Se dice que de las crisis nacen las oportunidades. Pero en el caso de Puerto Rico, un país sumido en crisis constante desde hace más veinte de años, las oportunidades han surgido no para los puertorriqueños y puertorriqueñas, sino para otros: los «buitres» y saqueadores para quienes las economías deprimidas como la nuestra son una presa fácil, sobre todo, si se les ofrecen en bandeja de plata como han hecho los gobiernos del bipartidismo PNP-PPD que se han turnado el recortado poder colonial en nuestro país.
La prolongada crisis y los desastres naturales y creados han atraído a toda suerte de aves de rapiña a nuestro país. Hoy, los únicos «buitres» que sobrevuelan Puerto Rico no son los que compraron a precio de quemazón la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora exigen el cobro de su acreencia con intereses. Lo que antes fueron latifundios agrícolas, masivas instalaciones militares, almacenes petroleros o grandes industrias pesadas arropando a Puerto Rico, hoy son intereses diferentes pero igualmente peligrosos, como el almacenamiento y producción masiva de energía con el volátil gas metano o los gigantescos proyectos turísticos que amenazan con convertir nuestras mejores playas y recursos costeros en enclaves exclusivos para millonarios extranjeros, mientras se desplaza y arrincona a nuestra gente.
Bajo el palio de las leyes 20 y 22 ahora Ley 60- los gobiernos de turno en Puerto Rico abrieron las compuertas para el despojo de lo mejor del patrimonio natural y edificado de nuestro pueblo. Por esa compuerta han entrado con fuerza los acaparadores de terrenos, los compradores de propiedades a cualquier precio, las propuestas para proyectos como Esencia en Cabo Rojo, que compromete 2,000 cuerdas de terreno costero insustituible del oeste de Puerto Rico para construir un enclave exclusivo, de donde la población circundante será desplazada y excluida, y los recursos naturales protegidos serán amenazados o destruidos por completo.
Ya el norte de la isla, particularmente el municipio de Dorado, se ha convertido en otro enclave exclusivo para extranjeros ricos, del cual no participan en igualdad de condiciones las comunidades aledañas. En algunos hoteles, se ha privatizado el acceso a las playas públicas, con rompeolas fabricados para mantener a raya el tránsito de los «locales». La distorsión del mercado de bienes raíces está haciendo imposible que personas nacidas y criadas en Dorado puedan adquirir una casa o propiedad en su ciudad o comunidad de origen.
Pero la fiebre de acaparamiento se extiende y tal parece que el área este de Puerto Rico, específicamente terrenos del municipio de Loíza, serán la próxima presa codiciada de estos mercaderes de las crisis. En entrevista con CLARIDAD, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, compartió documentos sobre la propuesta para el desarrollo de otro enclave exclusivo en terrenos adquiridos por inversionistas extranjeros en su municipio, y al cual ella se opone por el impacto negativo qué tendría sobre el entorno y las vidas de su gente. El entorno natural de Loíza está afectado por los estragos de la erosión costera que lo ha tornado particularmente susceptible a las inundaciones. La crisis económica también ha propiciado la pérdida de población en el municipio.
Lo que una vez fueron la finca Los Restauradores sobre el Río Grande de Loíza y la finca de Veremundo Quiñones frente a la Calle Las Gardenias y La Hacienda Grande en dicho municipio, ahora forman parte de la propuesta del proyecto Loíza Country Side, un masivo desarrollo de ocho edificios, farmacia, escuelas, hospital, restaurantes, casino, supermercado, hotel, club y una plaza. En fin, toda una ciudad que también incluye los Loíza Ocean y Loíza River Side City, este último compuesto por 127 villas.
A propósito del proyectado enclave, el nombre de Veremundo Quiñones es de triste recordación para Loíza y Puerto Rico, pues el terrateniente fue el dueño del terreno donde hace 45 años la Policía de Puerto Rico asesinó a Adolfina Villanueva, en medio de un desahucio que terminó en tragedia y convirtió a la madre de seis hijos en símbolo de la resistencia de nuestras comunidades al desplazamiento y la exclusión.
Los gobiernos coloniales de Puerto Rico – sujetos al poder plenipotenciario del Congreso y el Presidente de Estados Unidos- no han tenido las garras, los poderes ni la voluntad para crear y liderar un plan coherente y sostenible de desarrollo para Puerto Rico. Aferrados al poder, la mala gobernanza, el clientelismo político y al préstamo fácil sin fuentes de repago, los políticos del PNP-PPD arrastraron las finanzas del gobierno de Puerto Rico a una deuda monumental de la que aún el país no se recupera. El remedio ha sido tan malo como la enfermedad. Luego de casi una década desde la creación por el Congreso de Estados Unidos de la Ley PROMESA y el nombramiento de una Junta de Control Fiscal (JCF) para la reestructuración de la deuda pública, que le ha costado $2.2 mil millones al pueblo de Puerto Rico, la quiebra está en pausa forzada, como parece estar en pausa también el gobierno de Jenniffer González y el PNP.
Lo que no está en pausa es la agresiva agenda de los «buitres» ni la complacencia con que desde el gobierno colonial le facilitan el acaparamiento, seguramente a cambio de jugosas donaciones a las campañas de los políticos, y las consabidas comisiones a cabilderos y demás intermediarios.
La consciencia sobre lo que verdaderamente está en juego en Puerto Rico lleva años creciendo en nuestro pueblo que, al igual que siempre, sabrá usar la resistencia como arma para defender nuestro único patrimonio de las garras y los picotazos de los «buitres».
Al entrar a la antigua base, hoy impresiona su abundante vegetación, los lugares en claro abandono después de 20 años de su cierre, edificios en ruina, entradas cerradas con letreros de peligro (Danger), muy pocas aves surcando el cielo y ni un lagartijo en los suelos.
