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Biden hacia Cuba: cómo explicar lo inexplicable 

Por
Luis De Jesus Reyes
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Johana Tablada

 

 Corresponsal de CLARIDAD

 La Habana, Cuba-La administración del presidente Joe Biden no parece poder explicar –al menos, no de manera coherente– las razones por las que aún mantiene a Cuba en la lista de Estados Unidos de países que supuestamente patrocinan el terrorismo.

A mediados del mes de mayo, el Departamento de Estado de EE.UU. dio a conocer que retiraba a la isla de su (otra) lista de países que “no cooperan plenamente” con la lucha contra el terrorismo (NFCC, en inglés), una decisión que, paradójicamente, no ha supuesto ningún cambio en la presencia de Cuba en el anterior listado.

Las explicaciones del gobierno estadounidense, por dar algunas, han resultado inverosímiles, hasta para sus propios funcionarios.

“¿Cómo se les puede seguir considerando [a Cuba] un Estado patrocinador del terrorismo si cooperan en la lucha contra el terrorismo, como dice su informe?”, preguntaba hace unos días un periodista al portavoz del Departamento de Estado durante una rueda de prensa, ante la evidente contradicción de dicha postura política. La respuesta resultaba menos esclarecedora aún. “Tú puedes cooperar en la lucha contra el terrorismo… pero creemos que están tomando acciones para apoyar el terrorismo”, decía, por toda respuesta el funcionario, sin ahondar en detalles sobre las acciones a las que hacía mención.

Cuba y Estados Unidos retomaron en 2023 su cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo y han ratificado, desde entonces, sus acuerdos sobre la migración y la seguridad en la zona del Caribe. Recientemente, funcionarios del Servicio Guardafronteras del país caribeño fueron recibidos por agentes del Control de Aduanas en un aeropuerto de la Florida para conocer detalles de la tecnología que implementan autoridades estadounidenses en la detección y detención de actos de terrorismo, tráfico de drogas y falsificación de documentos migratorios, entre otros.

Entonces, ¿cómo se explica esta incongruente postura de la administración Biden hacia La Habana?

Para el gobierno cubano, la movida no tiene ningún sentido y con ella, el Departamento de Estado sólo busca crear confusión haciendo pensar al mundo que está dando algún paso importante en las relaciones con la isla.

“Esta decisión es engañosa. Esta decisión está incompleta y ha creado una tremenda confusión a nivel internacional”, aseguró la subdirectora de la división para EE.UU. del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Johana Tablada, en una entrevista con CLARIDAD.

 La lista NFCC de la que Cuba fue retirada hace poco es completamente diferente e independiente de la lista de países que patrocinan el terrorismo (SSOT, por sus siglas en inglés), pero sin la correcta explicación por parte de medios internacionales, la noticia se ha prestado a confusión.

Es la SSOT la que realmente conlleva un daño perjudicial para la economía cubana; al estar incluida en la susodicha lista, bancos internacionales se niegan a hacer acuerdos con Cuba por temor a represalias por parte de Estados Unidos. Es esta lista, y no tanto la anterior, la que las autoridades cubanas han catalogado de “espuria” y de la que han exigido al actual inquilino de la Casa Blanca tachar a su país.

 “Si Estados Unidos admite que Cuba colabora con EE.UU. [en su lucha] contra el terrorismo, es inexplicable que no termine de remover a Cuba de esa lista, que usa esas narrativas para justificar las políticas de máxima presión contra Cuba”, añadió la funcionaria cubana.

Cuba fue incluida en la SSOT por la anterior administración del presidente Donald Trump, bajo la excusa de que el país daba asilo a miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia durante conversaciones oficiales de paz con el gobierno colombiano.

Algo que el propio presidente Gustavo Petro ha catalogado en varias ocasiones de acto de traición contra la mayor de las Antillas y su papel de garante de paz en el proceso colombiano.

“Le he dicho al presidente Biden que si ha habido un acto de injusticia ha sido el de incluir a Cuba en una lista de países que llaman ayudantes del terrorismo solo porque generó los espacios físicos para que hubiera una conversación entre el ELN y el gobierno”, expresaba hace un año en La Habana el presidente colombiano junto a su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel.

