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La saga de Domenech continúa

CLARIDAD

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Para el exrepresentante Víctor García San Inocencio, quien participó de varias investigaciones sobre actos de corrupción cuando estuvo en la Cámara de Representantes, las denuncias entre funcionarios públicos de las más alta jerarquía —el secretario de la Gobernación y el exdirector del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)— y sus consecuencias constituyen un escándalo que probablemente nunca se habían visto en la historia de Puerto Rico.

Sobre las denuncias entre los funcionarios y las simultáneas investigaciones, el exrepresentante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) puntualizó que nadie que no tenga la prueba puede llegar a ninguna conclusión ahora mismo sobre quién tiene la razón, “si es que alguien la tiene en ese carnaval de denuncias. Lo que sí sabemos es que han sido denuncias de suficiente peso para activar la asignación de dos fiscales especiales independientes”.

El licenciado García San Inocencio se refiere a la supuesta intervención del secretario de la gobernación, Francisco Domenech, y del entonces director de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Norberto Almodóvar, en un proceso de adjudicación de subasta. Al presente, hay asignados dos fiscales especiales independientes, uno para investigar la denuncia del exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón, contra el exdirector de la OGPe, Norberto Almodóvar, y otro para investigar la denuncia del secretario de la gobernación contra Sebastián Negrón.

Hay que separar lo legislativo de lo penal, porque ni siquiera todavía hay elementos que  lleven a decir que hay configurada una acción penal debido a que la investigación no ha concluido, prosiguió. En el caso de estas investigaciones penales, por tratarse de funcionarios de alta jerarquía, podrían desembocar  (lo que  muchos estiman probable) en consecuencias que van más allá del ámbito legislativo o el ámbito político.

En lo que respecta a la investigación senatorial, el exlegislador atribuyó su origen a uno político, lo que puede traer repercusiones de otra índole. No le cabe la menor duda de que la investigación es secuela del  proceso legislativo previo en la que el Senado investigó sobre Francisco Domenech y la compañía que dijo que vendió. A su juicio,  la nueva investigación sobre el secretario de la gobernación, a raíz de la denuncia del exsecretario del DDEC, lo que hace es avivar y alimentar  una investigación que ya estaba abierta, lo que se torna más complejo por el carácter de la denuncia, en la que se imputa la utilización de un cargo público para favorecer a personas que fueron objeto ya de una acción preventiva.

Sobre la escalada de la intervención del secretario de la gobernación, hizo la observación de que si fuese cierto y probado que el secretario de la gobernación pretendió manipular un proceso interno dentro del DDEC y que algunas empleadas se sintieron presionadas o cohesionadas por dicha acción, se le añade el elemento más reciente de que la compañía  Politank ha estado, alegadamente, incumpliendo con los requisitos para disfrutar de un decreto que otorga el DDEC. Esto tiene todos los elementos que son componentes, de probarse alguno, que van mucho más allá de poner en entredicho a la persona que está nombrada secretario de la gobernación.

En este contexto, el formato más conveniente para extraer información es la celebración de una vista pública que consuma tiempo, de seis a siete horas, en la cual cada legislador que participe de la comisión a la que se le encomiende la investigación pueda interrogar de manera extensa, traer diferentes testigos y, de ser necesario, citar a una segunda comparecencia.

García San Inocencio señaló que el Senado debiera informar al país de qué es lo que se propone con estas vistas públicas e, incluso, que se debió activar la Regla 14 del Senado, que es un procedimiento más formal de investigación de una comisión legislativa en la cual participan las minorías con sus investigadores y cuyos resultados  pueden provocar, no una, sino una variante de acciones que pueden ser de carácter administrativo, civiles y otras de naturaleza penal si se descubre y prueba la comisión de alguno de los actos imputados.

En fin, ante las imputaciones que ha hecho Domenech al exsecretario del DDEC y su esposa, y ante otras declaraciones de una y otra parte, García San Inocencio expresó creer que aquí se han juntado las peores prácticas imaginables de gobernanza de parte de una gobernadora que nunca se caracterizó por la laboriosidad.  En esa línea de mala gobernanza, apuntó a la presencia de las puertas giratorias que dan acceso privilegiado a organismos discrecionales con información privilegiada, la influencia de los cabilderos y el inversionismo político partidista, lo que significa  tremendo caldo de cultivo para conductas y decisiones cuestionables.

