La Junta de Control fiscal y los derechos civiles

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junio 29, 2026

A diez años de la imposición de la Junta de Control Fiscal (JCF), la recién determinación del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston (TA) que resolvió que la Junta no puede usar el Plan de Ajuste de la deuda (PAD) de Puerto Rico para bloquear demandas contra funcionarios públicos demandados en su carácter personal, es la mayor victoria en terrenos de defensa de derechos civiles que se ha logrado en la última década. Así lo catalogó Fermín Arraiza Navas, director Legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) capítulo de Puerto Rico.

En entrevista en el marco de los 10 años de la imposición de la JCF y lo que significa dicho ente en términos de los derechos civiles, Arraiza Navas, del saque afirmó que lo que nosotros llamamos la junta, porque el nombre se supone es una ‘Junta de manejo y supervisión’, pero es una junta de control realmente. En efecto la Junta sí constituye una violación a los derechos civiles y colectivos de nuestro pueblo.

Hay que repasar que la Junta se creó a base de una ley promulgada por el Congreso de Estados Unidos, la cual en la práctica sustituye al gobierno de Puerto Rico por siete integrantes que no fueron electos por el pueblo. “Empezando por ahí. Es una junta que se crea por decreto, por una orden de parte del presidente para que el Congreso actúe sobre la situación fiscal de Puerto Rico situación que responde a su vez al dominio colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico y la falta de supervisión de parte de la ONU sobre el manejo y administración del territorio que se supone sea en beneficio exclusivo de los habitantes del territorio, no de la metrópoli como ha ocurrido”.

El director Legal de ACLU apuntó a que aunque la JCF se supone represente al Estados Libre Asociado (ELA), en realidad; “No es otra cosa que un supra gobierno que se nos ha impuesto por unos grupos oligárquicos de EE UU. Hemos escuchado a distintos congresistas federales denunciar la situación de Puerto Rico en Estados Unidos como un problema de oligarquía y esto comenzó de mucho antes de que se promulgó la ley Promesa y se creó la JCF”.

Denunció que las decisiones tomadas por la Junta sobre el futuro de Puerto Rico son en beneficio de compañías multimillonarias de Wall Street, no es en beneficio de las y los puertorriqueños, determinaciones que, es obvio, crean una crisis económica y social mayor a la que teníamos sin que EE UU esté asumiendo su responsabilidad por el disloque económico y social que tenía el país y que se supone que Promesa viniese a remediar.

Al respecto señaló que hay que ver a Promesa como un elemento adicional en todo el organigrama colonial en que vive Puerto Rico. Desde los casos insulares se tiene en el 2016 el caso Sánchez Valle que confirma el carácter colonial del estatus político del país. Con posterioridad a esto cuando entró en vigor Promesa se llevó el caso de Aurelius que también llegó al Tribunal Supremo de EEU que reafirmó básicamente lo que son los casos insulares.

“Es decir Promesa viene a ser el jaque mate a todo el discurso aquel de que el proceso de 1953 para sacar a Puerto Rico de la lista de territorios coloniales había sido un engaño, Promesa lo que hace es que desenmascara la realidad colonial de Puerto Rico”.

Para el director Legal de ACLU es una contradicción el que Promesa se aprueba bajo una administración demócrata- del presidente Obama- y quien pide que se apruebe una ley de quiebra para Puerto Rico, que no existe para ninguna otra jurisdicción es el gobierno de Puerto Rico, bajo la administración de Garcia Padilla.

ACLU contra Promesa

Cómo llega ACLU a pleitear contra la JCF?

El licenciado Arraiza Navas, relató que a la ACLU le sorprendió que cuando se radicó la quiebra del gobierno central se comienzan a paralizar los pleitos de derechos civiles, porque no se puede crear una zona sin derechos civiles y Promesa lo que intentó fue precisamente hacer eso. La paralización incluyó pleitos de derechos civiles en Puerto Rico y pleitos radicados en el Tribunal Federal contra funcionarios en su capacidad personal. ACLU observó que esto es muy importante porque los funcionarios en su capacidad personal no pueden en términos generales estar protegidos por la quiebra.