Si bien la movida podría resultar insignificante en la práctica, para algunos la decisión de retirar a Cuba de la NFCC podría ser un paso previo (y tímido) del presidente Biden su intención de –¿finalmente?– retirar a la isla de la SSOT.

La idea no sería del todo descabellada, si se toma en cuenta que, a solo meses de las elecciones generales, la imagen del presidente Biden se ha visto duramente golpeada por su inamovible apoyo a la matanza israelí contra palestinos en la Franja de Gaza; en un paso desesperado por sumar votos de otras partes, el mandatario Demócrata podría intentar cumplir algunas de sus incumplidas promesas de campaña, entre ellas, la revisión de la relación hacia Cuba.

Desde la visión de Tablada, sin embargo, nada parece indicar que este sea el camino que piense seguir el vecino de Washington. “No tengo ninguna razón para pensar que él tenga intención de retirar a Cuba de la lista”, afirmó la Subdirectora, al tiempo que recordó que, como Presidente, Biden cuenta con prerrogativas para sacar a Cuba de la SSOT.

“No se ha hecho justicia [para Cuba], porque todas las medidas coercitivas y unilaterales que han sido impuestas al pueblo cubano, como resultado de la injusta y fraudulenta inclusión de Cuba en esa lista, todavía están en pie”

Ley 60 (22), donativos políticos y  elecciones en Puerto Rico 

Por
editorial
-

 

 

Según circuló en estos días a través de la cuenta de «X» ( antes «Twitter») de una reconocida colega periodista, un miembro de la junta directiva de la Compañía de Desarrollo Industrial de Puerto Rico (PRIDCO, por sus siglas en inglés), de nombre Raúl Vidal, envió una misiva electrónica a «inversionistas» beneficiarios de la llamada Ley 60 ( antes Ley 22). Dicha misiva en la que se dirige a los inversionistas de la Ley 60 como «amigos» («friends»), el oficial enfatiza la importancia de que estos señores y señoras acudan a votar el domingo, 2 de junio por el gobernador Pedro Pierluisi, quien se mide en primarias internas del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la comisionada residente, Jennifer González. Compiten por la candidatura a la Gobernación de Puerto Rico por dicho partido anexionista en las elecciones generales del próximo mes de noviembre.

La comunicación de Vidal tiene un tono urgente, como si de esa primaria dependiera algún asunto fundamental para estos inversionistas extranjeros, la mayoría recién llegados a nuestro país, donde muchos solo han registrado una dirección residencial «pro forma», para cumplir con el requisito de la ley y cubrir las apariencias. Muchas de estas personas no son residentes «bona fide» en Puerto Rico. Están aqui atraídos por los incentivos tributarios que les ofrece la Ley 60, una ley defectuosa e injusta que, disfrazada de incentivo tributario y estímulo a la inversión extranjera en Puerto Rico, ha abierto las puertas a la especulación y el acaparamiento de nuestras playas, costas y demás terrenos valiosos en los cuatro puntos cardinales de nuestro país, asi como de las más preciadas propiedades urbanas, como las que conforman el litoral marítimo que recorre desde Isla Verde hasta el Viejo San Juan, pasando por el Condado, Miramar y Puerta de Tierra, entre otros sectores preciados.

La especulación rapaz y rampante provocada por la Ley 60 es buena solo para los beneficiarios de dicho estatuto, y para los.corruptos del bipartidismo PNP-PPD que les sacan a los  «friends» de la Ley 60 sus «tajadas» disfrazadas de donativos políticos, o los «votos» necesarios para asegurar sus cargos.

Para el pueblo puertorriqueño, sin embargo, esa ley ha sido nefasta, especialmente para las comunidades y asentamientos poblacionales originarios de los lugares apetecidos por los nuevos colonos cobijados bajo la misma. Para las y los puertorriqueños cuyas comunidades y vecindarios se convierten en «objetos del deseo» de los nuevos colonos, el estatuto lo que ha traído es desplazamiento, desarraigo, desalojo y despojo. Dolorosas secuelas de la llamada política de «gentrificación», que es muy generosa con los recién llegados pero muy cruel con los que desde siempre han sentido pertenencia sobre su entorno.

La misiva del oficial de PRIDCO llama la atención también porque su texto contiene casi un mandato a salir a votar por el gobernador en una primaria partidaria interna, donde se supone que solo voten aquellas personas que pertenecen o se identifican con el PNP. Algo de incertidumbre  de última hora debe haber cuando un directivo de PRIDCO envía una carta con tanto sentido de urgencia a escasos días de una elección partidaria.

