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¿Es factible que el Gobierno de Puerto Rico ya pueda acudir a los mercados de bonos? ¿Es cierto que se pueda pautar  la salida de la Junta de Control Fiscal (JCF) para el 2028? El secretario de Estado, Omar Marrero, en entrevista a un medio de prensa hizo ambas aseveraciones en días recientes.

El licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez  refutó que sea correcto decir que Puerto Rico ya puede acudir a los mercados de bonos, y, en términos de lo que establece la ley PROMESA, tampoco es correcto decir que la JCF saldría en el 2028. Para empezar, aclaró, la ley PROMESA establece como  definición para la salida de la JCF el que se alcancen cuatro presupuestos balanceados consecutivos y que se tenga acceso a los mercados de bonos a costos razonables.

A esa primera condición la JCF le añadió el elemento de que los cuatro presupuestos hayan sido aprobados por la Legislatura y el Ejecutivo sin su intervención. Aunque eso no está en la ley, esa es la interpretación de Robert Mujica. Al respecto, Emmanuelli Jiménez indicó que como todos los presupuestos que se han aprobado la JCF los ha certificado por encima de lo que ha dicho la Legislatura y el Ejecutivo, no ha habido ningún presupuesto balanceado en los siete años que ya lleva la Junta.

A lo anterior, observó que la  JCF tiene unos planes fiscales de austeridad, los cuales no están alineados con las verdaderas necesidades de Puerto Rico. Ante esa situación, la Legislatura,como cuerpo político, responde a las necesidades del pueblo. ¿Qué probabilidades hay de que la Legislatura haga un presupuesto tan austero y que la Junta no se tenga que meter?, cuestionó. “Eso es bien improbable. Que la Junta acepte sin ningún tipo de opinión está bien difícil porque la Junta tiene por deber de la ley establecer que los presupuestos aprobados sean compatibles con los planes fiscales; pero como los planes fiscales son tan terribles, ahí es que viene el problema”.

A su juicio, es difícil que se empiece la cuenta de la salida de la JCF para el 2028, si ya este año  se perdió, porque estamos en el presupuesto 2024-2025, y lo que quedaría  son tres años. Comenzaría el 2025-2026, por lo que el próximo presupuesto ya no sería en el 2028. En tanto, el acceso a los mercados a costos razonables depende de muchas cosas que no están en el panorama. Lo primero, que haya casas acreditadoras que quieran  evaluar el crédito de Puerto Rico.

Respecto a las  declaraciones del secretario de Estado de que el crédito de Puerto Rico ha mejorado,  Emmanuelli Jiménez lo cuestiona, ya que las casas acreditadoras no están entrando a Puerto Rico. Ningún  inversionista que sea racional va a comprar un bono que no esté evaluado por una clasificación crediticia, subrayó,  aparte de que el bono se puede emitir, pero tendría que pagar unos intereses tan altos, entre  8, 9 y 10 %, para que los inversionistas digan que se tiene mucho riesgo, pero se paga mucho de interés. Explicó que la ley PROMESA dice que el acceso a los mercados  tiene que ser a costo razonable y que un costo razonable es entre  3 o 4 por ciento.

Otro asunto que impide el acceso a los mercados es que hasta que los bonistas no vean que se ha resuelto la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tampoco van a prestar, porque la economía tiene que crecer para que se pueda  pagar la deuda, y eso lo evalúan las casas acreditadoras. Dado el hecho de que la  AEE no ha adoptado su plan de deuda, no se sabe qué va a pasar en Puerto Rico.

El otro tema que señaló es que, según el estado financiero (eso es la diferencia entre los activos y los pasivos) 2020-2022, el país tiene un déficit acumulado de $55 mil millones. “¿Cómo alguien  con dos dedos de frente va a comprar un bono a un territorio que acaba de salir de una quiebra y que tiene un déficit acumulado en sus estados financiero de $55 mil millones?”, preguntó.

Ese déficit es casi como la deuda original. El licenciado Emmanuelli Jiménez, recalcó que  por  definición de la ley es que no se sabe cuándo va a ocurrir  la salida de la JCF. Pero aun si se diera por definición, la JCF tiene que estar aquí hasta que se terminen los casos de Título III, que son los acreedores no asegurados del Gobierno central cuyo Plan de Ajuste de Deuda lleva dos años de confirmado. Sin embargo, todavía están en el proceso de administrar el caso, que es establecer el  monto de las reclamaciones para poder pagar a los acreedores, y eso es un proceso que puede tomar años.

