobierno de turno continuará buscando cuáles son los activos físicos, terrenos, o recursos naturales, que sean del interés privado global, con el propósito de enajenarlos, convertirlos en dinero, y continuar pagando la deuda. Tanto los acreedores como el gobierno saben que la deuda no es pagable a través de imponer nuevos gravámenes al ingreso o a las ventas en Puerto Rico, por lo tanto, la apropiación de recursos se convierte en la opción más adecuada para aquellos acreedores que quieran mantener vivas las posibilidades de cobrar la mayor parte de la deuda en un período corto de tiempo.

El problema con la enajenación de capital, tierra y recursos, es que muchos de los mencionados pertenecen a personas privadas, o a la ciudadanía en general, por lo que los procesos de enajenación por expropiación pudieran encontrar resistencia jurídica, política y social. Recordemos las protestas ciudadanas cuando se intentaron colocar tubos de larga distancia para la transportación de gas natural a plantas generadoras de energía. Esto significa, que para los acreedores y los creadores de política pública, la migración y la pérdida poblacional son perfectamente compatibles con su idea de reestructuración del País. Mientras más personas se vayan, mientras más propiedades se ejecuten por los bancos, y mientras menos propietarios se queden en Puerto Rico, las negociaciones para transferir riqueza local a manos de acreedores o capital internacional se facilita. Pienso que ésta es la razón por la cual la reconstrucción local tras el paso del huracán ha sido tan lenta y deficiente. El gobierno no tiene un plan de desarrollo para que la gente se quede y trabaje en Puerto Rico, mientras la Junta de Control Fiscal es silente ante la migración masiva de puertorriqueños al exterior. Si la expulsión de la población es parte del proyecto que tienen los creadores de política pública para el Puerto Rico del Siglo XXI, es preciso que la oposición entienda que en su resistencia contra este tipo de política pública no puede contar con el apoyo del estado. Lo único que puede cambiar la tendencia de la expulsión es la solidaridad y cooperación ciudadana, para crear nuevas estructuras económicas y políticas que permitan derrotar las pretensiones gubernamentales en contubernio con un sector inescrupuloso del capital.

El autor es abogado y economista, miembro de la Asociación Puertorriqueña de Economía Política.

El caso de la niña Alma Yarida Cruz, quien enfrenta la justicia con cinco cargos menos graves de alteración a la paz y agresión simple por un incidente ocurrido el 2 de diciembre del año pasado en la escuela elemental Modesto Rivera Rivera en Carolina, ha suscitado una amplia discusión pública sobre el contenido de los proyectos de ley para enmendar la Ley de Menores de Puerto Rico.

Tras el incidente con la niña, que en aquel entonces tenía 11 años de edad, miembros del Senado y la Cámara han desarrollado tres proyectos de ley para atender, aunque con enfoques totalmente distintos, el tema de los procesos judiciales para menores.

El pasado sábado 9, las tres medidas propuestas pasaron a manos del gobernador Ricardo Rosselló luego del cedazo de la Legislatura, movida que el senador independentista Juan Dalmau Ramírez catalogó como una manera poco sabia de hacer política pública.

Los tres proyectos, el de la Cámara 1036 y 1035, y el del Senado 489, fueron aprobados por la rama legislativa la semana pasada, pero antes la minoría popular, el senador José Vargas Vidot y Dalmau Ramírez votaron en contra de las enmiendas echas a los proyectos de la Cámara, por lo que pasaron a consideración.

El P.C. 1036, de la autoría del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez, deroga la Ley de Menores y adopta la “Ley de Justicia Juvenil de Puerto Rico” para proveer para el cuidado, protección, desarrollo, habilitación y rehabilitación de los menores y proteger el bienestar de la comunidad.

También, pretende proteger el interés público tratando a los menores como personas necesitadas de supervisión, cuidado y tratamiento a la vez que se les exige responsabilidad por sus actos y garantiza a todo menor un trato justo, el debido procedimiento de ley y el reconocimiento de sus derechos constitucionales. Esta pieza no fija una edad mínima para procesar a menores en los tribunales, y permite que jóvenes de 14 años en adelante puedan ser juzgados como adultos.

