Vieques – A eso de la 1:30 de la tarde del pasado miércoles 30 de agosto, el periódico CLARIDAD acudió a la sala de emergencia del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Vieques. La encomienda era conocer de cerca cómo se manejan las emergencias médicas y se trata la salud en esa isla municipio. Para Pedro Torres Rivera, paciente de 33 años de edad que esperaba su turno en la sala, la falta de supervisión gubernamental ha mantenido en detrimento la calidad del servicio en el único CDT disponible en Vieques para una población de aproximadamente 9 mil residentes.

Torres Rivera criticó que, aunque haya una emergencia, muchas veces, “tú ves el mostrador así, vacío” (en realidad no había nadie atendiendo en ese momento). Continuó denunciando que, por años, bajo cualquiera de los dos partidos políticos al mando, los trabajadores de la salud han laborado deficientemente. Según él, los viequenses se han manifestado en contra de la precariedad en los servicios, pero como es “un pueblo olvidado”, nada ha cambiado.

La misma versión expresaron los profesionales de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME). El director, Héctor Olivieri, y dos de los cuatro paramédicos certificados, Michael Rivera y Julio Torres, coincidieron con el paciente en que la responsabilidad es del Departamento de Salud (DS), por ende, del Gobierno de Puerto Rico.

“Si algo pasa en esta situación es una violación a las propias leyes que establecen cómo se manejan las emergencias y el servicio de salud. Nosotros vamos a reuniones con el DS y nunca llegamos a nada porque ellos no quieren hacer nada. Cambia la administración, llega otra de otro partido y chocamos con la misma pared. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, que es de Fajardo, conoce al dedillo todo el abuso que hay con el servicio de emergencias en Vieques”, aseguró Olivieri, quien dirige la oficina desde el 2001.

Incluso, según indicó el director, han discutido en el Capitolio la posibilidad de privatizar la sala de emergencia vendiéndosela a la española Sara López, administradora de varios hospitales y laboratorios en el área este del país, que aunque ha hecho de la salud un negocio, supervisa la calidad del servicio. El Gobierno tampoco acoge esta idea porque no existen los fondos económicos.

“La salud está en crisis a nivel nacional. Pretender levantarla haciéndolo como ellos [el Gobierno] quieren es una locura porque no hay dinero. Seguirle pidiendo a Estados Unidos para que mantenga este sistema de salud está difícil porque los estadounidenses tienen sus crisis y el partido Republicano en el poder no es dado a la idea de subvencionar la salud de acá”, continuó Olivieri.

Mientras ocurre la transformación del sistema de salud, que a juzgar por el entrevistado se dará cuando el Gobierno ya no tenga más fondos económicos, “nosotros seguimos sobreviviendo en Vieques con poco”.

Las precariedades en los servicios se registran, por ejemplo, en la existencia de un solo centro IPA o Asociación de Práctica Independiente para todo Vieques. En esta localidad, sólo cuatro médicos asisten a todos los pacientes suscritos a la Reforma de Salud, que en la isla municipio son alrededor de 3, 600. Si hubiese más centros privados como ése, sólo se utilizaría la sala de emergencia para lo correspondiente.

El hecho de estar separada de la isla grande es otro de los inconvenientes porque para manejar una emergencia dependen solamente del transporte aéreo que ofrece la compañía Vieques Air Link (VAL), contratada por el DS. A ese inconveniente de transportación, se le suma que el avión, que VAL factura como avión ambulancia, es comercial.

“Cuando se va a trabajar una emergencia, sacan los asientos y ponen la tabla para atender al paciente. Los aviones no están preparados para emergencias; se dificulta la entrada de camillas por la puertecilla”, denunció el paramédico Julio Torres.

Para mermar las emergencias no solucionadas a tiempo por el factor del transporte, desde la OMME se han sugerido diferentes alternativas al Gobierno Central, como por ejemplo la adquisición de una lancha de emergencia con cabina. “Nosotros podemos tardarnos aproximadamente nueve minutos desde el rompeolas (ubicado al noroeste de Vieques) hasta Roosevelt Road en Ceiba”, expresó Olivieri.

