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“No son hechos aislados, son señales de alerta de un deterioro democrático”

Amnistía Internacional, capítulo de Puerto Rico (AIPR), denunció que el país enfrenta señales claras de deterioro democrático ante una serie de acciones legislativas y gubernamentales que reflejan un patrón sistemático dirigido a cerrar el espacio cívico, limitar la fiscalización pública y debilitar derechos fundamentales de la ciudadanía. 

Las medidas -se denunció- van dirigidas a restringir el acceso a la información pública, obstaculizar el trabajo de la prensa, encarecer la justicia ambiental, normalizar la vigilancia tecnológica contra manifestantes y promover legislación discriminatoria 

“Lo que denunciamos no son hechos aislados, son señales de alerta de un deterioro democrático”, explicó Liza Gallardo Martín, directora ejecutiva de AIPR en comunicado de prensa. “El espacio cívico es el lugar donde la gente puede expresarse, organizarse, protestar, defender derechos, denunciar abusos y pedir cuentas sin miedo a represalias. Cuando un gobierno legisla para esconder información, encarecer el acceso a la justicia y vigilar a quienes protestan, lo que está en juego es el derecho de todo un pueblo a participar y a fiscalizar”. 

Uno de los señalamientos principales que presentó la organización es la aprobación de la Ley 156-2025, que impone nuevas trabas burocráticas al acceso a la información pública, extiende los plazos de respuesta de las agencias y permite clasificar información como confidencial sin suficiente supervisión externa. 

“Esta legislación representa un retroceso grave para la transparencia gubernamental y afecta directamente el derecho de la prensa y de la ciudadanía a conocer cómo se toman las decisiones públicas. Cuando se condiciona la entrada de periodistas a credenciales controladas por el Estado y cuando se normalizan los ataques a la prensa, lo que se debilita no es solo a los medios, se debilita el derecho del pueblo a saber”, añadió Gallardo Martín.

La organización también alertó sobre lo que describió como una “fabricación de enemigos” mediante legislación discriminatoria. Entre los ejemplos mencionó la Ley de Libertad Religiosa, que puede abrir la puerta a la negación de servicios por creencias; la Ley 63-2025, que prohíbe servicios de afirmación de género; y la Ley 26-2026, que restringe el acceso a baños inclusivos. Para Amnistía Internacional, estas medidas profundizan el discrimen contra personas LGBTIQ+ y validan narrativas falsas que presentan a comunidades vulnerables como amenazas.

Por su parte, Maritza Maymí Hernández, investigadora de la sección de AIPR, también denunció que el gobierno ha utilizado la legislación para limitar la oposición comunitaria y ambiental con la Ley 82-2026 que impone una fianza obligatoria equivalente al 10% del valor de un proyecto de construcción a quienes busquen impugnar permisos.

De igual forma, la organización expresó preocupación por la Ley 64-2025, que otorga al secretario de Hacienda poder discrecional para conceder o denegar exenciones contributivas a organizaciones sin fines de lucro según entienda si sirven a los mejores intereses de Puerto Rico.

La Directora Ejecutiva advirtió que esa discreción puede convertirse en una herramienta de presión política contra entidades comunitarias, ambientales, periodísticas o de derechos humanos que fiscalicen al gobierno.

“La democracia no se mide solo en elecciones. También se mide en la capacidad de una comunidad para impugnar un permiso, de una organización para fiscalizar sin miedo y de una persona para exigir información pública sin que el Estado le cierre la puerta”, sostuvo Amnistía Internacional.

Además de lo anterior, se señaló el uso de vigilancia tecnológica contra manifestantes, mediante la instalación de cámaras con capacidad de reconocimiento facial, audio y visión nocturna en Rincón, en el contexto de protestas ambientales en la Reserva Marina Tres Palmas. Según la organización, el uso de vigilancia 24/7 contra activistas, bajo la justificación de proteger maquinaria pesada, envía un mensaje de intimidación a quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica.

Gallardo Martín también expresó preocupación por la colaboración de la policía estatal y municipal con agencias federales de inmigración, incluyendo ICE, en intervenciones contra personas migrantes, particularmente de comunidades dominicanas y haitianas. Según la denuncia, estas prácticas han estado marcadas por perfilamiento racial, detenciones sin órdenes judiciales y un ambiente de miedo que desalienta la denuncia de delitos, incluyendo casos de violencia doméstica. 

