Declarado: Esencia no va

Por

agosto 19, 2026

CLARIDAD

El proyecto Esencia representa la muerte para una enorme cantidad de especies endémicas, especies en peligro de extensión, para cientos de yacimientos arqueológicos, para el recurso agua, para las familias en Puerto Rico y para la democracia.

En un contundente llamado a que más personas del quehacer cultural, figuras públicas y el pueblo en general se unan para expresar su oposición al megaproyecto de lujo Esencia que se pretende levantar en la costa de Cabo Rojo, se hizo pública una declaración firmada por más de 200 personas: Declarado: Esencia no va.

La iniciativa fue presentada en conferencia de prensa en el Teatro Shorty Castro, en Santurce, el domingo, 16 de agosto, junto a una nutrida presencia de figuras del quehacer cultural que ya han firmado la petición.

“Por este medio nos sumamos a los años de lucha comunitaria, investigaciones de expertos y la masiva movilización de pueblo del 28 de marzo de 2026 en contra del megaproyecto de lujo ‘Esencia’. La propuesta, lejos de traer desarrollo equitativo y sostenible, resultaría en la destrucción del tejido socioeconómico, el patrimonio cultural y el equilibrio ecológico de las comunidades de Cabo Rojo y el suroeste de Puerto Rico”, expresa la declaración leída por la joven actriz, Eyra Agüero Joubert, una de las gestoras de la iniciativa.

La declaración denuncia que el asentamiento exclusivo de Esencia podría aumentar la demanda de agua del municipio entre 50 % y 100 %, lo que requiere entre 2 y 4 millones de galones de agua por día para el mantenimiento de espacios como campos de golf. Esto exacerbaría los problemas de acceso de agua potable para residentes y comerciantes de la zona, además de poner en peligro el acceso al agua para la reserva agrícola protegida del valle de Lajas.

La declaración también denuncia que se pretende hacer uso de infraestructura e incentivos gubernamentales del pueblo de Puerto Rico por valor de más de $500 millones.

“Repudiamos tenazmente este supuesto ‘modelo de desarrollo’ que les dificulta quedarse a quienes viven en Puerto Rico y regresar a quienes sueñan con hacerlo. Hacemos un llamado a respetar la voluntad del pueblo y exigimos que se detenga cualquier actividad o acción del megaproyecto en estos terrenos de alto valor ecológico, cultural e histórico para Puerto Rico”, lee la declaración.

Junto a Agüero Joubert, participaron en la conferencia de prensa la economista Alejandra Castrodad, otra de las gestoras, el arquitecto Pedro Cardona Roig y Rafael Joglar, zoólogo y ecólogo.

“El proyecto Esencia va en contra de toda la política pública que está vigente y que ha sido aprobada. Esencia es un proyecto que va en contra de la ley y el orden”, declaró Cardona Roig, quien repasó que fue presidente de la Junta de Planificación y que trabajó en la confección del Plan de Uso de Terrenos, una de las leyes que va contra Esencia.

Cardona Roig, fue directo al denunciar que quienes respaldan el proyecto y se vanaglorian de que respetan la ley y el orden, le mienten al pueblo de Puerto Rico. “Llevan mintiendo durante años, pero en este momento lo hacen de la manera más descarada y criminal, atentan contra la estabilidad, no solo contra las comunidades de Cabo Rojo, sino de todo Puerto Rico, y todo en función de repagar el inversionismo político que les llevó al poder. Las personas que están detrás del proyecto Esencia financiaron la campaña política de las personas que dirigen actualmente la gobernación y la Legislatura, y esto no lo podemos olvidar”.

Sostuvo que el proyecto lo que hace es crear una fantasía para personas que no son de aquí, y subrayó que el poder adquisitivo que tienen que tener las personas para poder acceder al proyecto es un poder que no existe en Puerto Rico y, de existir, es en una proporción reducida que no genera una demanda para llenar la oferta que va a crear Esencia.