“Creemos que debemos explotar esa ruta corta; podemos llevar al paciente en una ambulancia hasta el rompeolas, montarlo en la embarcación y en nueve minutos lo tenemos allá, en la isla grande”, continuó el experto.

También, le han solicitado al DS los permisos para que las ambulancias en Vieques sean tipo 3, lo que significa que estén autorizadas a medicar a los pacientes en la unidad móvil. Ahora mismo no pueden hacerlo porque cuentan con ambulancias tipo 2.

“Anormalidades” en el CDT

El personal entrevistado describió como “porquería” el manejo de emergencias y el servicio médico en la Isla Nena. Denunciaron, además, “anormalidades” en el trato a los y las pacientes que buscan atención en el CDT.

“Aquí es famoso que va (al CDT) un paciente y le dan Benadryl porque no hay nada más”, revelaron en aras de culpabilizar al DS por el abandono de la sala de emergencia en términos de calidad de servicio y de cantidad de medicamentos.

El paramédico Michael Rivera sentenció que en el Centro “no ponen en práctica la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPPA, por sus siglas en inglés). Es muy normal que los médicos digan que los pacientes van por changuería, aún sin evaluarlos. Ha habido casos en los que hemos llevado pacientes que están presentando infarto y la respuesta es ‘ponlo allí en esa camita’ y cuando tú vienes a verlo a la hora, ya es cadáver allí mismo”.

“Tú no tienes idea de la gente que se ha muerto con las irresponsabilidades del CDT. Al punto que hay viequenses que, aunque tengan una emergencia, no quieren que los atiendan en ese Centro”, declaró el paramédico.

Por su parte, el otro paramédico entrevistado, Julio Torres, denunció la falta de protocolo del personal del CDT al momento de brindarles servicios a los viequenses. El joven narró a este semanario diferentes circunstancias en las que la OMME ha tenido que esperar con un paciente al menos 30 minutos por la llegada del avión de VAL.

También, se expresaron sobre la ineptitud de los trabajadores de la salud de ese lugar. Los médicos, que son enviados a Vieques por el DS, no desean trabajar en la isla municipio o son los que están a punto de retirarse y no tienen la disposición de atender los pormenores de una sala de emergencia, como estar preparados para trabajar a cualquier hora.

Los paramédicos notificaron que la sala de emergencia cierra a determinada hora de la noche. “Nosotros llegamos con el paciente y tenemos que gritar para que nos abran”. Dijeron, además, que en los cambios de turno se queda un hueco si el próximo médico no ha llegado y que éstos se acuestan a dormir en las camillas.

“Por eso tendríamos que ver si la privatización es mejor para nosotros los habitantes […] ¿Qué será bueno?, veremos. Pero lo que está funcionando ahora mismo es una barbaridad, están dando un servicio que es más que pésimo, es una cosa ilógica encontrarte con los problemas que vemos día tras día y que no se resuelvan”, concluyó Olivieri, para quien es gratificante servirle a su pueblo.

Recientemente, inauguró en Vieques HealthproMed o un centro de modalidad 330, iniciativa subvencionada con fondos federales que existe en otros municipios de Puerto Rico, que trabaja la salud comunitaria preventiva y que les sirve a pacientes que no tengan plan médico. Allí, muchos viequenses tienen el beneficio de atenderse con un médico generalista y de adquirir medicamentos a bajo costo. Ciertos días al mes, pueden atenderse con especialistas.

La mayoría de los puertorriqueños se desespera y se asusta ante el posible paso de huracán. No es para menos según la experiencia de los últimos 28 años, desde que nos golpeó el huracán Hugo. Pero para algunos el huracán es, como dice la frase trillada, “una oportunidad”. Y eso incluye al Gobierno.

La “oportunidad” del Gobierno es múltiple y, en primer lugar, política. En medio de un desastre de ese tipo el liderato de los gobernantes se pone a prueba y algunos lo aprovechan para proyectarse como un gran dirigente y, en ocasiones, para salir de un bache político. En otros casos la “oportunidad” se trastoca y el desastre sólo sirve para dejar en evidencia la pequeñez del líder.

