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Privatizan Fomento Industrial

Por
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CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Como un error y absolutamente innecesario, denunció la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) junto a los empleados unionados de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, siglas en inglés) la privatización de dicha corporación pública que tiene a su haber un inventario de 1,492 unidades y terrenos en los 78 municipios que promedian 4,500 cuerdas.

La privatización de PRIDCO fue anunciada por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, quien dijo que la privatización es una exigencia de la Junta de Control Fiscal (JCF).

En conferencia de prensa los trabajadores de PRIDCO emplazaron tanto al gobernador, al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) Omar Marrero, al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre y a la misma JCF a que reconozcan el éxito en la administración de propiedades industriales de Puerto Rico que se ha logrado gracias a los empleados de PRIDCO.

“La anunciada privatización es un error y absolutamente innecesario, los datos que hoy presentamos confirman que los trabajadores han logrado mantener una administración exitosa, solvente y autosuficiente a pesar de los enormes retos y las piedras que ha puesto en el camino la propia JCF. Es inaceptable que el gobernador la semana pasada haya hecho referencia a esta privatización y no haya levantado su voz para reconocer el trabajo de los empleados de PRICO y para oponerse a esta privatización”, señaló el presidente de la CPT, Emilio Nieves.

En esa dirección Nieves censuró la justificación que da el gobernador para que se privatice la Oficina de Administración de Propiedades de PRIDCO, a que lo diga el plan fiscal de la corporación “Lo que ha asumido el gobernador es una total sumisión a la junta. Eso no es justificación alguna si cuando evaluamos el plan fiscal nos damos cuenta que incluso la JCF tiene datos erróneos en la información y el análisis que hacen con respecto a esta corporación publica”.

El presidente de la CPT acusó al secretario del DEEC, Manuel Cidre, quien aún consciente de la labor de excelencia que realizan los trabajadores en la corporación tampoco ha tomado acción alguna para evitar que se haya contratado y a puerta cerrada a la compañía Jones Lang Lasalle de PR cuya matriz es Chicago, Illinois.

En tanto el presidente de la Unión de Trabajadores de PRIDCO, Fidel Cordobés Concepción, al cuestionar las motivaciones para la privatización, detalló que con los 53 empleados de PRIDCO tienen un recobro de renta de 100% para el año 2023, $58,748 millones en renta, se facturó $60 millones, lo que representa un 96% de eficiencia en los recaudos. “Eso quiere decir que si hay 53 trabajadores por cada trabajador cobró 1 millón y pico lo que representa un éxito de una corporación que nunca le ha fallado a este País”.

En tono enérgico Cordobés Concepción defendió que PRIDCO ha sido el promotor más grande desde el 1954 y hoy, ante toda la eventualidad que ha tenido Puerto Rico, han mantenido un recobro por lo que no hay explicación a la exigencia de la JCF de que hay que buscar un privatizador para hacer el trabajo. Destacó que de dejar que PRIDCO caiga en manos de un privatizador los pequeños comerciantes e industriales pueden verse afectados porque serían los que a última hora pudieran estar pagando un 18% más de renta, algo que el mismo gobernador reconoce porque está diciendo que si hacen unas mejoras hay que subir la renta.

“Es bochornoso que tengamos un gobierno que arrastre los pies ante esa decisión de decir que van a apoyar a un privatizador para que le puedan subir la renta a los pequeños comerciantes, empresarios, que tanto el mismo secretario dice que los quiere ayudar, pero por otro lado hace mutis”.

De paso atribuyó que también han hecho mutis la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio y los grandes intereses, a lo cual reparó “aquí estamos defendiendo primero a Puerto Rico, a los pequeños comerciantes y por último los trabajos de nosotros porque lo hacemos con mucho orgullo”.

Con 35 años en PRIDCO, Wanda Méndez, reclamó que aun con todo lo que ha  pasado en el país en estos dos últimos años “Fomento no ha dejado de luchar por Puerto Rico continuamos dando la mano a muchos empresarios, tenemos muchas propiedades que no sirven, nuestras propiedades no están abandonadas están vandalizadas, tenemos muchos recortes en el presupuesto que no nos permiten atemperar los edificios o cuando le entregamos el edificio al industrial no lo podemos hacer con la rapidez que amerita pero es por los recortes que ha habido”. Aun así, dijo que mantienen un 70% de ocupación, un 13% que está entre reservado para la venta, alquiler un 7% de ese 13 está vacante. El otro 17 % son propiedades que están para demoler, tienen problemas estructurales por lo que no se pueden ofrecer.