En  términos políticos de parte de la Legislatura y Ejecutivo, Emmanuelli Jiménez, comentó que no tiene  indicios de cuál va a ser la posición institucional del gobierno entrante en cuanto a la JCF. Sí expresó que le sorprendería  que el gobierno de Jenniffer González asuma una postura de defensa de sus poderes constitucionales ante la Junta, por el hecho de que en la campaña casi no se habló de la JCF. Apuntó que eso era esencial discutirlo porque no se puede implementar un plan de gobierno si no se tiene una estrategia para bregar con la Junta. “Eso no lo sabemos todavía, pero no tengo muchas expectativas de que la postura cambie”.

Para el también entrevistado economista y director ejecutivo de la Liga de Cooperativas, Heriberto Martínez Otero, desde el punto de vista de Mujica, según expresado públicamente, los dos asuntos pendientes para la salida de la Junta es lograr los presupuestos balanceados y tener un  plan de desarrollo económico. No obstante,  “Mujica siempre ha mencionado que, además de la reestructuración de la deuda, hay que establecer las bases para un desarrollo económico; pero eso no ha pasado en lo absoluto, ni siquiera lo ha definido, pero son los dos temas más importantes que se han hecho públicos”.

En cuanto a si se puede ya acudir a los mercados, Martínez Otero indicó que en términos generales ya el Gobierno lleva tres años aprobando  presupuestos con servicios de la deuda; es decir, ya se está pagando una deuda. No obstante, le preocupa el que se esté hablando de que el ente que está listo  para ir a los mercados no es el Gobierno de Puerto Rico, sino COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante).  Sobre el particular, recordó que fueron COFINA y la AEE las dos corporaciones públicas que abrieron la caja de Pandora con respecto al  endeudamiento.

“COFINA no es una entidad para endeudarse porque no hace absolutamente nada que no sea endeudamiento”. Explicó que COFINA fue creada bajo la administración de Acevedo Vila y que se creó para convertir deuda ilegítima extraconstitucional en deuda legal. Bajo la administración de Luis Fortuño se amplió el margen prestatario y se subió la deuda de $3 mil 500 millones a casi $15 mil millones. El economista planteó que hay que cuestionar para qué COFINA quiera emitir deuda.

Martínez Otero resaltó que lo que debe ser la máxima prioridad es un plan de desarrollo, ya que la  última etapa donde se pudo hablar de un nuevo modelo de desarrollo económico fue durante los tiempos de la Sección 936, lo que terminó en el 2006. A partir de ahí, los breves momentos de crecimiento  económico que ha tenido el país se han debido al exceso de cantidades  de fondos federales. Cuando se miran los sectores económicos, los niveles de exportación del 2023 están al mismo nivel que el 2014.

“En ese sentido, lo que hemos  tenido es una dependencia en extremo fuerte de fondos federales, que ahora, con una administración mucho más conservadora, sí que urge un modelo de crecimiento y desarrollo económico que no esté amarrado, dependiente de los fondos federales”.

En cuanto a qué tan balanceados pueden ser los presupuestos sin perjudicar los servicios esenciales, Martínez Otero opinó que  hay suficiente dinero para cubrir áreas de inversión social. Considera que las vistas públicas de transición están demostrando, primero, una mala administración gubernamental y, segundo, un montón de gastos políticos como los de $50 millones en contratos. “Todavía me parece que hay mucho gasto político e ineficiencia administrativa”. Entre indignación y asombro cuestionó el que el servicio de transportación escolar cueste $72 millones en un semestre, como dijo la secretaria del Departamento de Educación.

El director ejecutivo de la Liga de Cooperativas apuntó que una cosa es que la Junta diga que en esta fecha se va  y otra que diga que va a empezar a liberar entidades cubiertas, como por ejemplo COFINA. En esa línea, reparó en que la JCF intervino  con COSSEC (Corporación Publica para la Supervisión y Seguro de las Cooperativas), la cual no recibe dinero del Estado. “Hay que ver esas señales, porque la Junta no se  va a ir, va a empezar a eliminar entidades. Yo no veo que la deuda de la AEE termine en mayo del 25”.