Los ataques terroristas de 2001 catapultaron al alcalde neoyorquino Rudolph Giuliani como un líder nacional y lo posesionaron para una futura aspiración a la presidencia de su país. Aunque luego perdió en esos intentos, se mantuvo como persona influyente porque la gente evaluó positivamente el aplomo con que atendió la crisis. En cambio, el desastre causado en 2005 por el huracán Katrina, dejó en evidencia la incompetencia del entonces presidente estadounidense George W. Busch y del equipo de allegados que él había colocado en las dependencias a cargo de atender ese tipo de evento. Lo ocurrido tras ese huracán sigue siendo el standard de lo que no debe hacerse. Las imágenes de la gente abandonada clamando ayuda todavía resuenan en la psiquis de la población.

En Puerto Rico hay experiencias similares. Cuando llegó el huracán Hugo nuestro país no estaba preparado, tanto para resistir los vientos como para lo que vino después, que fue peor. Hacía muchas décadas que no sentíamos ese tipo de azote y los daños fueron grandes, particularmente el región Este de la Isla. Pero, más que los daños físicos, lo que el País resintió fue la incompetencia con que se atendió la pérdida de servicios básicos como el agua potable y la energía eléctrica.

Además de una “oportunidad política” el huracán también puede ser, para el Gobierno, una oportunidad de otro tipo. Curiosamente, luego de un evento de esa magnitud la actividad económica se intensifica debido a los cientos de millones de dólares que se invierten en tareas de reparación. Esta inversión se financia por tres vías distintas. En primer lugar, con los fondos de reserva para emergencias que deben mantenerse. En segundo lugar, con las aportaciones que llegan desde el exterior mediante ayudas de emergencia de la agencia federal FEMA y, en tercer lugar, con lo que tienen que desembolsar las compañías aseguradoras. Como es una inversión que se realiza en un corto plazo de tiempo, el efecto multiplicador en la economía es importante.

El otro impacto que se cuantifica es en el comercio. Según un estudio de la Junta de Planificación de 1995, el paso cercano a Puerto Rico ese año de un huracán llamado Luis, obligó a que la gente gastara alrededor de $100 millones en compras de última hora. Los ahorros salieron del bolsillo pero el comercio se benefició. Ahora, como existe el IVU, parte de ese ingreso irá al Gobierno en forma de impuesto sobre las ventas.

Para la mayoría de los ciudadanos, sin embargo, los huracanes no representan “oportunidades”. Antes de la llegada del meteoro está la angustiosa espera, como la que vive nuestro país en el momento en que este artículo se escribe ante el posible paso del huracán Irma. Aun cuando el pronóstico es, hasta ahora, que el huracán pasará al norte, dejando toda su fuerza destructora sobre el océano, el desespero está generalizado.

Más que el huracán mismo, lo que más preocupa a la ciudadanía es el estado en que el fenómeno encontraría la infraestructura isleña, en particular el servicio de energía eléctrica. Tras años de despilfarro –como los $48 millones invertidos en la asesoría de Alix Partners y Lisa Donahue– y de mala administración, los problemas de la Autoridad de Energía Eléctrica parecen haber llegado –antes del huracán– a un punto crítico. Una de las termoeléctricas más importantes del sistema de generación, la de Palo Seco, tuvo que ser apagada debido a su pésimo estado. Otras unidades importantes ubicadas en el municipio de Salinas, han estado defectuosas. Como resultado de esas deficiencias todo el país ha estado sufriendo apagones desde hace meses.

Si a esa condición precaria se añade el azote de un huracán categoría 3 o 4, similar al que recientemente atacó el estado norteamericano de Texas, nuestro pueblo debiera prepararse para estar sin energía eléctrica, no ya semanas, como ocurrió en el pasado, sino meses. Independientemente de la “oportunidad” que representa la inversión que vendrá luego del huracán, el efecto sobre la economía puede ser muy negativo. No sólo se destruirá la producción agrícola, sino que la manufactura y el comercio podrían verse paralizados ante la ausencia de electricidad.