Señaló que la JCF comenzó a impulsar medidas neoliberales de privatización en Puerto Rico y como parte de estas políticas neoliberales comienzan a paralizar y convencer a la Corte Federal de que estos pleitos contra funcionarios en su capacidad personal debían paralizarse.

Con el caso del juez Salgado Schwarz, (que demandó a la JCF por el recorte de las pensiones de la Judicatura) el TA confirmó el hecho de que aunque las demandas pro derechos civiles no sean contra el estado como tal sino contra los funcionarios en su capacidad personal debían paralizarse. El tribunal hizo la salvedad de que eso era para darle un respiro al gobierno.

“No obstante estamos hablando de que la ley Promesa se crea en el 2016 la decisión fue en el 2017 y desde el 2017 para acá se han paralizado cientos de casos de violación de derechos civiles. Cuánto tiempo hay que esperar para que se levanten estas paralizaciones. El país no sabe que son cientos no uno o dos como ha hecho saber ACLU”.

Desde el 2019 para acá dijo que ACLU comenzó a solicitar al tribunal que se levantaran las paralizaciones y no fue hasta que se aprobó el PAD que la corte de quiebra -se refiere a la federal- en Puerto Rico estuvo dispuesta a analizar los argumentos de la ACLU. Previo a eso los estuvo desestimando hasta que llevaron el caso de Jonathan y y Yadira, que es el caso que llega al TA. Acotó que este caso llega a Boston luego de que ya se había aprobado el PAD contrario a los pleitos anteriores.

El licenciado Arraiza resaltó que el otro paso que quería la JCF no era solo que se paralizaran los pleitos, sino que luego de aprobado el PAD se desestimaran. Esa es la controversia que ACLU ganó ante la jueza Swain -con el caso de Jonathan y Yadira- que no se limitó solo al caso de ACLU, sino que fue un poco mas allá y le indicó a la JCF en su opinión que tenia la obligación de notificar a todas las personas que tengan pleitos pendientes por violación de derechos civiles, notificar que sus casos deben continuar su curso, que se debe levantar la paralización y que ellos tienen derecho a continuar con sus reclamaciones.

“Ahí la Junta puso el grito en el cielo y acudió al TA es en esta argumentación en Boston que ACLU tuvo que defender la postura de la jueza Swain que es una consona con la protección de los derechos civiles en Puerto Rico con el acceso a la justicia para que no se desestimen estos casos, el Tribunal de Boston confirmó a la jueza Swain”.

El licenciado Arraiza Navas, coincidió que a la luz de lo que dice la ley Promesa, la JCF se ha arrogado más poderes de los que tiene y el caso de Jonathan y Yadira es el mejor ejemplo. Expuso que en términos de derechos civiles la JCF está ignorando el hecho de que cuando se demanda por violación de derechos civiles bajo la ley federal no se está demandado al estado y la Junta a quien se supone representa es al estado y quiere equiparar dichas demandas como si fuesen contra el estado y no lo son.

Aclaró que el estado tiene la prerrogativa de proveer al funcionario representación legal gratuita a través de la ley 9 que es una ley local, eso no significa que el demandado es el estado porque esta es una disposicion que el estado puede aplicar o no aplicar, son discrecionales. “Si el estado decide ponerle representación legal es una decisión que tomó el estado. Pero el demandado sigue siendo un funcionario en su capacidad personal, no está protegido por la quiebra”, recalcó.

Reiteró que a la insistencia de la JCF de presentar ante la jueza Swain que las demandas contra los funcionarios en su capacidad personal, se deberían desestimar luego de aprobado el PAD, la jueza le dijo que no. “Este es el primer caso en que se nos da la razón en cuanto a la importancia que tienen los pleitos de derechos civiles en nuestra jurisdicción y cualquier otra y que una quiebra no puede utilizarse como subterfugio para desestimar las demandas”.

