En las colonias la historia es circular. Como los elementos esenciales no cambian, los eventos que éstos provocan se repiten. Se alteran nombres y fechas, los que a veces nos dan la sensación de un cambio, pero éste nunca llega.

En 1909 Puerto Rico iniciaba su segunda década bajo el régimen colonial estadounidense. La alegría que había provocado en algunos la aprobación de la primera ley orgánica, el Acta Foraker, –que sustituía el gobierno militar por uno civil– se había desvanecido. El tal gobierno lo presidía un gobernador nombrado desde Washington que estaba al mando de un Consejo Ejecutivo también nombrado desde la capital metropolitana. El único rinconcito de poder que aquella legislación imperial les dejó a los puertorriqueños fue una Cámara de Delegados de elección popular con poderes muy limitados, claramente supeditados a los del Consejo Ejecutivo.

Pero entre esos poderes limitados había uno que, utilizado con cierta creatividad, podía convertirse en una pequeña arma de presión: el presupuesto. La Cámara debía aprobar el presupuesto que se le sometiera el Consejo Ejecutivo.

En 1909 comenzaba una nueva legislatura dominada por el Partido Unión a la que llegaban algunos jóvenes, como Luis Lloréns Torres, y curtidos veteranos ya hartos de colonialismo como Rosendo Matienzo Cintrón. Aireando sus frustraciones por el limitado poder que el nuevo régimen les dejaba a los puertorriqueños, la Cámara decidió utilizar el presupuesto como arma. Procedieron a alterar el que les fue sometido y, entre otras cosas, les redujeron el salario a los ejecutivos del Gobierno y a los jueces federales. El gobernador Regis H. Post, como era de esperar, rechazó ese presupuesto y se lo devolvió a la Cámara estipulándole las enmiendas que debía hacer. Ésta, entonces, se negó a actuar, declarándose en receso, produciéndose lo que algunos historiadores llaman “el impasse de 1909” y otros la “huelga legislativa de 1909”.

Como era de esperarse, aquella confrontación tuvo un desenlace típicamente colonial ya que condujo a la reducción del ya limitadísimo poder que tenían los puertorriqueños. El gobernador Post apeló ante su jefe, el presidente William Taft, quien de inmediato envió un proyecto de ley al Congreso para enmendar el Acta Foraker. Lo aprobado se conoce como Ley Olmstead que, entre otras cosas, dispone que cuando la Cámara de Delegados no apruebe un presupuesto para el próximo año regirá el anterior, lo que efectivamente despojaba al cuerpo electo de su pequeño resquicio de poder. Luego de aprobarse la enmienda, el gobernador Post fue un poco más allá y sencillamente elaboró y ejecutó un nuevo presupuesto diseñado a su gusto. La Cámara procedió a impugnar ese nuevo presupuesto en el tribunal de Puerto Rico, pero el caso fue removido a la Corte Federal que falló a favor del Gobernador.

¿Qué ha cambiado en Puerto Rico 1909 y 2017? El lapso de tiempo es enorme, 108 años, pero si comparamos lo ocurrido hace más de un siglo con lo que finalmente se concretó el pasado 30 de junio de 2017, resulta evidente que pocas cosas han cambiado en nuestro país. En esa fecha la Junta de Control Fiscal federal, tras cierto impasse con la Legislatura, decretó cuál será el prepuesto del año 2017-18 que comienza el 1ro de julio.

Como la Ley Olmstead de 1909, la Junta fue producto de un acto unilateral del Congreso de Estados Unidos, un cuerpo en el que, como entonces, ningún puertorriqueño vota. El propósito de la ley que creó la Junta fue, igual que aquella de hace 108 años, establecer un control metropolitano directo sobre el gasto público en Puerto Rico con mínima intervención de los isleños. Ambas leyes, de forma unilateral, cambiaron estatutos anteriores que supuestamente reconocieron ciertos poderes a los puertorriqueños. La de 1909 le quitó a la legislatura puertorriqueña el poder efectivo de aprobar presupuestos a menos que ésta se limitara a aprobar lo que el Ejecutivo peticionaba. La de 2017 dispone que cuando existan diferencias entre el Gobierno o la Legislatura y la Junta, ésta última decretará el presupuesto que le plazca “que se entenderá aprobado por el Gobernador y la Legislatura”. Las pequeñas diferencias entre una y otra ley son puramente semánticas.

En 1909 el cuerpo legislativo se sintió vulnerado –no tanto por la ley, ante la que se sabían impotentes, sino por lo que hizo el gobernador Post después– y decidieron “retarlo” en los tribunales. La disputa terminó adjudicándola el tribunal de los pares de Post, el federal. En 2017 la impugnación que el mismo cuerpo, ahora llamado Asamblea Legislativa, amagó con hacer contra las acciones de la Junta (y que sabemos no hará) la decidiría otra vez el tribunal federal y el resultado sería idéntico al de 1909.

