CLARIDAD

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Ignorando por completo los efectos del cambio climático y en vías de favorecer proyectos de construcción en las costas,  la medida PC-25 del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez pretende  redefinir lo que es la zona marítimo terrestre (ZMT), en lugar de ampliarla, tendría el efecto de reducirla.

La directora ejecutiva de la organización Amigos del Mar, Vanessa Uriarte, indicó a CLARIDAD que la redefinición propuesta tiene el efecto de reducir lo que es la ZMT debido a que la  interpretación  hace un  énfasis inquisitivo en términos de cómo se define la servidumbre de salvamento, que son los 20 metros a partir de la ZMT. Expuso que lo que hace el proyecto es indicar que la ZMT  llega hasta la línea de vegetación y que a partir de ahí ya no hay ZMT. El proyecto no está reconociendo que aun después de que esos 20 metros puedan ser privados, la servidumbre de salvamento impone restricciones.

“No quiere decir que aunque sea privado puedas hacer lo que te dé la gana. Se supone que el gobierno te imponga unas restricciones de construcción, y están aliviando el lenguaje para insistir en lo privado”.

Apuntó que a la luz del censo que hizo Amigos del Mar sobre las costas, el proyecto, en lugar de ser un adelanto en la conservación de las costas, sería un atraso. La licenciada Uriarte, quien estuvo presente en la primera vista pública de la medida, contó que algo que se vio de forma insistente en la vista  de parte de los agrimensores del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio fue  que el reglamento 4860 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que es el que  determina cómo se define ZMT y cuáles son los criterios, no está actualizado y que hay que cambiarlo.

Señaló que si bien la definición que se tiene de la ZMT no funciona debido a que es una que data de España, del derecho romano, que fue  hecha para el comercio, no para proteger  la naturaleza. Es una definición decimonónica que estaba hecha para proteger las embarcaciones cuando el mar se retiraba en el Mediterráneo, por lo que la definición que se requiere es otra.  “Es otra cosa diferente a lo que estamos hablando, acotó.”

“No podemos tratar de defender la naturaleza y los sistemas costeros utilizando una definición que nunca se creó para eso. En Amigos del Mar somos partidarios de que la definición hay que cambiarla, pero hay que cambiarla con criterios científicos y no criterios jurídicos, porque estamos en otra realidad completamente diferente  a la que existía en el momento en que España decidió que esa era la definición que se iba a usar”.

Uriarte explicó que una nueva definición  de la ZMT debe tomar en cuenta los efectos del cambio climático y a todas las especies que habitan la costa. Por el contrario, en el proyecto  no hay un criterio ecológico en la definición, solo contiene  hasta dónde llegan los límites propietarios y hasta dónde llegan los límites públicos.

La activista ambiental coincide con la apreciación de que la intención del proyecto es favorecer los proyectos tan debatidos que hay pendientes en las costas,  los llamados desarrollos turísticos. Al respecto, trajo a la atención que hay otros dos proyectos sobre la ZMT. El más preocupante, denunció, es uno sometido por el senador Eliezer Molina y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que pretende hacer un deslinde nacional, con la intención de promover una única forma de medir la costa de Puerto Rico.

“Eso es un disparate y una afrenta contra las comunidades, porque si se va utilizar para todo, parecería un plan maquiavélico de vamos hacer una definición y un plan nacional, que pondría en riesgo no solo los ecosistemas sino a las comunidades que habitan la costa, porque cuando construyeron, el mar no estaba encima de ellas. Es una irresponsabilidad el estar jugando con reducir esto a un debate entre lo público y lo privado sin tomar en cuenta todos los debates en un momento tan crítico como el que estamos viviendo con el cambio climático”, manifestó.

Como una alternativa a dicho proyecto, reveló que recientemente también se sometió un proyecto en el Senado por petición, al mismo fin de enmendar la ZMT. El proyecto fue propuesto por un grupo de agrimensores, biólogos marinos y geólogos, con las consideraciones que debe incluir una definición de ZMT. El proyecto PC 628 fue acogido por la senadora Ada Álvarez Conde como una contrapropuesta. Para Uriarte, esa definición es quizás  la más sensata que ha escuchado en mucho tiempo sobre hasta dónde deberían llegar los límites de la ZMT, tomando en consideración los criterios prioritarios, que son los ecológicos.

Por su parte, la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, Denis Márquez Lebrón y Adriana Gutiérrez Colón, radicó el proyecto 188, el cual define de manera amplia  la ZMT. Los legisladores del PIP  emplazaron al liderato legislativo a considerar alternativas reales sobre la crisis costera que redunden en una política pública de protección y bienestar de los recursos costeros del país.