El director Legal de ACLU denunció que de hecho eso es lo que ha estado pasando con la Policía, que “hace lo que le da la gana”. En una opinión muy personal atribuyó que desde la paralización de los pleitos de derechos civiles en el 2017 para acá lo que ha hecho es enviar un mensaje equivocado y peligroso a la Policía. “Hemos visto como por ejemplo Kilometro Cero ha documentado como han ido aumentado y proliferando las muertes de personas inocentes a manos de la Policía, con intervenciones viciosas en ciertos casos”.

Luego de la decisión del TA de este 12 de junio la JCF tiene 90 días para acudir al TS EE UU, si es que decide apelar. De no apelar la decisión del TA se hace final y firme y ACLU entonces notifica al tribunal los distintos casos para continuar con el descubrimiento de prueba.

“Esos son los caso que tiene ACLU hay cientos de casos que deben estar paralizados esperando por lo mismo. Yo creo que la decisión de Boston es una victoria muy grande diría que es la mayor victoria en términos de defensa de derechos civiles que se ha logrado en la ultima década. Estamos hablando desde que se aprobó Promesa de todas las batallas que hemos dado contra la ley Promesa y la Junta esta es la mayor victoria que hemos obtenido”.

Vale por último traer a la atención que el caso ante el TA la JCF fue representada por los abogados: Lucas Kowalczyk, Timothy W. Mungovan, John E. Roberts, Adam L. Deming, Brian S. Rosen, Mark D. Harris, del bufete Proskauer Rose LLP, el cual le ha facturado a la JCF cerca de $358 millones desde el inicio de la reestructuración de la deuda bajo la ley PROMESA. Esto incluye sus costos en el litigio de quiebra del gobierno central y las corporaciones públicas. Ademas este mes de mayo la firma presentó una solicitud final de honorarios y gastos por $179 millones por el trabajo especifico durante el proceso de reestructuración y confirmación del plan de ajuste.

Naciones Unidas: vital espacio de denuncia y reclamo

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editorial

junio 27, 2026

Hace apenas unos días, volvió a sesionar el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas ( ONU) para escuchar los reclamos de individuos y organizaciones en Puerto Rico por la autodeterminación e independencia de nuestro país. La resolución aprobada por dicho organismo este año, la número 44, resume una larga historia que se remonta a la aprobación en 1960 por la Asamblea General de la ONU, de la Resolución 1514 (XV) que reconoció, condenó y denunció la existencia de la dominación colonial de unos países por otros, y exigió medidas inmediatas para transferir los poderes de la soberanía a pueblos y territorios bajo subordinación colonial. La erradicación del colonialismo y la autodeterminación e independencia de todos los pueblos del mundo es un principio consagrado en la Carta Magna de la ONU desde la fundación de dicho organismo en 1945.

Por eso, no es una pérdida de tiempo – como dicen los enemigos de nuestra independencia- acudir anualmente a la ONU a reclamar ese derecho inalienable de nuestro pueblo. Por el contrario, es una magnífica vitrina para reiterar ante el mundo que el gobierno de Estados Unidos miente cuando afirma que no tiene colonias. Que, por el contrario, el dominio colonial de Estados Unidos en Puerto Rico está hoy más enraizado que en los 50 años anteriores, a través de la Ley PROMESA y una Junta de Control Fiscal con poderes delegados por el Congreso de Estados Unidos que sobrepasan los recortados márgenes de acción de los gobiernos coloniales electos.

También es útil la vitrina para demostrar que un gran sector de nuestro pueblo rechaza la colonia y la anexión y que sigue vivo y militante el reclamo de soberanía e independencia para nuestro pueblo.

Poder ir a la ONU con voz propia es decirle al mundo que el pueblo puertorriqueño se considera a sí mismo como un ente separado y distinto de Estados Unidos en visión, carácter, cultura, e idioma- entre otras diferencias- y que, por lo tanto, tenemos derecho a exigir que el único organismo internacional con poder para hacerlo, la Asamblea General de la ONU, obligue al gobierno de Estados Unidos a actuar de conformidad con la Carta y principios de la ONU, e inicie un proceso que desemboque en la expresión final de autodeterminación y soberanía del pueblo puertorriqueño. Estados Unidos aparenta ignorar el asunto, pero, en el fondo, le molesta verse emplazado en un foro de tal resonancia.