En 1909, cuando el presidente Taft envió su proyecto de ley al Congreso para acabar con la huelga de los legisladores, dijo que los puertorriqueños habían sido ingratos, que habían “olvidado la generosidad de Estados Unidos”. Añadió que no podía esperarse que un pueblo tan poco educado tuviera la capacidad de autogobernarse. Por eso era necesario que ellos ejercieran la “tutela y el encausamiento” sobre nosotros. Se lamentó de que su país hubiera actuado con “demasiada rapidez” al reconocer ciertos derechos y por eso recomendaba reducirlos.

El “razonamiento” brutalmente colonial que un energúmeno como Taft utilizó en 1909 fue el mismo que vertieron muchos miembros del Congreso de Estados Unidos cuando debatieron la ley que, por puro cinismo, bautizaron con el acrónimo PROMESA. Igual que Taft dijeron que habíamos hecho mal uso de los poderes que ellos generosamente nos habían concedido.

Otra secuela del incidente de 1909 fue que todo lo relacionado con Puerto Rico pasó a ser responsabilidad del Departamento de Guerra, para recordarnos que éramos parte de un botín militar y no pretendiéramos dejar de serlo. Tal vez ahora mismo, tras la escaramuza de la Legislatura puertorriqueña con la Junta federal, el nuevo presidente Trump, que resulta ser más energúmeno que Taft, está pensando en alguna medida similar.

(Los datos resumidos en este artículo sobre lo ocurrido en 1909 fueron tomados de José Trías Monge, Historia Constitucional de PR, Vol II, Capítulo XV.)

Para lidiar con la visión imperante en Puerto Rico de que la salud es un negocio, “lo primero que hay que hacer es sacar a los mercaderes del templo. Hay que sacar a las aseguradoras del sistema, que se están llevando un 20% de un presupuesto de casi $11 mil millones. Si uno suma el gasto de la Reforma de Salud, con el de Medicare, el de ACA, el del Fondo del Seguro del Estado, el de los planes médicos privados, entre otros, el resultado evidente es que aquí se gastan más de $11 mil millones en servicios de salud, y el 20% de eso es $2.500 millones dirigido a las ganancias de las aseguradoras, en vez de a los servicios a los pacientes”, así contestó a este medio el médico de familia, doctor Héctor Luis Pesquera Sevillano cuando se le preguntó cuál era el primer paso para subsanar la debacle en el sistema de salud.

Según Pesquera Sevillano, en la actualidad puertorriqueña nos estamos enfrentando “a una agresión más del capitalismo salvaje que no quiere reconocer en la salud un derecho humano fundamental al que todos y todas deberíamos tener acceso independientemente de la capacidad económica, y que se empecina en mantener un negocio multimillonario a expensa de la salud de los más necesitados”.

Para el Dr. Pesquera, a pesar de que “el País completo está vulnerable a esta ofensiva del capitalismo en el área de la salud”, tres son los sectores más vulnerables ante la crisis: el sector de los(as) niños(as) con impedimentos, los(as) envejecientes y la población médico indigente.

“Puerto Rico es uno de los países del mundo que más gasta en salud, esa que finalmente no llega al paciente. Lo que tenemos es que ajustar esos gastos y cubrir a la población con presupuesto en todas las áreas: accidentes de auto, en el centro de trabajo, de servicio a los veteranos, a los envejecientes con ACA. Toda esa gente puede ofrecer servicios de salud de calidad con un pagador único inicialmente, sacando a las aseguradoras del mercado”, continuó el médico de familia.

El ahorro obtenido de la integración de todos los servicios mencionados en el párrafo anterior, “nos da y nos sobra para un sistema de salud universal con acceso gratuito para todo el mundo”, reconoció Pesquera Sevillano. A juicio del doctor, ese sistema de salud universal con pagador único es viable, aun en el sistema capitalista. Ofreció como ejemplo, lo que ha ocurrido en el estado de Vermont: “hay un sistema de pagador único muy parecido a lo que yo estoy planteando en el que se eliminaron las aseguradoras del sistema y todo el dinero se utiliza para dar servicios a través de un pagador único que administra el gobierno de Vermont”.

De empezarse a dar en Puerto Rico, Pesquera Sevillano aseguró que “sería más fácil si no tuviéramos esas aseguradoras invirtiendo en legisladores y apoyando partidos políticos que lo que hacen es dejar las cosas como están y no meterle mano al problema, que es cada día más urgente”.

