Solidaridad multisectorial fue lo que se presenció hoy en la mañana frente a los portones del recinto riopendrense de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde tempranas horas, comenzaron a llegar diferentes miembros de la comunidad estudiantil para velar por la seguridad del estudiantado en huelga, que desde el pasado 28 de marzo mantiene campamentos de resistencia tras las entradas del Campus.

En esta ocasión, la presencia del nutrido grupo solidario se debió a la incertidumbre existente luego de que en la tercera Asamblea General de Estudiantes –celebrada ayer, 10 de mayo – los universitarios decidieran ratificar la huelga indefinida y de que el Tribunal de Apelaciones emitiese hace unos días un Mandamus e Injunction Preliminar para exigir a las autoridades universitarias la reapertura del acceso al Recinto hoy, jueves 11 a las 6:00 de las mañana.

“Entendemos que la Asamblea de Estudiantes va por encima de cualquier orden del Tribunal, que es una forma de amedrentar al estudiantado que democráticamente decidió en Asamblea. Así que, repudiamos cualquier acción del Estado en enviar la policía de Puerto Rico a los portones de la Universidad, repudiamos cualquier intento de la administración de tratar de abrir los portones que democráticamente decidimos cerrar por defender la educación superior del país”, manifestaron portavoces estudiantiles en conferencia de prensa frente al portón principal.

“Ciertamente, hasta ahora la administración universitaria ha sido cómplice del Gobierno por acatar la decisión del Tribunal y exhortar a la gente a acceder al recinto. Ante esto, sí estábamos esperando que llegaran algunas personas o grupos a tratar de entrar”, continuaron las jóvenes universitarias.

Además, las líderes hicieron un llamado, aprobado también en la Asamblea, a la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) y a la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) para que ratifiquen sus votos de huelga y se unan al estudiantado formalmente para poder defender en conjunto la educación del país. De la misma manera, agradecieron la presencia de compañeros docentes en los portones desde el inicio de esta jornada huelgaria, pero “necesitamos que participen con nosotros en los procesos democráticos que estamos construyendo aquí en huelga tras los portones”.

Sobre un incidente que se dio en el portón de la Avenida Barbosa, las portavoces explicaron a la prensa que se dio un diálogo pacífico y controlado con algunos representantes de la rectora, empleados y miembros de la guardia universitaria que intentaron entrar a la Universidad por ese lado. “Se les dijo que nosotros y nosotras seguiremos con los portones cerrados hasta que la administración y las correspondientes esferas se acerquen a nosotros y promuevan un diálogo real y contundente para que esta situación se resuelva”, dijo una de ellas.

“Nosotros no estamos buscando la confrontación. Eso tiene que quedar bien claro. Ellos son los que están yéndose por encima de la decisión de Asamblea. Nosotros estamos dispuestos a conversar y decirles que estamos siguiendo la decisión de la mayoría, y no la de un grupo”, continuó la joven.

La manifestación mañanera también sirvió para repudiar los cargos que les sometieron a varios compañeros luego del incidente en Administración Central el pasado 17 de abril. “Nosotros hemos estado bajo un ataque como si fuésemos criminales. En días anteriores, a nuestros compañeros se les trató como criminales, cuando realmente los criminales están en la Junta de Control Fiscal”. En ese sentido, aludieron al caso del Héctor ONeill, que todavía está sentado en su silla de alcalde en Guaynabo. Precisamente, en la Asamblea de ayer se aprobó una moción “para que se arresten a ONeill y a todos las personas que sabemos que han cometido crimines y no se les ha atacado como se atacó a los compañeros(as), que no son criminales y están luchando por la justicia social y la educación del país”.

Con relación a las enmiendas al Código Penal que ya se aprobaron en el Senado, las jóvenes plantearon que les “parece un abuso de poder que pasen ahora sabiendo que hoy iba a bajar esta decisión del Tribunal. Es una manera de intimidar al estudiantado. Aunque, ayer no nos dejamos intimidar y ratificamos por tercera vez nuestro voto de huelga”.

“Aquí hay una comunidad universitaria que está unida. Otros sectores, como el religioso, se han unido para hacerle frente a esta amenaza que pone en riesgo la educación de muchos y muchas personas”, concluyeron las portavoces a la vez que agradecieron el “abrazo cálido” que significó la presencia de todos y todas desde tempranas horas de la mañana.