El sábado 2 de septiembre, a cuatro días del posible paso del huracán, miles de hogares, incluyendo el de este articulista, estuvieron sin energía eléctrica casi todo el día. Fue una avería local, dijeron, pero obviamente resultado del pésimo estado de todo el sistema.

La condición de otra infraestructura crucial, la que distribuye y procesa agua, no es muy distinta al de la electricidad. Lo mismo sucede con el estado de las carreteras y otros servicios que debe ofrecer nuestro gobierno en quiebra.

Ante esa realidad, como dice el poema de Antonio Machado, “de nada nos sirve rezar”. Tampoco lamentarnos. Sólo ayuda la preparación y la movilización popular, que tarde o temprano debe venir.

Aun año de la imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF) por el Congreso de Estados Unidos (EEUU) sobre su colonia, el ente sí ha cumplido con su misión de reducción de gastos y ajustes estructurales en el gobierno de Puerto Rico; eso sí en perjuicio del pueblo puertorriqueño. Consultados por Claridad miembros de la Asociación de Economía Política (AEP) y la vice presidenta de la Asociación de Economistas (AE) coincidieron en esta apreciación.

“Los ajustes y la reducción de gastos impuestos por la JCF son exclusivos para los gastos sociales, los empleados públicos, la UPR y los municipios y no habla de regular los gastos en contratos millonarios, en salarios altos de funcionarios, los gastos de la Legislatura y los gastos en publicidad, o sea los recortes son para el pueblo”, denunció Martha Quiñones Domínguez, vice presidenta de la AE.

En esa dirección trajo a la atención la larga lista de las medidas ordenadas por la JCF y cumplidas por el Gobierno como lo son; revisar las tarifas para licencias, seguros y multas de tráfico, cambiar el sistema de permisos, la reforma energética con recomendaciones de aumentos, aumentos en el agua, la reducción de fondos a la UPR y Municipios, la reforma laboral y el empleador único, la eliminación de días de vacaciones y enfermedad, el bono de Navidad, limitar los servicios de salud, y ahora la reducción de la jornada laboral, esta última lo que traerá luego será la eliminación de agencias y recortes y cambios a las pensiones.

Quiñones Domínguez fue enfática en denunciar que la JCF no ha venido a controlar la corrupción, sino a utilizarla para favorecer el proyecto económico y político que tienen para la colonia utilizando a las elites políticas y económicas para esa función. En ese proyecto económico todos los haberes del país están a la venta lo que constituye un robo de capital o activos públicos, se institucionaliza la corrupción y sus derivados como lo son el nepotismo, el clientelismo y el peculado.

Por su parte el economista Ricardo Fuentes de la AEP, puntualizó: “Para todos los diversos sectores del país que advirtieron que la Junta venía a imponer austeridad y empeorar la situación, lamentablemente ha cumplido. Para aquellos que pensaban que la Junta venía a “enderezar esto,” definitivamente no ha cumplido”.

En tanto su colega Heriberto Martínez coincidió con esta apreciación y lanzó su censura en la misma línea que Quiñones Domínguez. “Lo que hay que matizar, es que la austeridad se le ha aplicado con mucha fuerza a la inversión social, particularmente en la Universidad de Puerto Rico, organizaciones sin fines de lucro, y en educación. No obstante, vemos que el gasto político en el gobierno central continúa sin contratiempos. Los salarios por encima de $150,000 anuales se han vuelto comunes, el gasto en mercadeo y publicidad no aparenta haberse reducido; además de que no tenemos información del último presupuesto aprobado debido a que no ha sido publicado por el Gobernador ni por la Junta”.

Respecto a si las medidas adoptadas han sido más graves de lo que los economistas y el mismo gobierno hubiese esperado, una vez más los consultados coincidieron en que éstas han seguido el modelo neoliberal que se concentra en las políticas de ajustes que no contemplan los costos sociales, ni sus efectos multiplicadores.