Asimismo, el P.C. 1035, también de Méndez, enmienda las “Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores” para que armonicen con la nueva “Ley de Justicia Juvenil de Puerto Rico” y el Código Penal de Puerto Rico, enmendado en 2012.

Por otro lado, el P.S. 489 propone la eliminación de que el menor comparezca esposado ante los tribunales, así como el confinamiento solitario; estipula el límite de edad de 13 años para ser procesado e imputado por una falta; y plantea la mediación como Método Alterno para la Solución de Conflictos en los Procesos de Menores.

Este proyecto del Senado, de autoría compartida, también permite que los procesos judiciales de menores sean públicos, siempre y cuando los padres o tutores de ambas partes lo autoricen. Además, ordena que se agoten todos los remedios administrativos posibles para atender faltas cometidas por menores. Por ejemplo, en casos donde un menor de 12 años o menos cometa una falta, la pieza decreta que antes que un tribunal tome jurisdicción, el sistema de educación público o privado deberá agotar sus remedios, precisamente lo que no pasó en el caso de Alma Yarida Cruz.

El debate público radica en el grado de severidad en el trato a menores que establecen uno u otro bando de proyectos de ley. Diferentes sectores creen que las medidas de la Cámara intensifican el enfoque punitivo que hasta ahora ha dominado sobre los menores por parte del Estado, mientras otros sectores consideran que el proyecto del Senado es laxo.

El tema más controvertible, sin embargo, es la fijación de la edad mínima para que un menor pueda ser llevado a corte. El consenso entre estos tres proyectos debe establecer la edad mínima para evitar casos como los de la niña carolinense, que por incidentes menos graves ocurridos en el entorno escolar está enfrentando procesos judiciales hace casi un año.

La ex secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Zoe Laboy, expresó públicamente que no apoya las medidas de la Cámara ni la del Senado por parecerles extremistas. Según ella, unos son muy restrictivos y punitivos, y el otro es muy liberal. Igualmente, entiende que debe hacerse mayor distinción entre cómo se trabajan las faltas menos graves y las graves.

“Retroceso al tiempo de las cavernas”

En su turno a favor del P.S. 489, el senador independentista Juan Dalmau Ramírez, expresó que las maneras de manejar los problemas de conducta de los jóvenes que proponen el P.C 1035 y el 1036 son un retroceso al tiempo de las cavernas.

Según un informe citado por Dalmau durante su turno en el hemiciclo, las faltas cometidas por menores ascendieron a 21, 392. De ésas, 2, 500 (12%) fueron de tipo 3 (homicidios, agresiones, escalamientos) y 11, 244 (53%), fueron menos graves (peleas, agresiones verbales, alteración a la paz).

“Bajo el P.C. 1035 este 53 por ciento estaría sujeto al régimen al que se ha sometido a Alma Yarida”, expresó el senador antes de sentenciar que siguiendo el caso de esa menor se evidencia el fracaso del sistema de justicia con nuestros jóvenes.

“El sistema, en vez de buscar soluciones, de dar una mano humana, la ha tratado como una criminal…El resultado de ese proceso contra esa niña ha sido de mayor desequilibrio emocional, depresión en la familia, mayores problemas académicos”, continúo Dalmau tras recordar que Alma Yarida tiene dos cargos por amenaza y dos por alteración a la paz a raíz de una confrontación escolar en la que ella se defendió luego de mucho tiempo de burla y exclusión.

Para Dalmau, los proyectos dirigidos a evaluar la Ley de Menores tienen dos rutas: el castigo y la criminalización juvenil, o la rehabilitación y el redirigir a tiempo a estos jóvenes que comparten el mismo trasfondo. Según citó el senador, un informe del Departamento de Corrección demuestra el perfil de un menor transgresor en 2016: proviene de un hogar roto y de un lugar socioeconómicamente marginado, es desertor escolar o está en vías de serlo, tiene problemas de aprendizaje, ha sido maltratado o ha presenciado actos de violencia en el hogar, ha tenido contacto con sustancias controladas o alcohol.