A eso de las 9:00 am, finalizó un piquete en la avenida Ponce de León y Padre Pedro anunció la celebración de un acto ecuménico mañana a las 7:00 de la mañana en el portón de la avenida Ponce de León.

La Junta de Control Fiscal (JCF) pudo haber acudido al Capítulo III de la Ley Promesa desde el primer día, lo único que tenía que demostrar era que intentó una negociación de buena fe y no la alcanzó, pero su interés primordial no es lograr la “estabilidad fiscal” que pregona, ni mucho menos el crecimiento económico del pais, sino pagar a los bonistas. La carta del presidente de la JCF (p.24), José Carrión, al senador Thom Tillis, lo confirma al decir que la Junta y el gobierno de Puerto Rico se reunieron en “más de 30 ocasiones con los representantes de los diferentes grupos acreedores”.

Un abogado y filósofo consultado por CLARIDAD y con conocimiento de primera mano del trabajo que llegó a realizar la desaparecida Comisión para la Auditoría del Crédito Público, apuntó que la razón por la cual la Junta y el gobierno han pasado tanto trabajo negociando con los acrreedores mediante el Capitulo VI de ley Promesa es porque no han sacado del camino a los que tienen deuda mala. De haber realizado una auditoría como la que se pretendía se hubiese tenido una estrategia porque se sabría distinguir con quiénes se está negociando.

Ante el nuevo escenario de la solicitud de quiebra dado a que los acrreedores no han querido negociar por Título VI porque siguen exigiendo más de lo que puede sostener el estado y la economía, pues ahora se verán obligados a negociar por el Capítulo III e incorporar los acuerdos de Título VI que se han negociado.

Pero lo que los miembros de la JCF ( el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act, PROMESA) lo que sí siempre quisieron llevar al Capítulo III de Promesa es el sistema de pensiones del Gobierno de Puerto Rico, puntualizó. “En todo momento la jugada de la Junta ha sido llevar a título tres las pensiones para poder recortarles a los pensionados y lo que le van a proponer al Juez es la reducción de la pensión al mínimo, que se mantengan justo por encima de la línea del nivel de pobreza”. Esto también lo afirma la carta de Carrión; “el plan fiscal certificado reduce los pagos de pensión en la medida en que los beneficios combinados de la pensión y el Seguro Social excedan el umbral de pobreza federal de $1,00 al mes”.

El escenario de la quiebra se complica a la luz de la ley 938 aprobada por la Legislatura, mientras la atención se centraba en los aspectos laborales de la ley, poco se discutió que los capítulos 4, 5 y 6 de esta Ley tienen repercusión en la deuda. Según explicó el Capítulo 4 dispone el control por el gobierno central de todas las tarifas e ingresos de las corporaciones públicas y el 6 le quita todo el tesoro propio a todas las corporaciones públicas. El capítulo 5 permite la venta de los activos del gobierno. A juicio de la fuente de CLARIDAD si la Junta no detiene los capítulos 4 y 6 de la ley 938 se provocará lo que se conoce como “descorrer el velo corporativo” y si los acreedores de las corporaciones públicas quieren reclamar el repago de su deuda ahora irían contra el gobierno central.

Describió que el gobierno lo que ha hecho es, “te choteaste lo que hicieron fue descapitalizar a las corporaciones públicas para capitalizar a Hacienda y el efecto de eso será exponer a Hacienda a un montón de acreedores que no tenia antes. Además, esa estrategia dentro de lo que la Junta plantea que quiere lograr es un desastre, provocar el caos entre los acreedores que están compitiendo entre ellos porque hasta el momento los acreedores estaban de acuerdo que solamente tenían que competir contra el gobierno y los gastos gubernamentales. Ahora tienen que competir entre ellos y el gobierno no sabe a quién tiene que atender”.

Recalcó que de haberse tenido una auditoria el gobierno sabría quién tiene la prioridad en cobrar y las útlimas serían las deudas ilegales. Explicó que sin la auditoría se puede tener en un mismo grupo de acreedores y cabilderos representantes de bonos de obligación general del 2014 que pueden ser ilegales y del año de las “guácaras” que sí pueden ser válidos, y sin la adutoría el gobierno los metió a los dos en el mismo pote.