Méndez reveló que la privatización sí habla de aumentos e incluso de un posible broker. Describió que cuando un industrial coge una fábrica de Fomento tiene que dar una cuota administrativa de $150 mas un 12% de un año de renta, si a eso se le va añadir que entrara un broker a trabajar, quién lo va a pagar, si Fomento o el industrial. En caso de que lo pague PRIDCO -cuestionó- a dónde se irá a pasar al gasto operacional, la cantidad que se cobre en el pietaje. Adelantó que esto le va a costar mucho a las pequeñas empresas que ya les da trabajo establecerse. “Los que estamos aquí creemos en un país autosuficiente en el programa de Fomento, creemos en lo que Fomento puede hacer para Puerto Rico las pequeñas y grandes industrias porque nosotros también tenemos compañías grandes. Cuando abrimos una fábrica que podemos alquilarla no tan solo le damos vida a esa fábrica, le damos vida a un pueblo, le damos vida a un empleado que le da calidad de vida a su familia”, reclamó.

 

Una corporación sin deuda

Mientras el presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales (AEG) de PRIDCO, Iván Roche Morales, también presente en la conferencia de prensa objetó que PRIDCO se haya considerado como si tuviera la misma situación de otras corporaciones públicas, es decir problemas económicos. Afirmó que en el caso de PRIDCO siempre ha tenido la capacidad para pagar a los bonistas, fue la JCF en el 2017, quien metió a la corporación en el “clawback” (“recuperación”) que no es otra cosa que dejar de pagar la deuda.

“Pero la realidad es que PRIDCO siempre ha tenido la capacidad económica de pagar su deuda y cumplir con sus compromisos. Ahí hay alguien detrás de todo esto que está tratando de llevar a PRIDCO a que sea una compañía privada y no hay necesidad de hacerlo porque la operación estaba funcionando de los más bien hasta ese momento, si después se ha deteriorado es a propósito, con el fin de que se vea el deterioro y decir que hay que privatizar”.

El presidente de la CPT reiteró a pregunta de Claridad que en el plan fiscal no hay argumentos que justifiquen la privatización. Lo que dice el plan es que hay que mejorar tecnológicamente “el mismo discurso que se usa en todas las privatizaciones. Hay el dato de que en su análisis establecen que el pago directo de los arrendatarios es de un 54%, la realidad es que es un 95% el pago directo. Uno se da cuenta de los errores y falsedades del análisis de la JCF pero la justificación es totalmente superficial”.

Quién se queda con el dinero de PRIDCO

De los $60 millones que recauda en renta la oficina que administra las propiedades de PRIDCO, que incluye mantenimiento, físico como aspectos ambientales, tasaciones y mesura, entre otros, su presupuesto dispuesto por la JCF es de $4.9 mm (2023) aun cuando en el plan fiscal del 2024 subió a $5.6 los trabajadores denunciaron que en desyerbo nada más se gasta $1.5 millones al año. Hay otra asignación anotada en los libros de contabilidad de $5.6mm para mejoras capitales. El resto del dinero es para el DDEC.

Por concepto de venta de propiedades PRIDCO tuvo ingresos ascendentes a; $21,294,000.00 en el 2020-21; $1,965,160.13 en el 2021-22, lo que totaliza $76,734,000 para el año fiscal 2020-21 y $60,713,160 en el 2021-22.

Cordobés Concepción en tono de indignación advirtió que el privatizador ahora será quien va a cobrar todo ese dinero y PRIDCO prácticamente lo que va a tener será para mantenimiento y fiscalización. Adelantó que como pasa en todas las privatizaciones, el privatizador usará a los empleados para esperar a coger el piso “y después ellos asumen la responsabilidad para cobrar el dinero y desfalcar el país. No estamos hoy metiendo miedo a que los van a despedir, pero si ahorcan a la corporación los de PRIDCO y los que están dentro en el DDEC están en peligro”.