“En vez de atender el problema ahí retratado, lo que proponen los proyectos de la Cámara es criminalizar a esos jóvenes”, continúo Dalmau. “El P.S. 489 – el cual él apoya – busca la ruta humana, que se identifiquen a temprana edad jóvenes que tengan problemas, y que en lugar de ser tratados como adultos, puedan ser redirigidos y reenfocados”, puntualizó.

“Reconozco que la Ley de Menores hay que enmendarla, pero de manera humana y reconociendo las realidades socieconómicas de nuestro país”, finalizó.

Se oponen al cedazo legislativo

Por su parte, un grupo de profesores y profesoras de Derecho Penal, mediante una conferencia de prensa celebrada la semana pasada, se opuso a la aprobación en la Asamblea Legislativa de los Proyectos de la Cámara 1035 y 1036, y mostró preocupación por la eventual firma del gobernador para aprobar los mismos.

Entre otras razones, el grupo de profesores (compuesto por Dora Nevares, Julio Fontanet, Iris Rosario y Oscar Miranda) está en contra de los mencionados proyectos camerales porque “tendrán como consecuencia que más niños y niñas pobres sean criminalizados por el Estado”, según dicen los profesores en un escrito publicado.

“Conforme ilustra la ponencia presentada ante la Legislatura por la Sociedad para Asistencia Legal, la realidad es que los y las menores confinados en las instituciones juveniles del país son pobres, tienen serios problemas de salud mental y muchos son estudiantes de Educación Especial. En la medida en que, tras el paso del Huracán María por Puerto Rico, una mayor cantidad de la población se colocará por debajo de los niveles de la línea de pobreza, esta preocupación resulta ser cada vez más pertinente”, continúa esbozando el escrito.

“Estos ciudadanos y ciudadanas tan vulnerables lo que necesitan es que el Estado, en lugar de darlos por perdidos, asuma la responsabilidad de atender sus necesidades”, concluyeron.

Distinto a lo que se pensaría, hay una serie de agencias – no solamente el Departamento de Educación (DE) – que están vinculadas al ofrecimiento adecuado de servicios a la población estudiantil de Educación Especial, tanto de los educativos como de las terapias físicas, ocupacionales, del habla y psicológicas.

La portavoz del Comité de Madres y Padres de Niños y Niñas de Educación Especial, Carmen Warren, evaluó con una “tremenda F” las diligencias que han realizado tras el paso del huracán María estas diferentes agencias relacionadas con restablecer los servicios indispensables para este sector de estudiantes.

En entrevista con CLARIDAD, Warren expresó que las familias con niños o niñas con necesidades especiales han vivido una situación bien complicada debido a las consecuencias de la falta de atención y diligencia del DE, primordialmente.

“A raíz del paso de los huracanes Irma y María, más allá de que el DE se ha mantenido en incumplimiento consistente de los ofrecimientos educativos relacionados a esta población, la falta de planes para actuar en casos de fenómenos como estos o en situaciones de emergencia, y la falta de sensibilidad con las familias que tienen niños con impedimentos, han provocado una gran crisis para esta población”, sentenció.

El cierre de las escuelas de forma unilateral por parte de la Secretaria de Educación, Julia Keleher, causó por ejemplo la emigración de profesionales que eran sub contratados por el DE para impartirles terapias a estos niños y niñas.

“Debido al cierre de planteles, ha habido un éxodo muy grande de profesionales de corporaciones contratadas por el DE que ofrecían los servicios complementarios. Los terapistas han abandonado el país porque, además de que el Departamento ya les adeudaba meses, no pudieron trabajar los meses de septiembre, octubre y mediados de noviembre”, comentó Warren.

“Las escuelas no abrieron porque ya había un plan de cierre intencionado de escuelas y el fenómeno de María favoreció a la Secretaria para dejar cerradas ésas que ella estaba planificado cerrar”, continúo la portavoz.