Plan B Independencia: Intervención ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (2026)

Hacemos un llamado directo al gobierno de Estados Unidos, pues hoy tiene la oportunidad histórica de resolver simultáneamente varios problemas: poner fin al régimen colonial, reducir los costos económicos asociados a la dependencia territorial y cerrar, de una vez y por todas, la posibilidad de la anexión de Puerto Rico, una alternativa que amenaza con quebrantar la cohesión interna de los Estados Unidos.

Por eso hoy proponemos al gobierno estadounidense y al Presidente Trump adoptar una medida concreta e inmediata: la emisión de una Orden Ejecutiva presidencial que reconozca el derecho del pueblo de Puerto Rico a la independencia y establezca un proceso formal de transición ordenada hacia la independencia.

Esta Orden Ejecutiva debe disponer la renuncia de los Estados Unidos al Tratado de París de 1898, iniciar la transferencia de la soberanía al pueblo de Puerto Rico y detener los actuales procesos de remilitarización, que no benefician a Puerto Rico ni a Latinoamérica y el Caribe, y tampoco a Estados Unidos.

Asimismo, debe establecer el marco para la negociación de acuerdos bilaterales sobre la deuda, la ciudadanía, el comercio y la defensa, permitiendo sustituir gradualmente la dependencia colonial por un proyecto nacional de desarrollo.

La necesidad de una medida de esta naturaleza surge de dos realidades que ya no pueden ignorarse.

Primero, nos preocupa que ciertos sectores del Partido Demócrata utilicen el futuro de Puerto Rico como objeto de cálculos partidistas. Existe la posibilidad de que intenten forzar la anexión si obtienen una mayoría legislativa en las elecciones de medio término y eventualmente la presidencia. La anexión no constituye una solución descolonizadora y sólo serviría para profundizar las tensiones internas que ya afectan a los Estados Unidos.

Segundo, en Puerto Rico nos encontramos ante una crisis y coyuntura histórica excepcional. El régimen colonial ha agotado toda capacidad para sostenerse: perjudica tanto a Puerto Rico como a los Estados Unidos y alimenta una élite política corrupta cuyos privilegios dependen precisamente de la continuidad de la colonia.

Por ello, la independencia ya no constituye únicamente una aspiración moral o ideológica: es la única alternativa viable para superar la crisis colonial. En 2024 alcanzó el mayor respaldo de su historia y el movimiento independentista obtuvo resultados electorales sin precedentes.

Las crisis excepcionales requieren respuestas excepcionales.

Por eso reiteramos nuestro llamado al Presidente Donald Trump para que emita la Orden Ejecutiva mencionada anteriormente.

La independencia constituye la solución que sirve mejor a los intereses tanto del pueblo de Puerto Rico como también al de Estados Unidos.

Colombia. ¿Quedó en un «empate catastrófico» político este 21 de junio?

Por Horacio Duque Giraldo

Con ocasión del reñido resultado electoral de la segunda vuelta para escoger el próximo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, en que el supuesto candidato ganador en el pre conteo, señor Abelardo de la Espriella, alcanzó una votación de 12.957.471 sufragios, esto es el 49,66%, e Ivan Cepeda sumó 12.707.570 voto, esto es el 48,70%; un análisis más riguroso nos está indicando la configuración de un escenario nombrado por el análisis sociológico como “empate catastrófico”, que consiste en una categoría política y sociológica mediante la cual se describe un momento de estancamiento donde dos fuerzas políticas o bloques sociales tienen la fuerza suficiente para bloquearse mutuamente, pero ninguna cuenta con el poder necesario para imponerse y gobernar.

Se trata de un escenario donde dos proyectos de sociedad o dos bloques de clases enfrentados tienen la fuerza suficiente para vetar o bloquear las iniciativas del otro, pero ninguno cuenta con la energía o la hegemonía necesaria para imponer su propio proyecto de manera definitiva. Es catastrófico porque la parálisis frena el desarrollo de la sociedad y consume sus energías económicas, sociales y políticas en una tensión constante que amenaza con la disgregación nacional o la guerra civil. Así, un “empate catastrófico” implica una parálisis institucional en que el gobierno de turno no puede ejecutar sus políticas ni dominar la agenda, pero la oposición tampoco logra destituirlo o forzar un cambio de régimen. Supone también una crisis de representación pues se destapa un descontento generalizado en la sociedad porque ninguna facción logra resolver las demandas de la población. Igualmente se da una tensión prolongada pues, hay una «crisis sin desenlace inmediato» que puede derivar en una polarización extrema si no se abren canales de diálogo y consenso.