Tres defensoras de derechos humanos llaman a organizar políticamente en las comunidades, a generar capital y buscar insertarse en el discurso público como respuesta

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Las hostilidades y la falta de tiempo son las vías principales por las cuales el sistema “encajona” a las mujeres en el ámbito privado, donde son incapaces de incidir en la política pública y carecen de poder para cambiar su suerte. Liberar a las mujeres de esas formas de violencia será una ardua —pero necesaria tarea— para combatir el pensamiento reaccionario que se proyecta acrecentará durante este próximo cuatrienio 2025-2028, tras la elección de Jenniffer González como gobernadora con una mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP), así como de Donald Trump y el Partido Republicano, en Estados Unidos.

“Es necesario que nuestros asuntos, nuestros problemas, nuestros temas entren al espacio público”, puntualizó la profesora en Derecho y activista, Yanira Reyes Gil, durante el panel Defensoras de derechos humanos y participación política de las mujeres en Puerto Rico, que organizó el Proyecto Matria. El espacio público, al que hizo referencia, no solo abarca los lugares formales como el Capitolio, sino la calle misma, que muchas veces es donde se impulsan cambios mediante campañas públicas, protestas y reclamos.

En ese sentido, la planificadora social Marta Elsa Fernández Pabellón enfatizó la necesidad de organizar políticamente en torno a estas desigualdades generando conversaciones abiertas con otras mujeres. Mientras, Amarilis Pagán Jiménez, abogada y fundadora de Matria, argumentó que las mujeres se deben también organizar económicamente para generar su propio capital.

Aunque usualmente se habla de la privatización como la transferencia de una propiedad o actividad pública al sector privado, Reyes Gil habló de otro tipo de privatización: aquella que segrega cuáles temas competen discutir al pueblo —como garante de los derechos humanos y el bienestar general— y cuáles no. “Todo aquello que está asociado a lo privado —a lo femenino— parece perder cualquier tipo de interés público… Los cuidados y las violencias no tienen interés público… [Eso] impide la participación política de las mujeres”, enfatizó la fundadora de INTER-MUJERES Puerto Rico, un centro de estudios sobre los asuntos de género en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana.

Revertir esas tendencias requiere de que los espacios de trabajo político se planteen cuáles son las necesidades particulares de las mujeres y cómo reducir la violencia política contra ellas, reflexionó Reyes Gil. Eso implica no solo tener consideración a los horarios de las reuniones o la necesidad de cuido para sus crías, sino evitar las prácticas de ‘mansplaining’ y ‘manterrupting’. El mansplaining (o machoexplicación) es cuando un hombre explica algo a una mujer de manera condescendiente y paternalista, suponiendo que ella no sabe o no entiende el tema. Mientras, el manterrupting (o machointerrupción) es el fenómeno social que problematiza el que las mujeres generalmente hablen menos porque se les interrumpe más y sus ideas se examinan con mayor severidad.

Fernández Pabellón resaltó, entretanto, que revertir esta exclusión de la mujer de los espacios de poder —es decir, revertir el patriarcado— requiere educar y concientizar sobre estas construcciones y estereotipos sociales. “Falta cambiar la calidad de vida de todas nosotras… Es fundamental visualizar que todos estos cambios nos lleven a algo más central, que es lograr tener una vida más equitativa, más justa, [y] en paz. Para eso, hay que educar; hay que hablar con todas las mujeres… Tenemos que sentarnos a conversar, para que vayan inclusive haciendo reflexión de sus propias vidas”.

La pobreza como tema fundamental

Fernández Pabellón destacó también la pobreza como otro tema fundamental. “Nos han vendido un país donde no se reconoce la pobreza, y esa es la razón principal por la que estamos teniendo los resultados electorales que estamos teniendo… El tema de la pobreza hay que visibilizarlo, hay que hablarlo: ‘¿Cómo estamos siendo afectadas por la pobreza?’”.