A preguntas de este semanario, Márquez Lebrón catalogó el proyecto del PIP como uno mucho más amplio, que incluye una definición de la ZMT, establece todo el manejo de la zona costanera, toda la política pública, incluida una definición amplia de ZMT; que toca los humedales, los acantilados y los terrenos ganados al mar.  “Esto es una política pública de acceso a los bienes de dominio público, un conglomerado de acciones por parte del gobierno. Eso, de entrada, es una diferencia del proyecto de Johnny Méndez, que es solo definir la ZMT mal definida”.

A su juicio, no hay ningún  problema parlamentario para que se puedan ver ambos proyectos, cosa que ha ocurrido en años anteriores. El portavoz de la delegación del PIP afirmó que conoce sobre el proyecto que radicó el  grupo de los profesionales, e incluso que lo vio, y que ambos proyectos tienen muchísimo  elementos en común, aunque en el del PIP, además de una definición exacta, precisa, de la ZMT,  se incluye otro conjunto de elementos vinculados a la ZMT. Márquez Lebrón expresó que incluso tuvo comunicación con los proponentes del proyecto y que se han  mantenido en comunicación sobre el tema.

“Insistimos en que tiene que haber una definición, que es fundamental, de la ZMT. Toda una política pública del manejo de las costas, que va desde el concepto  de dominio público, acantilado, humedales, el acceso a las playas, los deberes del DRNA con la zona costanera, de las autorizaciones y concesiones; de qué cosas se pueden hacer y no hacer en las costas. Todo eso es parte de  discusión en el proyecto. Cuando se comparan las definiciones, hay coincidencias positivas”.

Sobre las posibilidades de ambos proyectos, Márquez Lebrón admitió que ve el panorama complicado y muy difícil para que se apruebe y adopte una definición de la ZMT como la que se necesita.Considera que tanto el PNP como la mayoría del PPD del cuatrienio pasado no tienen ningún interés real de proteger las costas de Puerto Rico. Al respecto, recordó que en el cuatrienio pasado la delegación del PPD en la Cámara le dio un informe negativo con argumentos de los constructores al proyecto de la moratoria en las costas, pedido respaldado por amplios sectores, incluido el Comité de Expertos del Cambio Climático. “Lo vemos complicado en este cuatrienio, por eso hacemos la denuncia, y por eso insistimos en que se discuta el proyecto”, reclamó el portavoz del PIP.

El proyecto de Johnny Méndez,  básicamente, significa empezar a construir en la parte cerca de la playa, “donde se ponen la silla y la neverita”, le han dicho expertos en la materia. Ello implica desconocer las consecuencias que han tenido las construcciones en las costas y los daños causados por eventos como el huracán María.

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La manifestación tuvo lugar la víspera del Día del Maestro

 En el marco del mes de la educación, la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) acudió, el pasado jueves, a las inmediaciones del Departamento de Educación (DE), en Hato Rey, para reclamar el pago retroactivo de la carrera magisterial, rechazar la consolidación de escuelas y otras problemáticas que han afectado a la comunidad escolar por años.

De acuerdo con Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la colectividad, la situación actual del DE se trata de un “desmantelamiento total” de los recursos públicos con los que cuenta la agencia. Como ejemplo, mencionó el Proyecto de Senado (PS) 89, aprobado este mes para encargar la apertura de escuelas alianzas —o chárter— a las administraciones municipales. Sumada a los vales educativos que Educación expide a familias para pagar colegios privados y la compra de servicios de estudiantes de diversidad funcional, esta medida refuerza “las diferentes modalidades de privatización” que emplea el DE.

“Municipios que están al borde del colapso, municipios que están al borde del cierre, que no pueden con sus operaciones, ahora buscan los fondos de las escuelas públicas, y el Departamento busca otorgar fondos que no tiene. Por un lado, dice que analiza el posible cierre de 200 escuelas, pero por otro habla de abrir 16 escuelas chárter. Tiene seis que van a abrir en agosto. ¿Ahora quieren darle espacio a los municipios”, elaboró Martínez Padilla en un aparte con CLARIDAD.

Además, la organización exigió el pago de la Carrera Magisterial que, desde 2014, ha sido retenido. De hecho, la FMPR se manifestó el pasado 1 de mayo en defensa de los 6,000 docentes que aún esperan por su pago. La Carrera Magisterial sirve como fortalecimiento de los servicios que ofrece Educación; el pago en cuestión lleva 11 años de incumplimiento. A juicio de la docente, esta y otras contradicciones de política pública evidencian la intención privatizadora de los pasados gobiernos.