Se trata de un concepto que nos describe la parálisis e inestabilidad social y política que ocurren en una crisis orgánica del régimen político de dominación oligárquica, donde ninguna fuerza social logra imponer su proyecto. Aunque si bien el “empate catastrófico” tiende a prolongarse en el tiempo en algún momento ocurre lo que García Linera, identifica como una salida o «punto de bifurcación» pues, el empate catastrófico no puede durar para siempre; tarde o temprano las fuerzas acumuladas conducen a un punto de bifurcación, un momento cumbre de medición de fuerzas (que puede ser violento o democrático/electoral con una Asamblea Constituyente) donde el equilibrio se rompe a favor de uno de los dos proyectos.

El uso de los estados de excepción y de la violencia.

El riesgo de todo esto es la emergencia de un tirano (un outsider mesiánico), que se sitúa por encima de las clases en conflicto para restaurar el orden mediante la fuerza, el régimen de excepción, la guerra, la persecución, la tortura y las megacárceles.

Así, lo que mostró el resultado electoral del domingo 21 de junio es que Colombia quedó dividida en dos grandes bloques socio políticos y geográficos: las periferias y los sectores populares representados en la candidatura de Ivan Cepeda (Costa caribe, costa pacífica, Bogotá, Cauca, Valle del Cauca, Cali) y la candidatura de Trump, de los capitanes empresariales y de la poderosa oligarquía bancaria, financiera y neoliberal bogotana. En gran medida esta simetría catastrófica a la que estamos abocados desde ayer es resultado de la naturaleza abigarrada de nuestra nación en la que coexisten múltiples modos de producción, cosmovisiones y estructuras de tiempo histórico que no terminan de integrarse.

Aunque de manera inmediata creo que todo esto es el resultado de una poderosa injerencia geopolitica orquestada por Trump, Israel y la mafia coquera de Honduras para imponer un presidente y un gobierno de los afectos ultraderechistas y protofascista, tal como se ha dado recientemente en Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela y Honduras y se planea para Brasil con el abierto apoyo del hijo de Bolsonaro para que sea presidente de dicho país. Intervención que se ha dado mediante la más descarada “guerra cognitiva” (con potentes herramientas tecnológicas) contra Ivan Cepeda y el presidente Petro.

Un golpe de estado electoral tecnológico.

Lo cierto es que hemos sido objeto de un abierto “golpe de estado” electoral mediante tal “guerra cognitiva” que no es más que un dispositivo sistemático de corporaciones tecnológicas, potencias geopolíticas u organizaciones estatales para moldear lo que la sociedad cree que es real, verdadero, lógico o moralmente aceptable. Su fin último es dominar las conductas y decisiones de la población sin necesidad de usar la fuerza física tal como lo estamos presenciando.

Golpe que tiene en el fraude electoral de Penagos y los Bautistas, su espina dorsal, mismo que se está desenmascarando en el escrutinio en curso, único escenario que va a definir el próximo presidente de los colombianos.

Fuente: Rebelión

ONU reafirma: Israel comete genocidio deliberado contra niños palestinos

Por Hispantv

Un grupo independiente de la ONU concluye que Israel comete “genocidio” y otros crímenes atroces al atacar deliberadamente a niños palestinos en Gaza y Cisjordania.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado realizó un estudio sobre las denuncias de violaciones de los derechos de los niños palestinos que se cometieron desde el comienzo de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023.

En este marco, la investigación ha determinado que Israel ha cometido “genocidio”, “crímenes contra la humanidad” y “crímenes de guerra” en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Estas prácticas israelíes, alerta la comisión, continúan incluso después del alto el fuego de octubre de 2025. “Israel continúa haciendo caso omiso del alto el fuego y de la protección que les corresponde a los niños y niñas palestinos según el derecho internacional”, indica el estudio.

Añade que “el ataque deliberado contra niños es uno de los elementos clave que demuestran la intención genocida de las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes de destruir al grupo palestino, total o parcialmente, en Gaza».