El conocido como El Urbanista, trajo a la atención que no es la primera vez que Puerto Rico enfrenta personas que pretenden desarrollar cosas que van en contra del sentido, la ciencia y el conocimiento que se tiene. Al respecto, recordó que en la década de los 90 se aprobaron urbanizaciones en Gurabo, Toa Baja y Juncos, en suelos rústicos que no tenían vías de acceso adecuados y que no tenían agua. Esas urbanizaciones crearon la crisis de agua que vivismo hoy. De paso, también recordó que dichas urbanizaciones fueron aprobadas por la entonces presidenta de la Junta de Planificación, Norma Burgos, la cual acaba de ser nombrada secretaria de la gobernación.

Cardona Roig reconoció que sus señalamientos en las vistas públicas de la Declaración de Impacto Ambiental sirvieron para enmendar leyes para visibilizar la aprobación del proyecto. Sus señalamientos, dijo, han sido atendidos mediante enmiendas a leyes. “Han ajustado la ley para que se pueda autorizar lo que de otra forma no es autorizable”, denunció.

Al reafirmar que “Esencia no va”, exhortó a que “aquí se vale todo”, ya sea recurrir a los tribunales, hacer presencia pública y hasta estar dispuestos y comprometidos a la desobediencia civil.

Esencia es muerte

Por su parte, el doctor en ecología y zoología Rafael Joglar sentenció que el proyecto Esencia es muerte. Es muerte para una enorme cantidad de especies en peligro de extinción que necesitan protección, porque sin ella pueden y van a desaparecer. Son especies endémicas, únicas de Puerto Rico, que si desaparecen de Puerto Rico, desaparecen del planeta y del universo, con lo cual también se pierde una historia evolutiva, ecológica, única.

El profesor Joglar prosiguió con que además es la muerte para muchas especies que no están protegidas y que son extremadamente importantes, ya que le dan estructura al sistema ecológico que conocemos en Puerto Rico. Estas especies, dijo, aunque se menosprecian en cierta manera, son tan importantes como las especies en peligro y las especies endémicas.

Reiteró que, como se ha denunciado, Esencia es muerte para el patrimonio del agua. “Este proyecto intenta ubicarse donde no hay agua”. Al respecto, expuso que Puerto Rico se ubica en zonas de vida que se definen por la cantidad de agua que cae en cada una de ellas. Estas van de los bosques más lluviosos, bosques enanos, bosques pluviales de montaña alta con mucha lluvia donde caen 300 200 pulgadas de lluvia al año, a bosques menos lluviosos, bosques húmedos, bosques menos húmedos y los bosques secos en el suroeste.

“Esencia también significa la muerte de nuestro patrimonio cultural arqueológico”. Denunció que en los terrenos donde se pretende levantar Esencia hay sobre 100 yacimientos arqueológicos que resumen nuestra historia. Joglar alertó de que en Puerto Rico hay instituciones que están intentando borrar la historia nuestra, por lo que esos yacimientos son importantes y hay que protegerlos. También insistió en que el proyecto significa la muerte al disfrute de las familias que visitan el área.

Por último, denunció que el proyecto significa la muerte de la democracia: “Aquí no ha habido ninguna participación. Las personas, instituciones que auspician promueven, respaldan, y aprueban el proyecto Esencia lo que están buscando es la muerte de Puerto Rico. Esencia es sinónimo de muerte, Esencia es muerte. Declarado: ¡Esencia no va!”.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes miembros de la coalición Defiende Cabo Rojo, los cuales invitaron a participar de la marcha Cabo Rojo es nuestro, este domingo 23 de agosto.

Las personas que interesen firmar la declaración pueden ir a: http//www.declaradoesencianova.com

“La consulta de ubicación no es un permiso”

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candida-cotto

agosto 19, 2026

Entrevista con José Rivera Santana

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

“Mejorar el sistema de permisos es posible, todo lo que se pueda implantar, diseñar, pero para que ocurra debe hacerse siempre y cuando no se afecte y se derrote el interés público”, apuntó en entrevista con CLARIDAD el planificador José Rivera Santana.Desde esa óptica, los proyectos para una “reforma de permisos”, que se apresta a volver a considerar la Legislatura en esta segunda sesión, el PC 1213 radicado por la gobernadora y el PS 1183 del presidente del Senado, no hacen ninguna falta.