Se debió haber hecho hace tiempo

En entrevista por separado el profesor de Economía, Ricardo Fuentes, también consideró que la petición de quiebra tenían que hacerla antes, y recordó que varios economistas habían planteado que eso era lo que se debió hacer desde un principio. Igual levantó bandera de que no se debió haber llegado a este proceso sin una auditoría de la deuda y lamentó que ahora “el proceso se vaya a dar de espaldas al pueblo con poquísima transparencia creo que ahora más que nunca se vuelve fundamental ese reclamo de la auditoría”. En términos de la repercusión económica el miembro de la Asociación Puertorriqueña de Economía Política (APEP) observó que puede que tenga un efecto en la confianza de inversionistas tanto foráneos como locales, pero a la misma vez la economía de la Isla ha estado en caída desde el 2006 y no da señales de recuperación, por lo que no cree que sea algo que cambie la tendencia general hacia abajo.

Fuentes llamó la atención de que el mayor problema con la negociación de la deuda, ha sido que se está negociando teniendo en mente y partiendo de cómo pagar a los bonistas sin llegar al estado fallido, pero se ve que el desarrollo económico no es su preocupación y eso va en contra de los mismos bonistas. Recordó que las experiencias alrededor del mundo demuestra que los países que se han ido por la vía de reactivar su economia y no la de los recortes son precisamente los que han podido pagar su deuda, “así que esa visión miope de corto plazo de los bonistas en última instancia está reduciendo las posibilidades de recibir el dinero que les corresponde si es que la deuda es legítima, porque si no es legítima no les corresponde”.

El economista coincidió con la observación de que los procesos judiciales que duran años y la aplicación de los recortes en definitva van a provocar la destrucción de la economía que nos queda. Fuentes trajo a la atención que en estas circunstancias el tema de la emigración del país se vuelve fundamental, “porque nos están forzando a mudarnos porque están destruyendo la economía”. Precisó que ya Puerto Rico tiene estadísticas de emigración de zonas que están en guerra, que están pasando hambruna. “Tenemos un patrón de emigración de países que están en crisis humanitarias, así que en ese sentido es sumamente preocupante las políticas que se quieren adoptar porque definitvamente estamos hablando ya de la destrucción de nuestra economía”.

Contrario a lo que es su propósito el gobierno e instituciones privadas estan utilizando la petición de “injuction” (el interdicto provisonal), como herramienta de campaña de descrédito y represión tanto contra el movimiento sindical, estudiantes universitarios y hasta contra toda la ciudadanía que ha expresado su rechazo a las medidas impuestas por la Junta de Control Fiscal (JCF).

La petición de injunction del Banco Popular (BP) contra las 40 uniones sindicales que convocaron a la marcha este 1ero. de mayo y contra 50 mil de los miles de manifestantes que asistieron, es una de estas acciones más recientes e incluso la más desproporcionada. La semana antes del 1ro. de mayo el Banco UBS radicó un interdicto contra un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, la Administración de la Corporación del Fondo Seguro del Estado (CFSE) radicó otra acción en contra de sus organizaciones sindicales, y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) del Centro Gubernamental Minillas también radicó un injunction contra la UIA y PROSOL- UTIER.

Para el abogado laboral Jorge Farinacci Fernós, es raro ver peticiones de entredicho para evitar manifestaciones a esta escala. Comparó que cuando en el Tribunal Federal (Tribunal de EE UU en Puerto Rico) ha habido manifestaciones se mantiene un perimétro para los manifestantes pero pocas veces se ha pedido un injuction. Farinacci Fernós, se refirió a estas acciones como significativas debido a que se supone que hay la ley “antiinjunction”, dirigida a los conflictos obrero patronales, dispone que para conceder un “interdicto” tiene que haber una serie de condiciones fuertes, extraordinarias y no un mero impedimiento de entrada. Por ejemplo se tiene que probar que las fuerzas del orden no pueden controlar la situación. “Aquí como que se está mezclando todo eso, lo más escandaloso es que el injunction del Banco Popular del 1ro. de mayo es que ya tenía hecha esa demanda, se radicó por correo electrónico y se nota que fue a las 2:20p.m. cuando la actividad se acabó”. En su opinión la demada del BP estaba dirigida a reclamar que no se impidiera la entrada y salida y aprovecharon los incidentes y los incluyeron en la demanda y bajo esta premisa de los “cristales rotos” es que el Tribunal otorga el entredicho provisional que prohíbe a las 50 organizaciones y 50 mil manifestantes a no hacer nada que impida el acceso al BP.