El inventario de PRIDCO

1,492 unidades para un total de 22,597,180.87 pies cuadrados

1,108 unidades ocupadas

180- vacantes

204-vacantes no disponibles

Pies cuadrados ocupados- 15,696,938.84

Pies cuadrados vacantes – 3,048,114.31

Vacantes disponibles para arrendar- 1,853,219.96 pies cuadrados

Vacantes no disponibles- 3,852,127.72 pies cuadrados

 

 

 

 

 

El espanto de la violencia sexual contra la niñez

Por
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Especial para CLARIDAD

 

En días recientes hubo una ola de indignación en todos los rincones de Puerto Rico al informarse la muerte de una infanta de 2 años, tras ser llevada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Guayanilla por el padre y la madre y de allí referida al Hospital San Lucas de Ponce, cuando no pudieron estabilizarla.  Ante las circunstancias y contradicciones de lo que decían una y el otro, surgió la sospecha de que la causa fuera negligencia o maltrato por parte de las personas custodias. Siempre es dolorosa la muerte de menores de edad, pero en esta ocasión el personal médico levantó la bandera roja por los golpes, la deteriorada condición física de la niña, destacándose evidencia clínica de que había sido abusada sexualmente.  Poco tiempo había pasado cuando el padre aceptó haber sido el perpetrador del espantoso crimen y los cierto es, que la imaginación no puede concebirlo.

Vimos al individuo en las pantallas de los televisores mientras el grupo de periodistas le hacía disponibles los micrófonos para que le pidiera perdón a quien ya era cadáver, le dijera que la amaba, así como a la otra hija un año mayor. Todavía se desconoce si esta última también fue víctima del depredador sexual. El individuo parecía sacar pecho por su abominable conducta mientras la madre se veía con la mirada perdida, signos de alopecia en el cabello y apenas podía mover los labios ante la avalancha de preguntas superficiales que hacía la prensa.  Cuando éste y otros crímenes como los feminicidios son presentados en los noticiarios y veo que las personas acusadas son paseadas lentamente por oficiales de la Policía ante las cámaras y los medios de comunicación se pelean por ser quienes más se acerquen y ser primeros en obtener declaraciones o contestaciones a la las preguntas de “¿por qué lo hizo? ¿se arrepiente? ¿le pide perdón?”, me pregunto por qué no encuentran una forma digna de hacer los reportajes. Asumo que es la exigencia que reciben de productores, directores y dueños de empresas.

Tratándose de un pueblo pequeño, como Guayanilla, lo ocurrido ha sido asumido por la comunidad como la tragedia que es y los reproches se han extendido hasta otros familiares, como la abuela materna, quien vivía en el mismo residencial donde ocurrieron los hechos y con frecuencia cuidaba a las dos hijas de la pareja. Las personas que allí residen han cuestionado su permanencia como presidenta de la directiva comunitaria.

Hace apenas un año, vivimos una situación igualmente trágica cuando el padrastro de una adolescente de 13 años de edad con diversidad funcional severa fue acusado de violarla. El crimen se descubrió cuando la menor fue llevada al hospital con dolores y los exámenes revelaron que estaba en avanzado estado de embarazo. Pocos días después nació otra niña. El Departamento de la Familia asumió la custodia de ambas. Se romantizaba un poco sobre si deberían permanecer juntas, cuando lo más importante era el bienestar de ambas pues la condición de autismo profundo no permitiría que la jovencita se reconociera como madre y que cuidara de la niña.

La triste realidad es que en nuestro País existe un grave problema de maltrato de menores y que el abuso sexual de niñas y niños, pero más de las primeras, es una cruda verdad, que incrementó durante la pandemia del COVID 19.  Las obligadas restricciones mantuvieron a las víctimas junto a los depredadores sexuales que suelen ser familiares y personas cercanas, incluyendo padres, como ha sido el reciente caso de Guayanilla y padrastros, como ocurrió con la adolescente diagnosticada con autismo severo. Además del encierro para minimizar los contagios, a partir de marzo de 2020, las escuelas permanecieron cerradas por largo tiempo y la educación se impartía a distancia.  Los planteles son el escenario donde con mucha frecuencia se identifican casos de maltrato, negligencia o abuso sexual contra la niñez.  El personal docente y el que se especializa en conducta, como profesionales de trabajo social, de consejería o psicología, observan al estudiantado y pueden identificar golpes visibles, acciones de negligencia por la apariencia física, ausentismo y tardanzas; cambios en conducta o en el estado emocional.  También pueden recibir confidencias cuando tienen más edad. El regreso a las clases de forma presencial abrió la puerta para percatarse de casos que ocurrieron en los hogares.  Se mantiene una interrogante sobre por qué el personal de la escuela a la cual acudía la menor de 13 años que fue violada por el padrastro, no identificó el embarazo. Si la agencia educativa o el Departamento de Justicia investigó las razones, los resultados no han sido revelados.  Tal vez lo sepamos cuando se ventile el caso en los Tribunales, si es que ello ocurre y no hay aceptación de culpabilidad y sentencia sin desfile de prueba.