Este año, cerca de 70 ponentes acudieron al Comité de Descolonización, en su mayoría entidades proponentes de la autodeterminación e independencia de nuestro pueblo. Por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) compareció el Senador Adrián González Costa quien denunció la nueva ofensiva imperialista de Estados Unidos en la región de América Latina y el Caribe como “un retroceso histórico que amenaza a toda nuestra región y en nuestro caso ( el de Puerto Rico) demuestra la realidad que hemos vivido durante más de un siglo de dominio económico, social y político”.

Por su parte, la portavoz de Madres contra la Guerra, Sonia Margarita Santiago, resaltó que “ resulta incompatible con los principios de la Carta de la ONU que un territorio colonial sea utilizado para fines militares sin que su pueblo ejerza plenamente su derecho a la autodeterminación”. Añadió que aunque Puerto Rico no le ha declarado nunca la guerra a otro país, más de 200 mil puertorriqueños han participado en guerras de Estados Unidos, con más de 1,000 muertos y cientos de heridos y mutilados como resultado. Igualmente, denunció el uso de Puerto Rico para lanzar intervenciones militares contra naciones soberanas de nuestra región, como ocurrió el pasado 3 de enero en Venezuela, con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Por la Fundación Juan Mari Brás (JMB) compareció la economista en equidad y adaptación climática, Alejandra Castrodad, quien explicó y denunció cómo el colonialismo de asentamientos está profundizando la crisis en Puerto Rico. Explicó cómo se agudiza la desposesión, la enajenación y privatización de bienes personales y públicos, la importación a gran escala de alimentos y productos de consumo que crean inseguridad alimentaria, la precarización del acceso a la vivienda y la destrucción de valiosos recursos naturales y ambientales. Además, cómo promueve la concentración de poder en manos de grandes “inversionistas” extranjeros que obtienen influencia desmedida sobre las decisiones, las leyes y las elecciones en la colonia.

Luego de explicar la crisis estructural, institucional y moral creada por el colonialismo en Puerto Rico, el ponente del grupo Plan B afirmó que “ la independencia ya no constituye solamente una aspiración moral o ideológica: es la única alternativa viable para superar la crisis colonial”. La ponencia de Plan B recalcó también que en 2024 la independencia alcanzó el mayor respaldo de su historia y el movimiento independentista obtuvo resultados electorales sin precedentes.

Al igual que en las ocasiones anteriores, el Comité de Descolonización de la ONU aprobó la resolución reiterando el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a su autodeterminación e independencia, pero esta vez incorporando las particularidades señaladas por los ponentes sobre el momento actual. Además, el Comité nuevamente exhortó a la Asamblea General a dar el paso adicional de acoger la discusión del caso colonial de Puerto Rico en el pleno del organismo.

Este esfuerzo diplomático fue nuevamente liderado por la siempre solidaria Cuba, al que se sumaron Venezuela, Nicaragua, Irán y organismos mundiales y regionales como el Movimiento de Países No Alineados, la Conferencia de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), y el Grupo de Amigos en defensa de la Carta de Naciones Unidas, encabezado por Rusia e integrado por una veintena de países.

Con su actuación de principios sobre la cuestión colonial de Puerto Rico, pese a las amenazas que sobre Cuba y su gente han lanzado el gobierno de Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, el gobierno y el pueblo de Cuba y su representante ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, se ganan el respeto, reconocimiento y gratitud del Movimiento Patriótico Puertorriqueño y de todo nuestro pueblo. Es de gran valor – sobre todo ahora que el imperio estadounidense se muestra tan abiertamente agresivo- mantener la puerta abierta a la independencia de Puerto Rico en la ONU, el espacio de encuentro más importante entre los países soberanos del mundo.