El abogado laboral levantó que aquí hay un problema de escala y que los estándares constitucionales para una decisión como esa son elevados. “Yo quisiera pensar que la razón del interdicto se dio o fue, por el alarmismo del Banco Popular de los cristales rotos pero por otro lado uno puede pensar que no, porque se están dando los entredichos provisionales como Tylenol”. Aunque el BP luego enmendó su demanda para eliminar a las uniones obreras, redujo los manifestantes de 50 mil a cinco mil y le añadió a los 13 arrestados a los cuales se les atribuyen los actos de destrucción, Farinacci Fernós reiteró que la demanda es una fuera de proporción.

Por su parte el abogado laboral y presidente del Colegio de Abogadas y Abogados (CAPR), Alejandro Torres Rivera, aclaró que aunque el injunction de la administración del FSE no tiene nada que ver con el 1ro. de mayo, en las actuales circunstancias sí se puede ver como un intento por criminalizar la protesta. El injunction se produjo cuando las uniones del FSE hicieron un llamado a sus miembros a protestar frente al Capitolio contra el proyecto 938.

Torres Rivera, también trajo a la atención las leyes que regulan y condicionan la concesión de un injunction en los conflictos obrero patronales. La ley 50 (la misma a la que se refirió Farinacci Fernós) limita la facultad de los tribunales para conceder el injunction la cual exige una serie de requisitos e incluso una vista.

La otra ley que regula los conflictos obrero patronales es la ley 11, de 1965 que tiene un procedimiento especial para cuando hay una huelga que produzca una grave situación de poner en peligro los servicios públicos esenciales, el gobernador está facultado para activar un comité que se supone haga una investigación y durante este proceso se tiene que levantar la huelga. Al final el comité tiene que presentar unas recomendaciones para atender la situación. Torres Rivera, reparó que en el caso del 1ro. de mayo no había ningún conflicto obrero patronal.

El Presidente del Colegio de Abogados señaló que la manifestación del 1ro. de mayo es un ejercicio del derecho constitucional y que las personas no pueden ser penalizadas por ejercer ese derecho. En este contexto denunció que lo que pidió el BP no procede, “metieron organizaciones que lo que hicieron fue convocar a las personas a un ejecicio constitucional no puedes responsabilizar a las organizaciones por los actos de las personas en términos mediáticos y efecto político consiguieron lo que querian una orden del tribunal y proyectar al país la responsabilidad a las organizaciones sindicales de unos sucesos”, denunció.

Tampoco pasó por alto que el bufete del Banco Popular que presentó la demanda, Pietrantoni y Richard Carrión fueron parte del grupo de trabajo CAREF, de la administración de Luis Fortuño, y del Consejo de Planificación Estratégica del Sector Privado (1988 y 1989) ambos entes que recomendaron la privatización de bienes públicos, política que reafirma la actual administración gubernamental y la JCF.

“El ambiente es favorable a crear una percepción en el país de que el ejercicio de los derechos constitucionales de expresión por parte de las organizaciones sindicales es una acción ilegal cuando son unas garantías que la Constitución te da. Los ciudadanos tienen unos derechos constitucionales que los puede y debe ejercer, no debe renunciar a ellos”, exhortó.

Por su parte la organización magisterial Educamos, una de las participantes en la actividad, reaccionó a la demanda del Banco Popular de que estaba “lista para defenderse de la demanda frívola y maliciosa”.

En tanto otra de las convocantes, la jornada Se acabaron las promesas, también alzó su voz contra la demanda y la campaña mediática contra las protestas y los incidentes y afirmó estar “conscientes y dispuestos y dispuestas a asumir el rol que este momento histórico en la vida de nuestro país requiere. Sepa nuestro pueblo que en La Jornada Se Acabaron las Promesas tiene un aliado. Este pasado 1ro de mayo 2017 marcará el devenir histórico de un nuevo país, el de nosotros y nosotras. Ya no queda miedo”.

Mientras el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) denunció su rechazó “al ambiente de criminalización, persecución y hostigamiento levantado por parte del estado, los tribunales y la policía dirigido hacia el movimiento de resistencia contra las medidas neoliberales, privatizadoras y de austeridad.