Con solo 2 añitos, la menor de Guayanilla no tenía edad para asistir a la escuela.  Tampoco estaba en un centro de cuido o desarrollo infantil, pero el servicio de administración de los residenciales públicos está privatizado y se supone que tiene un componente de trabajo social. ¿Pudieron haber detectado lo que estaba ocurriendo en esa vivienda? A la luz de la tragedia ocurrida sería recomendable que el Departamento de la Vivienda revisara las contrataciones y responsabilidades de las compañías privatizadoras y las atemperara para que se atiendan de manera eficiente la violencia de todos tipo que se vive en Puerto Rico, particularmente la violencia contra la niñez y la violencia de género.

El sentimiento de indignación colectiva ante el espantoso crimen de Guayanilla no puede quedarse en manifestaciones a través de las redes sociales.  Nos corresponde como Pueblo aceptar que tenemos un grave problema cuya prevención y erradicación es parte de nuestra responsabilidad.  ¿Qué tal si comenzamos con exigirle al Estado y a los partidos políticos compromisos para que impulsen la educación con perspectiva de género en el sistema público de enseñanza y educación sexual para la niñez desde edades tempranas? ¿Cuándo haremos realidad el apoyo material y de solidaridad a las organizaciones que ofrecen servicios a la niñez maltratada y abusada? ¿Cuándo será la última vez que miremos para el lado ante el abuso y el maltrato en lugar de denunciarlo y buscar ayuda para las víctimas?

 

 

Supremo declara nulo el reglamento conjunto por tercera ocasión

Por
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CLARIDAD

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Por tercera ocasión el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) declaró nulos los Reglamentos Conjuntos del 2019 y del 2020, y por tercera ocasión la Junta de Planificación (JP), desobedece al tribunal.

Este viernes (16 de junio) se dio a conocer que el TSPR volvió a declarar nulos los RC del 2019 y 2020 y dijo que el reglamento vigente con el cual se deberán evaluar las nuevas solicitudes de permisos es el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos del 2010 (RC 2010). La determinación del tribunal fue unánime. No obstante, al día siguiente la JP informó que estaba adoptando un reglamento de “emergencia”.

En entrevista el planificador y arquitecto Pedro Cardona Roig, apuntó que, aunque hay que reconocer que el TSPR volvió a afirmarse en la determinación a la que llegó en el 2021, otra vez la JP decidió no acatarla y actuar en un abierto desafió a la determinación. “Aquí hay un caso muy serio donde el Ejecutivo ha roto con el balance que siempre había existido entre el Judicial, el Ejecutivo y Legislativo”.

Cardona Roig, describió como una acción contumaz la determinación de la JP de adoptar un reglamento de “emergencia”, el cual nadie ha visto, que no ha tenido difusión pública, en un fin de semana largo en la que no hay posibilidad de que la gente intervenga. Atribuyó que lo que se debe deducir de esta acción es, primero la incompetencia y la incapacidad tanto de Manuel Cidre como secretario del, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la de Julio Lassús, presidente de la JP y la del director de la OGP, Gabriel Hernández Rodríguez.

“Los tres tenían que haber adoptado la determinación del TS de acoger el reglamento del 2010 tal y como lo dispuso el tribunal en febrero del 2021, que quede claro todos los que somos expertos en este tema hemos estado indicando que es lo que había que hacer, sin embargo la JP ha hecho otras cosas”, denunció en referencia a las recomendaciones de los expertos que no ha atendido la JP.