Sobre el Consejo Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto Rico, entidad creada en el 2015 para que estudie y analice los modelos de organización de sistemas de salud existentes y su financiamiento en búsqueda del más adecuado para la Isla, el Dr. Pesquera comentó: “fuimos en un principio con la mejor intención a plantear un pagador único y un sistema universal de salud, pero el proyecto que presentamos fue mutilado en la Legislatura y [lo que se obtuvo allí] fue una legislación inoperante con 25 miembros representantes de un sector de salud, casi todos parte de los mercaderes del templo que lo que hacen es beneficiarse económicamente de los servicios de salud. Es el sector económico quien está representado en esa Comisión. Sólo hay 8 o 10 representantes que no tienen amarres económicos y que están a favor de un sistema de salud universal”.

El Colegio de Médicos cree en un sistema de salud basado en el capitalismo y en la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos. Todo lo que parezca socialismo será obviado por ellos.

Ganancia justa para todo el mundo

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, entiende que la solución para la crisis del sistema de salud de Puerto Rico es cambiar el modelo a un “sistema de salud universal no socializado con pagador único”.

Por eso, nosotros planteamos que la propuesta actual que tiene el gobernador Rosselló –hacer una región única donde las actuales aseguradoras compitan– nos acerca a la meta. No es lo que queremos, pero rompe el monopolio de las aseguradoras en cada una de las regiones. Las cosas se van adelantando paso a paso con la medida del Gobernador”, continuó el pediatra de profesión.

“Los sistemas socializados han tenido históricamente más problemas que los no socializados. La mayoría de los países tienen sistemas universales no socializados como lo son Alemania, Holanda, Japón, Nueva Zelanda, Australia, Canadá. Los sistemas socializados están en España, Inglaterra, Cuba”, explicó el también vicepresidente del Consejo Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto Rico.

A juzgar por el presidente del Colegio de Médicos, el panorama actual de los servicios de salud en la Isla “está difícil”: “Se supone que un sistema de salud en buenas condiciones tenga la mitad de la población en planes privados y la otra en planes públicos, que en Puerto Rico son Mi salud y Medicare. Nosotros tenemos 80% de personas entre Medicare y Medicaid y sólo un 20% en planes privados, lo cual es un riesgo bien alto de concentración en el dinero público porque tenemos una crisis fiscal y un problema de asignación de fondos federales a nivel de Medicare, así que eso crea un disloque bien grande”, aseguró.

Según Ramos, el modelo de salud que se ha propuesto desde el Colegio de Médicos vislumbra un Health Care Organization, medida que aseguraría que “todo el mundo a sabiendas tenga ganancias juntas sin afectarse entre ellos”.

Con la intención de que todo el mundo salga beneficiado – los proveedores de servicios, el Estado y los pacientes –, el Colegio de Médicos se ha propuesto levantar una aseguradora de proveedores, la cual esperan que comience a funcionar en enero 2018.

Para el pediatra, el cambio del modelo es lo más importante porque el universal no socializado con pagador único hará “que los pacientes estén mejor servidos, que los planes estén contentos, que esto no le cueste al Estado lo que le está costando”.

¿Y en términos municipales?

Ya se han anunciado recortes a los presupuestos municipales, lo cual repercute en el funcionamiento de los Centros de Tratamiento y Diagnóstico (CDT) existentes por municipios. Ante eso, ¿cuáles son las alternativas?

Según el Dr. Pesquera, en San Juan, por ejemplo, funcionaría un “sistema de salud comunitario, con el que se llevaría a cabo efectivamente la medicina preventiva que tanto hace falta en este país y que no se ha podido canalizar”.

“Nosotros le propusimos a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, un sistema de salud basado en la comunidad, en el médico comunitaria y en el organizador de salud comunitaria. Ella lo acogió con buenos ojos, pero el concepto no ha adelantado mucho. En Perú, Brasil y algunos estados de Estados Unidos ha funcionado y para San Juan es viable porque la capital tiene todos los elementos de salud necesarios para ejercerlo”, explicó.

El Dr. Víctor Ramos, por su parte, considera que a los alcaldes no les costó más remedio que solicitar la privatización de las facilidades médicas regionales. “Los alcaldes fueron los que pidieron el proyecto de la venta de las facilidades médicas regionales porque ni Salud ni los municipios tienen la capacidad económica de poner al día las 13 estructuras que dan servicio médico a nivel municipal. Algunas de esas estructuras, por lo menos cinco o seis, están cerradas. Las otras, las maneja Salud o los municipios, pero sin la capacidad de ponerlas al día. Es un riesgo para los pacientes que estén funcionando como CDT y por eso, los alcaldes pidieron salir de los Centros”.