“La ofensiva neoliberal ha dejado desprovistos de futuro, no sólo a empleados públicos por medio de la derogación de convenios colectivos, a empleados de la empresa privada por medio de las reformas laborales al encargo de los ricos sino también a una juventud desposeída que no ve en el mercado laboral opciones que le brinden la seguridad y bienestar que le prometió la sociedad en la que se educaron” indicó Hugo J. Delgado-Martí portavoz, en conferencia de prensa este lunes.

La organización reiteró toda su solidaridad con las personas arrestadas por los eventos del Primero de mayo y llamó al pueblo trabajador y en particular a los sectores organizados a volcar toda su solidaridad hacia estos jóvenes a quienes describieron como héroes y heroínas del pueblo. “No es el momento de distanciarse de los eventos, es el momento de mostrar solidaridad obrera” indicó. “Hagámosle honor al Primero de mayo, más que con una celebración cada año, demostrando espina dorsal a la hora de defender a la gente que está dispuesta a entregar el todo por esa clase trabajadora que se encuentra bajo un ataque constante” finalizó.

Por Tom Sanzillo

La propuesta de deuda nueva, anunciada el 6 de abril por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, para la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) y los bonistas, hará que la situación económica, que ya es insostenible para los residentes y negocios en la isla, empeore.

La deuda de $9 mil millones del sistema eléctrico de Puerto Rico constituye una parte de la deuda total de $72 mil millones que se encuentra bajo la supervisión de la junta del“Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act (PROMESA)”. La mayoría de la deuda se reestructura de forma que los bonistas asuman parte de la responsabilidad, sin embargo, la propuesta de la resolución de la deuda de la AEE no.

Esta propuesta reciente, desafortunadamente, es como el plan fallido previo ofrecido por la AEE. Este plan, que fue desarrollado bajo la consulta de Alix Partners and Navigant Consulting y endosado por la Comisión de Energía de Puerto Rico en junio de 2016, nunca fue firmada por todos los participantes. Bajo la propuesta del 6 de abril, 15% del valor de los bonos, de los bonistas participantes, se reduce y la deuda nueva cubre al menos $6.8 mil millones de la deuda total de la AEE.

La nueva propuesta tiene unos elementos nuevos, establece que los inversionistas no recibirán pagos de intereses o del principal, los primeros cinco años. Además, el plan propuesto menciona que la deuda se pagará completa al cabo de 25 años, luego de los 5 años iniciales. Esencialmente, se estaría alargando la situación hasta el 2047.

Debido a que la agencia que supervisa la deuda de Puerto Rico, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF)” no se comporta de forma transparente, como lo debería hacer, la organización, Institute for Energy Economics and Financial Analysis (Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero), ha decidido hacer cálculos independientes sobre el impacto que tendrá el plan nuevo. A continuación, las cinco razones por las cuales la propuesta es una estafa para Puerto Rico.

1. Requiere que los abonados de la AEE continúen con una deuda onerosa que no pueden pagar

a. El plan presupuestario establecido por el gobierno de Rosselló, detalla que los puertorriqueños solo pueden asumir responsabilidad por un 20% de la deuda total. Sin embargo, la propuesta de la AEE establece que el pueblo pagará un 90% de la deuda

2. Implica que cada dólar del crecimiento económico de la isla, entre ahora y el 2047, se utilizará para pagar la deuda de la AEE

a. Estimamos que la propuesta les costará a los abonados de la AEE alrededor de $17.7 mil millones en total hasta el 2047. Esta cifra incluye pagos a deudas anteriores ($6.8 mil millones en pagos a principal y $10.9 mil millones en intereses). Veremos un aumento de 0.5% al GDP de Puerto Rico; esto implica una expansión de $16 mil millones del GDP o $1.7 mil millones menos de lo que costaría la reestructuración de la deuda. Por lo tanto, el crecimiento económico de Puerto Rico por toda una generación, irá a financiadores fuera de la isla en lugar de beneficiar a la economía misma de la isla. Esto es sin considerar los efectos devastadores de la deuda total de Puerto Rico de $72 mil millones.

3. No es probable que reducirá los cargos eléctricos, aunque el gobernador y otros lo hayan prometido.

a. Aunque se podrán observar mejoras en las tarifas a corto plazo, a largo plazo se podrá observar un aumento general en tarifas. Esta tendencia será uno que destacará a Puerto Rico como una isla con las tarifas eléctricas más altas, solo le sobrepasará Hawái.