Probablemente nunca se sepa públicamente qué efecto, si alguno, habrían de tener en la próxima primaria del PNP los votos de los inversionistas de la Ley 60. Esto, en caso de que alguno o algunos de estos  respondan a la exhortación del oficial de PRIDCO y se presenten a votar.

Lo que sí sabemos, y está contabilizado, es cómo estos «empresarios» han influenciado la política colonial en Puerto Rico durante más de una década, financiando con sus donativos a políticos particulares del bipartidismo corrupto, asi como a los propios partidos PNP y Popular Democrático (PPD). En esta edición, CLARIDAD publica los resultados de una investigación de la Coalición Puerto Rico No se Vende sobre el más de $1 millón en donativos otorgados a cargos políticos del PNP-PPD por parte de los «influencers» de la Ley 60 durante los últimos diez años, de cuyo análisis se desprende un patrón claro de distribución bipartidista de dichos donativos. Pedro Pierluisi, Jennifer González y Miguel Romero, todos del PNP, figuran a la cabeza del grupo de beneficiarios de dichos donativos. Un maridaje vergonzoso y fatal para Puerto Rico entre especuladores extranjeros poderosos,  y políticos coloniales pequeños, pero aferrados al poder que les queda.

 

La Junta de Control Fiscal visitó la UPR en Río Piedras

Por
adrian rodriguez alicea
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Fuentes confiables de CLARIDAD aseguraron que, el pasado miércoles, 22 de mayo, el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP) recibió una visita especial de la Junta de Control Fiscal (JCF).

De acuerdo con uno de los testimonios, el acceso a algunos portones del recinto estaba reservado para un recorrido junto al director del organismo, Robert Mujica, y los más de 15 miembros del ente federal, impuesto en 2016 por el Congreso de los Estados Unidos.

A semanas de que la JCF propusiera un recorte de $102 millones anuales para el sistema universitario, la visita se da tras una retahíla de medidas y restricciones financieras que datan desde la llegada del cuerpo fiscal. Para ese tiempo, 2016, distintos profesionales pronosticaron- y atinaron- de las posibles disminuciones presupuestarias que enfrentarían las arcas del primer centro docente del país.

Ese fue el caso del economista José Alameda en entrevista con el medio Diálogo UPR, hace siete años: “Nos guste o no, la forma en la que esta gente está mirando esto [la crisis del país] es bajo la interrogante de ‘cómo le pagamos a los bonistas’, porque para eso fue que los americanos hicieron esto, bajo la premisa de que ‘esos puertorriqueños no quieren pagar’’’, aseguró el profesor.

 Según las fuentes de CLARIDAD, la razón exacta de la visita aún es incierta. No obstante, la visita se da en medio del descanso antes de las clases de verano, talleres para la docencia y un voto de huelga de la Hermandad de Empleados Exentos y No Docentes.

“El diablo está en los detalles”, decía Alameda en aquella entrevista.

Donaciones e influencias de los beneficiarios de la Ley 60(22)

Por
candida-cotto
-

 

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

En esta última década beneficiarios de la antigua Ley 22, hoy Ley 60, han donado más de un millón de dólares a 21 cargos políticos electos en Puerto Rico y donaciones directas a los Partidos Popular Democrático (PPD) y al Partido Nuevo Progresista (PNP). Los políticos que más dinero han recibido de entre estos dos partidos son el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y la comisionada residente Jenniffer González Colón, ambos del PNP.

La información sobre las donaciones hechas por inversionistas de la Ley 22/60 a políticos y algunos datos respecto a los beneficios obtenidos por sus donaciones, están revelados en el la investigación; La Influencia de las Donaciones bajo la Ley 22 en las Elecciones Puertorriqueñas, publicado este mes de mayo por la campaña Puerto Rico No se Vende (Not Tax Haven). La investigación reveló que estos inversionistas millonarios y multimillonarios tienen un enorme acceso e influencia sobre los cargos electos en Puerto Rico ya que mucho de ellos(as) se han convertido en donantes importantes de las campañas políticas.

