“La junta es lo más cerca a un gobierno dictatorial”. Discuten su impacto a ocho años de su imposición, entre cuyas consecuencias está el debilitamiento de la agencia responsable por la integridad electoral.

Especial para CLARIDAD

Académicos del Derecho Constitucional y las Ciencias Sociales, un periodista y una activista anticolonialista coincidieron ayer en que los poderes cuasi dictatoriales de la Junta de Control Fiscal impuesta sobre Puerto Rico por Washigton, D.C. se han ido normalizando, al punto de pasar sin mayor fiscalización, pese al sufrimiento que sus decisiones infligen sobre la población.

“Me temo que, en parte, se ha normalizado la presencia de la Junta aquí en Puerto Rico”, observó el periodista Luis Valentín Ortiz, quien cubre temas financieros para el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Sus palabras se dieron en el panel “Los archivos de la Junta al descubierto”, que convocó ese medio, el jueves, 9 de mayo, en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, que contó también con la participación del catedrático en Derecho Efrén Rivera Ramos; la socióloga Linda Colón Reyes; y la portavoz de Jornada Se Acabaron las Promesas, Jocelyn Velázquez Rodríguez.

“La Junta no ha dejado de trabajar, aunque no aparezca en los titulares como sucedía antes… He visto una merma en la cobertura de fiscalización a la Junta. Algo que he notado que ha pasado es que se utiliza a la Junta como una entidad que realiza una denuncia, y eso es bien peligroso, porque se está validando el trabajo y los poderes que tiene”, añadió el periodista Valentín Ortiz.

Los poderes a los que hizo referencia han sido retados varias veces en tribunales de Puerto Rico y de Estados Unidos y denunciados ante foros internacionales. “Aparte del Gobierno militar de 1898 a 1900, la Junta es lo más cerca que hemos estado a un gobierno dictatorial: tiene inmensos poderes, no es electa, puede actuar en las sombras y no rinde cuentas a quienes gobierna; es decir, esa es la definición de una dictadura o de una tiranía”, puntualizó Rivera Ramos, profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Adicional a las medidas de austeridad, que empobrecen a la población y empeoran la calidad de vida, los dos académicos del panel subrayaron que el ente ha erosionado los principios de gobernanza democrática, al operar sin transparencia ni rendición de cuentas.

En el contexto electoral, la socióloga Colón Reyes recordó que la Junta le exigió a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) el cierre de las juntas de inscripción donde las personas se inscribían para votar, así como reducir el 32 % del presupuesto anual de la entidad. No escatimó en aseverar que ese hecho ha socavado el aparato encargado de velar por la integridad del escrutinio electoral, al igual que lo hicieron las enmiendas que hizo el Partido Nuevo Progresista (PNP) a la Ley Electoral para, entre otras cosas, disminuir el balance de los partidos.

“Además de la dictadura de la Junta, tenemos la dictadura de unos partidos políticos en el poder… es bien dificil para el resto de la gente sacarlos del poder, desde el punto del vista legal, porque cambian la ley a su favor, de manera tal que puedan tener el control, como está haciendo la Junta”, denunció la autora del libro Herencia de la exclusión.

La reducción en la compensación laboral o la pensión de jubilación, así como el detrimento en los servicios a consecuencia del achicamiento gubernamental y la imposición de cargos onerosos para acceder a estos servicios, “no son solo consecuencias económicas y políticas, sino del estado de ánimo, de cómo la gente se siente frente a una situación ante la que prácticamente no podemos hacer nada”, dijo Colón Reyes. “No nos dejan espacio a alternativas consensuadas”, añadió.

La activista Velázquez Rodríguez contó que con el surgimiento de Jornada Se acabaron las promesas intentaban retar la narrativa de que ese instrumento venía a solucionar los problemas de corrupción del país. Una vez impuesto, su objetivo pasó a “ser una voz que impidiera que se normalizara; que se siguiera denunciando y haciendo latente la presencia de la Junta como un ente dictatorial”.

La década que llevaba el país en recesión económica y bajo la imposición de políticas neoliberales servía de evidencia suficiente de que existía un riesgo de que la gente se acostumbrara o cansara de luchar, tal como percibió que sucedió con los despidos masivos y el cierre de escuelas que se comenzaron a aplicar entre 2006 y 2009.

Una herramienta para seguir cuestionando

El panel se realizó como parte de la estrategia de lanzamiento de la plataforma El buscador de la Junta, con que el CPI hace público o más accesible sobre 50,000 documentos relacionados al ente fiscal y al proceso de reestructuración de deuda que dirigió por delegación del Congreso de Estados Unidos. La actividad surge, además, a un año de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos prohibiera a la ciudadanía y a la prensa tener acceso a documentos producidos por la Junta de Control Fiscal, sin entrar en los méritos de la controversia sobre si ese ente tiene inmunidad.