A diez años de PROMESA ¡Pa’ fuera la Junta!

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candida-cotto

junio 26, 2026

Las razones sobran, a diez años de la imposición de la ley Promesa, que impuso al país una Junta de Control Fiscal (JCF). Por eso, más de una veintena de organizaciones de diversos quehaceres exhortaron al pueblo a manifestarse este próximo martes 30 de junio para exigir la salida del ente colonial y dictatorial.

“Luego de 10 años, se hace claro el deterioro y el daño educativo, cultural, económico, ambiental, político y de los servicios esenciales, causado por la Junta de Control Fiscal”, expresa el manifiesto, leído por Emilio Nieves, en la conferencia de prensa donde se anunció la convocatoria a la manifestación.

“Durante una década, la Junta ha impuesto una agenda de austeridad para los que menos tienen, recortes y privatizaciones que han debilitado servicios esenciales, erosionado derechos laborales y agravado las condiciones de vida de miles de familias en el país. Sus políticas solo han contribuido al aumento de la pobreza, al desplazamiento de comunidades y a la emigración forzada de personas que no encuentran oportunidades para desarrollarse y permanecer en su tierra”, continúa el texto.

Nieves recordó que lo primero que hizo la Junta al llegar fue tratar de recortar un 25% de las pensiones de todos los jubilados del gobierno. “Por ahí fue que arrancó la Junta y la privatización que ha impuesto estamos hablando de una Junta que está de la mano con Luma y con Genera”.

Resaltó que las organizaciones convocantes pueden especificar el impacto, los daños que ha tenido la JCF en Puerto Rico. “Ya no se trata de ideas, de sentimientos, se trata de lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, lo que hemos padecido”. En ese sentido señaló que en la representación de los diversos sectores convocantes, educativos, universitarios, políticos hay una coincidencia y es que han identificado que “esa dictadura nos hace daño”.

Un aspecto que dijo había que señalar es que, al evaluar estos diez años de la JCF en Puerto Rico, el gobierno de Jenniffer González ha sido el más afín a la Junta. Al respecto, resaltó que el secretario de la gobernación, Francisco Domenech, es el que dirige la AP 3 (Autoridad Asesoría Financiera y Agencia Fiscal), que es el vínculo del gobierno con la Junta. “La agenda la están construyendo juntos, por eso el énfasis en la contratación y la privatización. Por lo tanto, el gobierno es parte de este problema pero el común denominador sigue siendo la Junta porque es que también el gobierno ha usado de excusa a la Junta, ‘la junta no me deja’ el país tiene que saberlo y entenderlo porque se proyectan como que están opuestos a la Junta pero ni políticamente están en contra de la JCF”.

Otro de los que se expresó fue Raúl Báez Sánchez, portavoz de la Federación de Maestros, quien denunció que a instancias de la JCF el gobierno ha cerrado masivamente escuelas públicas, mientras se abren escuelas charter y se le destinan fondos públicos, se le reduce el presupuesto a los estudiantes de educación especial e impide que se apruebe una escala salarial que le haga justicia al magisterio.

Por su parte, la joven Marina Rodríguez Seguí, portavoz del Movimiento Estudiantil de la UPR en Río Piedras, se refirió a los ataques de la JCF a la educación universitaria con la implementación de un plan fiscal cuyos con recortes al presupuesto han provocado deterioro en la infraestructura, afectado la calidad académica con menos secciones, menos profesores y menos acceso a la Universidad por el aumento en matrícula. También hizo alusión a la precariedad en los servicios de agua y luz y la política de privatización de los servicios públicos.

Mientras Eric Albizu, de Amigos del Mar y del Movimiento Ambiental Revolucionario, denunció que durante una década las organizaciones ambientales han defendido y resistido la “ofensiva ecocida” de la JCF que propone poner el desarrollo económico por encima de la naturaleza. “La ofensiva ecocida que llevamos viviendo no es casualidad. Esto es un plan, al cual se han prestado los gobiernos del PNP”.