El exlegislador  estima que la situación  debiera llevar a que se cree un ente regulador de las actividades de cabildeo en todo el gobierno, que incluya a municipios, corporaciones públicas, agencias del ejecutivo y legislativo, en una sola entidad con una reglamentación robusta, y que se prohíba modalidades de cabildeo en que el cabildero cobra de manera contingente según los millones que consiga para el proyecto o exención que sea, o para el contrato, y que las tarifas sean razonables, por hora, refrendadas por un organismo de Estado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En compás de espera el Comité en contra del proyecto Esencia

Manifestación 14 de junio contra el proyecto Esencia.Foto por Christopher Powers Guimond/Esepcial para CLARIDAD

 

 

El Comité por la Verdadera Esencia del Suroeste se encuentra en compás de espera por que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) dé a conocer la celebración de la consulta de ubicación del megaproyecto Esencia para solicitar una vista pública.

Héctor Quintero Vilella, miembro del Comité, indicó a CLARIDAD que la solicitud de una vista pública y su concesión están a merced de la nueva Ley 82, que fue recién aprobada, ley que exige el 10 % del costo de un proyecto para poder presentar una impugnación. Denunció que los proponentes aun no habían entregado la consulta de ubicación y que tal parece que estaban esperando por la aprobación de dicha ley y en espera de la aprobación de una nueva ley de permisos, aunque expresó sus dudas.

Hasta el momento, dijo, no ha habido movimiento en los terrenos. El Comité aprovechó la recién celebrada ‘Gran Feria de Turismo Interno’, auspiciada por la Compañía de Turismo y celebrada en el balneario de Boquerón, para hablar con la gente y distribuir información sobre el proyecto. Describió que la acogida a la información fue muy buena y que mucha gente se expresó en contra del proyecto.

El portavoz del Comité confirmó que pese a que se le ha presentado toda la información disponible sobre el proyecto, el alcalde Jorge Morales Wiscovitch continúa apoyando su construcción. Emilio Carlo Acosta, representante por el Distrito 20, que abarca Cabo Rojo, San Germán y Hormigueros, no se ha pronunciado. Según este mismo ha dicho, hará un anuncio en agosto. “No sabemos por qué en agosto”, comentó Quintero Vilella.

Se ha reiterado en innumerables ocasiones que el tamaño de Esencia equivale a tres isletas de San Juan, desde Puerta de Tierra a El Morro. El 40 % del terreno está catalogado como ‘Suelo Rústico Especialmente Protegido-Ecológico’ y colinda con dos reservas naturales. El proyecto contempla la construcción de 1,132 residencias cuyos precios oscilan entre los $2 y $20 millones de dólares, 520 unidades de hotel, dos campos de golf y múltiples otras edificaciones, incluido un edificio para alojar empleados.

 

Sindicato gana demanda contra el Gobierno

 

El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadoras y Trabajadores (SPT-SEIU) anunció en comunicado de prensa que ganó su caso contra el Gobierno de Puerto Rico, luego de que el Tribunal de Apelaciones anulara el reglamento salarial que la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) aprobó, sin cumplir con la ley, dejar sin efecto la Carta Normativa Núm. 1-2026 que afectaba salarios, aumentos y condiciones de empleo de miles de empleados públicos.

El presidente de la SPT, Israel Marrero Calderín, explicó que el  Tribunal le dijo al Gobierno que “intentar cambiar, unilateralmente, las condiciones de empleo de sus propios trabajadores y trabajadoras, en cuartos oscuros, sin avisar a nadie y sin seguir el proceso que ellos mismos aprobaron en ley, es ilegal».

Marrero Calderín detalló que la sentencia confirmó que la OATRH aprobó el pasado 22 de junio un reglamento de aplicación general, sin cumplir con ninguno de los requisitos que la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) exige para su validez.

“La OATRH, con la intromisión de la Junta de Control Fiscal burló todos los procesos establecidos en ley para aprobar reglamentos como este. No publicó aviso público en español e inglés, no abrió el período de comentarios de 30 días que la ley exige y tampoco mantuvo ni produjo un expediente oficial disponible para inspección pública. La propia agencia admitió ante el Tribunal que no contaba con dicho expediente. Además, puso el reglamento en vigencia inmediata, sin autorización estatutaria ni certificación de emergencia de la Gobernadora, en violación directa de la LPAU”, añadió.

El líder sindical resaltó que el Tribunal concluyó que la Carta Normativa no era una comunicación interna ni un documento guía, como argumentó el Gobierno, sino un reglamento legislativo de aplicación general sujeto al proceso formal de la LPAU. Explicó que también dejó constancia de que la carta de la JCF  del 21 de junio de 2026, utilizada por la OATRH como argumento de defensa, señalaba de manera explícita que su revisión se limitaba a la conformidad con el Plan Fiscal y no constituía una revisión jurídica bajo las leyes locales y federales aplicables, incluidas las leyes laborales.