El no afectar y derrotar el interés público tiene que ver con una buena planificación, el mejor uso del suelo y la seguridad de la gente ante las actividades que se vayan autorizar mediante permisos que se concedan. Ya sea actividades de construcción o permisos de uso de ciertas actividades, el principal requisito es que el permiso sea uno responsable. Un permiso responsable es aquel que garantiza una buena planificación del territorio, la seguridad de los ciudadanos y el derecho de la gente a hacer uso de las distintas actividades que quiera realizar y a las que tenga derecho, expuso.

Ante el hecho de que no todo se puede construir, ni en cualquier parte, el sistema de permisos tiene como fuente principal las políticas de uso de suelo que están contenidas en el Plan de Uso de Terrenos (PUT) y en las leyes aprobadas mediante legislación. Esas fuentes de donde parte el sistema de permisos no pueden ser derrotadas, apuntó. Una de las cosas que saltan a la vista cuando se analizan ambos proyectos es que el sistema de permisos propuesto derrota las políticas del uso de suelo y las políticas de planificación.

En otras palabras, se refiere a aspectos como el PUT, a las leyes que protegen la zona del Karso, las de designar reservas agrícolas, la protección de los suelos rústicos especialmente protegidos, reservaras naturales, las leyes que tienen que ver con el manejo y uso responsable de protección de toda la zona costanera. En el caso de la zona costanera no solo tiene leyes, sino que, de hecho, existe el Programa de Manejo de la Zona Costanera que es uno en conjunto con agencias federales y el Gobierno de Puerto Rico, en especial con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Junta de Planificación (JP), las cuales tienen la responsabilidad de formular el plan y velar que se implante en toda la zona costanera de Puerto Rico. “Todas esas políticas aprobadas son agredidas o invalidadas de aprobarse tanto el proyecto de la gobernadora como el de Rivera Schatz”, indicó.

Otra dimensión del proceso es la garantía de la participación ciudadana. “El proceso tiene que ser responsable con garantizar a los ciudadanos la transparencia y la participación en dichos procesos, y en ambos proyectos se restringe la participación ciudadana, para no hablar de la Ley 82 que ya aprobaron y que estaba contenida en el proyecto de la gobernadora”.

La consulta de ubicación

El planificador que participó del Consejo Asesor para la JP en la preparación del PUT, puntualizó que la consulta de ubicación no es un permiso. Lo importante de la consulta de ubicación es que se trata de la solicitud de un uso que no está contemplado en la zonificación, en la calificación, ni en el PUT, ni en el plan territorial del municipio ni está avalado por la política pública.

La necesidad de llevar a cabo una consulta de ubicación responde a que se trata de un uso o actividad en un lugar que se supone que no se haga. Por ejemplo, el proyecto Esencia requiere una consulta de ubicación porque la calificación del suelo es suelo rústico especialmente protegido y claramente esa calificación establece que lo que propone Esencia no está permitido, además de por la zonificación.

Otra de las razones para la llevar a cabo una consulta de ubicación es si el proyecto es uno a gran escala. La reglamentación de la JP establece que debe hacerse una consulta de ubicación porque no se sabe el impacto que pueda tener el proyecto de una escala grande, por tanto es importante saber si en efecto el lugar se puede considerar para hacer el proyecto.

Otro ejemplo que trajo es el de la necesidad de una consulta de ubicación fue la construcción del Paseo Lineal en Puerta de Tierra. Este requería una consulta de ubicación, porque en el área donde se iba a construir —y que en efecto se construyó— es una zonificación dotacional. En específico, esa zonificación establece que proyectos de esa escala no se pueden autorizar de manera automática, tiene que haber una evaluación.

Con la Ley 162 del 2009, de Reforma de Permisos, se eliminó la obligatoriedad de llevar a cabo vistas públicas para todas las consultas de ubicación. La celebración de vistas públicas para una consulta de ubicación quedó limitada principalmente a casos de recalificación de suelos o variaciones significativas de uso. Además, la facultad de llevarla a cabo le fue transferida a una Junta Adjudicativa, en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP).

Rivera Santana resaltó que aunque no es obligatorio la celebración de una vista pública y la participación ciudadana en la consulta de ubicación, sí debe haberla por la razón lógica de que se trata de algo discrecional, debido a que la política pública no lo avala o lo que se está proponiendo es para un lugar que no está zonificado y, como no está zonificado, no hay una política pública establecida. Denunció que aunque no es obligatoria la participación ciudadana, el uso y costumbre de la Junta Adjudicativa era celebrar vistas públicas, hasta que llegó el proyecto Esencia.