Para el profesor Martínez los economistas políticos sabían que la JCF era la criatura de uno de los congresos federales más conservadores en la historia de EE UU por lo que estaban conscientes de que el esquema resultante de una institución dominada por el pensamiento neoliberal, sería una Junta con una ideología favorable a los recortes en inversión social, y totalmente intolerante con el gasto político.

Por otra parte, -reparó- en que los economistas tradicionales en Puerto Rico expresaron públicamente su júbilo por la imposición de la Junta. “Ellos entendían que la democracia local y el desarrollo económico estaban secuestrados por el bipartidismo, por lo que hacía falta una institución más antidemocrática y con poderes absolutos, para que desmantelara el aparato público”.

Martínez señaló que cuando los economistas políticos analizaron el evento con profundidad, “nos percatamos de que fue la misma estrategia que utilizó el pinochetismo en Chile para poder imponer la agenda de la “nueva economía” promovida por la Escuela de Chicago (neoliberalismo puro y duro)”.

Mientras Quiñones Domínguez, señaló respecto a los economistas que favorecen las medidas de la JCF no reconocen que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reconocido que las medidas de ajustes no ayudan a la economía y causan daño a la sociedad desestabilizando el desarrollo y que en especial las reformas laboral y del Gobierno que se proponen no son la solución.

En cuanto a las dudas de lo que verdaderamente contiene el Plan Fiscal lo que a su vez provoca dudas de si hay o no hay dinero a juicio de la profesora Quiñones Domínguez, sí hay dinero pero es para favorecer al clientelismo político y lo que se pretende es que la gente decida irse del Gobierno, y que se vayan de la Isla, lo que calificó como un “juego perverso”.

Por el contrario el parecer de Martínez es que no hay dinero. “Si hubiese dinero como resultado de los ahorros del gasto público, lo hubiesen anunciado en un mensaje de estado, como los muchos que hemos visto en los últimos meses.”.

En ese aspecto explicó que el problema de los recortes en un mercado abierto como el de Puerto Rico, es que promueven la migración, lo cual reduce la base contributiva. En el caso de Puerto Rico el IVU y las contribuciones sobre ingreso representan cerca del 33% del presupuesto del Fondo General. La migración tiene impacto en ambos recaudos. “Por lo tanto, vemos la misma historia que en Grecia, pero agravada. Los recortes tienen impacto en la economía y en los recaudos por largos períodos de tiempo. No vislumbro desarrollo económico en los próximos 10 años, como mínimo”, pronosticó.

Quiñones Domínguez indicó en sentido similar de que el propósito de aumentar los impuestos indirectos es para pagar los contratos y la deuda, retrasando el desarrollo y el crecimiento económico.

Cuestionados sobre el efecto en cadena que tendría la reducción de dos días a la jornada laboral y cuánto representa el ahorro que pretende la JCF de $800 millones en el PF del 2018, los entrevistados reiteraron sobre la poca información disponible para una evaluación diríamos juiciosa.

A juicio de Heriberto Martínez el cálculo no es posible hasta que vea el presupuesto con el cual se está trabajando. “En lo práctico, podemos afirmar que reducciones en el poder adquisitivo de las clases medias tendrán impacto adverso en el Producto Nacional Bruto, por lo cual veremos una profundización de la crisis económica”.

Igual Quiñones Domínguez acotó que no se sabe el cálculo pero se ha estimado que tendrá un efecto multiplicador de 2.75 o sea que se reduce casi tres veces a nivel privado, generando contracción económica.

Los economistas entrevistados fueron categóricos en rechazar cualquier reducción en salario a los trabajadores ya sea en la jornada laboral, como el bono de navidad o de otras medidas. Por el contrario señalaron la necesidad de poner un tope a los salarios de los ejecutivos del gobierno y recabaron que ésa es la acción que debe tomar el asesor económico del Gobernador, Christian Sobrino, de poner sobre la mesa un tope a los salarios máximos en el sector público.