La directora del CPI, Carla Minet, indicó que la herramienta es la respuesta del medio a la falta de transparencia de este ente. “Si pensaron que esto iba a reducir nuestro ímpetu de fiscalizar a la Junta, se equivocaron”, afirmó al recalcar también el rol del periodismo en contextualizar los documentos. El buscador incluye una serie de correos electrónicos de la Junta, así como comunicaciones del Tesoro Federal sobre la nominación de los miembros de la JCF. Ambos archivos los obtuvo el CPI mediante una demanda por acceso a la información.

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet, celebró que la herramienta permita “seguir cuestionando a la Junta, la falta de transparencia, los conflictos éticos que ocupa y seguir cuestionando cómo sus miembros se han enriquecido de las posiciones que ocupan”.

Como periodista, la motivación de Valentín Rodríguez al acceder a esos documentos es tratar de describir la relación entre la Junta y los puertorriqueños, particularmente, cómo los poderes de ese ente afectan a la población. Leer las cartas que sometieron los pensionados del Gobierno de Puerto Rico como acreedores no asegurados en el caso de quiebra le permitió, por ejemplo, palpar la agonía desde su propio puño y letra.

Entre las revelaciones de los documentos que han hecho disponible al público, se evidencia también cómo miembros del Congreso le exigían la privatización de la AEE y presionaban directamente a la exdirectora ejecutiva de la junta. Además, los correos electrónicos del Tesoro Federal revelan lo que el Gobierno de Barack Obama consideraba importante al seleccionar a los miembros de la Junta, con las preguntas que les iban a hacer en las entrevistas; entre ellas, qué pasos tomaría la Junta para evitar la percepción de los puertorriqueños de que es un gobierno neocolonial.

En reacción a esa correspondencia interna, la portavoz de Jornada se Acabaron las Promesas se mostró poco sorprendida porque el colonialismo “implica que no tenemos muchos derechos y somos presa de los caprichos del Congreso de Estados Unidos y del presidente… Ahora se ven más descaradamente”.

Velázquez Rodríguez reconoció que en un principio algunos activistas como ella, sindicalistas y abogados eran voces solitarias debido a las estrategias publicitarias para minimizar la desprobación de ese ente en la opinión pública. “Había un aparato mediático fuerte impulsando la Junta, hablando de la corrupción, que a la gente le preocupa genuinamente. Se anclaron de un problema real”, recordó la activista.

Otra de las representaciones públicas que se ha hecho es la apariencia de lucha o rivalidad entre el Gobierno de Puerto Rico y el ente. “Parece que están peleados, pero en realidad —cuando uno ve trasbastidores— hay una relación mucho más estrecha de la que la gente tiene noción”, comentó Valentín Rodríguez, en referencia a los funcionarios de La Fortaleza y la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

Los efectos de la determinación en el futuro

La decisión del Supremo Federal de que la Ley Promesa no autoriza las demandas contra la Junta plantea una cuestión de estrategia de cara al futuro en cuanto a cómo adelantar los reclamos democráticos del pueblo de Puerto Rico.

“La Junta va de haber solicitado inmunidad a haber conseguido total impunidad. Eso es realmente lo que se ha logrado con la decisión”, puntualizó el profesor Rivera Ramos.

El abogado recordó que se trata del quinto caso del Tribunal Supremo federal sobre Puerto Rico en un período de ocho años. A su juicio, este caso “actúa como una especie de remache de los cuatro casos anteriores sobre Puerto Rico”. Entre 2015 a 2023, el Supremo Federal decidió que Puerto Rico carecía de poder para pasar una ley de quiebra criolla (Puerto Rico v. Franklin California Tax-Free Trust); no goza de soberanía para afectar la cláusula de doble exposición en los casos criminales porque el Congreso de Estados Unidos es quien retiene el poder sobre los territorios (Pueblo v. Sánchez Valle); los nombramientos de los miembros de la Junta de Control son constitucionales (FOMB v. Aurelius Investment, et al); no le cobijan los mismos derechos que a la ciudadanía estadounidense en cuanto al Seguro Social por Incapacidad (United States v. Vaello-Madero) y la Ley PROMESA le otorga inmunidad a la Junta frente a demandas (FOMB v. CPI).

En un aparte con CLARIDAD, Rivera Ramos indicó que realmente ha quedado demostrado que el Supremo Federal está para reafirmar el poder de la metrópolis sobre Puerto Rico, por lo que esa vía judicial no provee una alternativa objetiva real para remediar controversias de derechos de los puertorriqueños.

Por su parte, la directora del CPI afirmó a este medio que la misma Ley PROMESA establece que los litigios solo se pueden llevar en el Tribunal de Estados Unidos. “Nunca tuvimos otra opción que demandar en ese foro. Entendimos que no había escapatoria… El resultado no fue el deseado, pero retamos el abuso de poder y pusimos al descubierto, en su versión más contemporánea, la realidad colonial a la que estamos sujetos los puertorriqueños, perpetuada por la Junta y por el sistema de justicia federal”.

A futuro, el CPI organizará una serie de talleres educativos para que la población pueda usar El buscador de la Junta como herramienta de fiscalización y denuncia contra esa entidad.