En esa dirección señaló sobre los reglamentos conjuntos que quiere usar la JP comprometen la inversión en Puerto Rico, comprometen la estabilidad del sistema de permisos, comprometen la reconstrucción. El planificador ex miembro de la JP expresó que se ve claramente que el RC 2020 es uno de encargo y que por eso es que se quiere que se mantenga. “Ciertamente favorece a unos sectores como el de las placas solares, y a los principales financiadores de la campaña de Pedro Pierluisi. Estamos ante una situación provocada y una situación muy incomoda y de mucho peligro para Puerto Rico”, manifestó.

Por su parte, para el planificador David Carrasquillo, con la determinación el TSPR simplemente está tratando de salvaguardar una situación que hace mucho tiempo ya está fuera de control. “Creo que remedia, resuelve algunas cosas en términos procesales, pero definitivamente va a tener repercusiones a largo plazo donde se están legalizando muchas cosas que no se deberían, es una situación de decisiones que se han tomado muy irresponsablemente por la pasada década, se están legalizando sin ningún tipo de evaluación justa y responsable”.

Se refiere a que pese a que el TSPR declaró nulos los reglamentos del 2019 y 2020 no declaró inválidos los permisos otorgados bajo ambos reglamentos.

Los reglamentos de permisos datan del 2009 con la llamada reforma de permisos. El primer RC que se aprobó en el 2010, dijo, no es un mal reglamento, pero sin embargo no incluye muchas de las cosas que se han añadido durante la pasada década que en algunas cosas son buenas noticias y en otras no necesariamente. Señaló, por ejemplo, que en el RC del 2010 no se contemplan los proyectos de energía renovable, no se toman en consideración usos nuevos como lo que puede ser un alquiler a corto plazo, la regulación de aquel momento en cuanto a los terrenos agrícolas y reservas naturales era mucho mas restricta, eso sí podría representar buenas noticias porque presenta una mayor protección para el patrimonio, sin embargo -reparó- para los desarrolladores y para el mismo gobierno no es una buena noticia en el sentido de que ellos han estado progresivamente en cada versión del RG flexibilizando la capacidad de los terrenos para aceptar usos nuevos.

Ante la decisión del TSPR recordó que, a principio de año finalizó el proceso de vistas públicas para el RG 2022, por lo que dijo que no le sorprendería en lo absoluto si esta misma semana la JP aprueba la versión nueva del reglamento la cual dijo que tanto para él como todos los que conoce versados en el asunto han categorizado el borrador del RC 2022 como el peor reglamento que se ha diseñado durante los pasados años. Precisamente porque es muy laxo a la hora de permitir proyectos como de energía renovable en terrenos agrícolas, el desarrollo de proyectos en escuelas cerradas, alquileres a corto plazo en zonas residenciales, y mucho más  en reservas naturales.

El director ejecutivo de la organización sin fines de lucro, Planifiquemos, quien dijo que ha participado de todas las vistas públicas de todos los reglamentos denunció que la práctica de la JP ha sido la de ignorar los reclamos primordiales que se han hecho en las vistas públicas. “A mí no me cabe duda de que cuando se empiece a implementar el RC 2022 habrá otra ronda de problemas cuestionando la legitimidad y el contenido”.

Carrasquillo describió como una de las cosas terribles al inicio del cuatrienio de Ricardo Rosselló, fue colocar a la JP y a la OGP bajo el DDEC. Al respecto se expresó en sentido similar a Cardona Roig sobre el propósito de este cambio. Anteriormente la JP estaba adscrita a la Oficina de la Gobernación. “Con ese cambio definitivamente el problema es que a la planificación no se le está permitiendo ser implementada de una forma integral manteniendo el balance entre los asuntos ambientales, sociales y la están viendo más como una herramienta de desarrollo económico con vista a un perfil particular de crear incentivos contributivos, nuevas formas de recaudo para pagar la deuda y realizar cierto tipo de desarrollo para beneficio de un sector particular del país”.

 

 

 

Fundación promovería internacionalmente a la UPR como destino de estudios

Por
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Por José Manuel Encarnación Martínez

Centro de Periodismo Investigativo

Ante el Senado hay un informe positivo para la aprobación de una ley que encargaría el “mercadeo internacional” de la Universidad de Puerto Rico (UPR) a una fundación privada sin fines de lucro — que fue creada en 2017 por la misma institución universitaria — que recibirá para estos fines al menos $5 millones anuales del Fondo General.