El planificador recalcó la pertinencia de la participación ciudadana en la consulta de ubicación, ya que en esta se toman en consideración los impactos que puedan tener lo que se está proponiendo, las consecuencias negativas para los recursos naturales, para el entorno urbano, así como la contaminación, las personas o que el proyecto está fuera de escala que desborda la capacidad de la infraestructura. En el caso de Esencia eso es claro, entre otros aspectos.

Las quejas sobre los procesos de permisos

Cuestionado sobre qué tan difícil es un proceso de permisos, por ejemplo, para un pequeño comerciante como alegan los sectores que avalan los proyectos presentados, Rivera Santana reconoció que sin duda hay casos donde no hay razón para que no se haya otorgado el permiso, por ejemplo, lo que se llaman los permisos ministeriales, que es cuando la zonificación permite el uso que se pretende. Presentó como ejemplo un local en el centro urbano de Río Piedras, en donde la zonificación es comercial. Si la persona interesa poner una hospedería y la zonificación lo permite, ese es un permiso ministerial, por lo que no hay razón para que no se dé, siempre y cuando el proponente pruebe que es dueño de la propiedad o tiene un contrato de alquiler y cumpla con los requisitos de ley. En este caso, por ejemplo, permiso de bombero, si tiene restaurante, el certificado de salud. Estos son unos requisitos lógicos que hay que cumplir.

“Si el peticionario cumple con los requisitos no hay razón para que no se dé el permiso y se emita rápido. El tiempo que puede tomar es el tiempo que le tome al proponente someter los documentos”.

Al respecto, atribuyó los retrasos en la otorgación de permisos a la falta de recursos de las agencias, la falta de tecnología, capacidad técnica y gerencial más que a las políticas públicas y a la normativa.

En el caso de proyectos ambientales a gran escala, denunció que hace falta que el DRNA tenga más técnicos para intervenir y poder emitir comentarios en un periodo de tiempo en que no comprometa un recurso natural por un problema de falta de capacidad y recursos humanos.

Rivera Santana dijo creer que el Centro Unido de Detallistas (CUD), el cual participó de la redacción del proyecto de la gobernadora, está exagerando cuando dice que todo el que solicita permiso tiene problemas, porque se le expide tarde. Insistió en que la demora está en la falta de recursos de las agencias o, en ocasiones, porque el proponente no sometió la documentación completa, no probó que es el dueño de la propiedad o no tiene un contrato de alquiler, entre otros aspectos, o es un uso que no lo avala la zonificación y entonces tiene que ir por consulta de ubicación y por consulta de ubicación el proceso va a tomar más tiempo.

En esa línea, describió varios tipos de conducta o experiencias en el proceso con el proceso de permisos. Están las personas que desconocen que se requiere un permiso para la actividad que interesan e invierten en el negocio y no obtienen el permiso. Hay otras personas que, conscientes de que la zonificación no permite la actividad propuesta, insisten y se van por la consulta de ubicación, por lo que no puede reclamar después que se atrasó. Y está la persona que es consciente, que sabe que se va a tardar, pero tiene una gran confianza de que van a aprobar su proyecto por sus conexiones políticas o la corrupción. “Hay un componente de la jaibería, que quiere de todas formas imponer su negocio por encima del interés público”.

Agregó que también está el problema de los gestores y profesional autorizado. Por esto último, exhortó a que cuando una persona le solicite la gestión de un permiso, y sabe que no se puede, si es responsable y está comprometido con la conservación y las leyes, debe orientar a la persona que no gaste dinero ni tiempo. “Eso, creo que las personas lo van a agradecer. En muchas ocasiones son personas que no tienen muchos recursos, que hipotecaron su casa. Por esos sí me da mucha pena que no se les informó bien”.

Rivera Santana concluyó su entrevista haciendo hincapié en la necesidad de que de manera constante se ofrezca divulgación sobre los procesos de permisos..

