Mientras el gobernador Ricardo Rosselló dice urbi et orbi que la Junta de Control Fiscal (JCF) no tiene poder para imponer una reducción de la jornada laboral a los empleados públicos, simultáneamente le solicita a ese mismo cuerpo interventor que proceda a despedir 840 funcionarios que él considera “atornillados”. Según esa lógica, la Junta no tiene poder para lo menos –reducir las horas de trabajo– pero si para lo más, el despido. Ahí tenemos un ejemplo muy sonoro de los altibajos y contradicciones a que, en sólo siete meses, nos tiene acostumbrados este gobierno.

Obviamente los junteros –que tienen poder para lo menos y para lo más– no le van a hacer el favor que les está solicitando Rosselló. Eso no está en el sacrosanto “plan fiscal” y, además, el tema de los “atornillados” huele a politiquería de primer orden y el buró supremo que realmente nos gobierna no está para esas pequeñeces.

En Puerto Rico se viene hablando de “atornillados” desde hace muchas décadas, particularmente en los últimos meses de un relevo gubernamental. Antes de abandonar el poder, el gobierno saliente siempre se encarga de dejar colocados en cargos públicos protegidos a sus fieles más cercanos. De ordinario se trata de los cuadros que trabajaron en puestos de “confianza” o que aspiraron a cargos electivos y resultaron perdedores. Antes de que empiece el nuevo gobierno, que seguramente los despedirá si se quedan en el cargo que estaban, el saliente hace todo lo posible por “atornillar” a estos amigos en puestos seguros.

Uno de los gobernadores que con más desfachatez actuó en ese campo fue Pedro Rosselló, padre del actual morador de la Fortaleza. Como había estado ocho años en el cargo (el último que ha estado tanto tiempo) tenía muchos ahijados cobijados bajo el manto gubernamental y se dispuso a protegerlos. En los últimos tres meses sus legisladores cambiaron leyes y celebraron sesiones extraordinarias (la última se extendió hasta el 31 de diciembre) para llenar cada hueco o para ampliar los términos de ciertos funcionarios. Creo que fue por esos años que nació el término “atornillado”.

Luego de Pedro, como ningún gobernador ha durado más de cuatro años debido al elevado costo político que supone la continuada crisis económica, el fenómeno del “atornillamiento” se ha repetido con mayor frecuencia. Cualquiera que quiera hacer el ejercicio de revisar los periódicos de los últimos meses de esos cuatrienios, encontrará múltiples noticias sobre el tema.

Cuando estaba por acabar el gobierno de Luis Fortuño, del mismo partido político que el actual, el asunto llegó a niveles nunca antes vistos porque se cambiaron numerosas leyes para dejar sembrados a funcionarios claves que luego Alejandro García Padilla no pudo cambiar. Los miembros de la Comisión de Servicio Público, que se quedaron durante los cuatro años de García Padilla, son un buen ejemplo. Igual lo es el de la jefa de Oficina Ética Gubernamental, Zulma Rosario. En este último caso, el “atornillamiento” fue una medida de autoprotección porque Rosario se encarga de proteger las espaldas de los líderes del PNP que abandonan el gobierno.

El problema que han tenido todos los gobernadores cuando han querido enfrentarse a los atornillados que les dejaron, y que sin duda enfrentará Ricardo Rosselló en esta ocasión, es que la acción de atornillar es casi siempre “legal”. De ordinario, los protegidos regresan o se ubican en “puestos de carrera” que habían quedado reservados para la ocasión. Otros son acomodados en puestos que caen en la esfera del “poder de nombramiento del Ejecutivo”, como es el caso de los jueces, procuradores y fiscales. Las vacantes surgidas durante el año se reservan para ser llenadas luego del evento electoral, citándose una sesión extraordinaria de la Legislatura, casi siempre en plena temporada navideña, para la correspondiente confirmación.

Quien único no pudo citar ese “festín confirmatorio” de la Navidad fue el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, del PPD, porque la Legislatura estaba controlada por el PNP. Como se recordará, el Senado de entonces, controlado por el ahora expresidiario Jorge de Castro Font, había anunciado que no se consideraría ningún nuevo nombramiento y que todas las vacantes, incluyendo las del Tribunal Supremo, quedarían como parte del “banquete total” que disfrutaría su partido, que también es el del actual Gobernador.

Si la mayoría de esos nombramientos, son “legales”, al Rosselló de ahora le será difícil desalojar a los atornillados, como le fue a quien quiso destituir a los que dejó su padre. Si pretende hacerlo terminará su gobierno enredado en nuevos pleitos que a la postre perderá. Aunque quien realmente asumirá la pérdida será el pueblo, que terminará pagando el sueldo acumulado de cada despedido, más daños y honorarios legales. Ya el liderato del opositor Partido Popular, que es el partido político en el que militan los protegidos, les ofreció representación legal a los posibles afectados.

Esa realidad legal es tal vez lo que explica que el Gobernador haya acudido ante la JCF con la solicitud de despido, como si el poder del buró supremo pudiera llegar al extremo de curar ilegalidades. Como la Junta ya rechazó la invitación, todo se quedará en otro ejercicio más de politiquería.