La  SPT presentó un recurso de de revisión y una moción urgente de paralización el 26 de junio. Luego, el 29 de junio, el Tribunal, motu proprio, ordenó a la OATRH producir el expediente oficial y, el 1 de julio, la agencia compareció y admitió que no lo tenía. Para el 2 de julio, el Tribunal había concedió el auxilio de jurisdicción y paralizó el reglamento y el 13 de julio emitió la sentencia que anula la Carta Normativa en su totalidad.

Marrero Calderín insistió que el SPT estará vigilante ante cualquier nuevo intento de reglamentación y exigirán, en esa instancia, que se respeten los derechos de negociación colectiva de los miembros bajo la Ley 45-1998.

 

 

Declaración de Casa de las Américas

 

Un siniestro fantasma recorre el mundo: el fantasma del neofascismo. No escapa de él ni siquiera lo que suponíamos una gran fiesta deportiva que debió dejar en suspenso -aunque fuera de manera artificial y provisoria- los conflictos de este mundo.

Lo supo pronto Omar Artan, primer somalí designado para arbitrar una Copa Mundial de Fútbol, al ver negado su ingreso a los Estados Unidos, uno de los países anfitriones. Era apenas un anticipo al que seguirían las restricciones de visado impuestas al equipo iraní, así como el racismo padecido por futbolistas y conjuntos, que ha llegado al punto delirante de que Francia está sufriendo ataques racistas de la derecha internacional porque sus jugadores son muestra de la variedad cultural y étnica de la sociedad francesa actual.

El gobierno de los Estados Unidos no ha esperado a terminar la fiesta para anunciar que en estos días, mientras se celebran los últimos partidos, tendrá lugar una cumbre antiterrorista con el fin de enfrentar el «resurgimiento del extremismo político transnacional y las redes violentas de extrema izquierda”. Convocado por el secretario de Estado, Marco Rubio, en el encuentro tomarán parte -según se anuncia- representantes de más de sesenta países.

El primitivo recurso fascista de atizar el miedo a una supuesta «amenaza roja» reaparece para justificar la represión y la barbarie, precisamente en momentos en que nuestra región asiste a victorias de candidatos de ultraderecha dispuestos no solo a desmantelar programas progresistas, sino también a servir de escuderos de la agenda imperial.

La definición de terrorismo expresada para la convocatoria por el vocero del Departamento de Estado parece, más que nada, una descripción del trabajo encubierto o desembozado de su propio gobierno: «asesinatos, secuestros, amenazas contra instalaciones y fuerzas del orden, así como ataques a la infraestructura crítica, al personal militar y a la población civil”.

Debemos tomárnoslo muy en serio. Cuando los gobernantes de los Estados Unidos y sus secuaces hablan de democracia y derechos humanos, detrás suele venir un atropello disfrazado de buenas maneras. Cuando hablan de terrorismo, lo que sigue es el Plan Cóndor, torturados y desaparecidos por miles, como sabe bien la América Latina; o bombardeos y caos, como los que han padecido otras partes del mundo.

Cuba, que ha sido víctima del terrorismo y lo ha pagado con una dolorosa cifra de muertos y mutilados, y con incalculables daños materiales, conoce a dónde conducen las cínicas estrategias y acusaciones yanquis.

Toca a los pueblos de la América Latina y el Caribe, al propio pueblo estadounidense, a sus intelectuales, a los movimientos sociales y a los sectores identificados con los más elementales derechos a la dignidad, la soberanía y la justicia, enfrentar la nueva y amenazante ofensiva neofascista.

13 de julio de 2026

 

Los frentes de guerra y Puerto Rico

 

NCM

Si bien el principal frente de la guerra se sigue desarrollando en torno al estrecho de Ormuz y en América la atención se centra en el asedio contra Cuba, la pequeña colonia Puerto Rico tiene algunas claves para entender el proceso histórico desde el auge hasta el presente deterioro de la agenda imperial de Estados Unidos.

Se destacan el plan del siglo XVIII para usar a Puerto Rico de base de lanzamiento del imperio, la propuesta de 1922 para una relación “indestructible” con un “Estado Libre Asociado”, el “Gibraltar del Caribe” en la II Guerra Mundial y el presente incierto.

De momento, sin embargo, las noticias de la guerra en el medio oriente y los miedos de EEUU, dejan al margen el tema de Puerto Rico y su relación con la historia imperial.

Fue en 1799 cuando apareció un artículo del periodista John Ward Fenno -tenido entonces como portavoz de Alexander Hamilton- con la propuesta de que la recién nacida república de Norteamérica se uniera a “la causa cristiana” en el lanzamiento de un imperio comercial mundial. La idea era una alianza militar con Inglaterra, potencia de la cual esperaba que le garantizara a EEUU obtener a Puerto Rico como base para catapultarlo porque era “lo que sería más conveniente”.