La campaña Puerto Rico No se vende es promovida por una coalición de organizaciones comunitarias sin fines de lucro afectadas por el desplazamiento de compradores de la Ley 22/ 60. El Centro de Democracia Popular, organización que promueve la equidad, con 48 afiliadas en más de 200 ciudades, en 33 estados, y Puerto Rico y la organización Hedge Clippers, que trabaja para exponer los mecanismos que los fondos de cobertura utilizan para influenciar en políticas de gobierno.

 

Los políticos del PNP

Los donantes del gobernador Pierluisi

Hasta el presente-el Gobernador ha recibido 207 donaciones de la Ley 22 para un total de $429,795.

El informe detalla que entre esos donantes destacan Charies “Charlie y Katheleen “Kate’ Hamilton, beneficiarios desde el 2014, quienes fundaron y forman parte de Caprock Partners. Los Hamilton también forman parte del grupo Crestmoor Capital Partners, la cual se especializa en alianzas con bancos en programas de préstamos morosos y reposicionamiento de activos. Según se revela el mismo Hamilton ha dicho que desde que ‘desde su mudanza y la de su socio Toby Neugebauer a la isla también se han mudado otras 35-40 personas texanas de su círculo íntimo’.

En el 2021 la administración de Pierluisi le transfirió en un contrato de “arrendamiento” que puede extenderse por 80 años los muelles 6, 7 y 8 de Bahia Urbana del Viejo San Juan al consorcio texano integrado por las empresas Brisas Property Management y Cap Rock de la familia Hamilton. Según se anunció las empresas invertirán una suma inicial de $118 millones para un proyecto de cruceros turísticos.

El pasado año el gobernador Pierluisi, anunció otro contrato multimillonario con una empresa de Texas en beneficio de personas adineradas para supuestamente atraer hasta 200 super yates al país cada año.

Otro donante del gobernador lo es Thomas Axon, fundador y presidente de Franklin Credit Management Corporation que posee propiedades e hipotecas en Estados Unidos y en Puerto Rico con activos valorados en más de $2,000 millones. Además dirige la RMTS LLC, calificada como la mayor aseguradora privada de seguros médicos patrocinados por empresas a nivel de EE UU y Puerto Rico.

En esa línea de aseguradoras médicas otro donante lo es James ‘Jim’ Drobinack, director ejecutivo del sistema de salud Medical Card System (MCS), la cual es una de las mayores aseguradoras de Puerto Rico. La persona vive en Tampa, Florida y tiene una casa en Condado.

Los donantes de la Comisionada Residente

Por su parte la comisionada residente, Jennifer González Colón, ha recibido la suma de $84,900 mil en donaciones. Su mayor donante lo es Marc Edward Curry, fundador y socio de la empresa consultora tecnológica SOL Partners. En el 2010 creó la empresa que se conoce como préstamos de día de pago, American Web Loan. En el 2017 Curry compró el medio Noticel.

Los donantes del alcalde Miguel Romero

El alcalde de San Juan ha recibido la cifra de $151,270 en donaciones. Entre sus donantes se encuentra Brock Pierce, reconocido como uno de las personas más ricas en criptomonedas, su capital neto se estima en $1,000 millones en estas monedas. Entre sus propiedades Pierce fue quien compró por $18.3 millones un hotel en Vieques, el cual había cerrado desde el paso del huracán María. Otro edificio ahora propiedad de Pierce es el antiguo edificio, conocido como el Museo del Niño, en el Viejo San Juan, por la cantidad de $5 millones.

Se reconoce en la investigación que Pierce se ha convertido en blanco del movimiento en contra la gentrificación que han provocado los inversionistas de esta ley en muchos sectores del país. Pierce es beneficiario de la ley 22 desde el 2018.

Otro donante del alcalde Romero Lugo, señalado por la investigación lo es James ‘Jeb’ Besser, inversionista en dispositivos médicos y en Wall Street. Este también es director ejecutivo de Modular Medical, con sede en San Diego, California, la cual tiene más de $100 millones en activos. Es socio de los fondos de cobertura buitres, Manchester Management Co, y tiene participación en Fennec Pharmaceuticals y Alpha Cognition.

En el 2023 el alcalde anunció que el Municipio de San Juan había otorgado incentivos fiscales para la expansión de corporaciones de dispositivos médicos, incluyendo a Medtronics.