El informe, rendido el pasado 14 de junio, que recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 1068 se basó únicamente en un memorial explicativo del presidente de la UPR, Luis A. Ferrao. La medida no tuvo vistas públicas ni se recogió el parecer de los sectores de la comunidad universitaria ni del país.

El proyecto, presentado en octubre 2022 por los senadores populares Juan Zaragoza Gómez, Elizabeth Rosa Vélez, Rosamar Trujillo Plumey, Ramón Ruiz Nieves y Albert Torres Berríos, busca que University of Puerto Rico Foundation Inc., inscrita en el Departamento de Estado en 2017 por la expresidenta de la UPR Celeste Freytes, se encargue de la visibilización en el extranjero del principal centro docente de Puerto Rico. La idea es similar a la que dio origen a la Organización de Mercadeo del Destino (DMO, en inglés) con la aprobación de la Ley para la Promoción de Puerto Rico como destino turístico.

Originalmente la pieza legislativa proponía la creación de una corporación independiente a la UPR, pero Ferrao, quien recomendó positivamente la medida a nombre de todo el sistema universitario, propuso a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado, delegar esas facultades en University of Puerto Rico Foundation Inc. Ferrao también sugirió la asignación del presupuesto para su operación.

El fin de la iniciativa es lograr el reclutamiento de estudiantes fuera de Puerto Rico para contrarrestar la merma en la matrícula. Esta estrategia es descrita en la Exposición de Motivos como una “nueva herramienta” para dar “comienzo a políticas y estrategias de desarrollo y crecimiento de la UPR” ante el difícil panorama fiscal.

Sorprende a los docentes el proyecto

De acuerdo con la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), el proyecto intenta reinventar una rueda, toda vez que ya hay programas que hacen esta función.

La UPR cuenta con la Oficina de Asuntos Internacionales, Intercambio Estudiantil, Convenios y Acuerdos de Colaboración Académica. Opera como enlace de Vicepresidencias, organiza oficinas y dependencias para que respondan con una agenda dirigida a la internacionalización de la UPR y gestiona protocolos de admisiones internacionales a la institución, entre otras tareas.

Según la APPU, la propuesta tendrá el efecto de malgastar los pocos recursos disponibles al comisionar esfuerzos privados.

“Si hay un interés real de la Legislatura [en ayudar a la UPR], asignaría ese dinero — restricto para eso — dentro del presupuesto universitario. Pero esa no es la intención, es subvencionar toda esta nueva estructura que va a requerir salarios, más contrataciones”, señaló María del Mar Rosa Rodríguez, presidenta de la APPU.

“No hay nada malo con traer estudiantes de afuera, pero tiene que ir a la par con esfuerzos para resolver las necesidades de los estudiantes puertorriqueños. Se habla de invertir en un mecanismo para atraer gente de afuera, y por otro lado tenemos a los estudiantes de aquí sin residencias, con facilidades que siguen abandonadas”, dijo el líder estudiantil Adrián Maldonado, de la Escuela de Derecho de la UPR.

“Hay oficinas con personal que pueden asumir este tipo de funciones. Pero es un asunto de enfoque, de priorizar otras instrumentalidades. Hay unas herramientas internas debilitadas por la realidad económica de la universidad y, lamentablemente, no se trabaja en la dirección correcta, la de levantar lo que han dejado caer por elegir esta misma ruta de la subcontratación y la improvisación”, puntualizó Maldonado.

Los miembros de la APPU dijeron que les tomó por sorpresa tanto la medida como el informe positivo del proyecto emitido en junio.

“De momento esto baja, mientras hemos estado cabildeando por el presupuesto. Baja y nadie lo ve. En medio del debate de cuánto dinero le vamos a asignar a la UPR. Que si $500 millones, si más o menos de $500. En medio de esa problemática, de momento hablamos de $5 millones que se irán por otro lado”, cuestionó la presidenta de la APPU. “Molesta, porque no atiende el problema principal, que es presupuestario. Buscar estudiantes de afuera no arregla la realidad local, no arregla las alzas de matrícula, que nuestros estudiantes, principalmente los más necesitados económicamente, no tienen acceso a la UPR como deberían ”, añadió.