En el caso de los estudiantes de educación especial, se han visto afectados con la reubicación de facultades y matriculas de alumnos en otros planteles escolares porque las escuelas receptoras no cumplen con el equipo necesario para ellos. Según la madre vocal, hay niños del programa de Educación Especial con condiciones severas que, a días para llegar a los tres meses del paso del huracán, aún no han pisado una escuela porque no están equipadas.

Carmen Warren, entiende que más allá de detener el proceso académico, la situación de planteles cerrados redundó en desaprovechar las escuelas como centros para controlar o remediar otras situaciones del hogar.

“Son centros para poder atender con urgencia y sensatez la situación que confrontan los niños y las familias. Pudieron abrir para ofrecer servicios educativos y de trabajo social a los estudiantes, también la falta de electricidad y agua potable. Las escuelas pudieron servir de centros alternativos diurnos para que las familias manejaran esos estresores, para atender niños y niñas con impedimentos significativos que dentro del hogar no tuvieran los medios”, abundó la madre, quien de paso dijo que le parecía un grave error el que se insistiera en privar a los estudiantes de los servicios escolares por utilizar los planteles como refugios.

Las repercusiones de no ir a la escuela o de acudir a una que incumple con el equipo necesario, tiene como consecuencias el rezago y deterioro de las capacidades de cada estudiante.

“Las barreras que existían antes de María se mantienen, no son prioridad ahora y siguen siendo excusa para que no se ofrezcan los servicios. Las consecuencias de esa jugada son daños irreparables para los niños. Por eso, los padres y madres han estado reclamando que se les compense los servicios que han dejado de recibir y el DE se ha empecinado en negarles esa compensación”, explicó.

Uno de los reclamos más enfáticos que han hecho como colectivo luego del huracán es que los terapistas se pudieran trasladar a los hogares a ofrecer sobre todo terapias psicológicas.

Por otro lado, ciertamente ha habido una merma en la matrícula de estudiantes en el DE –más de 6 mil establece el portal de la institución educativa– sin embargo, “los que han salido no necesariamente son de educación especial. La mayoría de los estudiantes de ese sector está todavía aquí en precariedad”.

A esta población le urge que el DE cumpla y que lo haga con diligencia, que se les ofrezca los servicios educativos y relacionados en el tiempo que sea.

Los padres y madres de estudiantes de Educación Especial exigen participación activa en el proceso de reactivación completa de clases y servicios. Otra exigencia que le hacen al Departamento y su primera ejecutiva es que “nombren los maestros y maestras que faltan en las plazas de educación especial y las demás, que no usen de excusa la merma de estudiantes”.

El rostro de la mujer, de la pobreza, el de la juventud, el estado colonial, la Ley de Cabotaje, lo precario del sistema de salud, la emigración, la inseguridad en que viven alrededor de 200 mil familias, el aumento de la pobreza de un 52.3% de la población tras el azote de los huracanes Irma y María, la Ley Promesa y su Junta de Control Fiscal (JCF), éstas y otras denuncias fueron presentadas en audiencia pública ante el Relator sobre la Pobreza Extrema de las Naciones Unidas (ONU) profesor Philip Alston, este pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

Ésta es la primera vez que el Alto Foro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, lleva a cabo una audiencia de esta naturaleza en Puerto Rico. La audiencia se llevó a cabo en el Teatro de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana (UIA). Según narró a CLARIDAD el licenciado William Ramírez, director ejecutivo de la Unión Americana de Derechos Civiles, capítulo de Puerto Rico, (ACLU, siglas en inglés), la audiencia en la Isla forma parte de un recorrido que el relator Alston hizo en el mismo Estados Unidos, en donde visitó Washington DC, los estados de California, Alabama y Georgia. La visita a EE UU fue gestionada por ACLU de EE UU durante la administración de Obama. En el caso de Puerto Rico, Ramírez contó que se mantuvo enviando informes a ACLU en Nueva York, sobre las condiciones de la isla tras el paso del huracán María, lo que evidentemente provocó que Puerto Rico fuera incluido en la visita.