Según un análisis de la organización Little Sis, entre el 2019 y 2020 reveló que sobre $44 mil, alrededor del 9% de los ingresos de la campaña de Romero Lugo fue de beneficiarios de la ley 22.

Los donantes del senador Carmelo Ríos Santiago

El senador ha recibido un monto estimado de $10,750. Se identifica como algunos de sus donantes al matrimonio Robb Rill y su esposa Tara, inversionistas de bienes raíces. Estos han sido bien públicos en defender la ley 22. Rill, ha escrito artículos en el periódico El Nuevo Día, defendiendo la exención, el matrimonio es fundador de Act Society, grupo de abogacía en pro de la ley y han organizado eventos como el “Cockails and Complicance” (Cocteles y cumplimiento), en el que ofrecen trucos y consejos a las personas que buscan dicha exención contributiva.

La investigación revela que los Rill han declarado que ‘son de las primeras personas que se mudaron por la ley 22 (2013) y que si no se gana más de $2 millones al año es probable que no valga la pena’.

El otro político del PNP que se destaca en la investigación lo es el representante, Eddie Charbonier Chinea, con $28,200 en donaciones. Entre sus beneficiarios identificados está Nicholas Prouty, fundador y director ejecutivo de Putnam Bridge, la cual se dedica a la compra y administración de propiedades emblemáticas en dificultades dentro y fuera de EEUU. En la isla adquirió el complejo Ciudadela y Puerto del Rey en Fajardo. Se alega que tiene proyectos en la isla por el valor de $500 millones. En el 2015 participó en la llamada Cumbre de Inversión en Puerto Rico y fue identificado como el “ decano” del grupo en referencia a inversionistas de la ley 22.

Mientras Vadim Eugene Dolsky, presidente de la firma Five Star Services, Inc, LLC y director ejecutivo de Optimum Health Acupunture, es otro de los que ha donado al representante por el Distrito 1 de San Juan.

Dolsky, quien se beneficia de la ley 22 desde el 2017, ha hecho donaciones a otros políticos como la comisionada residente, al alcalde de San Juan, y al presidente de la Cámara de Representantes.

Otro político del PNP que ha recibido donaciones, aunque no se detallan sus donantes es el senador y ex presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, con $27,514.

Los políticos del PPD

Por parte de los políticos del Partido Popular Democrático (PPD), sobresalen los presidentes de ambos cuerpos legislativos.

Los donantes del Presidente de la Cámara

En el caso del presidente de la Cámara de Representante, Rafael Hernández Montañez, ha recibido cerca de $24,715. Su principal donante lo es Happy Walters, quien es cofundador del Puerto Rico ICON Institute, organización supuestamente centrada en el desarrollo económico del país.

Walters recibió la exención en el 2018 y su esposa Lindsay Walters en el 2021. La pareja figura como participantes de la organización “filantrópica” Rain&Rose Charitable Fun, integrada por beneficiarios de la ley 22. La supuesta fundación está exenta de impuestos según las leyes del IRS y de Puerto Rico. Sin embargo-repara la investigación- solo el 6% de sus ingresos se ha destinado a organizaciones benéficas puertorriqueñas.

El presidente y socio de la empresa de servicios financieros EB5 United, Bradford “Brad’ Stedem, ha sido otro de los donantes del presidente de la Cámara. Stedem Entre sus negocios en la isla es asesor de BlackRock, compañía gestora de más de $10 billones en activos, gestor de la Capital United , la cual estea a cargo del fondo de inversión inmobilaria, Eb5 United Puerto Rico Fs LP, la cual gestiona un total de $109 millones en activos.

Un tercer recipiente de la exención que se revela como donante de Hernández Montañez, es Barry Breeman, cofundador y vice presidente de Caribbean Property Group (CPG), la cual en el 2013 adquirió más de $2,000 millones de activos en dificultades (préstamos y propiedades inmobilarias de bancos).

La investigación revela que ms de $20 mil de las donaciones que recibió Hernández Montañez por la ley 22 se hicieron en el mismo mes de noviembre del 2021, lo que plantea dudas sobre si hubo un evento de recaudación de fondos no registrado o un llamado a donar dirigido a las personas exentas bajo la ley 22.