CLARIDAD

¿Por qué no han despedido a la actual secretaria del llamado Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, a pesar de los escándalos en que está inmersa? En primer lugar, porque cumple una función destacada en la campaña de reelección de Pedro Pierluisi, donde los buenos cuadros políticos no abundan. En segundo lugar – y esto es lo más relevante- por la importancia que el DCR tiene para el Partido Nuevo Progresista desde que hace 44 años cambiaron la legislación electoral para darle el derecho al voto a los confinados.

Vayamos por parte.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene un nombre de mentira porque ni corrige ni rehabilita. Pero esa manipulación con los nombres es bastante común. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que antes se llamaba Departamento de Guerra ahora se llama Departamento de Defensa, a pesar de que ninguna de las guerras en que se ha involucrado desde que le cambiaron el nombre ha sido defensiva. En cuanto a “Corrección”, el nombre más apropiado debiera ser “Administración o Negociado de Prisiones”, porque se limitan a administrar el encarcelamiento de personas, nunca a corregirlas ni mucho menos a rehabilitarlas. El pomposo nombre tiene, como vemos, mucho cinismo.

Además de administrar prisiones, el Departamento que dirige Escobar, ha sido desde hace tiempo, sobre todo durante los cuatrienios en que gobierna el Partido Nuevo Progresista (PNP), una importante oficina para el control y movilización política de una población cuyos votos pueden decidir cada cuatro años el resultado de las elecciones.  En un país donde la diferencia entre quien gana y pierde las elecciones es a veces de algunos miles de votos, los casi ocho mil confinados que de ordinario pueblan las prisiones pesan de forma significativa en el resultado final de una contienda. Ahí reside la gran importancia que Ana Escobar tiene para el PNP y más aún para Pedro Pierluisi.

Para ubicarnos en la importancia política de este asunto debemos ir al momento en que nace en la legislación puertorriqueña que otorga el derecho al voto de los confinados. En el pasado, el encarcelamiento de una persona implicaba la pérdida de derechos civiles, incluyendo el derecho al voto. Así todavía es en otros países. En Puerto Rico esa realidad no cambió con la aprobación de la Constitución en 1952 ya que esta se limitó a reconocer la plenitud de derechos a las personas encarceladas, pero una vez cumplieran la su sentencia, prohibiendo el discrimen con ellos. Antes y después de la Constitución se le reconocía derecho al voto sólo a personas encarceladas por delitos menos grave. A las otras, que eran la mayoría, el encarcelamiento también implicaba la “interdicción civil”. Todo eso cambió cuando se aprobó la Ley Núm. 3 de 8 de septiembre de 1980, que enmendó la legislación electoral para otorgarle el derecho al voto a los confinados sin importar el delito por el que cumplen condena. En las elecciones de ese año -noviembre de 1980- por primera vez votaron miles de confinados.

En aquel momento la medida se promovió como un reconocimiento de derechos civiles, pero ese no fue el objetivo que movió al PNP, que entonces controlaba tanto el Ejecutivo como la Legislatura. Para el entonces gobernador Carlos Romero Barceló, que afrontaba una campaña de relección cuando ya el escándalo por el asesinato de dos jóvenes en el Cerro Maravilla lo arropaba, más que como legislación protectora el derecho al voto de los confinados fue una tabla de salvación. Con el control absoluto que tenían de la rama ejecutiva, se dispusieron a movilizar lo que entonces se llamaba Administración de Corrección para que el trabajo político dentro de las cárceles les garantizara el apoyo masivo de los nuevos votantes.

La historia de las elecciones de 1980, las primeras donde se manifestó el voto de las personas encarceladas, es muy conocida. La noche de las elecciones se suspendió el conteo de votos cuando los resultados parecían adversos a Romero Barceló, quien de todos modos se proclamó ganador desde Fortaleza. Más tarde, en un recuento muy controvertido que duró meses, la Junta de Elecciones reconoció vencedor a Romero por apenas tres mil votos. Obviamente, aquel grupo que el PNP se apresuró a incluir en padrón electoral a dos meses de las elecciones, resultó decisivo para que pudieran adjudicarse un triunfo que realmente no obtuvieron.

Lo ocurrido en 1980 se ha mantenido inalterado porque la población encarcelada resulta vulnerable para la manipulación política, a manos de los cuadros que el PNP colocó y mantiene en la estructura del DCR. Sólo ellos tienen acceso a una población que resulta doblemente cautiva. Gracias a ese control, elección tras elección, el porcentaje de votos que allí obtienen es siempre muy superior al que logran en el País.

El escándalo en que está ahora inmerso el DCR, tras la liberación fraudulenta de un asesino que muy pronto volvió a asesinar, debió haberse zanjado ya con la renuncia o despido de la persona que lo dirige. Pero esa persona que encabeza el Departamento es la misma que controla la maquinaria que cada cuatro años moviliza miles de votos para el PNP. Por eso es tan difícil desprenderse de ella.