Aquella condición “conveniente” comenzó a tomar forma histórica real un siglo después, cuando EEUU obtuvo Puerto Rico como parte de los botines de la guerra contra España de 1898. La nueva colonia sirvió de base para el lanzamiento, por parte de los hermanos Sóstenes y Hernan Behn, de la primera empresa transnacional estadounidense -de la entonces nueva tecnología telefónica- que llegó a poner en apuros al Congreso al negarse a rendir informes detallados de sus actividades.

La segunda clave se produjo en 1922.

La guerra de independencia de Irlanda ante Inglaterra había desembocado un par de años antes en negociaciones que condujeron a la implantación de una condición política autónoma denominada “Irish Free State”, que entró en vigor a finales de 1922. Meses antes, en Washington, el congresista nacido en Canadá Philip Campbell, presentó el proyecto de ley para convertir al pueblo de “Porto Rico” en un “associated free state” (estado libre asociado), como “token” de “nuestra relación permanente e indestructible”.

El proyecto no fue aprobado por el Congreso, pero capturó la esperanza de la elite política de Puerto Rico, que dejó de lado el reclamo de independencia y se dedicó a buscar aquella alternativa bajo el dominio de EEUU. Todavía en 1928, la elite política de Puerto Rico pedía a Washington que el país fuera tratado como un “free state”, lo que fue rechazado por la Casa Blanca con el argumento de que Puerto Rico tenía más autonomía económica y libertades que los estados de la Unión.

A finales de la década de los años treinta, cuando ya EEUU se preparaba para la Segunda Guerra Mundial, comenzó el proceso para convertir a Puerto Rico en el Gibraltar del Caribe, y, para ello, se obtuvo la cooperación de la elite del nuevo Partido Popular Democrático. Ese liderato asumió el compromiso de dejar fuera todo reclamo de reformas de gobierno propio y concentrarse en reformas sociales y económicas, además de apoyar todos los esfuerzos para militarizar a Puerto Rico como una gigantesca base para las fuerzas terrestres, aéreas y navales de EEUU.

La historiadora militar Josefa Santiago Caraballo ha publicado, en este año 2026, el libro “Guera y reformas en tiempos de la Segunda Guerra Mundial”, en el que se documenta, con lujo de detalles, cómo con la cooperación de esa elite política criolla, Puerto Rico se llenó de bases militares. El libro da muchos detalles del proceso para el establecimiento de instalaciones de grandes dimensiones, como la base aérea de Ramey Field en Aguadilla, el Décimo Distrito Naval en Isla Grande, las bases en torno al puerto de San Juan, la estación naval de Roosevelt Roads en Ceiba -para barcos y submarinos- que llegó a tener en su perímetro las islas de Culebra y Vieques, la base de comunicaciones y radares de Sabana Seca y la base del fuerte Allen en Juana Díaz cerca de Ponce, entre otras.

Con una gran erudición, Santiago Caraballo demuestra cómo la elite política de Puerto Rico ayudó a movilizar decenas de miles de soldados, proveyó suministros para las bases y ayudó en la construcción de las instalaciones. Pero, sobre todo, la historiadora incluyó muchos documentos sobre cómo ese liderato político mantuvo el orden y el respaldo del pueblo a la conversión del país en una gran base militar para la defensa de “la democracia”, mediante reformas económicas y sociales, a la vez que combatía cualquier intento de obtener cambios a la condición política.

El libro documenta también la ventaja que esa elite política obtuvo del encarcelamiento y persecución del Partido Nacionalista de Puerto Rico, cómo se opuso a los varios intentos en el Congreso de EEUU para otorgarle a Puerto Rico la independencia y la forma en que ayudó a la marginación y, de nuevo, la persecución de los independentistas puertorriqueños. Ya al final de ese proceso, el PPD estuvo dispuesto a respaldar un eventual plebiscito entre independencia, estadidad (anexión) o libre asociación, siempre y cuando se mantuviese a perpetuidad el enjambre de bases militares de EEUU.

Todo eso pasó a la historia y eventualmente fueron cerradas las principales instalaciones militares, algunas de las cuales fueron atacadas por fuerzas armadas clandestinas de Puerto Rico o por alzamientos pacíficos del pueblo. La reapertura reciente y parcial de algunas de esas bases para la guerra actual dista mucho del nivel que llegó a tener el Gibraltar del Caribe.

Hoy, Puerto Rico es regido por una junta de control impuesta por Washington y un alzamiento popular en 2019 culminó en el derrocamiento del gobernador anexionista. En los comicios de 2024, Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño, llegó segundo al frente de una coalición informal.

 

 

 

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