Los donantes del Presidente del Senado

Por su parte el presidente del Senado recibió unos cuantos dólares menos que su colega de la Cámara, unos $12,500. Se identifica a Brian Tenenbaum, director de Abbot Lang, como uno de sus donantes de José Luis Dalmau Santiago. Fue director de la empresa inmobilaria Morgan Reed la cual tiene propiedades en todo Puerto Rico. Este grupo ha comprado cuatro de las escuelas cerradas por la administración de Garcia Padilla, entre ellas una en Puerta de Tierra.

La capital de los inversionistas de la Ley 22

En tanto el alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, ha recibido el monto de $96,100 en donaciones. Dorado es el pueblo del cual se conoce es donde la mayoría de los beneficiarios de la ley 22 poseen propiedades. Entre sus donantes se encuentran Michael y Suzanne Mc Closkey. Los Mc Closkey son los dueños de la granja lechera, Fair Farms, en Indiana, considerada una de las más grandes de EE UU.

Otro multimillonario donante es Scott Fuller, director y fundador de EB5U y Capital United, inversores de capital privado. Según Fuller la ley le ha permitido recaudar mas de $310 millones para inversiones inmobilarias de inversionistas internacionales desde el 2011. Es ademas socio gestor de Capital United, empresa a cargo del fondo inmobilario, “Eb5 United Puerto Rico Fs LP” que gestiona un total e $100 millones en activos”, e incorporador de Fuller Family Ventures LLC, en Puerto Rico.

Estos no son los únicos políticos que han recibido donaciones de los beneficiarios-inversionistas de la la ley22/60. Por demás la investigación recoge acciones y expresiones de estos políticos en contra de que se altere, modifique o derogue dicha ley.

 

 

Lista de los políticos recipientes de donaciones y sus cantidades

 

Lista de beneficiarios donantes de la Ley 22

 

 

 

 

Un frente amplio en defensa de nuestra Universidad

Por
luis-pedraza-leduc
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El 20 de enero de 1966 la legislatura de Puerto Rico aprobó la Ley de Asignación de Fondos a la Universidad de Puerto Rico, conocida como la Ley Núm. 2 de 1966, según enmendada. Esta legislación establece que el Sistema de la UPR recibirá el 9.6% de los ingresos del Fondo General del estado, según los presupuestos de los dos años previos. Aunque la Ley 2-1966 no se ha anulado, desde la aprobación de la Ley 66-2014, y luego, tras la imposición de la JCF, se ha hecho caso omiso de lo que establece la ley.

Al aprobarse la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 66-2014, esta determinó que sobre las aportaciones a la Universidad de Puerto Rico los gastos de funcionamiento se mantendrían en $834 millones, o sea 8.7% del presupuesto recomendado para el año fiscal 2014-2015. Esta ley congeló las fórmulas que determinarían, de otra forma, el presupuesto de las entidades autónomas (UPR y municipios). Aunque a la Universidad de Puerto Rico le hubiese correspondido un aumento en su presupuesto de $70 millones, se congeló esta cantidad alegando que la situación fiscal del país lo ameritaba.

En la exposición de motivos de la Ley 66-2014 se expresa, “No obstante, esta Asamblea Legislativa entiende que una reducción neta adicional en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, para hacerlo cónsono a las reducciones en las tres Ramas de Gobierno, haría un daño irreparable a la Universidad, incluyendo a su matrícula, cumplimiento con su deber educativo y sobre todo su viabilidad fiscal. Esto, debido a experiencias recientes con reducciones presupuestarias y aumentos en los costos al estudiantado, que tuvieron consecuencias nefastas sobre la institución. Esta Asamblea Legislativa entiende que una reducción presupuestaria a la Universidad, por sus características particulares, sería fiscalmente contraproducente y dañino a la economía del país, por lo cual la ley no incluye la Universidad de Puerto Rico en el recorte uniforme que abarca a las tres ramas del Gobierno Central.”

Se ha estimado que si se siguiera la fórmula presupuestaria establecida en la Ley 2-1966, dado el aumento en el Fondo General de los pasados años, el presupuesto asignado por el gobierno a la UPR debería rondar los $1,200 millones. Sin embargo, los números que se han propuesto para este año van desde $440 millones a $602 millones. Desde el 2015, se estima que la UPR ha dejado de ingresar $2,500 millones por las violaciones a la fórmula presupuestaria.