Crisis administrativa en la UPR

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adrian rodriguez alicea

agosto 19, 2026

El Caucus de senadores académicos destacó reducciones en recursos y contradicciones en posturas oficialistas

CLARIDAD

Tras la salida de tres docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y un comienzo de clases «alternativo», el Caucus de Senadores Claustrales y Estudiantiles del Recinto de Río Piedras denunció una crisis administrativa en la Universidad de Puerto Rico (UPR) por disminuciones millonarias al presupuesto y que contrastan con las expresiones de la presidencia del sistema.

El organismo argumentó que el primer centro docente del país no cuenta con los recursos necesarios para comenzar el semestre puesto que la Junta de Gobierno aprobó un presupuesto que reduce, por $4.3 millones, el balance fiscal de Río Piedras. La decisión, rechazada por los representantes claustrales y estudiantiles de esta junta, se suma al patrón de advertencias que la administración ignora.

“La insuficiencia presupuestaria es una realidad documentada por el propio recinto. La Junta Administrativa advirtió desde septiembre de 2025 que la asignación presupuestaria disponible de $176.1 millones era insuficiente para sostener la operación mínima de la institución, identificando una brecha de $14.7 millones entre los recursos disponibles y necesidades operacionales”, expresó el grupo.

Asimismo, aseguraron que la situación financiera del recinto se refleja en la infraestructura y el mantenimiento de la planta física. La propia Junta Administrativa certificó, para el año fiscal 2027, que Río Piedras requería una inversión de $26.83 millones en mejoras físicas. No obstante, la Junta de Gobierno asignó, para ese mismo período, $4.92 millones, una diferencia que supera los $21 millones.

“Aunque el Comité de Presupuesto de la Junta Universitaria recomendó solicitar fondos adicionales para atender esa necesidad, dicha gestión no fue realizada”, agregaron. El Caucus señaló, igualmente, ajustes «uniformes» que quedan injustificados y sin representar ahorros para la institución. Mencionaron la renuncia del doctor José García Arrarás como director interino del Departamento de Biología y la destitución de la decana de la Facultad de Ciencias Naturales, la doctora Carmen Maldonado Vlaar, como consecuencias de las decisiones fiscales en la administración.

“El principal problema es que los recortes fueron aplicados mediante porcentajes uniformes, sin evaluar las necesidades particulares de cada unidad académica. Como resultado, el Fondo General neto asignado al Recinto de Río Piedras para el año fiscal quedó en $173.19 millones, cifra inferior al presupuesto del año fiscal anterior que refleja una insuficiencia de $2.93 millones”, arguyó el Caucus.

Del mismo modo, discutieron una posible disminución en la plantilla docente por las decisiones presupuestarias. Señalaron que el presupuesto que actualmente propone la Junta de Gobierno contempla menos nombramientos docentes, «en momentos en que diversos administradores académicos han presentado renuncias y existen denuncias sobre cancelación de contratos y reducción de servicios esenciales».

Los efectos de tener menos empleados docentes, explicaron, ocurrirán tiempo después, cuando no haya profesores para dirigir tesis, firmar propuestas federales ni responder a las agencias acreditadoras. El profesor Jorge Rivera Colón reparó, por su parte, que la baja en matrícula y el aumento en docentes contratados podría desmantelar la investigación en Puerto Rico, puesto que la UPR invierte $94 de cada $100 en investigaciones hechas en el país.

Los caucus de la institución han remitido comunicaciones a la legislatura para contrarrestar la narrativa de que la UPR opera con normalidad, además de constatar su desconfianza en el desempeño de la doctora Zayira Jordán Conde como presidenta del sistema. Reiteraron, por último, su apoyo a los Proyectos de la Cámara (PC) 1201 y 880, que proponen restablecer la antigua fórmula presupuestaria y fortalecer la autonomía universitaria, respectivamente.

Inicio de semestre complicado en Río Piedras

La senadora estudiantil Astrid Lugo reseñó que 44 % del estudiantado en Río Piedras comienza el semestre con carencias financieras y que el 62 % vive con ingresos mensuales de $500 o menos. La situación, explicó la estudiante, impele a 4 de cada 10 estudiantes a considerar darse de baja y se suma a las determinaciones adversas que 33 estudiantes enfrentaron con accesos a servicios de becas, préstamos y el Programa de Estudio y Trabajo.

“Advertimos que controversias relacionadas con ayudas económicas durante el período de matrícula podrían afectar los niveles de retención, los ingresos por matrícula y los indicadores académicos que observan las agencias acreditadoras y el Departamento de Educación de Estados Unidos”, alertó el caucus.