“Yo, como economista y contribuyente no puedo explicarme cómo hay personas en el sector público, particularmente en puestos de confianza, que se ganan más de cinco veces el salario mediano en Puerto Rico. En este período de crisis, el ejemplo debe empezar por la casa, y todos los servidores públicos ponerse un tope salarial de $75,000, lo que es más o menos cinco veces el salario mínimo”, reclamó Martínez.

Opinó que esto incluye a alcaldes y vice alcaldes y que como economista le parece inconcebible que se les pida a los 150 mil servidores públicos una reducción de 10% o más a su salario, cuando los despilfarradores del gasto político no han tocado el suyo.

La auditoría y renegociación de la deuda

Los economistas aclararon que la Junta no vino ni a auditar, ni a renegociar la deuda. La Vicepresidenta de la AE recalcó que a los bonistas no les interesa la auditoría y más aún no hacerla les favorece. Martínez en tanto indicó que la renegociación de la deuda es una consecuencia de que el dinero es insuficiente para pagar y que la responsabilidad de auditar la deuda era del gobierno.

La política de privatización

Aun cuando la JCF y el gobierno han declarado sus intenciones de privatizar servicios públicos, es decir la producción de energía, servicio de agua, transportación, en particular, los economistas llamaron la atención de que lo que se verá serán alianzas público privadas (APPs). Describieron que el modelo de las APPs son más parecidos a contratos de alquiler que traspasa los riesgos al gobierno y las ganancias al privado.

Sobre el particular de las privatizaciones Ricardo Fuentes, comentó: “Todo apunta a que el acercamiento del gobierno actual al tema de las privatizaciones es algo dogmático y profundamente ideológico. Asumen que las privatizaciones son lo recomendable en la mayoría, sino en todos los casos, cuando no necesariamente es así. De hecho, las experiencias alrededor del mundo apuntan a que las privatizaciones muchas veces generan un sinnúmero de costos fiscales y sociales en el corto y largo plazo. Similarmente, la evidencia apunta a que las privatizaciones aceleradas y/o en masa tienden a ser profundamente perjudiciales para los países que las aplican. Lamentablemente, hacia eso parece que nos dirigimos”.

La población, el elefante blanco

A presentarle a los entrevistados que la JCF parece no estar tomando en consideración otros aspectos socio económicos que afectan la economía como lo es la baja poblacional, Martínez describió que la baja poblacional es el “elefante blanco” del gobierno y la JCF. “No hay que ser economista para saber que si la gente se va, no quedará quien pague las obligaciones del sector público. Por lo tanto, tiene que haber una revisión de la política pública, detener urgentemente las políticas de austeridad contra la inversión social, aplicar la austeridad en el gasto político, y auditar la deuda”.

Martínez abogó porque desde el punto de vista ciudadano, la gente tiene que volver a comunicarse, establecer redes de apoyo, formar cooperativas para satisfacer necesidades inmediatas, y entender de una vez que las instituciones del estado están totalmente colapsadas.

En tanto su colega de la AEP, el profesor Fuentes, añadió: “Yo especulo que la Junta está muy consciente de lo que está ocurriendo con la población y la emigración. De hecho, creo que ellos están contando con eso. La austeridad que ellos quieren aplicar, en otros países generaría muchísimas más revueltas sociales. La emigración es la válvula de escape que evita ese escalamiento. Aunque la baja poblacional reduce la cantidad de contribuyentes, los extensos recortes que proponen lograrían ese “gobierno pequeño” que anhelan. Eso le brindaría la estabilidad necesaria para asegurar los pagos a los acreedores”.

Aun cuando observó que quizás los acreedores no recibirán los pagos a la velocidad que querían, la Junta lograra su objetivo de que se les pague.

“El costo es la expulsión de una gran parte de la población de la isla al exterior. Es una emigración forzosa, y se podría argumentar que los miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que han sido forzados por la situación económica a migrar deben ser considerados como refugiados o desplazados internos, como lo establece la Agencia de la ONU. Yo digo que es el último o máximo saqueo del colonialismo en Puerto Rico, porque nos van a despojar hasta del espacio geográfico que llamábamos nuestro”, concluyó.