El joven repasó todo el conjunto de leyes que recientemente se ha presentado en relación a aspectos ambientales como la redefinición de la zona marítimo terrestre, eliminar la protección de la zona del Karso, la imposición de una fianza para objetar un proyecto de construcción, la reforma de permisos y la creación de una sombrilla de varias agencias gubernamentales que deberían defender nuestra naturaleza, lo que ha dejado es al Departamento de Recursos Naturales casi inútil. “Hemos estado denunciando esta dictadura y seguiremos aquí hasta que se vaya porque se tiene que ir”, expresó en referencia a la JCF.

En tanto, la portavoz de la Jornada se Acabaron las Promesas, Jocelyn Velázquez, puso el acento en que se unían al llamado partiendo de que la JCF es una imposición colonial. “No podemos desvincular el problema político del problema de la ley Promesa, que son diez años de su imposición, se cumplen este 30 de junio. Por eso es que convocamos al pueblo a movilizarse, no únicamente denunciamos el deterioro de la infraestructura, salud, educación, de vivienda, el desplazamiento, todos esos problemas que sufrimos todos los días. También tenemos que sufrir que esto es un coloniaje y que es una superestructura que eliminó los mínimos espacios de democracia que habían en Puerto Rico”.

Con la consigna ‘Pa’ fuera la Junta’, las organizaciones convocantes exhortaron al pueblo a manifestarse este próximo 30 de junio a partir de las 4:00 de la tarde frente a las oficinas de la JCF en la avenida Luis Muñoz Rivera. Nieves indicó que el reclamo de ‘fuera la Junta’ tiene resonancia en la diáspora de Estados Unidos por lo que se esperan manifestaciones de organizaciones en Pensilvania, Nueva York, Chicago y Florida. “No estamos solos en ese aspecto pero el pueblo tiene que unirse mayoritariamente en este esfuerzo”.

Alcaldes también quieren guisar con fondo electoral

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candida-cotto

junio 26, 2026

El Partido Nuevo Progresista continúa maquinando en torno al proceso electoral. En esta ocasión permitiendo el uso de fondos públicos para campañas políticas.

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes, Denis Márquez Lebrón, denunció la aprobación del proyecto de la Cámara, el PC 1121, que permite a los alcaldes la utilización de fondos públicos para campañas políticas.

El proyecto fue radicado por petición de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico y aprobado en la sesión del lunes 15 de junio en la Cámara de Representantes.

A juicio del legislador independentista, la medida debilita la veda electoral porque reduce la autoridad fiscalizadora del contralor electoral. Márquez Lebrón precisó que el proyecto, que ahora pasará al Senado, permite que en año electoral se pueda promover, sin la intervención del contralor electoral, anuncios promocionando obras públicas, fotos oficiales, lemas o marcas institucionales, así como actividades y fiestas patronales, entre otras.

Márquez Lebrón apuntó que esas excepciones a la Ley están “hechas a la medida de los alcaldes incumbentes, principales impulsores, para su propio beneficio”.

“La veda electoral existe para evitar la utilización de fondos públicos en campañas electorales. Debilitarla abre la puerta a que quienes ocupan cargos electivos puedan aumentar su proyección indebidamente frente a sus opositores mediante la utilización de recursos públicos bajo su control. El dinero público no es un recurso del partido de turno para continuar sus agendas políticas”, finalizó el portavoz independentista.

La Gobernadora y su primer ministro. De todo menos gestión pública

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candida-cotto

junio 26, 2026

La secuela de denuncias entre el ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastian Negrón Reichard y el secretario de la gobernación, Francisco Domenech, continúan levantando banderas rojas sobre la corrupción en el gobierno, en particular sobre el proceder del Secretario de la gobernación, el cual amerita investigación.

Así lo planteó la experta en administración pública, la profesora Palmira Ríos, al referirse a las expresiones atribuidas al Secretario de la gobernación y dirigidas al ex director del DEEC, en el sentido de que “no se iba a asignar a ningún puesto de confianza a nadie que no haya trabajado en la campaña”. Ríos apuntó que hay que cuestionarse si “es esto una sana administración pública, si es un ambiente que refleja que hay profesionalismo en el gobierno”.