Igualmente, la unidad más grande del sistema universitario ofrece sus cursos en línea por falta del servicio de agua. El racionamiento impacta directamente a la Planta Central de Enfriamiento, un sistema que depende de 250,000 galones de agua y suple a 25 edificios del recinto de Río Piedras.

¿La misma historia?

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Rebelion

agosto 19, 2026

Por David Brooks

La contradicción fundamental entre un imperio y una democracia acompaña a un país que por un lado se proclama como “la nación indispensable” dedicada a salvar al mundo e imponer su “libertad”, pero que por otro lado es “el país más violento del mundo”, como lo resume Jeffrey Sachs.

Desde sus inicios, Estados Unidos ha tenido que vivir entre las contradicciones de su propia existencia, algo que sólo se ha intensificado al volverse superpoder. La retórica de la igualdad, libertad, democracia, paz y respeto a las libertades civiles –palabras que se proclamaron desde que fue fundada esta república hasta hace sólo poco– han coexistido con la realidad de la esclavitud, conquista y casi exterminio de pueblos indígenas, e incesantes guerras, intervenciones, operaciones clandestinas hasta hoy día (según un conteo, la potencia ha intervenido en otros países más de 200 veces desde 1950). Y eso, a pesar de que una y otra vez se advertía que lo primero sería sacrificado o anulado con lo segundo.

En la Convención Constitucional de 1787, James Madison, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, advirtió que “ninguna nación puede preservar su libertad en medio de guerra continua. Una fuerza militar activa, con un Ejecutivo demasiado grande, ya no serán compañeros seguros a la libertad. Los medios de defensa contra el peligro extranjero siempre han sido los instrumentos de tiranía en casa”. Esa advertencia compartida con otros fundadores sigue vigente, escribe Katrina Vanden Heuvel, directora de la revista progresista The Nation en la introducción de un número especial marcando el 250 aniversario de Estados Unidos (la revista fue fundada por antiesclavistas hace 161 años), donde recuerda que siempre ha existido una disidencia contra las acciones imperiales de este pais (https://www.thenation.com/article/society/anti-imperialism-nation-magazine/).

Esa larga historia de la contradicción fundamental entre un imperio y una democracia acompaña a un país que por un lado se proclama como una fuerza del bien bendecida por Dios, la “nación indispensable” dedicada a salvar al mundo e imponer su “libertad” (nunca preguntando quién la invitó a tomar ese papel), pero que por otro es “el país más violento del mundo”, como lo resume Jeffrey Sachs. Thomas Jefferson tiene una frase famosa que encapsula esta contradicción e intenta resolverla: “estoy convencido de que ninguna Constitución jamás antes fue tan bien calculada como la nuestra para un imperio extenso y el autogobierno”, escribió a Madison en 1809.

La idea de que la “libertad” individual requiere una expansión constante de un imperio benévolo promoviendo la democracia, de donde brota la idea de “policía del mundo” para garantizar la ley y orden, está al corazón de conceptos como la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto, recuerda el historiador William Appleman Williams en su libro Imperio como forma de vida. Pero inconformes y disidentes de este país durante décadas, hasta siglos, han rechazado ese papel del país en el mundo.

Antimperialistas y opositores a las guerras, intervenciones e invasiones desde los inicios del país hasta hoy día –entre ellos figuras como Mark Twain y Martin Luther King e innumerables voces a lo largo de la historia del país, muchos pagando las consecuencias de atreverse a cuestionar el poder– han advertido que las acciones bélicas injustas y criminales a nombre del imperio minan y podrían hasta destruir la democracia, la libertad y los derechos aquí en casa.

Actualmente se cuenta con el imperialista más honesto de la historia de Estados Unidos. El presidente lo deja claro, cuando habla sobre su “triunfo increíble” en la guerra de horas con Venezuela. No menciona democracia, libertad, igualdad, sino sólo petróleo y cuantos millones de barriles Estados Unidos ha sacado de ahí. Ese es el triunfo. Al igual, con la renovada Doctrina Monroe, la Casa Blanca lo dice claramente: nadie puede cuestionar el dominio de Estados Unidos en el hemisferio americano. Al mismo tiempo, los expertos y defensores de derechos señalan que dentro de este país, la democracia estadunidense está en jaque como nunca antes al anularse derechos al voto, de las mujeres y libertades civiles.