4. No ofrece un camino para que la AEE regrese a los mercados capitales.

a. Este plan se enmarca en la presunción de que la AEE emitirá bonos no clasificados (unrated) para pagar deudas pasadas y que la AEE estará fuera de los mercados de bonos cruciales que ofrecen servicios a deudas públicas en todo los Estados Unidos.

5. No ofrece espacio, en el presupuesto de la AEE, para una transición a la economía moderna de la energía renovable que se está implementando local, regional y nacionalmente alrededor del mundo

a. La propuesta presenta todo lo contrario; asegura que Puerto Rico siga adicta a los sistemas de generación de electricidad que son suplidos por energía fósil. La propuesta ignora, por completo, el hecho de que la isla esta bendecida por luz solar constantemente.

Los líderes de Puerto Rico estarán desperdiciando, irresponsablemente, una oportunidad para resolver la crisis presupuestaria de la AEE si continúan con este plan. Si el plan procede, la economía, que ya está mala, seguirá empeorando.

Hay tiempo y espacio para escoger un plan que considere los intereses de Puerto Rico por encima de los de Wall Street. La junta PROMESA todavía puede remendar esta propuesta tan mala, al igual que el gobernador Rosselló. La Comisión de Energía de Puerto Rico puede rechazarla. Además, sería prematuro descartar la influencia de la Legislatura de Puerto Rico cuyos miembros podrían negarse a que proceda este plan nefasto.

El autor es el director de finanzas del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero.

La otra carta, la carta que el presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, le envió el pasado 25 de abril, a los senadores republicanos Thom Tillis y Tom Cottom, es otra de esas misivas para la historia de Puerto Rico, similar a la que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE UU), le envió al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, sobre el plebiscito.

En esta ocasión el presidente de la JCF plasmó en su carta la verdad que tanto él y sus cómplices de la Junta han rechazado escuchar de parte de amplias voces de economistas y otros estudiosos de que las medidas de recorte impuestas al gobierno de Puerto Rico en su plan fiscal llevaran al país a un retroceso económico por casi un siglo.

La misiva por demás deja ver la presión que llevan a cabo los bonistas entre sus defensores en el Congreso –la carta es consecuencia de esta presión– para lograr que se les pague a toda costa, mientras por parte de la Junta, también revela la falta de estrategia que tiene para la renegociar la deuda, apuntó un consultado por CLARIDAD. En su exposición el presidente de la JCF explica las medidas adoptadas en el plan fiscal para poder obtener dinero para pagar la deuda y se defiende de que no es posible sacarle más dinero al país.

En el resumen que se presenta en su primer punto la Junta reconoce que imponer más recortes como piden los acreedores “haría imposible la viabilidad de Puerto Rico, los ahorros a corto plazo conducirían a una espiral fiscal descendente imparable a largo plazo”.

Esta aseveración se repite cuando Carrión expone pese a su pesar, que las “razones por las que hay menos dinero disponible para el Servicio de la Deuda de lo que la JSAF y los acreedores quieren”, responde a que economistas y consultores contratados por la Junta han advertido que las medidas de ahorro que se han tomado en el plan fiscal son tan grandes; “que cortes adicionales a corto plazo podrían producir recursos ligeramente mas altos durante los primeros 10 años, pero nunca lo hacen a lo largo del periodo mas largo del 2018-60; (2) la cantidad de cortes adicionales es limitada ya que las políticas necesarias para generar anualmente mas recursos materiales no son consistentes con un crecimiento sostenible y un camino de equilibrio primario; y (3) con todo el otro riesgo a la baja, no podemos empujar la línea de base al minimo del rango viable”.

Para algunos consultados esto significa en otras palabras que el país no seria viable si se le imponen más recortes. “La carta de la Junta lo que está diciendo es si pudieramos hacer esto sin explotar la economía hasta el 2060 lo haríamos”, comentó a CLARIDAD una fuente relacionada con los trabaajos que logró hacer la ahora eliminada Comisión de Auditoría para el Crédito Público (CACP). Comparó que el futuro de Puerto Rico podría estar en riesgo de caer en una situación como Haití, a quien Francia obligó a pagarle su deuda hasta “ahorcarlo y convertirlo en un estado fracasado”. Mientras que en el caso de Puerto Rico en el 1898 Estados Unidos declaró la deuda que Puerto Rico tenía con España como una “odiosa” y no hubo que pagarla “pero desde entonces lo que ha hecho es explotarnos con su deuda”. En el caso de las medidas que ha impuesto la JCF al plan fiscal pueden considerrse como una extracción económica del país.