La profesora Anilyn Díaz, de la UPR en Arecibo, cuestionó la metodología en la que se fundamentó el análisis de la medida legislativa.

“El único indicador que se utiliza [para el análisis de este proyecto de ley] es el descenso poblacional. Solo eso. Se les olvida el recorte presupuestario y el alza en la matrícula, que son dos elementos que han limitado la admisión, principalmente para esa población de estudiantes para los que somos la principal opción de estudio, pero cuyos recursos no pueden responder a las alzas”, destacó.

Lloviendo sobre mojado

 No solo los profesores y profesoras organizados en la APPU desconocían de la pieza legislativa. Ninguno de los profesores o estudiantes contactados por el CPI familiarizados con los procesos relacionados a experiencias académicas en el extranjero o con el reclutamiento de estudiantes internacionales sabía de esta medida.

Incluso, los coordinadores del programa de internacionalización de la UPR, con los que habló el CPI en busca de reacción, no sabían del proyecto de ley.

“Desconozco totalmente de este proyecto”, aseguró la profesora Jazmina Román, catedrática de la UPR Humacao y directora del programa de internacionalización en ese recinto durante los pasados nueve años. “Nosotros somos un cuerpo de coordinadores y nos reunimos una vez por mes. Nuestra última reunión fue el tercer viernes de mayo y se tocaron temas tan importantes como los convenios, pero de esto no se discutió nada”, aseguró.

“La meta de nuestras oficinas es que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de hacer movilidad académica en estas instituciones [fuera de Puerto Rico]”, explicó Román, añadiendo que en el caso de Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas cuentan con mecanismos para traer estudiantes graduados a estudiar en Puerto Rico.

Un ejemplo de lo descrito por Román es el Decanato Auxiliar de Relaciones Internacionales (DARI) del Recinto de Río Piedras, que brinda servicios a los estudiantes internacionales, de intercambio y a profesores. Sus dos misiones principales son adelantar la agenda internacional del Recinto de Río Piedras y facilitar la movilidad de sus estudiantes.

Hace años el DARI gestiona oportunidades de intercambio educativo y cultural con universidades en América, Europa, Asia, África y Australia. De hecho, tanto Río Piedras como Mayagüez son parte del National Student Exchange Program (NSE), que agrupa a cerca de 200 universidades y colegios de Estados Unidos, Canadá, Guam, Puerto Rico e Islas Vírgenes. La UPR recibe estudiantes de Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Italia, México, Asia, y países de Sudamérica, que ya seleccionan la institución como destino de estudios para completar un grado académico.

Entre las disposiciones de la pieza legislativa, cuyo enfoque se limita a aspectos demográficos, se dice que “la fundación podrá contratar los servicios de organizaciones externas con el peritaje suficiente para lograr los esfuerzos de mercadeo fuera de Puerto Rico”. No se detallan los elementos que definen ese “peritaje suficiente”. Además, busca “establecer la logística de reclutamiento, orientación y manejo del estudiantado desde que se encuentra fuera de Puerto Rico y hasta que culmine sus estudios en la universidad”. No se explica cómo.

University of Puerto Rico Foundation Inc. es producto de la Certificación 25 (2015-2016), con la que la Junta de Gobierno de la UPR autorizó al  presidente establecer la fundación “con el propósito de facilitar la obtención de recursos para la institución mediante donativos de empresas e individuos y para otros fines relacionados”. La fundación registrada por la entonces presidenta Freytes en enero de 2017 goza de exención contributiva federal desde el 2020.

Según los informes financieros, presentados al Servicios de Rentas Internas federal como organización exenta, en el 2021 la fundación recibió una donación de $500 mil del Bank of America, para proveer becas y entrenamiento académico a “estudiantes de minorías” interesados en carreras relacionadas a la banca. No se han reflejado otros donativos.

La Junta de Directores de University of Puerto Rico Foundation Inc. está constituída por su presidenta, Angelique Sina, quien a su vez figura como presidenta de Friends of Puerto Rico, otra organización sin fines de lucro, con base en Washington DC e incorporada en el Departamento de Estado de Puerto Rico en 2019. Además, aparece como tesorero Hermán Cestero, quien es miembro de la Junta de Gobierno de la UPR, y la secretaria Margarita Méndez Escudero, directora de la Oficina de Desarrollo y Exalumnos UPR. Esta junta de directores será responsable de nombrar un director ejecutivo por una suma de dinero no revelada y tendrá la libertad de nombrar otros oficiales según sea necesario “para lograr una operación eficiente”, según el proyecto de ley.