Antes de dar paso a los deponentes, el relator Alston, dirigió un breve mensaje a los presentes, en el cual expresó que si hubiese una fiesta religiosa de la comunidad de los Derechos Humanos, ese día sería el 10 de diciembre, día en que se firmó la Declaración de los Derechos Humanos en el 1948. Agregó que es un “buen momento” para estar en Estados Unidos y en concreto en Puerto Rico, ya que desde hace años los que están comprometidos con los derechos humanos, llevan insistiendo en que se debe prestar más atención a la dimensión económica de los derechos. El relator de la ONU apuntó que tradicionalmente el reconocimiento de los derechos humanos se concentraba en los asesinatos políticos, la tortura y la detención arbitraria, pero que es importante esa ruptura por ser una insuficiente e incompleta.

En esa dirección dijo que al día de hoy en todo el mundo incluyendo el mismo EE UU hay medidas políticas económicas que tienen un impacto en el disfrute de los derechos sociales. Puso como primer ejemplo el hecho de que el año pasado en Brasil se hizo una enmienda constitucional la cual impide al gobierno durante los próximos 20 años invertir en gastos públicos, es decir educación etc.

El segundo ejemplo fue la reforma contributiva que se debate en Estados Unidos ante la cual declaró “la política fiscal es también política de derechos humanos, las prioridades que se establecen en el presupuesto, las prioridades que se establecen en un sistema fiscal y sobre todo las cuestiones que se privatizan tienen efectos en el disfrute de los derechos humanos y no solamente en los derechos civiles”.

En esa dirección la audiencia en la Isla según expuso estaba dirigida a examinar las consecuencias de las políticas económicas y fiscales que se están aplicando al presente en Puerto Rico y las que se aplicarán en el futuro. Su tarea consiste en examinar la relación que existe entre la pobreza y los derechos humanos. El resultado de su visita será presentado primero en una conferencia de prensa en Nueva York en la ONU este próximo 15 de diciembre y luego el informe será entregado a la Alta Comisión en Bruselas.

La audiencia en el teatro de la UIA contó con una extensa lista de deponentes la cual comenzó con el profesor de Derecho Constitucional de esa facultad, doctor Carlos Gorrín Peralta, quien apuntó sobre la imposición de 1898, sobre el costo de las leyes de cabotaje, y hasta la imposición del arbitrio de 20% a las exportaciones hacia EE UU con la reforma contributiva. Le siguieron las economistas Heide Calero y Martha Quiñones, quienes expusieron sobre datos sobre la pobreza.

La otra deponente fue la socióloga Marcia Rivera que entre otros señalamientos denunció que no existe un plan comprensivo de reconstrucción del país tras el paso del huracán. Mientras Eva Prados, depuso por el Frente Ciudadano por la Auditoria de la Deuda (FCAD). Otro sector que depuso sobre la situación colonial y cómo la falta de poderes políticos afectan la situación económica, lo fue el Colegio de Abogados (CA) con la portavoz de la Comisión de los Derechos económicos, sociales y comunitarios, licenciada Mercedes Garriga.

En el tema de la salud presentaron testimonios el expresidente del Colegio de Médicos, doctor Eduardo Ibarra y los doctores Héctor Ortíz y Eduardo Zayas. Otros asuntos que se presentaron ante el relator fueron el cierre de las escuelas públicas, por la Federación de Maestros (FMPR), el impacto del huracán en la comunidad dominicana, la población con VIH y la situación de los deambulantes.

Un sistema en el cual el preso es una mercancía, uno que mantiene al preso en la esclavitud y donde los únicos “derechos” reconocidos son apenas tres comidas al día y una cama. Así describió el sistema carcelario de Estados Unidos, el exprisionero político puertorriqueño, Oscar López Rivera, en una exposición en ocasión de conmemorarse este 10 de diciembre, el Día de la Declaración de los Derechos Humanos.