Al respecto, Srinivasan Muralidhar, presidente de la comisión, ha afirmado que “las pruebas demuestran que niños palestinos han sido atacados y asesinados deliberadamente por las fuerzas de seguridad israelíes”. “Niños y niñas palestinos han sido arrestados y sometidos a torturas y otras formas graves de maltrato en cárceles y centros de detención israelíes, sin que se tenga información sobre su paradero”, ha declarado el jefe de la comisión.

El informe ha encontrado que las fuerzas de seguridad israelíes también han utilizado la violencia sexual contra niños y niñas como parte de la humillación y la opresión colectivas, arraigadas en un patrón prolongado, étnico, de género e intergeneracional de ocupación y hostilidades israelíes. “La esencia de la infancia ha sido destruida”, afirma el documento.

Hace solo un mes, además, la ONU incluyó a Israel en la lista de países que cometen abusos sexuales en contextos de guerra, apoyándose en los datos recabados en otro informe.

La comisión acusa a Israel de atacar centros de maternidad en Gaza, lo que eleva los abortos, malformaciones y daños permanentes en recién nacidos, y denuncia que el bloqueo y la hambruna han causado muertes infantiles y graves problemas de salud por desnutrición, falta de vacunas y un sistema sanitario colapsado.

Al menos 20 179 menores muertos desde el 7 de octubre de 2023, y otros 44 143 heridos, a lo que se añade el «grave daño físico y psicológico» causado a la infancia palestina.

En el informe anterior, publicado el 16 de septiembre de 2025, la Comisión concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza. Al mismo tiempo subrayó que funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu, incitaron a que se llevaran a cabo esos actos.

Cuba dispuesta a conversar con EEUU, pero con respeto a soberanía

Ciudad de México, 23 jun (Prensa Latina) Cuba está dispuesta a discutir cualquier tema con Estados Unidos, excepto la independencia, soberanía, autodeterminación y ordenamiento interno del país, aseveró la vicecanciller Josefina Vidal en entrevista publicada hoy por el diario mexicano la Jornada.

Acorde con lo referido por la viceministra de Relaciones Exteriores, existe un canal, ha habido encuentros e intercambios con representantes de la nación norteña, pero sin un progreso significativo.

“No hemos visto que Estados Unidos se haya despojado de su aspiración histórica –y no estoy hablando sólo de los pasados 65 años, me remonto a dos siglos atrás- de querer imponer su dictado sobre cómo debe ser Cuba”, apuntó la vicetitular.

Vidal mencionó que se “ha dado el caso en que nos sentamos a conversar y, unos días después, llega una nueva sanción”. “Eso nos genera dudas de cuán seria y responsablemente Estados Unidos está viendo esta conversación, que del lado de Cuba la vemos con absoluta formalidad”, afirmó.

Acerca de qué tan real consideran la amenaza de una acción militar, la vicecanciller comentó que desde los más altos niveles del gobierno de Estados Unidos se reiteran frases que indican que Washington no ha renunciado a una agresión de ese tipo contra la isla. “No lo deseamos, porque van a morir personas, cubanos y estadounidenses. Pero como esa amenaza se mantiene latente y permanente, no podemos ser ingenuos: a la vez que conversamos, nos estamos preparando para ejercer nuestro derecho a la legítima defensa”, subrayó.

En respuesta a una pregunta sobre si las recientes medidas económicas anunciadas en la nación caribeña cambian el carácter socialista del Estado cubano, aseguró que no. “El control sobre los recursos fundamentales –energía, biotecnología, turismo- seguirá siendo del Estado y en beneficio del pueblo. Lo que se incorporan son cambios en la gestión, pero la propiedad seguirá en manos del pueblo de Cuba”, explicó.

Detalló que la redistribución del ingreso operará por la vía impositiva y los servicios públicos como educación, salud y seguridad social “seguirán siendo prioridad absoluta”.

La viceministra hizo énfasis en que estas transformaciones “no surgen de ayer para hoy”, sino que se venían reflexionando desde 2020 y 2021. Denunció la existencia de una gran maquinaria propagandística tratando de trasladar la responsabilidad de lo que ocurre en Cuba al gobierno de la mayor de las Antillas, “cuando está muy claro que hay un agresor que es Estados Unidos”.

“Lo más peligroso es el intento de naturalizar la agresión, de hacerla aceptable para la opinión pública. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ya lo ha dicho: las medidas de Washington están ahogando al pueblo cubano, hay niños muriendo que no tenían que morir. Eso tiene que parar”, sostuvo.