“El Departamento le paga el colegio a niños y niñas con diversidad funcional en vez de proveer los servicios… El fin es desmantelar, por eso estamos aquí en el Día del Maestro”, agregó Martínez Padilla, quien además repudió las enmiendas propuestas al reglamento disciplinario del DE.

Los maestros y maestras se dieron cita frente a la sede de Educación, ataviados del amarillo distintivo de la FMPR. Según reportó la aplicación oficial del clima de Apple, la temperatura rondaba los 89 grados Fahrenheit, con una sensación de 94. El calor impuesto se alternaba con lloviznas que en nada amainaron el piquete del magisterio. Al filo de las cuatro, 30 minutos después de la hora pautada, al menos diez agentes de la Policía llegaron para apartar la zona de piquete del tránsito.

“Los maestros y las maestras estamos cansados de las promesas. Por eso venimos a enviar un mensaje a todos los funcionarios que, al sol de hoy, no cumplen con lo que le deben al magisterio, que fue precisamente producto de las luchas que estuvimos librando hace varios años atrás. Lo poco que hemos obtenido, buscan negarlo”, expresó Edwin Morales Laboy, portavoz de la FMPR.

Durante el piquete, decenas de docentes rondaron los predios del DE con pancartas, panderetas y sombrillas en mano. Entre las consignas más repetidas, figuraron: “Eliezer me dijo I’m sorry, vale más que Ferraiouli”, Sometí la activación y no hay contestación”, “La privatización, cuna de la corrupción” y hasta un risible “¿Dónde está JGo? JGo no está aquí, JGo se la pasa dando lengua con Yovín”.

Entre chubascos y calores, los manifestantes también expresaron su repudio a la permanencia de la Junta de Control Fiscal (JCF). Desde su imposición en 2017, el ente federal ha sido el mayor escollo contra el pago de la Carrera Magisterial, una cifra de $30 millones. La FMPR también advirtió sobre el efecto de las olas de calor en los estudiantes y planteles sin aire acondicionado, mencionando el caso reciente de un niño de seis años que confrontó a la gobernadora respecto al asunto.

“Nos dicen que no hay dinero. Hay dinero para los amigos de los amigos, hay dinero para las bolsas con nombres de secretarios. Están en pugna un montón de contratos de millones de dólares, pero no hay dinero para el pago de  carreras. No hay dinero para mantener las escuelas en condiciones dignas, no hay dinero para garantizar energía solar”, continuó Martínez Padilla.

La presidenta de la organización vinculó la privatización que afronta el DE con otras que suceden en el país, destacando aquellos esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico por vender servicios esenciales como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), cuyos activos ahora están divididos entre tres operadores distintos. “La privatización ha sido un fracaso”.

Igualmente, Martínez Padilla recalcó la importancia de movilizar al magisterio en defensa de los derechos adquiridos y de aquellos que merece en este contexto histórico. Para mostrar ese compromiso, la presidenta de la FMPR reconoció la presencia de Sandra Otero Torres, abogada de la colectividad. Hace un año, contó Martínez Padilla, la licenciada sufrió un percance de salud que la obligó a estar encamada por más de 80 días.

“Que sepa la Junta de Control Fiscal, que sepa la gobernadora de turno, que sepa la legislatura y sepa el secretario (de Educación) que nosotros vamos a luchar, cueste lo que cueste, hasta que logremos la justicia para todos los docentes y niños de este país”, concluyó.

Aún pendiente medida sobre justicia salarial

 Durante el pasado febrero, la senadora por acumulación Ada Álvarez Conde sometió  —a petición de la FMPR— el PS 0326, que establecería una escala salarial del magisterio basada en la preparación académica del docente. En ese esquema, un maestro con bachillerato devengaría $2,750 mensuales; uno con maestría, $3,877; y uno con doctorado, $4,977. No obstante, Martínez Padilla aseguró que, desde marzo, “no se ha hecho absolutamente nada”.

“No nos han enviado convocatoria para vistas públicas, no se ha aprobado para que la Cámara vote sobre el mismo y el presupuesto se está discutiendo en estos momentos. Si realmente quisieran traer la intención de darle justicia salarial a los docentes, (el proyecto) tenía que haberse aprobado en Cámara y Senado a estas alturas e identificado los fondos para julio, cuando comienza el año fiscal”, explicó Martínez Padilla.

La docente compartió a este medio que la delegación senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), compuesto por los licenciados María de Lourdes Santiago Negrón y Adrián González Costa, se hicieron coautores de la medida. Actualmente, la pieza está “estancada” en la Comisión de Educación.