La actividad fue auspiciada por el Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico (CPDH), organismo que por décadas lideró la campaña por la excarcelación de los presos políticos puertorriqueños, y que durante todo el tiempo que duro la campaña honró esta fecha. La actividad tuvo lugar en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe (CEAPRC), en el Viejo San Juan. Al cabo de 36 años de encarcelamiento durante los cuales pasó 12 en aislamiento y otras arbitrariedades ameritan a López Rivera exponer con autoridad sobre el tema.

Como parte de la actividad antes de dar paso a la exposición de López Rivera, se presentó a la cantante Choco Orta, quien interpretó varias estrofas de una canción de su autoría dedicada al hoy exprisionero político. En tanto el portavoz del Comité, licenciado Eduardo Villanueva en introducción al tema expuso que en el modelo capitalista la política de “laize fair”, el encarcelamiento es parte de ese modelo el cual se ha incrementado con la política de la “mano dura contra el crimen”. En el caso de Estados Unidos señaló que a partir de la presidencia de Richard Nixon, y su política de “guerra contra las drogas”, mientras el 60% de la población en ese país es negra, hay más personas negras en prisión que en las universidades.

En ese hilo conductor López Rivera expuso que en EE UU hay dos sistemas carcelarios que son el estatal y el federal, y que es en la época de Nixon que comienza a tomar forma la idea de un sistema público y otro privado. Esto bajo la teoría de las élites de que en EE UU había un “exceso de democracia”. Según expuso el sistema privado fue diseñado para detener el flujo de inmigrantes por lo que la mayoría de las personas que están en estas prisiones son indocumentadas centro americanos. En tanto el sistema federal -aunque público- las políticas de la “guerra contra las drogas” han aumentado la población carcelaria.

López Rivera dijo que cuando llegó a la prisión de Leavenworth (Kansas) había 25 mil presos en el sistema federal hoy se estima que hay más de 50 mil presos en ese sistema. Como ejemplo de la política de Nixon de criminalizar el uso de las drogas el boricua criado en Chicago contó que en una primera visita a una prisión en Illinois, a la que fue invitado para hablarle a una comunidad musulmana se encontró con 12 presos que eran de su barrio en Chicago. Él creía que éstos se habían mudado-dijo- pero no. Contó que los jóvenes eran usuarios de drogas, quienes fueron arrestados al utilizar detectives especializados para arrestar a jóvenes en la comunidad puertorriqueña.

La política de Nixon fue seguida y aumentada bajo el presidente Ronald Reagan, quien cuando fue gobernador de California lo convirtió en el estado con más cárceles per capital de todo EE UU. López Rivera trajo el dato de que bajo la administración de Reagan se privatizó el sistema y más aun se abolió el derecho de libertad bajo palabra. Al día de hoy solo tienen derecho a libertad bajo palabra aquellas personas encarceladas antes de 1987.

Comparó que en el sistema privado hay alrededor de 250 mil presos cuyo costo es de más de $40 mil al año, mientras en el llamado público es de $6,800. Pero independiente de que la persona esté en una prisión pública o privada no hay nada en el sistema carcelario en EE UU que diga que el preso tiene otros derechos que no sean las tres comidas y una cama, el resto denunció, son “privilegios”. Si un preso rehusa lo que esa en la prisión de inmediato va al hoyo.

El patriota boricua expresó que la situación es peor para las personas indocumentadas ya que el privado lo que busca es maximizar sus ganancias. Un dato que llamó la atención es que en el sistema privado el dinero que la familia le envía a la persona en prisión es colocado en un banco comercial, los intereses de ese dinero los toma el banco. Otro dato que demuestra lo injusto del sistema es que aun cuando el preso trabaja 40 horas semanales lo más que llega a ganar son $120 dólares al mes.

López Rivera  no paso por alto el que Puerto Rico tiene a dos mujeres en prisión por obedecer a sus conciencias, Ana Belén Montes y Nina Droz. Ambas denunció tienen problemas de salud a lo que manifestó que “podemos estar seguros que no van a recibir los servicios que necesitan”.

En relación a Puerto Rico calificó que las casi mil personas con cadenas perpetuas, es como estar en sentencia de muerte. En ambos escenarios el sistema carcelario calificó es uno injusto e inhumano.