Pagán Jiménez, entretanto, expresó estar convencida de que “tenemos que ser productoras de bienes”. Argumentó que “la economía del chinchorro” no genera empleo digno, mientras los patronos de megafábricas están financiando la campaña de los políticos que creen en la economía liberal a través del super-PAC Democracia es Prosperidad. “Usualmente, es capital extranjero; el capital local que está en esos espacios no comulga con ideas de equidad económica… Estamos hablando de un asunto que no es meramente de género o sexo; es un asunto también de clase social y estatus colonial”, esbozó.

Entonces, insistió: “Para aumentar la participación política —no solamente de las mujeres, sino de los grupos tradicionalmente excluidos— hay que empezar a generar nuestro propio capital económico endógeno, con empleo digno”. Así se hizo eco de las palabras de la economista Martha Quiñones, al insistir que tener seguridad económica permitirá que las personas pasen de ser meros espectadores enfocados en la supervivencia, y se conviertan en agentes de cambio. Estos espacios de liberación personal y colectiva son aquellos “donde, en la interacción con otras personas, tú comienzas a cambiar tu forma de ver el mundo; a entender que hay otras posibilidades, y que es importante que tu voz sea escuchada y abrir espacio para otras voces”, sostuvo.

Adicional a la mirada de la pobreza como un asunto estrictamente material o de falta de bienes, Reyes Gil habló de “la pobreza del tiempo” como un impedimento para llegar al espacio público. “Las mujeres no tenemos tiempo. Esa pobreza del tiempo impide que las mujeres entren a espacios políticos formales y a otros espacios como el voluntariado”. Dijo que esta pobreza surge como consecuencia de que los cuidados recaen exclusiva o desproporcionadamente sobre las mujeres.

Una ola de avances y retrocesos

Fernández Pabellón, de 75 años, dijo que ha visto un sinnúmero de avances. Entre ellos, reconocer como feminicidio el asesinato de una mujer por violencia de género y garantizar los derechos de las personas gestantes y lactantes, aunque reconoció que quedan todavía muchas brechas para lograr la equidad en el trabajo y en las responsabilidades domésticas y los cuidados.

Reducir esas brechas llevará a que las personas —sobre todo, en la esfera pública— comprendan que “no es cuestión de que las mujeres queramos parir; es cuestión de que la sociedad [o] el Estado provea las condiciones necesarias para atender la demanda (…) de las familias en su diversa composición”. Mantener visiones reducidas como la que manifestó el alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez denota la necesidad de explicar los temas de perspectiva de género, equidad y paz desde una mirada transversal, insistió Fernández Pabellón.

Reyes Gil celebró, entretanto, que “las mujeres estamos vinculadas a un montón de luchas sociales… luchas comunitarias… y creo que, en asuntos discursivos, hemos adelantado muchísimo”. Recordó, a manera de ejemplo, cuando el excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) en las elecciones de 2020, Carlos Charlie Delgado Altieri, cayó en ridículo al demostrar su ignorancia sobre el tema de perspectiva de género.

El progreso no ha sido lineal: los avances han venido seguidos, en ocasiones, por retrocesos, como los que se anticipan ocurran ahora bajo la administración penepé de González y la presidencia de Trump. “Ahora, nos vienen tiempos bien retantes… Hay un empoderamiento de sectores conservadores, retrógradas y fascistas en Estados Unidos, y, probablemente, en Puerto Rico lo vamos a ver así… No solo [van a] ir en contra de esos derechos, sino incluso, en [contra de] esos avances discursivos que hemos logrado”, advirtió Reyes Gil. A la activista por los derechos reproductivos le queda la satisfacción de que, durante el cuatrienio de 2020-2024, las feministas lograron detener los retrocesos que se propusieron desde la Asamblea Legislativa.

“A mí lo que me da esperanza es cuando miro el caminar de las mujeres, porque siempre se ha avanzado, aunque haya habido momentos que el caminar haya sido más lento o haya habido que dar un paso atrás”, reflexionó Pagán Jiménez. También, consideró que ese avance se percibe en la red de organizaciones que brindan servicios a mujeres y son lideradas por mujeres. “Ha nacido también diversificación en cuanto a la perspectiva de qué las mujeres necesitan. Pasamos de decir que las mujeres necesitan un albergue porque las están matando, a entender que hay que trabajar desarrollo económico, vivienda [y] participación política”, observó.  Pagán Jiménez reconoció que esos cambios no han sido en la estructura gubernamental, sino en la “estructura social, que no deja de incidir en la gubernamental”.