Más aún, rechazó que se le tilde de chisme y subrayó que hay que entender la gravedad de la situación que representan los señalamientos, que no es solo que no haya profesionalismo en el gobierno, sino que tampoco hay principio de mérito, evaluación o competencia, que son los procedimientos que se utilizan para buscar los mejores profesionales para el servicio público. “Los criterios son si tú participaste en la campaña de la Gobernadora, no si se tiene la preparación, la experiencia, la estabilidad emocional, para hacer el trabajo bien”.

Reiteró que si esos van a ser los criterios para seleccionar a los funcionarios de más alto poder en el gobierno, que van a estar asignando recursos, ya esa es la primera violación de cómo se llevan a cabo los procesos de selección. Alertó que eso nos está dejando ver cómo es que se están asignando las contrataciones en el gobierno.

En esa dirección, señaló que la privatización de los servicios públicos, que se ha vendido como una mejoría en la prestación de servicios, realmente sugiere un elemento de corrupción y una pelea entre bandos del PNP para ver a quién se va a dar el dinero.

La catedrática jubilada de la Escuela de Administración Pública, atribuyó que lo que se está viendo en la pelea de Negrón Reichard y Domenech es sobre a quién se le van a dar exenciones contributivas, dijo en referencia a las denuncias entre ambos funcionarios. De parte del ex secretario del DDEC, denunció que recibió presión de Fortaleza para que aprobara exenciones contributivas a un proyecto que no cumplía con los criterios. Más allá de estas denuncias, Ríos planteó que la pregunta que debemos hacer es dónde está la evaluación de esas exenciones contributivas, si están siendo efectivas.

Otro aspecto que cuestionó en toda esta situación es si en el gobierno se están tomando medidas para proteger a las personas que denuncian actos de corrupción. Indicó que, en Puerto Rico, como en Estados Unidos, existe la figura del whistleblower (delator/denunciante) para proteger a las personas funcionarias que denuncian actos de corrupción.

“Los que están dentro son los mejores testigos, por eso hay que proteger al que denuncia. No se puede venir a atacarlo, esa es la violación más grande”. Hizo referencia al hecho de que la denuncia de Domenech a Negrón Reichard es una forma de atacarlo por haber denunciado actos de corrupción.

Al respecto, levantó quiénes son las entidades que tienen la responsabilidad primaria de examinar los actos de corrupción en Puerto Rico cuando se presentan situaciones como las que están ocurriendo ahora. Cuáles tienen la capacidad, la autonomía, la independencia y los poderes para poder responder de manera efectiva. “Puerto Rico tiene un montón de agencias, la Oficina del Contralor, Ética, el Inspector General, y cada departamento tiene una unidad legal, pero vemos cómo están colapsando todas”.

Mientras, sobre la posición del Secretario de la gobernación, recordó que este puesto fue creado por el entonces gobernador Rafael Hernández Colón, a lo que dejó ver que no están claros los criterios para su designación. No obstante, se le ha dado la categoría de un primer ministro de un presidente sin que se haya cambiado la Constitución. En el caso de Domenech, denunció que se le han dado unos poderes excesivos de nombrar y fiscalizar. “En realidad es un cuasi gobernador, no habiendo sido electo tiene casi todos los poderes de un gobernador y una persona con un récord bien cuestionado en muchos espacios y situaciones tiene unos poderes excesivos no basados en derecho alguno de la Constitución. Una cosa (distinta) es que fuera un ayudante de la Gobernadora”.

Un aspecto que Ríos no dejó pasar por alto y que cuestionó es: “En todo este contexto, ¿dónde está la Junta de Control Fiscal? La Junta no ha controlado la corrupción en el presupuesto. Se aumentó el presupuesto para los empleados de confianza, así que es una situación donde se está normalizando en los procesos gubernamentales la violación a los principios básicos de una gestión pública”.