La directora Angelique Sina figura como donante del Comité de Pedro Pierluisi (con $900 en efectivo) y del Comité Amigos de Julio Roldán (con cheque de $1,000). No se registran en la Oficina del Contralor Electoral donativos políticos hechos por los otros dos miembros de la Junta de University of Puerto Rico Foundation.

Desde 2013, la Junta de Gobierno de la UPR, tras una enmienda a la Ley de la UPR, tiene la potestad de autorizar la creación de corporaciones subsidiarias o afiliadas que rindan servicios a la comunidad universitaria. El último informe económico que rindió la fundación en el Departamento de Estado corresponde al año 2020, cuando no reportó tener ingresos o gastos. La organización pidió prórroga para presentar los informes de 2021 y 2022 y todavía no están disponibles.

De aprobarse el proyecto, la fundación deberá someter un informe a la presidencia de la UPR, al Gobernador, a la Asamblea Legislativa y a su Junta de Directores antes del primero de diciembre de cada año. Se especifica que debe incluir una descripción de las operaciones y logros, una evaluación de progreso, métodos para implementar y financiar operaciones, así como una auditoría anual hecha por un contador público independiente.

El CPI se comunicó con el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago para saber si el proyecto será presentado en lo que queda de Sesión Legislativa hasta el 30 de junio, pero este no respondió.

 

 

 

Puerto Rico buscará 100 medallas en El Salvador

Por
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Delegación que va al Salvador. Foto Alina Luciano

 

Especial para CLARIDAD

Al momento de este escrito, la delegación boricua a los Juegos Centroamericanos San Salvador 2023 estará a pocas horas de comenzar su participación.  Puerto Rico presenta una delegación de 403 atletas, en 40 disciplinas diferentes, que ha ganado 98 medallas centroamericanas anteriormente.

Entre estos atletas sobresalen las figuras de Adriana Díaz, Jasmine Camacho, Sebastián Rivera y Ayden Owens.  Sin querer quitarle méritos al resto de la delegación, la presencia de figuras principales como la medallista olímpica boricua en el evento de 100 con vallas Jasmine Camacho,  Ayden Owens en el decatlón,  Sebastián Rivera en lucha y Adriana Díaz en el tenis de mesa, le da un toque especial a nuestra delegación pues indica que los boricuas van con sus mejores atletas a la competencia.

Los primeros eventos son cruciales para los boricuas

 Pese a que la inauguración de los Juegos se llevará a cabo este viernes 23, los primeros 2 equipos en participar, en ambas ramas, serán el tenis de mesa  y el voleibol de playa.  En la rama femenina, Puerto Rico sale como favorito en el tenis de mesa encabezado por Adriana Díaz quien buscará convertirse en la boricua con más medallas en la historia de los Juegos.  Lo mismo sucede con la pareja Navas y González que ha obtenido tres victorias en el voleibol de playa a nivel de NORCECA en lo que va de año.

Merecidos los abanderados

El pasado 7 de junio se anunciaron los abanderados de la delegación boricua recayendo el honor en Beverly Ramos de atletismo y Raúl Ríos en vela.

En el caso de Beverly, se trata de una atleta que ha ganado 7 medallas en juegos anteriores y que ha participado en mundiales y en las olimpiadas en Londres 2012 y Rio de Janeiro 2016.

Por su parte, Raúl ha sido medallista de oro en la disciplina de Snipe en los últimos tres (3) Juegos Centroamericanos y se perfila como el favorito nuevamente. También ganó medalla de oro en los Panamericanos 2015 Toronto, entre otros logros.

El COPUR quiere más de 100

 Las expectativas del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) son superar las 100 medallas lo que sería un gran salto de las 87 logradas en Barranquilla 2018.  También se han puesto como meta superar los 20 oros logrados en esos juegos. Sin duda Puerto Rico lleva una delegación con la capacidad para hacer historia, pero habrá que demostrarlo en el terreno de competencia. ¡Qué se encienda el pebetero y comiencen los juegos, que estaremos pendientes!

 

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