Sobre la queja de los acreedores de que la oferta de renegociación de la deuda que les ha hecho la Junta es muy poco, Carrión defiende que el comrpomiso es que según vayan aumentando los ingresos y la líquidez se les va a pagar más y que se va a crear un mecanismo para asegurar que ese exceso de líquidez vaya al pago de la deuda.

¿Cuál puede ser ese mecanismo?

La fuente dio como ejemplo que en el caso de Argentina, el gobierno presionó a los bonistas usando fuerzas de mercado y en la reestructuración lo que hizo fue sustituir bonos que iban a pagar a unas cuantias fijas por bonos que iban a tener una tasa de interés que iba a fluctuar en la medida en que fluctuara el crecimiento económico. Es decir si hay un crecimiento aumenta la tasa de interés, si hay un decrecimiento se disminuye. Pero en el caso de Puerto Rico – señaló- un mecanismo como ese a donde se lleve el exceso de líquidez nunca se ha modelado, no ha esistido. Describió que eso es como un acertijo porque no se sabe cuánta liquidez se va a tener este año y eso nunca se ha visto porque no hay manera de proyectar cuánto va hacer ese servicio de deuda.

La falta de información sobre cuánto podría ser la liquidez, apuntó la fuente se debe precisamente a que el gobierno “no ha podido, o no ha querido” presentar sus estados financieros y aunque la ley Promesa le exige a la JCF procurar que se produzcan los estados finacieros auditados lo antes posible, la Junta no lo ha hecho. La fuente censuró que la JCF no ha contratado a una sola compañía dedicada a auditar las finanzas del gobierno y aclaró que la contratación por la Junta de la firma Ernest&Young fue para hacer unos estimados a base de los últimos estados financieros que son del 2014, de cómo es que se ha estado manejando los ingresos y gastos en los años 2015 y 2016 para entonces ver cómo hacer deducciones en el 2017.

Prosiguió explicando que el estimado que ha hecho la Junta de los gastos gubernamentales para el 2017 podrían subestimarse entre $360 a $810 millones, eso es un margen “espectacular” , y si la Junta fuese a actuar a base de esa estimación va a tener entonces que producir recortes adicionales. En lugar de tener un análisis certero la Junta lo que hace es que se inventa el mecanismo de un punto medio de $585 millones para usarlo como punto de partida para aplicar los recortes.

El entrevistado destacó que este tipo de admisión de errores metodológicos por parte de la Junta tiene un impacto no solo para su credibilidad, sino también para la severidad de los recortes que ella misma está planteando y peor aún para las ventas y privatizaciones de los haberes públicos, dado a que se afecta su valor real.

Como la metodología de la Junta para proyectar cuánto serán los ingresos y gastos del gobierno a diez años es incorrecta, la metodología para determinar cuánto va hacer el servicio de la deuda para cada año se determina luego de recortar a lo mínimo todo lo que se pueda recortar sin “producir una recesión irreversible, sin provocar la insostenibilidad del estado”, estas últimas palabras del propio Carrión.

La fuente denunció que el proceso de la JCF ha sido uno ideológico y a la inversa, no es cuánto aguanta el estado, no es cuánto aguanta la economía del país, es cuánto aguantamos sin desestabilizar, cuánto aguntamos sin producir una situación de estado fracasado.

En esa misma línea a pregunta de CLARIDAD el investigador de la desaparecida Comisión de la Auditoria denunció que la carta deja en evidencia que la Junta no tiene ninguna estrategia para la negociación, porque no quiere. La estrategia que se debió seguir desde un prinicpio fue auditar la deuda e identificar cuánta de esa deuda es ielgal y cuánta es legal, saber cuáles acreedores tienen deuda que no es cobrable para entoncs negociar con los demás.

“De haber tenido una auditoría como la que se pretendía sí tendrían una estrategia porque sabrían distinguir con quiénes se está negociando”. Lo mismo el no tener unos estados financieros auditados, ni una sola deuda auditada, el gobierno está negociando a ciega dando por buena el 100% de la deuda que le llega a tocar la puerta.