Es decir, que el daño que la Ley 2-1966 advirtió en su exposición de motivos está ocurriendo. Afectar la educación superior mediante un recorte de fondos a la UPR tiene un efecto directo en otras áreas del desarrollo económico del país y los servicios al pueblo. Sobre este punto, María del Mar Rosa Rodríguez, presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) nos dice, “La reducción en el presupuesto de la UPR no es otra cosa que un mecanismo para desmantelar el sistema público de enseñanza superior. La UPR no puede sostenerse con mitad de su presupuesto. El ataque a la UPR, además, no es solo un ataque a la universidad del estado, sino también a la salud de este país, porque afecta a Centro Médico y al Recinto de Ciencias Médicas, es un ataque a la agricultura del país, porque afecta a las Estaciones Experimentales Agrícolas y los servicios que les ofrecen a los agricultores. La UPR es una de las instituciones que sostiene este país y que puede aportar a su calidad de vida y su desarrollo económico”.

Si tomamos en cuenta las disciplinas de estudio e investigación que hace la UPR nos damos cuenta que la calidad de vida y desarrollo socio económico del país depende del fortalecimiento de la UPR. Así lo expresó la legislatura del país al aprobar la Ley 2-1966 y refrendó en la Ley 66-2014 al congelar la cantidad asignada sin reducirla según otras ramas de gobierno. Pero llegó la Ley PROMESA en 2016. Constituida la Junta de Control Fiscal, JCF, desde 2017 en adelante, esta ha estado interviniendo en contra de la UPR sobre una base ideológica dirigida a menospreciar toda actividad pública y preferir lo privado.

La JCF no ha respetado los procesos de negociación colectiva, ha atacado el sistema de retiro y pensiones para desmantelarlo y propiciar un sistema de ahorros privado, intenta inmiscuirse en el contenido de la enseñanza, y ha reducido el presupuesto de la UPR a menos de la mitad lo cual hace inoperante e ineficaz ciertas actividades en la UPR.

Las estructuras de dirección de la UPR han colaborado desde 2017 para acá con la JCF. Recordamos que bajo la presidencia de Uróyoan Walker Ramos, 2013-2016, se creó un frente universitario para defender el presupuesto de la UPR y se realizó una gran movilización de todos los recintos ante la legislatura. La Junta de Gobierno de la UPR retiró la confianza a Walker Ramos y desde entonces la historia es otra.

Hoy vuelven a juntarse en un frente amplio las organizaciones universitarias para la defensa de la UPR. Su primer reclamo es que se respete la formula de la Ley 2-1966. Las estructuras de gobierno de la UPR no participan de este frente. Parecería que les interesa destruir la UPR. La realidad es que coinciden en la opinión de la JCF de que todo lo privado es superior a lo público.

Lo que está detrás de la reducción de los fondos de la UPR es la apropiación de fondos públicos por parte de la JCF para traspasarlos al sector privado mediante el pago de la deuda. Así ha sido con todas las reducciones en cada agencia de gobierno. Lo que se reduce o se elimina en presupuesto pasa a la caja de fondos dirigido a pagar la deuda a los bonistas, que es ilegal, mediante los planes de ajustes (COFINA, Gobierno Central, Retiro, ACT y otros). Estos planes de ajuste nos imponen a los ciudadanos más impuestos y reducen nuestros ingresos. La UPR, que no debe estar en la jurisdicción de la JCF, no se escapa de esta visión neoliberal ya que afectando la UPR se limita el alcance del conocimiento y las investigaciones. Así la JCF contribuye con la fuga de talentos y va creando las condiciones para el Puerto Rico que los bonistas desean.

El traspaso de los fondos públicos que pagamos los contribuyentes, la clase asalariada del país en mayoría, se dirige hacia el pago de una deuda ilegal en un esquema fraudulento que debe ser detenido. Es una especie de lavadora del dinero del país para hacerlo llegar a los bonistas que de otra manera no lo obtendrían. Es por ello que el frente amplio tiene que ser más amplio que las organizaciones universitarias. Tiene que ser un frente tan amplio como la diversidad del país. Todas las organizaciones sociales y políticas, la ciudadanía en general, debemos cerrar filas en defensa de la Universidad de Puerto Rico. En defensa del conocimiento, en defensa de los servicios públicos, en defensa del desarrollo social y económico del país, en defensa del país que queremos.

 

 

 

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