Tal vez es pura nostalgia imperial para otro tiempo y la retórica oficial es sólo el último grito de algo que ya empieza a desvanecerse.

Yo-Yo Ma, el Boston Symphony e invitados. We the People. https://www.classicalwcrb.org/show/the-boston-symphony-orches-tra/2026-03-25/we-the-people-part-2-yo-yo-ma-aoife-odonovan-and-jennifer-kreisberg-at-tanglewood

Reproducido de www.rebelion.org

El país en vilo

Por

daysi sanchez collazo

agosto 19, 2026

Especial para Claridad

Puerto Rico vive en un sobresalto permanente. Esto no es una metáfora, es la respiración diaria de un país empujado a la incertidumbre por la ineptitud de quienes han administrado el gobierno y el dinero público como si fueran botín, no una responsabilidad.

La escasez de agua y la inestabilidad eléctrica son síntomas visibles de un colapso que lleva años gestándose. No son accidentes ni fatalidades naturales: son el resultado directo de la mediocridad con que se ha gobernado. Cuando un país moderno no puede garantizar agua ni luz, lo que falla no es la tubería ni el cable; lo que falla es el Estado. Lo advirtió el sociólogo Ulrich Beck: las sociedades que no administran sus riesgos “se condenan a vivir en un estado de ansiedad crónica”. Puerto Rico está ahí, atrapado en esa ansiedad que se siente en cada apagón, en cada interrupción del servicio, en cada excusa oficial que pretende disfrazar la incompetencia.

La falta de agua en pleno siglo XXI es una humillación pública. Es la evidencia de que la planificación ha sido sustituida por la improvisación, y la improvisación por el abandono. La crisis eléctrica, por su parte, es el espejo más claro de la decadencia institucional. Apagones constantes, plantas que fallan, excusas recicladas, promesas vacías. La ciudadanía vive en un estado de vulnerabilidad que no debería tolerarse en ninguna democracia funcional. Tenemos un gobierno desconectado del país y esa desconexión abre la puerta a la indignación, al rechazo y a la ruptura del pacto social. Esta situación se profundiza cuando el gobierno de Jenniffer González decide burlarse abiertamente del país.

El nombramiento de Norma Burgos como secretaria de la Gobernación es una muestra clara de esa burla. En lugar de buscar entre las decenas de profesionales competentes que abundan en Puerto Rico —personas con preparación, trayectoria, ética y capacidad para dirigir la administración pública con rigor— la gobernadora opta por revivir figuras de un pasado político desgastado, marcado por controversias y por una larga historia de desempeño cuestionado. No es un nombramiento, es un retroceso y una bofetada al país.

El mensaje es claro y ofensivo, en vez de apostar por la excelencia, se apuesta por lealtades partidistas; en vez de promover renovación, se reciclan fantasmas; en vez de fortalecer la gobernanza, se perpetúa la mediocridad. Esa designación no solo revela la falta de visión de la administración, revela su desprecio por la inteligencia colectiva del país. Es otra mentira. Otra burla. Otra falta de respeto.

La incertidumbre se ha convertido en la atmósfera política del país. Una incertidumbre que no nace del azar, sino de la negligencia. De la falta de visión. De la incapacidad de administrar recursos públicos con rigor y ética.

La crisis de agua, la crisis eléctrica y la crisis de liderazgo revelan la distancia entre el país oficial y el país real. El país oficial vive de conferencias de prensa, de nombramientos reciclados, de narrativas vacías, de fiestas y mariachis. El país real vive de cisternas, plantas eléctricas, velas, filas interminables, gastos adicionales, pérdidas económicas y un cansancio que ya no se puede ocultar. Esa fractura es política, pero también es moral.

En Fortaleza deben poner oido en tierra porque la rabia y el colapso producen intolerancia. El país está como agua para chocolate. Estamos llegando a ese punto donde la paciencia se quiebra. La ciudadanía empieza a comprender que la mediocridad gubernamental no es destino, sino consecuencia de decisiones que pueden —y deben— ser confrontadas. Y esa tarea no puede seguir esperando.